La Embajada de Estados Unidos informó este miércoles 3 de agosto que una delegación bipartidisata de cinco congresistas de esa nación arribó a Guatemala para participar en una visita de dos días en los que se reunirán con el presidente Alejandro Giammattei, miembros clave de su gobierno y con empresas estadounidense que operan el país.

El informe oficial detalla que la delegación está integrada por Lou Correa, congresista demócrata de California y presidente del Subcomité de Seguridad Nacional para la Supervisión, Gestión y Rendición de Cuentas (OMA).

Correa, quien encabeza la delegación, será acompañado por John Katko, republicano de Nueva York; Jimmy Panetta, demócrata de California; Abigail Spanberger, demócrata de Virginia y Tony Gonzales, republicano de Texas.

La comitiva estará en el país este miércoles 3 y jueves 4 de agosto, y según detalla el comunicado, los cinco congresistas vienen a promover la cooperación bilateral en economía y negocios, y para impulsar la inversión del sector privado de los Estados Unidos.

Según el comunicado de la Embajada de Estados Unidos, la delegación se reunirá con el presidente Giammattei y miembros clave de su gobierno, pero también con compañías estadounidenses que operan en Guatemala, incluyendo a PepsiCo, PriceSmart y Texwin, un proveedor de GAP.

“Las tres empresas apoyan cerca de 21 mil empleos, y planifican invertir US$$379 millones, apoyar a 500 emprendedores y generar 5 mil empleos adicionales en el norte de Centroamérica hasta 2025, como parte del “Llamado a la Acción” anunciado por la vicepresidenta Kamala Harris para frenar la migración irregular”, señala el documento.

La información también afirma que los representantes del Congreso de los Estados Unidos se reunirán con miembros de la sociedad civil y del sector privado, para luego continuar su viaje hacia Honduras.

Llamado a la acción

El 27 de mayo de 2021, la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris,  anunció el Llamado a la Acción  para que las empresas y empresas sociales asuman compromisos nuevos y significativos para ayudar a enviar una señal de esperanza para la gente de la región del Triángulo Norte de Centro América y abordar así, de manera sostenible, las causas profundas de la migración mediante la promoción de oportunidades económicas.

En esa oportunidad 12 empresas y organizaciones anunciaron compromisos para apoyar el desarrollo económico en Guatemala, El Salvador y Honduras entre ellas Acción, Bancolombia, Chobani, Davivienda, Duolingo, Harvard TH Chan School of Public Health, Mastercard, Microsoft, Nespresso, Pro Mujer, The Tent Partnership for Refugees y el Foro Económico Mundial.

“Abordar las causas fundamentales de la migración en el Triángulo Norte requiere un crecimiento económico sostenido e inversión. El sector privado tiene un papel importante que desempeñar. Hoy me reuní con líderes de empresas y organizaciones que anunciaron compromisos para invertir en la región”, escribió Harris en su cuenta de Twitter ese día.

En diciembre de 2021, se informo que esa iniciativa de Harris ya incluía a 77 empresas y que la inversión del sector privado en Centroamérica asciende a US$1 mil 200 millones.

El 7 de junio de 2022, la vicepresidenta Harris anunció más de US$1 mil 900 millones en nuevos compromisos del sector privado para crear oportunidades económicas en el norte de Centroamérica, más del doble del valor de las inversiones iniciales del sector privado en respuesta a su Llamado a la acción.

La Liga de Congresistas Latinos de Estados Unidos (CHC) condenó este martes 24 de diciembre las declaraciones de un alto funcionario del gobierno de Donald Trump en las que dijo que Washington está considerando enviar a Guatemala a los mexicanos que pidan asilo.

El jefe interino del Departamento de Seguridad Interior, Ken Cuccinelli, dijo en Twitter la semana pasada que a “medida que se implementa el acuerdo” migratorio con Guatemala, la Casa Blanca está considerando enviar a ese país a los solicitantes de “todas las poblaciones, incluyendo a los ciudadanos mexicanos”.

El presidente de la Liga de Congresistas Latinos, el demócrata Joaquín Castro, dijo en un comunicado que condena “enérgicamente las políticas crueles e ilegales del gobierno de Trump para desincentivar a que familias de demandantes de asilo busquen refugio en la frontera sur”.

Estados Unidos firmó pactos migratorios con los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica -Honduras, Guatemala y El Salvador- para que quienes quieran pedir asilo en Estados Unidos y pasen antes por estas naciones deban hacer allí su solicitud y aguardar.

Con México, Estados Unidos selló los Protocolos de Protección del Migrante (MPP) que determina que los demandantes de asilo que lleguen a la frontera común deben esperar en ese país, mientras se tramita su caso.

“Seamos claros, esto es un intento de impedir que mexicanos y otras familias busquen seguridad en nuestra frontera”, agregó Castro, señalando que una iniciativa de este tipo, sumada a la política para que los migrantes extranjeros permanezcan en México, “bloquearía virtualmente a todos los demandantes de asilo de poder buscar refugio” en Estados Unidos.

Castro denunció que el gobierno tiene “varadas” a 50 mil familias de demandantes de asilo en la peligrosa frontera con México y que ha comenzado a enviar a hondureños y salvadoreños a Guatemala que tiene una tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 22 -alto para el promedio regional- y un 59% de su población vive en la pobreza, según cifras del Banco Mundial.

“Estas políticas han infligido un dolor inimaginable y un trauma a los demandantes de asilo vulnerables que están huyendo de circunstancias desesperadas”, agregó Castro.

*Con información de AFP

McAleenan – que tomó las riendas del DHS en abril tras la salida de Kirstjen Nielsen – agradeció a Trump en Twitter.

