Dos exfuncionarios de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) fueron condenados por un Tribunal a penas de prisión conmutables por haber pedido sobornos para la ejecución de proyectos, de los que recibieron Q10 mil.

El Tribunal Primero de Sentencia Penal declaró culpables a Marvin Calijau Ramírez, exgerente de la empresa y a Óscar Chan, quien ocupaba el cargo de subgerente, durante una audiencia el viernes 9 de diciembre.

Los dos exempleados aceptaron los cargos y haber cometido el delito de cohecho pasivo (soborno), por lo que se les condenó a 3 años y 4 meses de prisión conmutables más una multa de Q50 mil cada uno, la cual deberán pagar en un plazo no mayor a tres días.

Como pena adicional, el Tribunal determinó que ambos mantendrán la incapacidad para optar a un cargo o trabajo en instituciones públicas mientras dure la condena que les fue impuesta.

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Acusación contra exfuncionarios

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público (MP) señaló que los acusados solicitaron sobornos a dos empresas inmobiliarias para agilizar los dictámenes de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango.

La Fiscalía expuso medios de prueba contra Calijau Ramírez, a quien se señaló de solicitar el 20 por ciento en coimas sobre el valor total de la obra Portal del Llano, por lo que cobraría Q23 mil.

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Además, el Tribunal también declaró culpable al exgerente de haber solicitado otros Q20 mil para acelerar los procesos de calificación de Ciudad Verde, otro proyecto urbanístico.

Entre los indicios se presentaron grabaciones telefónicas que demostraron cómo se fraguó el delito. La intención de los exempleados era sobornar a las inmobiliarias a costa de no retrasar dictámenes que les eran requeridos para entrar en funcionamiento.

Captura

El exgerente y exsubgerente de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango, fueron detenidos el 28 de enero de 2021, en las oficinas de la institución ubicada en la zona 6 de ese departamento.

Las capturas tuvieron lugar luego de que los dos funcionarios recibieran un sobre manila con Q10 mil como parte del soborno que solicitaban.

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“Este tipo de actos de corrupción de cobro de comisiones ilícitas socavan la capacidad del uso eficiente y eficaz de los recursos públicos que terminan siendo adjudicados en función del interés de las redes político económicas ilícitas”, indicó la fiscalía en su momento a través de un comunicado.

En redes sociales circula un video en el que un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) supuestamente recibió dinero por parte del conductor de un vehículo que no portaba papeles.

En la grabación de 1.51 minutos se escucha cuando el piloto le indica al uniformado que tiene Q50 y que le “eche la mano”.

Aunque el video compartido por la página de Facebook El Enchufle no se específica en qué ruta fue, el conductor dice que hace mal por no portar los papeles de vehículo.

Ante la insistencia del piloto, el agente se acerca a un compañero y al parecer tomaron una decisión.

Luego la pregunta del infractor fue ¿Cómo hago para dárselo? y el agente le respondió “enróllelo -el billete- bien usted ahí y me lo da y ahí estamos”.

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Posteriormente, el agente indicó que había personas que miraban lo que sucedía.

Se consultó a la PNC respecto de este video compartido recientemente, e indicó que es importante denunciar toda actividad ilegal en la que podrían estar involucrados agentes de esa institución.

Añadió que en la grabación se ve la insistencia del supuesto infractor en dar dádivas, pero no se observa si se completa de la recepción del efectivo.

El éxodo de migrantes haitianos en Esquipulas ha generado negocios irregulares, pero toda esa dinámica tiene como gran promotor a la autoridad, según los migrantes en cada país que transitan hay condiciones y si son estrictos, se apegan a las normas, si no hay reglas siguen el camino.

Algo que hace cómodo transitar en Guatemala es la corrupción aseguran los migrantes, ellos han comprendido que una vez se le pague a la autoridad llegan a la frontera con México fácil.

La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la resolución del juez décimo, Víctor Cruz, que anuló la prueba recabada contra diputados del extinto Partido Patriota que habrían recibido sobornos.

