Como “Inconcebible e inaceptable” fueron los dos adjetivos que uso el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez. Esto para referirse a la resolución que emitió el miércoles de la semana pasada, el Juez Tercero de Instancia Penal, Mynor Moto.
El juez beneficio a los 10 procesados del caso Bufete de la impunidad al dictar la clausura provisional y otorgar la libertad a la jueza Marta Sierra Stalling.
Velásquez indicó que por parte del Ministerio Público (MP) y CICIG apelaron dicha resolución, debido a que considera que existen la pruebas suficientes para que los acusados enfrente debate oral y público.
El comisionado resaltó que siempre se denominará su opinión como interferencia judicial por quienes procuran la impunidad. Las declaraciones fueron dadas en el evento de reconocimiento a operadores de Justicia.
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Antecedentes
El Ministerio Público proceso a 10 sindicados entre abogados y la jueza Sierra, ya que los señala de garantizar resoluciones judiciales a través de montos monetarios. La jueza fue señalada por prevaricato y cohecho pasivo, en la actualidad está suspendida de sus funciones.
La Jueza beneficio a seis sindicados por defraudación adunera del caso “La Línea” al otorgarles medidas sustitutivas. Entre los beneficiados se encuentra Luis Mendizábal ahora prófugo de la justicia.
La jueza Sierra había sido también beneficiada también con una medida sustitutiva la que fue revocada luego por una sala de apelaciones.
MP y CICIG apelan
El ente investigador apelan dicha resolución por considerar que se vulnera el debido proceso, señala a través de un comunicado, en el que señala que existen suficientes medios de investigación para llevar a juicio a los sindicados. Además, señalan que el juez solicitó pesquisas las que se consideraron en su momento irrelevantes, por lo que consideran que se vulnera la independencia del MP.