“Con su apoyo en los últimos seis meses, hemos realizado un gran esfuerzo para mitigar la seguridad en la frontera y la crisis humanitaria que enfrentamos este año”, dijo.

I want to thank the President for the opportunity to serve alongside the men and women of the Department of Homeland Security. With his support, over the last 6 months, we have made tremendous progress mitigating the border security and humanitarian crisis we faced this year… pic.twitter.com/A4rTcZgJKF

— Acting Sec. Kevin McAleenan (@DHSMcAleenan) October 12, 2019

Trump decretó una política de “tolerancia cero” con la inmigración irregular en 2018 y ha hecho de la lucha contra la llegada de indocumentados un eje de su gobierno y un mensaje central de su campaña para la reelección.

Pese a esta política – que incluyó el año pasado la separación de 2.300 niños de su padres migrantes y tuvo que ser suspendida tras una ola de indignación – en mayo se registraron en la frontera con México cerca de 144.000 personas que fueron aprehendidas o que detectadas cruzando de manera irregular.

Las cifras de mayo representaron un pico en 13 años, después de lo cual Estados Unidos firmó cuestionados acuerdos con México y con Guatemala, Honduras y El Salvador para frenar la migración irregular tras lo cual las cifras cayeron a un nivel de 52.000 en septiembre.

McAlleenan, que antes de asumir este cargo había ejercido como jefe de la Patrulla Fronteriza, ha sido el cuarto ministro de Seguridad Nacional de Trump en menos de tres años en la Casa Blanca.

El declive ocurrió pese al compromiso adquirido por Washington en 2017 para financiar la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte de Centroamérica, con un pedido de 750 millones de dólares en ayuda bilateral y regional.

Este tema cobró relieve en momentos que el presidente estadounidense Donald Trump mandó cortar la ayuda para Guatemala y Honduras por el paso de una caravana de migrantes hondureños que se dirige rumbo a Estados Unidos.

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La página oficial de Internet de asistencia externa estadounidense destaca que la Alianza para la Prosperidad busca crear condiciones que favorables para que los pobladores puedan permanecer en su país, en lugar de emigrar.

Según el portal, la ayuda a través de esta iniciativa “incluye y alínea los recursos necesarios para incrementar oportunidades económicas, reducir la violencia extrema (y) fortalecer la efectividad de las instituciones estatales”,.

La no gubernamental Oficina de Washington para América Latina (WOLA, en inglés), que monitorea la asistencia para América Central, destacó que la ayuda para todo el istmo en 2016 alcanzó 750 millones de dólares en acciones coordinadas por agencias diversas y otros 42,257 millones en programas del Departamento de Defensa.

En 2017 cayó a 655 millones en programas de generales de asistencia, mientras los de Defensa subieron a 42,403 millones.

Para 2018, según WOLA, la ayuda cayó a 615 millones de dólares, sin incluir los datos del Departamento de Defensa. En los tres años, los países del Triángulo Norte fueron de lejos los principales receptores de ayuda para Centroamérica.

Honduras

En el caso de Honduras, de donde salió la caravana de migrantes, la ayuda estadounidense fue de 209,2 millones de dólares en 2016, y cayó a 181,7 millones al año siguiente. La WOLA no tenía disponibles los datos de 2018.

Los principales programas financiados por la ayuda norteamericana en Honduras se dirigieron en 2017 al área de seguridad, justicia y prevención de violencia (65 millones); seguidos de programas de crecimiento económico y desarrollo (USD 54,5 millones), fronteras y control de drogas (USD 30,26 millones) y gobernabilidad, transparencia y derechos humanos (USD 31,5 millones).

La ayuda estadounidense es relevante para Honduras, un país con un presupuesto estatal de alrededor de 9.700 millones de dólares, según lo aprobado por el Congreso para 2018.

La pobreza en Honduras afecta a 68% de la población de 9,1 millones de habitantes de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, además de un elevado índice de violencia de 43 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional.

Guatemala

En Guatemala, el otro país amenazado por Trump con corte de la ayuda, la asistencia norteamericana pasó de USD 254,3 millones en 2016 a USD 177,8 millones en 2017, según WOLA.

El programa que recibió más ayuda estadounidense en 2017 fue el de crecimiento económico y desarrollo (78,66 millones), seguido de seguridad y prevención de violencia (46,9 millones), fronteras y control de drogas (28,8 millones) y gobernabilidad, transparencia y derechos humanos (22 millones).

Con un presupuesto de 11.000 millones de dólares autorizado por el Congreso para 2018, Guatemala tiene un índice de pobreza de 60% en una población de 16,5 millones, según el Banco Mundial.

A ello se agrega que la Policía Nacional Civil de Guatemala reportó 4.410 homicidios, para una tasa de 26,1 por cada 100.000 habitantes.

El Salvador

El Salvador es el más pequeño y el que menos asistencia norteamericana recibe del Triángulo Norte de Centroamérica: 153,1 millones en 2016, que cayeron a 149 millones de dólares en 2017.

La asistencia de 2017 se concentró en seguridad y prevención de violencia (35,36 millones), seguido de fronteras y control de drogas (22,23 millones), gobernabilidad, transparencia y derechos humanos (11,77 millones) y crecimiento económico y desarrollo (3 millones).

El Salvador, con una economía dolarizada, tiene un presupuesto de 5.467,5 millones de dólares, según el portal de Transparencia Fiscal del gobierno.

Datos de la ONU indican que 33% de los hogares salvadoreños vivían en la pobreza en 2017, entre 6,2 millones de habitantes. En ese mismo año, el país registró 21,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, según la Policía Nacional Civil.