Los asistentes también conmemoran los 20 años del informe que presentó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y rechaza las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional que busca otorgar amnistía a los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno.

De aprobarse se absolvería a los condenados por delitos como genocidio, desaparición forzada y tortura.

“El riesgo es que retrocedamos y se repita la historia de vejámenes a Derechos Humanos”, señalaron los activistas que participaron en la actividad.

Entre los asistentes se encontraba la nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, y la Secretaria General de la Asociación de Estudiantes Universitarios, Lenina García.

Rigoberta Menchú participa en la marcha por la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno. https://t.co/VDZAQv7MOG pic.twitter.com/dBjXEVnrfz

— Guatevisión (@Guatevision_tv) February 25, 2019

“Venimos a retumbar la conciencia de los genocidas, a decirles que no olvidaremos, no perdonaremos hasta no tener justicia”, afirmó el dirigente del Comité de Unidad Campesina, Daniel Pascual.

Frente al OJ se conmemora el Día de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Un día como hoy la Comisión para el Esclarecimiento Histórico presentó el informe Guatemala: Memoria del Silencio. pic.twitter.com/nqxnn1zxon

— Prensa Libre (@prensa_libre) February 25, 2019

Para honrar a las víctimas, los participantes hicieron un altar con flores frente a la Corte Suprema de Justicia, también colocaron fotos de los desaparecidos y coronas de flores en memoria de los crímenes a los cuales fueron sometidos como el desplazamiento forzado y las ejecuciones extrajudiciales.

Durante los 36 años que duró el conflicto armado interno (1960-1996) 250 mil personas murieron o fueron desaparecidas. Se puso fin en 1996, con la firma de los Acuerdos de Paz.

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Con un altar de flores, velas y fuego, decenas de activistas recordaron la matanza en el sitio que ocupaba la embajada, en el sur de la capital, asaltada en 1980 por las fuerzas estatales ante la ocupación de indígenas y estudiantes que denunciaban vejámenes.

Para desalojarlos, militares y policías irrumpieron en la embajada de España desatando un incendio.

“Repudiamos las malas intenciones de la Junta Directiva del Congreso y de diputados sin escrúpulos que buscan aprobar una amnistía general para todos los criminales responsables de las graves violaciones a los derechos humanos”, señalaron en un comunicado un centenar de organizaciones.

Las entidades firmantes demandaron al Congreso “suspender inmediatamente” la discusión de la iniciativa de ley que el pasado 17 de enero superó su primera lectura.

El proyecto implica derogar varios artículos de la Ley de Reconciliación Nacional, entre ellos uno que dejó fuera de la amnistía para insurgentes y militares los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada.

De aprobarse las reformas, la ley obligaría al sobreseimiento y la liberación de las personas que cumplan condena o estén siendo procesadas por delitos de lesa humanidad, en su mayoría miembros de las fuerzas armadas.

“Estamos aquí en este histórico lugar (…) para honrar a las víctimas de la embajada de España, para honrar a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Guatemala y también para honrar la verdad”, dijo durante el acto Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992.

“Decimos no a la impunidad”, agregó Menchú en referencia al proyecto de ley.

Al pueblo de Guatemala, a la comunidad internacional, a no permitir que se trate de llevar al olvido y dejar sin castigo, los crímenes, los horrores y traumas de uno de los conflictos más crueles, donde los pueblos indígenas fueron profundamente afectados.#MasacreEmbajadaEspaña

— Rigoberta Menchú Tum (@RigobertMenchu) January 31, 2019

Entre las víctimas mortales de la matanza en la embajada figuran Vicente Menchú, padre de Rigoberta, el cónsul español Jaime Ruiz del Árbol; el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Cáceres y el excanciller Adolfo Molina.

En la incursión militar sobrevivió el entonces embajador español, Máximo Cajal -fallecido en 2014-, mientras que el único de los ocupantes indígenas rescatado con vida, Gregorio Yujá, fue posteriormente secuestrado del hospital y su cadáver lanzado en el campus de la estatal Universidad de San Carlos.

En 2015, un tribunal condenó a 90 años de prisión por la matanza a Pedro García Arredondo, exjefe de la desaparecida Policía Nacional.

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Gabriela Roca, directora de asuntos corporativos de la minera San Rafael, dijo que la compañía pidió a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), que “dicten sentencia” para volver a operar.

Agregó que también les recriminaron el retraso para decidir tras nueve meses desde que el caso llegó a esa instancia, además de las pérdidas económicas causadas.

“Queremos que los magistrados vayan sumando los daños que han causado al país y a la empresa”, aseguró Roca.

Andrés Dávila, gerente de comunicación de la empresa, precisó que el cese de operaciones los ha llevado a despedir a 500 trabajadores, el 50% de su fuerza laboral, y señaló que de continuar la incertidumbre podrían haber nuevos despedidos.

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Dávila indicó que “cada día que pasa la economía del país está perdiendo” unos 680.000 dólares por pagos de salarios, regalías, impuestos y compras a proveedores.

Las actividades de la minera fueron detenidas temporalmente por la Corte Suprema de Justicia, luego de que una ONG ambientalista denunció al Estado guatemalteco por la falta de respeto a las consultas comunitarias y a la opinión del pueblo indígena xinca.

Luego el trámite fue elevado a la CC, máxima instancia judicial, donde se ha estancado

El proyecto minero fue detenido tras cuatro años de operación en el municipio de San Rafael Las Flores, al sureste de Ciudad de Guatemala.

En marzo pasado, los magistrados de la corte constitucional pidieron informes a varias instituciones para determinar la presencia de indígenas xincas, un pueblo que convive en el país centroamericano con descendientes mayas, garífunas (afrocaribeños) y ladinos.

Roca precisó que la única respuesta que han recibido de la corte es que se trata de un “caso muy difícil” de sentenciar.

Las Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú (Guatemala), Tawakkol Karman (Yemen), Shirin Ebadi (Irán) y Jody Williams (Estados Unidos), visitaron en octubre pasado San Rafael Las Flores y se solidarizaron con un numeroso grupo de pobladores que mantienen una férrea oposición a la mina al denunciar daños ambientales irreversibles.

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