La Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público materializó la medida cautelar por cantidad de Q2.9 millones y USD1 mil 200, que un funcionario de la SAT guardaba en su casa.
El dinero fue localizado y secuestrados en la residencia de Alfonzo Romeo Castillo Castro, exdirector de la intendencia jurídica de la Superindencia de Administración Tributaria, (SAT) vinculado al caso Impunidad y Defraudación.
SGAIA en allanamiento en zona 4 de Mixco capturó a Alfonso Castro, tenía Q.2,955,050.00 y $1,200.00 en efectivo. pic.twitter.com/UJCakfRMqj
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 13, 2016
Según los fiscales, el dinero fue localizado el 12 de febrero del año en curso, en la residencia del exfuncionario de la SAT.
La solicitud de la medida cautelar fue solicitada al Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio, el 24 de noviembre del presente año y se materializó.
Entre los delitos por los que fueron ligados a proceso penal los 15 vinculados al caso están: asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal y colusión.
Caso Impunidad y Defraudación
El 22 febrero del año en curso, la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público inició la imputación de hechos contra los involucrados en el caso conocido como Impunidad y Defraudación, una red de corrupción que funcionaba a lo interno de la SAT.
La acusación está dirigida contra 15 personas, entre los que se incluye Castillo Castro.
Durante el proceso penal la fiscalía presentó un total de 150 escuchas telefónicas que fueron interceptadas a los involucrados entre diciembre de 2014 y enero de 2015, estas muestran indicios de la forma en que realizaron la defraudación de Q.255 millones al Estado de Guatemala, En la mayoría de estas grabaciones resalta, Giovanni Marroquín Navas.
En las pesquisas los fiscales establecieron que Marroquín, quien también está procesado en el caso La Línea, coordinó con personeros de la entidad Aceros de Guatemala, empleados de SAT y dos intendentes más, la alteración de informes que el ente recaudador había presentado en el año 2012.
Con estos documentos pretendían conseguir una desestimación parcial en un proceso judicial a favor de Aceros de Guatemala, mediante informes alterados para sustentar técnicamente irregularidades en donde responsabilizaban a otras empresas proveedoras de cartón que no tienen sede legal y que sus representantes ya fallecieron.
