Por Kenneth Monzón

Antes de entrar a conocer un debate, Carlos Ruano, vocal segundo del Tribunal Noveno Penal, pudo leer varios mensajes en su celular. Eran familiares y amigos que le indicaban que habían otorgado libertad condicional a la magistrada separada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling.

Ruano conversó con Prensa Libre y dijo estar “sorprendido” por la decisión Abelina Cruz, suplente del Juzgado Décimo Penal, de haber otorgado libertad condicional a Stalling, a quien él denunció por querer obligarlo a otorgar un beneficio a su hijo Otto Fernando Molina Stalling, quien enfrenta un debate por el caso IGSS-Pisa, un fraude en el Seguro Social.

La decisión de la jueza Cruz se conoció durante una sorpresiva audiencia a puerta cerrada. Solo estuvieron su abogada y Juan Francisco Sandoval, titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).

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El juez Ruano espera leer la resolución y saber en qué se basó la libertad condicional otorgada a Stalling. “Pone en amenaza mi integridad”, dijo el juez, al recordar que a la magistrada separada la detuvieron utilizando una peluca y portando una pistola en febrero de 2017.

¿Qué opina de la resolución?

Me enteré por las redes sociales. Estoy sorprendido. Realmente desconozco los argumentos y fundamentos de la jueza. Solo he escuchado su nombre, nunca he tenido acercamiento con ella.

La audiencia se realizó a puerta cerrada ¿Qué opina?

Llama mucho la atención. El artículo 12 del Código Procesal Penal estipula que todas las audiencias son públicas. Es legal solo cuando se decreta la reserva del caso. Siempre debe haber acceso al público y a la prensa. Están los casos debidamente establecidos en la ley que se deben fundamentar el motivo, todos los actos de administración de justicia son públicos.

Este caso pasó por cuatro juzgados. La magistrada separada Stalling estuvo de juzgado en juzgado, ¿Cuál es su análisis?

¿Qué le puedo decir? Pudieron ser estrategias de la defensa, valiéndose de esa circunstancia. Lo que se concluye es que logra tener una resolución a su favor. Lo que reitero nuevamente y deseo es escuchar los argumentos en los que la jueza se basó y fundamentó su resolución, porque si están los hechos como evidencia en los cuales no se les otorgaba medida sustitutiva, pues ahora cuáles son los argumentos para concederle la libertad. Es claro, tienen que variar las circunstancias porque se le denegó una medida sustitutiva en su oportunidad y ahora se le otorga.

¿Qué opina de que se le otorgó la libertad sin necesidad de pagar una fianza?

Incluso así fue, sin caución económica. Escuché las declaraciones del fiscal Juan Francisco Sandoval -titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad- que la jueza le otorgó libertad porque es pobre.

Usted la denunció en 2016 y le otorgaron medidas cautelares. ¿Cree que la libertad de Stalling representa algún peligro?

Tendría que esperar el análisis de riesgo con relación a esta circunstancia porque es nuevo. Eso se revisa. Esto, considero aumenta mi situación de vulnerabilidad o me pone en otra situación de amenaza a mi integridad o seguridad se tiene que tomar en cuenta.

¿Ese análisis deberá incluir el hecho que Stalling portaba un arma de fuego cuando fue capturada?

Ese fue el primer análisis que se hizo. Ella usaba una pistola y que incluso amenazó a agentes de la Policía Nacional Civil que estaban armados. Entonces todo eso se analizó y me tiene con medidas de seguridad y esto puede agravar la situación. De manera particular al momento de su aprehensión amenazó a los policías qué no le puede hacer a otra persona.

¿Se debe analizar la decisión de la jueza suplente? 

Responde analizar los argumentos. No lo analizaría de colega a colega sino como persona que denunció los hechos. Ahí están las pruebas y los argumentos que deben ser rebatidos por otros argumentos de mayor peso. Está claro que para que una persona no goce de medida sustitutiva son dos situaciones que no impida la obstaculización a la averiguación de la verdad y el peligro de fuga. ¿Qué sospecha se va a evitar, si para impedir su detención andaba disfrazada y con una arma de fuego?”

