El enviado Especial del Gobierno de los Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, compareció este martes 3 de agosto en una conferencia de prensa con medios de comunicación de Centro América, en donde abordó distintas temáticas, y entre estas la situación que se vive el en Ministerio Público (MP), luego de la destitución del jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción (Feci), Juan Francisco Sandoval.

“Cuando nosotros miramos lo que paso en el caso de la Feci, el fiscal Sandoval, la verdad quedamos muy decepcionados después de haber subrayado muchas veces, y de alto nivel con el MP, con la Fiscal General, la necesidad de asegurar la independencia de los órganos fiscales dentro del marco de la ley”, dijo Zúñiga a los periodistas.

“Lo que se trata de la lucha contra la corrupción y la impunidad es una lucha que tiene un impacto enorme en las decisiones de guatemaltecos de salir de una forma irregular (de su país) así que toca los intereses de los Estados Unidos de una forma muy clara”, mencionó Zúñiga.

Revisarán apoyo

Zúñiga se refirió a la confianza del gobierno de Estados Unidos a la fiscal general Consuelo Porras y sobre la decisión de ese país de frenar temporalmente la ayuda al MP, por la destitución de Sandoval y señaló: “Fue decepcionante y dijimos que habíamos perdido la confianza en la fiscal general como una persona comprometida a la lucha contra la corrupción y vamos a tener que revisar esa cooperación que tenemos con el MP para ver donde podemos seguir adelante. Es algo muy infeliz para nosotros porque esa cooperación con el MP y con Guatemala es muy importante para nuestros objetivos en materia de seguridad, pero también en el atendimiento de las necesidades del público”.

Michael Camilleri, asesor principal de la Administradora de USAID y Director Ejecutivo del Grupo de Trabajo del Triángulo Norte de USAID, también compareció ante los medios y se refirió también a la situación del MP.

“Está claro que la declaración del Gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la perdida de la confianza a la figura de la fiscal general, el hecho que estamos revisando la ayuda y asistencia que aportamos al Ministerio Público y estamos monitoreando con muchos intereses los próximos pasos tomados por el Gobierno de Guatemala al momento de definir cuáles son esos próximos pasos”.

“Hemos perdido la confianza en la fiscal general”

El 27 de julio, Estados Unidos anunció que paralizaría “temporalmente” la cooperación con el MP después de la destitución del fiscal anticorrupción de ese país, Juan Francisco Sandoval, que ya había sido condenada por Washington.

La decisión la dio a conocer en una rueda de prensa la portavoz adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jalina Porter.

Según información de La Voz de América, Porter especificó que, como resultado de la destitución de Sandoval “hemos perdido la confianza en la fiscal general (María Consuelo Porras) y en sus decisiones e intenciones de cooperar con el gobierno de Estados Unidos y luchar contra la corrupción de buena fe”.

Ante la remoción de Sandoval, explicó Porter, Estados Unidos ha pasado “temporalmente” a un tipo de cooperación parcial con el ministerio público.

Finalmente, dijo que Washington observa con celo si surgen acciones adicionales “que socavarían el estado de derecho para la independencia judicial en Guatemala”.

Destitución del jefe de la Feci

El pasado 23 de julio, mediante un comunicado, la fiscal general María Consuelo Porras informó que Juan Francisco Sandoval había sido removido de la Feci.

En el comunicado, el MP decía que la decisión se basaba en una serie de “vejámenes” que ha sufrido la fiscal Porras,

En entrevistas con medios televisivos, el 25 de julio, la fiscal Porras señaló que Sandoval, ejerció una “justicia selectiva” y que benefició a ciertos “sindicados”, en tanto que el extitular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad la acusó de tener vínculos con la impunidad.

La fiscal General dijo que se detectaron varios casos de nombres de sindicados que eran investigados “a conveniencia” de Sandoval, a la vez que omitía a otros señalados por “su amistad” con ellos.

La fiscal también explicó que Sandoval ejercía una “justicia ideologizada”, ya que procuraba judicializar a personas de “ideología contraria” a la vez que trasegó información a determinados actores, a pesar de que está prohibido porque puede entorpecer los casos y que él violentaba la presunción de inocencia contra determinadas personas y que retardaba “maliciosamente” los procesos.