Con este fallo no podrán utilizarse las declaraciones en anticipo de prueba que fueron incorporadas en esa investigación relacionada con el pago de sobornos a congresistas, para la aprobación de determinadas leyes en el Congreso de la República.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) indicó que con lo sucedido, la CC denegó la decisión relacionada con un recurso de reposición que fue conocido por el juez décimo de primera instancia penal como supuestamente ejecutado en una sentencia de amparo.

Añadió que dicho recurso ya había sido resuelto por la juez noven de primer instancia penal que anteriormente tenía el caso y en dos ocasiones se ejecutó una misma sentencia

Agregó que la CC al resolver ha indicado que ellos no advierten la existencia de los agravios denunciados por la Feci.

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Señaló que según lo resuelto por el juez décimo se anuló todo lo actuado y esta fiscalía por no tener personas vinculadas a proceso actualmente, tendrán que practicar diligencias de investigación.

Afirmó que no tienen impedimento para que ciertas personas se presenten nuevamente ante el órgano jurisdiccional para brindar su declaración, si se justifica cuál es el peligro que representa para ellos.

La Feci manifestó que con lo resuelto afecta el trabajo de investigación y se vulnera el principio de seguridad jurídica, pues dejan sin efecto una resolución ya emitida.

El fiscal Juan Francisco Sandoval informó que con esta resolución se anularon actuaciones de noviembre del 2017 hasta la fecha en el juzgador emitió la resolución.

Dijo que ahora deben hacer un inventario de las diligencias de investigación que quedaron sin efecto y verificar si se pueden repetir.

“En este momento estamos en análisis con respecto a la afectación que ha provocado dicha resolución”, manifestó.

Añadió que otro cuestionamiento que tienen que hacer al tribunal constitucional de primer grado, es a qué ejecutoria se le hace caso, si a la en su momento desarrolló la juez noveno de primera instancia o a una resolución emitida por el juez del Juzgado Décimo que resolvió sobre lo mismo.

Resaltó que la persecución penal es irrenunciable, por lo que buscarán los mecanismos que permitan viabilizar el tema.

En el análisis tienen que verificar cuál será la manera de encausar la investigación.

Está pendiente que sean resueltas dos recusaciones  contra el juez décimo de primera instancia penal.

Baldetti habría dado dinero a diputados

Referente al caso, la investigación detalla cómo, presuntamente, en 2014, la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados en el Congreso para que aprobaran leyes, así como la elección de magistrados para la CSJ y Cortes de Apelaciones.

El documento de la Feci y la extinta Cicig se refiere a que producto de estos pactos, y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del poder Ejecutivo se tomaron varias decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes, entre ellas la que se aprobó el 8 de abril de 2014, el Decreto 12-2014 Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga unas denuncias que apuntan que personas que realizan labores de cabildeo han usado sobornos para conseguir un perdón presidencial, según muestran documentos judiciales.

Estos indican que en agosto los investigadores comenzaron a investigar un “plan secreto de cabildeo” que posiblemente implicaba intentos de contactar a funcionarios de la Casa Blanca.

Antes de su divulgación, los documentos fueron editados parcialmente para que no revelen ningún nombre, pero el Departamento de Justicia afirma que no se está investigando a ningún funcionario del gobierno.

En un mensaje en Twitter, el presidente Donald Trump se refirió a la investigación como “noticias falsas”.

En Estados Unidos, es frecuente que los mandatarios, antes de abandonar el poder, ejerzan su derecho presidencial de otorgar indultos, lo que acaba de facto con las condenas.

Trump, quien dejará el cargo en enero -aunque todavía está impugnando su derrota electoral en los tribunales-, ha utilizado este procedimiento en varias ocasiones.

La semana pasada indultó a su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, quien se declaró culpable de mentirle al FBI.

Los medios estadounidenses dicen que Trump ha estado discutiendo la posibilidad de conceder un perdón “preventivo” a miembros de su familia, aunque estos no han sido acusados de ningún delito.

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Los documentos publicados este martes por un tribunal federal en Washington DC están relacionados con una solicitud del Departamento de Justicia para usar correos electrónicos y otras comunicaciones incautadas en una investigación de “sobornos por indultos”.

