La Vicepresidencia de Guatemala publicó este 8 de noviembre un comunicado en el que señala que la denuncia que originó el proceso de retiro de inmunidad al vicemandatario de la República, Guillermo Castillo, es espuria, ilegítima y política.

En el comunicado de la Vicepresidencia, en el cual nunca aparece el nombre de Guillermo Castillo, se señala que el 10 de julio de 2020 se originó la denuncia penal contra el vicemandatario, pero sin ninguna prueba ni medio de convicción atendible.

En la denuncia se menciona que el funcionario “efectuó un nombramiento ilegal en la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), por cuanto la persona designada no llenaba los requisitos establecidos en la Ley”.

Señalan que la mencionada denuncia es espuria, ilegitima y política, por las razones siguientes.

• La Contraloría General de Cuentas en revisión efectuada al Ejercicio Fiscal 2020 de la Senabed, analizó el nombramiento en referencia, solicito informes, corrió audiencias y como resultado final no confirmó hallazgo alguno, lo que significa que ésta es una acción administrativa juzgada y de ninguna manera una acción penal, como pretenden calificarlo quienes han intervenido en el proceso de antejuicio. Con ello se dejaría sin materia la denuncia planteada.
• No obstante lo anterior, es oportuno señalar que tanto el denunciante como las autoridades que han sustanciado el expediente no advirtieron lo siguiente:

1. Que el nombramiento -temporal, se efectuó conforme a lo establecido en la Ley de Extinción de Dominio que señala: Por ausencia definitiva del Secretario General, se designará una persona para completar el periodo original de tres años. Ese nombramiento temporal tuvo lugar, debido a que en el mes de junio de 2020, el secretario general de Senabed, presentó su renuncia al cargo faltando dos meses del periodo para el que fue elegido en 2017.
2. Que la profesional nombrada sí llenaba las calidades y requisitos que exige el Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio -pruebas documentales obran en el expediente- y fue únicamente por dos meses para completar el periodo original del anterior secretario general.
3. Que previo al nombramiento en referencia, se inició en abril de 2020 el proceso público de concurso por oposición (convocatoria, integración de comisión revisora, entrevista de candidatos, etc.) que finalizo con el nombramiento de un nuevo secretario general para el periodo de 3 años, contados a partir del 7 de agosto del 2020, quien ocupó en definitiva ese cargo.

“Vale la pena resaltar que el 20 de julio de 2020, según Acta 07-2020, el vicepresidente de la República informó al Pleno del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed), sobre el nombramiento temporal, que por 2 meses se había realizado. No obstante ser esta una facultad vicepresidencial, no se recibió alguna objeción, recomendación u opinión en contrario. Asimismo, en esa sesión se informó a Conabed sobre el estado del concurso por oposición para la designación del nuevo secretario general para el periodo 2020-2023”, se lee en el comunicado.

El documento agrega que por esos motivos se concluye que el nombramiento se realizó con fundamento en normas vigentes y recayó en un profesional que cumplía los requisitos necesarios para optar a ese cargo.

Es por eso que esta situación ha sido calificada como un juicio político “que es a todas luces espurio e ilegitimo”.

El comunicado agrega que el expediente de retiro de inmunidad está en el Congreso de la República para que continúe su trámite.

La Vicepresidencia afirma que el Congreso ya tiene conocimiento de los hechos antes descritos, dadas las acciones ante ellos planteadas, las que deben ser resueltas antes de que se instale la comisión pesquisidora.

Conocerá el caso

El Congreso de la República conocerá en la plenaria de este miércoles 8 de noviembre dos solicitudes de retiro de derecho de antejuicio en contra de funcionarios del Organismo Ejecutivo. La primera denuncia es en contra de Guillermo Castillo, vicepresidente de Guatemala, y la segunda contra Javier Maldonado, ministro de Comunicaciones.

Mediante sorteo, usando una tómbola, la Junta Directiva deberá de seleccionar a los cinco integrantes de la Comisión Pesquisidora, en donde la única persona que queda fuera del sorteo es el presidente del Congreso, los otros 159 diputados son elegibles.

Rechaza denuncia

El vicepresidente de la República Guillermo Castillo aseguró el martes pasado que la solicitud de retiro de inmunidad en su contra es una situación política, pues la denuncia planteada que dio pie al proceso no se sostiene jurídicamente.

“Se refiere a un nombramiento que se hizo por dos meses en el año 2020 en consecuencia de que el secretario general de esa época renunció para irse a otra posición” refirió el vicemandatario.

Además, en su defensa explicó que el nombramiento del secretario general de la Senabed debe llevar un proceso de comisión de postulación según su ley orgánica en el artículo 15, pero debido a que se quedó sin vacante ese puesto por dos meses, la ley establece que por ausencia definitiva se puede nombrar a una persona solamente para terminar el período.

Castillo añadió que de ser citado al Congreso asistirá para informar y hacer los descargos respectivos.

Durante una reunión este jueves 26 de octubre en la que participó el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, y la vicepresidente electa, Karin Herrera, 17 organizaciones de comunidades indígenas pidieron la creación de un nuevo ministerio de pueblos indígenas.

El documento fue entregado a Castillo y a Herrera y será trasladado a Bernardo Arévalo, presidente electo, para que lo incluya en su plan de gobierno que comienza en enero de 2024.