Entretanto, el fiscal Sandoval también compareció ante varios medios nacionales e internacionales, en los que señaló a la jefa del MP de tener vínculos con sectores que generan impunidad.

Sandoval insistió en que su destitución fue ilegal, pues aún no entiende los argumento que Porras usó para sacarlo de la jugada. Agregó que considera injusto que la fiscal busque desacreditar el trabajo que por muchos años él y su equipo desarrollaron y que incluso fue destacado por la misma fiscal en varios de sus informes de trabajo.

Sandoval dejó ver que a Porras le incomodaban algunos casos, pues estos tienen cierta relación con sus “amigos”, aunque no dijo nombres.

Uno de estos y que posiblemente fue el que detonó su destitución fue uno que vinculaba a Gustavo Alejos Cámbara, quien empezó a revelar información que los llevaba a expandir las investigaciones con nuevos nombres, por lo que Porras intervino para cambiar el rumbo de la historia, incluso, señaló que se habían cometido ilegalidades y beneficiado al sindicado.

La destitución de Sandoval generó una serie de reacciones y señalamientos en contra de la fiscal Porras, que incluso favorecieron una serie de manifestaciones, la más fuerte el 29 de julio que movilizó a miles de personas en bloqueos y caminatas en varios puntos del país.

Contraproducente

Ese mismo 29 de julio, el presidente Alejandro Giammattei publicó un mensaje respecto al anuncio de diplomáticos de EE. UU. sobre la suspensión de ayuda al MP luego de la destitución de Sandoval.

En las redes sociales, el presidente aseguró que “suspender el apoyo resulta contraproducente” para la lucha contra el crimen organizado y el combate a la corrupción.

“Me siento preocupado por el impacto negativo que esta medida tendrá en los esfuerzos que todo el Gobierno de Guatemala está realizando para lograr dichos objetivos”, indicó Giammattei.

Añadió que consideraba necesario mantener la comunicación con el MP y que se puedan discutir las razones de la medida.

También indicó que ha instruido al Ministerio de Finanzas para que busque opciones de apoyo presupuestario y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que promueva la cooperación internacional con países amigos.

El mandatario Giammattei había indicado anteriormente que no le correspondía opinar acerca del retiro de apoyo al Ministerio Público, pues se trata de una institución independiente y autónoma.

Así lo dijeron en una entrevista con Efe el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, y la subsecretaria adjunta de la oficina de población, refugiados y migración del Departamento de Estado, Marta Costanzo Youth, al analizar el plan que lidera la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.

Zúñiga explicó que esta iniciativa “combina el enfoque sobre el trabajo conjunto para manejar el problema de la migración irregular y un esfuerzo también integral para tratar de mejorar condiciones” que impulsan este fenómeno.

El enviado recalcó que la inmigración irregular no es “algo episódico” y de allí que una de las estrategias del programa esté orientada a atender asuntos como la gobernanza, fomentar las condiciones para el crecimiento económico, frenar la violencia doméstica y paliar los efectos de la crisis climática, entre otros.

Por su parte, Youth aludió a una segunda estrategia de colaboración “para gestionar la migración en la región”, no para prevenirla, así como para “ampliar y expandir el acceso a las vías legales” que permitan que las personas que viajen a Estados Unidos lo hagan “legalmente”.

Mencionó entre las ocho líneas de acción que incluye esta política la atención a personas en situación precaria, construir y mejorar los sistemas de asilo en la región, ayudar a los desplazados internos, así como planes de migración laboral y servicios de reintegración, entre otros.

Canadá, Costa Rica y México, ejemplos

La subsecretaria se refirió a ejemplos exitosos en los que EE.UU. se podría apoyar, como el de Costa Rica, que ha recibido a nicaragüenses y personas de otros países de la región, y México, cuya Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR) ha “mejorado todos sus sistemas”.

“En los últimos años, muchos miles de personas han intentado pedir asilo en México”, detalló la funcionaria, quien aseguró que además Costa Rica ha sido un “huésped muy generoso”.

Ambos países cuentan además con programas de trabajadores temporales, principalmente agrícolas.

EE.UU. está trabajando también con Canadá, en su objetivo de que otras naciones puedan ofrecer protección para personas de la región, sostuvo la funcionaria.