Según apuntan los fiscales en el texto, los datos apuntan a una posible “actividad criminal”.

Las autoridades señalan que las personas, cuyas identidades fueron ocultadas, parecen haber “actuado como cabilderos ante altos funcionarios de la Casa Blanca sin cumplir con los requisitos de registro” para dicha actividad.

El objetivo de estas personas -según el texto- puede haber sido conseguir “un indulto o una suspensión de la pena” para otra persona no identificada.

Según los documentos, los fiscales solicitaron en agosto una orden judicial “para que el equipo de investigación [pudiera] acceder” a las comunicaciones y confrontar a los sospechosos.

Se desconoce quiénes eran las personas investigadas. En todo caso, este martes, el Departamento de Justicia indicó: “Ningún funcionario del gobierno fue o es actualmente sujeto u objetivo de la investigación divulgada en estos documentos”.

¿A quiénes ha concedido un indulto Trump?

Hasta ahora, Trump ha sido menos entusiasta en cuanto a la concesión de indultos que cualquiera de sus predecesores recientes, según el Centro de Investigación Pew.

Barack Obama, a quien Trump reemplazó en 2017, otorgó 212 indultos y conmutó 1.715 penas, la mayor cantidad desde el gobierno del presidente Harry Truman en las décadas de 1940 y 1950.

Trump, por su parte, solamente había otorgado 28 indultos y 16 conmutaciones hasta finales de noviembre.

Además de Michael Flynn, quien fue condenado en 2017 por mentir sobre sus contactos con el embajador ruso el año anterior, las personas indultadas por Trump incluyen el estratega político Roger Stone, el exalguacil de Arizona Joe Arpaio y a Scooter Libby, quien fue jefe de gabinete de Dick Cheney, cuando este era vicepresidente de EE.UU.

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Según la prensa estadounidense, hay varios aliados de Trump que esperan el indulto, incluyendo a los exasesores Rick Gates y George Papadopoulos, condenados en la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Los diarios también informan que el actual mandatario está considerando conceder perdones para miembros de su familia, pese a que ninguno ha sido acusado de ningún delito.

Una fuente le dijo a NBC News que esta posibilidad surgió porque Trump se siente asediado, no porque crea que él o alguno de sus familiares sean culpables de irregularidades.

El diario New York Times sostiene que el mandatario parece estar preocupado por la posibilidad de que durante la presidencia de Joe Biden, el nuevo gobierno demócrata pueda apuntar hacia sus hijos Donald Jr, Eric e Ivanka Trump, así como al esposo de Ivanka, Jared Kushner, quien ha fungido como asesor principal de la Casa Blanca.

Jurídicamente existen precedentes en EE.UU. sobre indultos concedidos a personas que no han sido acusadas.

En 1974, el presidente Gerald Ford indultó preventivamente a su predecesor Richard Nixon y puso fin a cualquier posibilidad de enjuiciamiento tras el escándalo del Watergate.

Dos fincas que tienen una extensión aproximada de 2 millones 870 mil 46.66 metros cuadrados, que serían un aproximado de 411 manzanas, fueron adquiridas por el exministro de de Comunicaciones, Infraestructura  y Vivienda, Alejandro Sinibaldi.

Así lo dice un investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP). Según las pesquisas, los terrenos fueron adquiridos por una entidad constituida por Sinibaldi en Panamá y que habría sido creada para recibir los sobornos de la constructora Odebrecht mientras él era ministro de Comunicaciones durante el gobierno del Partido Patriota (PP).

Las dos fincas son conocidas como El Cintular y el Carmen, son colindantes entre sí y están ubicadas en los municipios de Pueblo Nuevo Viñas y Barberena, en Santa Rosa.

Las fincas del exministro de Comunicaciónes, Alejandro Sinibaldi, eran tan grandes que tenían un río y un campo de fútbol.

Este día, la Feci entregó los terrenos a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio (Senabed).