Por Manuel Hernández Mayén

Acciones que pasan por el Sistema Penitenciario, Organismo Judicial y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) evidencian que Blanca Stalling, magistrada separada de la Corte Suprema de Justicia, aún mantiene influencias en el sistema de justicia.

Stalling buscará el próximo jueves 2 de agosto salir de la prisión preventiva que guarda en Mariscal Zavala desde febrero del 2017, cuando se lleve a cabo la audiencia de revisión de medida en el Juzgado Décimo Penal.

Argumentando deterioro de la salud de Stalling, la defensora Delmy Rocío Castañeda pidió a una jueza suplente que se adelantará la audiencia, la cual había sido programada para el 30 de agosto. En ese mismo proceso se había programado la audiencia de etapa intermedia para determinar si la magistrada separada del cargo  va o no a juicio.

El pasado 4 de junio la audiencia de fase intermedia fue suspendida. En esa ocasión el Sistema Penitenciario no trasladó a Stalling con el argumento de que ella tenía problemas de salud. Sin embargo, días después, el Inacif dictaminó que se encontraba bien de salud, por lo que podía ser trasladada a la Torre de Tribunales.

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En la audiencia que se tiene programada se prevé que la jueza le otorgue una medida sustitutiva a Stalling, por el supuesto “deterioro de su salud” para favorecerla, ya que el Inacif y la clínica de la cárcel donde está detenida no cuentan con médicos especialistas y un profesional que trabaja en lo privado tendría que atenderla para evitar “un trágico” desenlace

Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, considera que personas como Blanca Stalling han logrado tejer redes de contactos en todo el sistema de justicia, las cuales suelen ser útiles en estos momentos.

“Es conocido que ella ha sido una abogada muy audaz que ha dirigido grupos gremiales con mucho éxito para las estrategias políticas que lanzó en su momento con diferentes aliados”, explicó Ibarra.

“Si el Sistema Penitenciario no traslada a los sindicados, el juez y los fiscales nada pueden hacer por remediar la situación, más que esperar a que se dé el seguimiento. Ella es de las personas que maneja el sistema de justicia y que tiene las redes”, refirió.

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Juvell de León, director del Sistema Penitenciario, aseguró que todos los sindicados son trasladados y que se usa la fuerza cuando estos no desean ir a los juzgados.

“Cuando alguna persona está enferma, hace su manuscrito y se hace una investigación por medio de servicios médicos, luego de un análisis se le informa al juez. No es cierto que el reo que no quiera ir no se traslade, es una falsa percepción que se tiene”, señaló De León.

Fanuel García, director del Inacif, expresó que la medicina forense no gira alrededor de un tratamiento, sino a la coherencia del informe que presenta el médico particular.

“Especialista no hay para todos, si una persona dice que padece una enfermedad lumbar, por ejemplo, el médico revisa todo el expediente clínico para determinar lo que dice el médico privado, revisa si está sustentando la enfermedad o se la está inventando”, concluyó García.

Se trató de hablar con la abogada Castañeda, pero el teléfono registrado sonaba apagado.

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Proceso sin rumbo

El caso contra Blanca Stalling comenzó en el Juzgado Séptimo Penal, el cual estaba a cargo del juez Adrián Rodríguez, quien a puerta cerrada la ligó a proceso, le dio arresto domiciliario y una fianza de Q300 mil. La Sala Tercera de Apelaciones, señalada de favorecer a sindicados, ratificó la medida sustitutiva, pero fue revocada por un amparo.

El proceso fue trasladado al Juzgado Octavo Penal,  que autorizó varias diligencias. Sin embargo, el 24 de mayo del 2017 se suspendió la audiencia de etapa intermedia por imposibilidad material, se reprogramó para el 4 de julio y se suspendió por el mismo motivo.

El 18 de agosto de ese año, la abogada de Stalling, Delmy Rocío Castañeda, se excusó porque fue hospitalizada. El 13 de septiembre se vuelve a presentar otra excusa. El 5 de octubre Stalling presentó una cuestión de competencia y el 5 de diciembre la abogada se excusó de nuevo.

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A pesar de que en siete meses no se llevó a cabo la audiencia para determinar si va o no a juicio, la defensa de Stalling recusó a Josué Alvarado, juez suplente, por lo que se suspendió la audiencia y el proceso fue enviado al Juzgado Noveno.