Centros para migrantes

Otra de las iniciativas de colaboración son los Centros de Recursos de Migración, el primero de ellos establecido en Guatemala, y que Youth describió como espacios donde las personas puedan hacer consultas sobre las opciones de protección internacional o los recursos legales para migrar.

“Hay mucha información en la región que es equivocada”, afirmó al confirmar que construirán más centros en los próximos meses.

Aclaró que es una propuesta distinta a los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) suscritos por el Gobierno del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021) para devolver a Centroamérica a personas que llegaran a la frontera y que solo fueron implementados con Guatemala, pese a que también los rubricaron El Salvador y Honduras.

Estos centros, dijo, serán lugares donde las personas llegarán por su cuenta, no serán enviados “por otros”.

Lucha contra la corrupción, una condición

Sobre el combate a la corrupción, Zúñiga aseguró que es un énfasis vinculado “a los deseos” de los ciudadanos centroamericanos y no obedece a una “agenda de Estados Unidos”.

“Lo que estamos haciendo es apoyar a los actores que tienen la voluntad política y la capacidad de tratar de mejorar las condiciones de sus conciudadanos”, opinó el enviado, para quien se trata no solo de algo que piden los ciudadanos sino las empresas que buscan crear oportunidades en esa región.

“Lo vemos como una condición primordial y nosotros vamos a trabajar con Gobiernos y con actores en los Gobiernos, pero también con la sociedad civil y el sector privado para fortalecer el Estado de derecho en Centroamérica”, zanjó.

A horas de que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, mostrara su preocupación por la suspensión del apoyo de EE. UU. al Ministerio Público (MP), Washington reiteró que están abiertos a trabajar con quienes estén dispuestos a colaborar en la lucha contra la corrupción.

Giammattei calificó este jueves como “contraproducente” la suspensión de la cooperación de Estados Unidos con el MP después de que el principal fiscal anticorrupción fuera destituido y huyera del país temiendo por su seguridad.

En un comunicado, Giammattei agradeció el apoyo “fundamental” de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, “esfuerzos en los que el Ministerio Público juega un papel fundamental, por lo que suspender el apoyo resulta contraproducente”.

“Me siento preocupado por el impacto negativo que esta medida tendrá en los esfuerzos que el gobierno de Guatemala está realizando para lograr dichos objetivos”, agregó el mandatario.

El fiscal contra la impunidad de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, quien había denunciado falta de apoyo en su gestión, fue destituido el viernes, ante lo cual Washington suspendió su apoyo a la fiscalía general.

Más tarde, el enviado especial de EE. UU. para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, dijo en una conferencia de prensa telefónica que las protestas que se han sucedido en las últimas horas en Guatemala por la destitución de Sandoval expresan los deseos de los ciudadanos por hacer frente a la corrupción, según recoge “La Voz de América”.

Zúñiga agregó que “la Administración Biden ha dejado claro que está preparada para trabajar con aquellos que estén dispuestos a colaborar con nosotros en la lucha contra la corrupción”.

El funcionario agregó que “por eso apoyamos con tanta fuerza a las personas que trabajan para combatir la corrupción”, y con respecto a Sandoval, refirió que EE. UU. lo considera “un defensor de la lucha contra la corrupción”, y por eso la pronta respuesta ante lo ocurrido la semana recién pasada.

Resaltó que Giammattei, en su comunicado, reconoció la ayuda prestada por Washington a lo largo de los años, pero recalcó que EE. UU. ha hecho una “importante inversión” en Guatemala para, entre otras cosas, mejorar la Justicia, no solo para agilizar la lucha contra la corrupción, sino también para abordar otras problemáticas sociales, como la violencia de género.

“Estados Unidos también realizó importantes inversiones en la ampliación del acceso a la justicia en Guatemala, en la ampliación del trabajo de la fiscalía especial para abordar no solo cuestiones relacionadas con la corrupción y el crimen organizado, sino también cuestiones como la violencia de género, que es un importante impulsor de la migración irregular”, agregó.

“En cualquier caso, la Administración Biden ha dejado claro que está preparada para trabajar con aquellos que estén dispuestos a colaborar con nosotros en la lucha contra la corrupción y en la promoción de medidas para acabar con la impunidad”, señaló Zúñiga.

