El jefe de una misión antimafias de la ONU en Guatemala, el exjuez colombiano Iván Velásquez, demandó este día un compromiso nacional para combatir la impunidad, debido a los escasos recursos del sistema de justicia guatemalteco.
“Ha sido la insistencia persistente, permanente, nuestra un compromiso de país para mejorar el sistema de justicia no solo cuanto a la normativa, sino capacidad operativa“, afirmó Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en una reunión con la prensa extranjera.
Velásquez, que en octubre cumple cuatro años al frente de la Cicig, una misión única de la ONU, está en el centro de un sismo político luego que el presidente Jimmy Morales ordenó su expulsión del país el 27 de agosto, la que fue rechazada por la justicia.
El presidente tomó la decisión dos días después que Velásquez y la fiscal general Thelma Aldana pidieran levantar la inmunidad a Morales para ser investigado por presunto financiamiento electoral ilícito en 2015.
Además, el lunes el Congreso rechazó quitar los fueros al gobernante evitando la investigación en su contra.
“La presencia de la Cicig no puede generar la expectativa que por su accionar se reduzca la impunidad, por una circunstancia, porque es que en la impunidad están toda clase de delitos“, argumentó.
Detalló que el mandato de creación de la Cicig en 2006 le permite apoyar a la fiscalía en investigaciones contra la corrupción y desmantelar cuerpos ilegales incrustados en el Estado guatemalteco.
“Justicia debe robustecerse”
No obstante, el director del ente de la ONU señaló que Guatemala debe meterse de lleno a reforzar el sistema de justicia para atacar a esas estructuras criminales.
“He insistido que es indispensable para que la lucha contra la corrupción fructifique y para sea una realidad para el país que el sistema de justicia debe robustecerse, debe fortalecerse“, agregó.
Para lograr ese cometido es indispensable una reforma constitucional para dotar de recursos y capacidades a los operadores de justicia.
El exjuez afirmó que los fiscales tienen un acumulado de delitos contra la vida que les tardaría 15 años en resolver, pero en ese lapso por “la tasa de homicidios anuales se habrían cometidos otros 90.000 homicidios”.
Además, la fiscalía solo tiene presencia en 34 de los 340 municipios de Guatemala, es decir solo el 10% del territorio, dijo.
“El sistema de justicia debe robustecerse si es que se piensa luchar en serio contra la impunidad” en el país, insistió.
El mandato de la Cicig concluye en 2019 y puede ser prorrogado por mutuo acuerdo entre la ONU y el gobierno guatemalteco.
Sin embargo, la continuidad de Velásquez es incierta porque el gobierno de Morales insiste en su retiro y para ello comenzó pláticas con la ONU.
Velásquez: Morales buscará “neutralizar la labro de la CICIG y el MP
“Entiendo que ya han habido conversaciones en Nueva York“ para establecer el mecanismo de solución de controversias y dirimir el futuro tanto de la Cicig como de él, dijo.
El exmagistrado asegura que grupos de poder influyentes que se ven afectados por las investigaciones son los que estarían detras de las campañas de desprestigio contra la Cicig.