El proyecto presentado se desglosa del plan de gobierno que planteó el partido Movimiento Semilla durante la campaña electoral y en cada punto se agregó la participación de los pueblos indígenas que representan más del 60% de la población en el país, informó Telma Suchí, de la Red de Organizaciones de Mujeres Indígenas.

Mientras que el vicepresidente Castillo indicó que durante su gestión no hubo ninguna propuesta para la creación de un nuevo ministerio y el planteamiento deberá ser analizado por el gobierno entrante.

Añadió que las organizaciones indígenas hicieron un planteamiento con 10 puntos para pedir que se apoye la educación, la salud, que se den nombramientos a población indígena y otros temas que son importantes que Herrera conozca.

Dijo que el planteamiento de las organizaciones es que se siga considerando la creación del ministerio para asuntos específicamente de pueblos indígenas.

Añadió que durante su gestión han sido escuchadas las necesidades de los pueblos indígenas, que son más de 6.5 millones de la población guatemalteca y al menos 3.5 millones son mujeres.

Amplió que cuando se habla de pobreza, de desnutrición y falta de acceso a oportunidades, “pues tiene rostro, tiene apellido y en estos casos son de mujeres, mayoritariamente mujer rural indígena, pues todo el sentido del mundo que se les siga dando la atención que ellos requieren”.

La vicepresidenta electa, Karin Herrera, aseguró que la creación del ministerio dependerá del presupuesto que apruebe el Congreso para los próximos años.

“Se va a promover el diálogo y producto de ese diálogo esperamos que se pueda tener como resultado lo que es posible realizar durante este tiempo con el presupuesto que sea aprobado con el Congreso. Del Congreso va a depender mucho lo que se pueda realizar en favor de las poblaciones desatendidas por décadas y años”, resaltó.

Agregó que los pueblos indígenas han estado desatendidos durante décadas y la propuesta que ahora hacen es válida.

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Destacó que los pueblos deben ser escuchados en las mesas de diálogo y analizar las propuestas.

Telma Suchí, de la Red de Organizaciones de Mujeres Indígenas, amplió que han revisado el plan de trabajo que el Movimiento Semilla presentó en la campaña electoral.

“Consideramos importante la implementación de un ministerio de pueblos indígenas, porque este sería un ente que estaría en el mismo nivel de los demás ministerios, lo que pretendemos es que para los pueblos indígenas realmente se tenga un presupuesto que responda a las necesidades”, expresó.

Esta propuesta se basa en los conocimientos en el ámbito comunitario y las necesidades de la población indígena.

Añadió que los pueblos seguirán en la lucha para que realmente se concretice la igualdad, pues no hay justicia social. Dijo que las manifestaciones son para expresarse contra la corrupción.

Tema de la transición de mando

En otro tema, el vicemandatario resaltó que siguen avanzando con el proceso de transición en la Vicepresidencia.

Dijo que lo que tiene que ocurrir el 14 de enero de 2023 es lo que manda la Constitución.

“El 14 de enero fue la voluntad popular que haya un nuevo binomio que está electo, que tome posesión y para eso es que se está dando el proceso de transición, así que mi deseo como ciudadano y funcionario es que en esa transición democrática y en esa alternabilidad de autoridades, el 14 de enero asuma don Bernardo Arévalo y Karin Herrera en los puestos para los que el pueblo los eligió”, indicó.

Agregó que las manifestaciones son parte de las exigencias y planteamientos populares. “Estoy convencido que el 14 de enero hay una transición y que ellos tomarán posesión, no esperaría otra cosa”, añadió.

Agregó que más que respaldar las manifestaciones, “lo que nos corresponde a nosotros es requerir que se de el cumplimiento a nuestro mandato constitucional y lo que se ha solicitado en manifestaciones; en algunos planteamientos es que se respete esa voluntad popular, entonces yo lo que creo es que la Constitución debe prevalecer y que se tome posesión el 14 de enero”.

Respecto de la solicitud de las organizaciones indígenas de pedir la renuncia de la fiscal Consuelo Porras, el funcionario dijo que “ha sido muy respetuoso, posiciones de la Vicepresidencia que forma parte de uno de los poderes del Estado, pues no deja de alterar los ánimos y de las situaciones que se estén dando. Yo lo que estoy haciendo con mi equipo de trabajo es cumplir con lo que la Constitución me manda y en eso seguiremos trabajando y soy muy respetuoso de la independencia de las distintas instituciones de Estado”.

Le preguntaron si hay una persecución contra el equipo de Arévalo y Herrera, respondió que no sabe y lo que más desea que ellos tomen posesión el 14 de enero.

Karin Herrera dijo que la transición se lleva a cabo en la parte técnica y se va avanzando; sin embargo, “no podemos obviar estos obstáculos que nos presentan estos actores, este pequeño grupo que se aferra al poder y que estamos viviendo una serie de ataques a través de net centers  que desinforman, comparten parcialmente la información con el fin de confundir a la población o dar difamaciones y mentiras, esto es otra parte de los obstáculos que estamos viviendo además de toda la parte legal y en el Organismo Judicial que nos roba tiempo para dedicarnos al cien por ciento en este avance en el proceso de transición”.

“Ahora que el 14 a las 14 horas del 2024 nos entreguen el poder, pues será que cumplan con la palabra ofrecida por el presidente Alejandro Giammattei”, indicó.

En el tema del diálogo con sectores, resaltó que van con paso firme de cara a lo que hay hacer para reconstruir el país y el desarrollo. Reconoce el liderazgo de las autoridades ancestrales y por el momento no ha socializado el resultado del diálogo.