El Juzgado de Primera Instancia Penal de Huehuetenango resolvió enviar a juicio a 15 personas sindicadas de integrar una estructura criminal que cometió hechos de corrupción en las municipalidades de Huehuetenango y Totonicapán.
En la audiencia de apertura a juicio del pasado 27 de febrero, el juez contralor estimó que existían suficientes evidencias contra los sindicados para que enfrenten juicio por los siguientes delitos:
- Delia Isabel Batz Calderón (secretaria de la Asociación pro-Huehue e integrante de las juntas de cotización). Asociación ilícita y estafa propia.
- Eugenio Aguilar Martín (alcalde municipal de la Municipalidad de Santiago Chimaltenango, del departamento de Huehuetenango, período 2008-2012). Concusión y cohecho pasivo.
- Eulalio Sales Gómez (secretario municipal de la Municipalidad de San Gaspar Ixchil, período 2008-2012). Delito de cohecho pasivo.
- Fredy Eduardo Alvarado Barrios (tesorero municipal de la Municipalidad de San Gaspar ixchil, del departamento de Huehuetenango, para el periodo 2008-2012). Cohecho pasivo.
- Aniceto López Pérez (concejal primero de la Municipalidad de San Gaspar Ixchil, período 2008-2012). Concusión y cohecho pasivo.
- Jorge López Morales (concejal segundo de la Municipalidad de San Gaspar Ixchil, Huehuetenango, período 2008-2012). Concusión y cohecho pasivo.
- Mario Everildo Hernández Rivas (presidente de la junta de cotización de la Municipalidad de San Gaspar Ixchil, a partir del día 23 de enero de 2008). Cohecho pasivo.
- Gaspar Marquín Simón y/o Gaspar Simón Simón, (alcalde municipal del municipio de Aguacatán, Huehuetenango, período 2008-2012). Concusión y cohecho pasivo.
- Mauro Cobón Martinez (secretario de la Municipalidad de Aguacatán, Huehuetenango, período 2008-2012). Concusión y cohecho pasivo.
- Victor Rodríguez López (concejal primero de la Municipalidd de Aguacatán, Huehuetenango, período 2008-2012). Concusión y cohecho pasivo.
- Joaquín Pérez Méndez (concejal quinto de la Municipalidad de Aguacatán, Huehuetenango, período 2008-2012). Concusión y cohecho pasivo.
- Lusbin Adriel Santos Tohón (tesorero municipal de Aguacatán, Huehuetenango, período 2008-2012). Cohecho pasivo.
- Andrés Chiroy Cux (alcalde municipal de San Andrés Xecul, Totonicapán, período 2008-2012). Concusión y cohecho pasivo.
- César Adrián Barillas Alonzo (secretario municipal de la Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán). Cohecho pasivo.
- Fidel Olegario Sontay Sicá, (síndico primero de la Municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán). Concusión y cohecho pasivo.
Sentencia en procedimiento abreviado
Por este caso el pasado 1 de marzo y a través de un procedimiento abreviado, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Huehuetenango condenó a 5 años de prisión conmutables por el delito de cohecho pasivo a Manuel Irineo Tzep Chox, extesorero de la municipalidad de San Andrés Xecul, Totonicapán.
Tzep Chox aceptó su responsabilidad de haber recibido Q45 mil de la empresa constructora Kelly el 17 de abril de 2009. Por ello deberá pagar una multa de Q45 mil, y la misma cantidad al Estado de Guatemala, en concepto de reparación por el daño causado. Además el exfuncionario fue inhabilitado para ocupar cargos públicos.
Corrupción en las municipalidades de Huehuetenango y Totonicapán
En el período comprendido entre enero de 2008 y diciembre de 2009 varias municipalidades de los departamentos de Huehuetenango y de Totonicapán ejecutaron distintos proyectos de obra, a través de convenios de administración celebrados con la Asociación pro-Huehue y con la entidad Constructora Kelly, siendo su propietario Héctor Leonel Castillo Gómez.
Al ser adjudicados los proyectos y posteriormente depositado el financiamiento de la obra, Castillo Gómez procedió a girar cheques a favor de funcionarios municipales o de sus familiares. Entre las personas beneficiadas con las transacciones figuran exalcaldes, extesoreros, exsecretarios, exsíndicos, exconcejales de distintas municipalidades de los dos departamentos.
Los procesos de licitación y/o cotización para la adjudicación de los contratos administrativos para ejecución de obra pública eran dotados dolosamente de una aparente legalidad. En todos estos procesos se observó claramente la manipulación de los concursos para favorecer a la Constructora Kelly, que -entre 2008 y 2009- recibió 31 adjudicaciones por más de Q25 millones.
