El jueves 30 de junio la Fiscal General Consuelo Porras destituyó a 14 personas, entre personal fiscal y funcionarios administrativos, con la justificación de que se trata de personal de libre nombramiento y remoción.

El portavoz del Ministerio Público (MP), Juan Luis Pantaleón, confirmó que los destituidos son:

• Hilda Elizabeth Pineda García, fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos contra Turistas
• Wendy Patricia Ordóñez, fiscal de sección de la Fiscalía contra Delitos de Usurpación
• Sara Elizabeth Romero, fiscal de sección de la Unidad de Impugnaciones
• Dilma Samayoa Tenaz, segunda subsecretaria general del Ministerio Público
• Lilian Carías, directora de Recursos Humanos
• Pedro Barán, secretario de Pueblos Indígenas
• Elka Lucrecia Huitz, fiscal distrital de San Marcos
• Eleonora Castillo, fiscal distrital de Sololá
• Edgar Orlando Muñoz, secretario de Asuntos Internacionales

Asimismo, se confirmó la destitución de otros cinco funcionarios administrativos de la Secretaría de Política Criminal, cuyos nombres no han sido revelados por la institución.

El MP asegura que se trata de “acciones de personal orientadas al fortalecimiento institucional, derivadas de las necesidades de servicio”.

“La Fiscal General y Jefe del Ministerio Público ha impulsado múltiples acciones para el fortalecimiento institucional, a efecto de garantizar la efectividad en el ejercicio de la acción penal y continuar con la disminución de la mora fiscal, de esa cuenta se ha logrado reducir en 57% la mora fiscal heredada consistente en más de 1 millón 266 mil casos”, expresó la entidad en un comunicado de prensa.

En los últimos meses, estas destituciones han sido cuestionadas por expertos en el sistema de justicia, quienes aseguran que el personal fiscal no puede considerarse de libre remoción, puesto que forma parte de un sistema de carrera fiscal y para removerlo se requiere de un proceso disciplinario con causa justificada.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, presentó los datos de los niveles de impunidad en el sistema de justicia de Quiché.

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El nivel de impunidad en el sistema de justicia en dicho departamento llega al 93.63%.  De más de 6 mil casos presentados en el año  2,018  solo se han registrado 6 condenas.

Las autoridades indígenas del departamento coinciden que los tribunales de justicia, no funcionan en Quiché

El comisionado Iván Velásquez dirigió un discurso pregravado a los presentes donde manifestaba que se necesitan más recursos para el sistema de justicia.

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El Sistema Integrado de Justicia, consiste en presentar la realidad de la justicia en los departamentos de Guatemala.

Dirigido a estudiantes universitarios, autoridades comunitarias y sociedad civil, en su inauguración se contó con un discurso pre grabado del Comisionado Iván Velásquez.

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Las autoridades indígenas manifestaron que el sistema judicial estatal está colapsado, al escuchar al consultor de la Cicig que informaba que la impunidad en los tribunales está en un 92.05% en Sololá.

Mientras un representante de la sociedad civil de Sololá, acusó al Vicepresidente de tratar de convertir la limpieza del Lago de Atitlán en otra “Agüita mágica”.

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