La suspensión de operaciones de la Minera San Rafael por orden de la Corte de Constitucionalidad impacta la economía, una de las causas por las cuales, de acuerdo con el empresariado, la percepción del indice de confianza de Guatemala cayó de 59.00 en enero del 2017 a 34.17 en febrero de 2018, según informe del Banco de Guatemala.
Certeza jurídica, es probablemente la petición más insistente del sector empresarial durante el último año.
Bajas en las calificadoras de riesgo y decrecimiento del índice de confianza de la actividad económica, se han atribuido por parte de los empresarios principalmente al cese de operaciones de Minera San Rafael, que lleva 250 días en paro, a espera de una resolución de la Corte de Constitucionalidad.
En un estira y encoge de opiniones a favor y en contra, mientras la minera, proveedores y Cámaras comerciales abogan por una resolución pronta y que permita reiniciar trabajos extractivos, otros grupos piden también una resolución pronta pero del cierre definitivo de la minera y permanecen en bloqueos o frente a la Corte de Constitucionalidad; la Corte ha pedido más tiempo para resolver. Cuando el tiempo estipulado por ley es de 5 días y llevan 250.
Es responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas realizar dicha consulta.
En tanto esto no se resuelva con una sentencia definitiva el conflicto de intereses podría incrementar la tensión y sin duda seguirá afectando la percepción de seguridad para invertir en el país.