Gustavo Alejos Cámabra, exsecretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, se presentó a la Torre de Tribunales luego de conocer que el Ministerio Público estaba tras él al ser vinculado en el caso Construcción y Corrupción.

Los allanamientos se ejecutaron en las primeras horas de este lunes tras la coordinación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y fueron clasificados bajo reserva.

Según una fuente del Ministerio Público, Alejos habría recibido US$7 millones en calidad de soborno, los cuales se habrían canalizado a través de diferentes off-shore.

Las órdenes de captura giradas fueron contra Alejos Cámbara, William Gallardo, Ricardo López Barrientos y Manuel Jesús Palma Palma.

Alejos explica que desde el 25.7.2019 se presentó a la sede de la Fiscalía Especial contra la Impunidad así como en el Juzgado para ponerse a disposición y evitar la orden de aprehensión. pic.twitter.com/UbGBZAdXEf

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 5, 2019

Ninguno de los señalados fue ubicado en su residencia y según una fuente, Alejos envió un memorial a la Fiscal General, Consuelo Porras, y al Juzgado de Mayor Riesgo D indicando que se pondría a disposición de las autoridades porque ya tenía conocimiento de la nueva investigación en su contra.

Las otras personas citadas para este caso son Beatriz Jansa Bianchi,  Rafael Escobar Pereira y Gustavo Espina Salguero. Éste último fue vicepresidente de Guatemala del 14 de enero de 1991 al 1 de junio de 1993, durante el gobierno de Jorge Serrano Elías.

El Ministerio público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentaron el caso denominado “subordinados”. La investigación señala que se pagó Q57 millones a diputados del Congreso de la República para la compra de voluntades para la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones. El Jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval explicó que se realizaron pagos bimensuales de Q50,000. Además explicó que los diputados llamaban a dicho pago “las champurradas”.

Sin embargo, resaltó cinco puntos de la investigación los que se presenta en el video.

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Según la investigación, los bienes fueron comprados por un valor de Q10 millones.

En su interior también se observan varias cabezas de ganado vacuno y equino.

La inmovilización de estas propiedades se da como resultado del proceso de investigación del caso Construcción y Corrupción, mediante el cual se determinó la existencia de una estructura de alto nivel que cobró sobornos a contratistas del Estado a cambio de que el Ministerio de Comunicaciones les efectuara pagos por proyectos en vigencia o de cancelación de deuda.

La estructura criminal, supuestamente, era liderada por el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quien se encuentra prófugo desde junio de 2016.

Se identificó otra forma de pagos que se realizaban en el extranjero (empresas off shore) con simulación de contratos de asesorías o préstamos; pagos por contratación de asesorías; pagos de sobornos destinados al financiamiento electoral ilícito, y adquisición de bienes.

Las fincas serán administradas ahora por la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).

El Ministerio Público iniciará la acción de extinción de dominio para reclamar de manera definitiva las fincas a favor del Estado.

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El multimillonario español, Ángel Pérez Maura requerido por la justicia Guatemalteca pago para impedir su extradición. Los montos hasta ahora reportados son de cerca de 7 millones de euros. Los sobornos del naviero español podrían llegar incluso a tocar a la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Sobornos y más sobornos

Con un caudal de cerca de 300 millones de euros, el multimillonario Angel Pérez Maura a figurado en los titulares de España, en especial del diario El Confidencial, que publicó las facturas que pagó al comisario José Manuel Villarejo. La misión encargada consistió en una estrategia de tres puntos.

• Evitar la extradición de Pérez Maura a Guatemala, señalado por pagar sobornos por $30 millones por el usufructo Terminal de Contenedores Quetzal, (TCQ).
• Lograr la libertad de  Juan José Suárez, socio de Pérez que está en prisión.
• Obtener el 100% del pago a APM terminals empresa que compró el usufructo a Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB).

Para este último punto Villarejo contrato al abogado Rafael Redondo que viajó en diferentes ocasiones a Guatemala. Parte de la encomienda fue lograr legalizar la concesión entre TCB y Guatemala, para que APM terminals pagará la compra del usufructo. Para ello, el abogado español sostuvo diferentes reuniones con PGN.

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