El 23 de marzo último, el juez Noveno se excusó de conocer el proceso, por lo que la Sala Segunda de Apelaciones trasladó la causa al Juzgado Décimo Penal, donde se realizará la audiencia el próximo jueves.

Por segunda vez en lo que va del año Blanca Stalling es beneficiada para que abandone prisión todos los sábados, ahora de junio y julio, Stalling podrá salir de la cárcel Mariscal Zavala los sábados de 8 a 16 horas, para estar con su progenitora, quien sufre quebrantos de salud y está hospitalizada.

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El permiso fue firmado por el juez Décimo de Instancia Penal, Walter Villatoro, y quien también ordenó al Sistema Penitenciario para que traslade a Stalling de la cárcel hasta donde se encuentra su progenitora y que luego la regrese a dicho centro carcelario.

Junio y julio

Stalling podrá salir de prisión los sábados de junio, 16, 23 y 30 y los sábados de julio 7, 14 y 21.

La magistrada separada de #CSJ Blanca Stalling logra que el juez Décimo Penal, Walter Villatoro le otorgue un permiso especial para visitar a su mamá. Stalling podrá salir de prisión los sábados de junio, 16, 23 y 30 y los sábados de julio 7, 14 y 21 en un horario de 8 a 16 horas pic.twitter.com/R5mac1GqCk

— Manuel Hernández (@mhernandez_gt) June 13, 2018

En abril también obtuvo un permiso especial

En abril último el  juez suplente Gustavo Peinado, por ausencia del juez Décimo de Instancia Penal, Walter Villatoro, le otorgó un permiso especial, para que visitara a su mamá en el hospital todos los sábados durante un mes, son que el horario era de 9 de la mañana a 13 horas.  Peinado también ordenó al Sistema Penitenciario (SP) para que la trasladara de la cárcel al hospital y que luego la regrese a dicho centro carcelario.

El caso contra Stalling

La magistrada está ligada a proceso en un caso donde la Fiscalía la sindica de influir en una resolución judicial para beneficiar a su hijo Otto Molina Stalling, quien es procesado en el caso IGSS-Pisa. Además, está sindicada por haberse resistido al arresto.

El juez Carlos Ruano denunció que fue objeto de presiones por parte de la magistrada para favorecer a Molina Stalling, incluso la magistrada citó a Ruano a su oficina. Ahí fue cuando él grabó una conversación con ella.

Durante una audiencia, Ruano recordó sobre ese encuentro:

“Debía presentarme en su oficina porque la cita había sido solicitada por una magistrada de justicia. Al principio -Stalling- dijo que tenía conocimiento que yo sería el que conocería las medidas para su hijo y empezó a explicarme lo que a su parecer debía hacerse en el proceso penal, y que, como madre, me hacía esa solicitud, que comprendiera y tratará de llevar ese mensaje al resto de jueces para que pudieran acceder a las medidas sustitutivas y otorgar libertad a su hijo -Otto Molina Stalling- junto con las enfermeras para que se llevara a cabo el debate lo más pronto posible”.

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Luego de la denuncia Ruano, se excusó de continuar en el caso, a lo cual las juezas del Tribunal, Dinora Martínez y María Sitavi, también se excusaron de continuar.

Molina Stalling, quien era asesor financiero en la subgerencia del IGSS, fue ligado a proceso penal por los delitos de asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones. Junto a él también fueron ligadas a proceso 16 personas entre ellas el expresidente del Igss, Juan de Dios Rodríguez.

Según las escuchas telefónicas, garantizó a los directivos de Pisa obtener el contrato millonario con el Seguro Social,  ya que tenía conexión con “los de adentro”, son “los que deciden”.

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Trato

Stalling ha obtenido permisos durante el proceso en su contra. El Día de la Madre de 2017 pudo visitar a su hijo, quien está recluido en otro sector de Mariscal Zavala.

También obtuvo un permiso para ausentarse de sus funciones en la Corte Suprema y pudo cobrar dos meses los Q39 mil que ganaba.

En el proceso por tráfico de influencias, magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones la favorecieron con arresto domiciliario, algo que semanas después dejó sin efecto la Cámara de Amparos.