Pérdida de confianza

El gobierno del presidente Joe Biden, que ha hecho de la lucha contra la corrupción en Centroamérica una prioridad clave para atacar las causas de la emigración hacia Estados Unidos, dijo que la fiscal general Consuelo Porras mostró una falta de “buena fe”.

“Como resultado, hemos perdido la confianza en la fiscal general”, dijo la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter.

Pero Giammattei pidió que “no se cierre la comunicación” entre Estados Unidos y la fiscalía guatemalteca.

Este jueves, miles de guatemaltecos bloquearon unos 20 tramos carreteros y manifestaciones en varias ciudades, incluida la capital, para pedir la renuncia de Giammattei y Porras, por supuestos actos de corrupción y el manejo de la pandemia por parte del mandatario, un médico de profesión.

Con información de AFP y La Voz de América

El Departamento de Estado de EE. UU. publicó este jueves 1 de julio una lista de 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos, 20 de ellos guatemaltecos, a los que señala por corrupción, entre los que destacan los magistrados Manuel Duarte Barrera y Nester Mauricio Vásquez Pimentel.

El listado incluye a personas que, según EE. UU., son sospechosas de corrupción o de socavar la democracia en Guatemala, El Salvador y Honduras, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, donde la Administración del presidente Joe Biden ha centrado su estrategia para frenar la inmigración irregular.

De acuerdo con el Gobierno de EE. UU., el registro de los nombres fue difundido en cumplimiento de la “Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte”, aprobada en diciembre pasado y promovida por el ahora excongresista demócrata Eliot Engel. Esa normativa establece la creación de la denominada “lista Engel” de actores corruptos y antidemocráticos a quienes se les negará la entrada a EE. UU. y que no podrán obtener visados para viajar a ese país.

El enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, explicó en conferencia de prensa telefónica que esta lista es la primera y anticipó que habrá más registros y más nombres en el futuro y que esta es solo una de tantas herramientas que su país tiene para luchar contra la corrupción y la impunidad “que tanto daño le hacen a las democracias”.

“Nosotros pensamos que tenemos información muy fuerte y lo que sí fue un proceso serio para hacer este análisis de cada nombre que apareció en esta lista”, refirió.

Además, dijo que el Gobierno estadounidense no descarta “aplicar otras medidas si son pertinentes”, como sanciones contra actos de cleptocracia o por el uso del sistema financiero de EE. UU. con fines ilícitos, pero aclaró que no tiene por qué haber un “vínculo automático” entre los actos de corrupción en Centroamérica y la violación de leyes estadounidenses.

Respecto a si además del retiro de las visas a quienes figuran en la lista se les aplicará otras sanciones como Ley Magnitsky, señaló que esta lista es una de tantas herramientas que EE. UU. tiene para combatir la corrupción y la impunidad y que si en algunos de los casos amerita otra sanción puede aplicar.

“Esta es la primera lista que cabe dentro del requisito legal de nuestro Congreso, es una herramienta de tantas, hay acciones del Departamento de Estado que incluye el retiro de visa a los señalados y a todos los familiares, esta es nueva que se está aplicando por primera vez y se requiere una lista por lo menos una vez por año, donde señalamos casos donde tenemos información clara. Tampoco quiere decir que cualquier persona que este en esta lista esté excluida a otras sanciones”.

Con referencia a que en la lista hay algunos administradores de justicia de Guatemala dijo que les preocupa que haya personas que trabajan en el sector público como el sistema judicial, el organismo Ejecutivo o en el Congreso “donde hay acusaciones creíbles o preocupaciones serias de que no están trabajando de una forma consecuente con sus requisitos como servidores públicos”, pues esas acciones minan la confianza de la población.

También dijo que países como Guatemala son socios importantes de EE. UU.  “Es importante tener socios confiables, hay muchos en el Gobierno, sector privado y sociedad civil, pero hay personas que actúan contra los intereses del mismo pueblo y eso crea preocupación y por eso es que estamos comprometidos a trabajar con quienes luchan contra la corrupción y en favor de la transparencia”.

Zúñiga insistió en que la corrupción y la impunidad impiden el desarrollo de Centroamérica, donde cuentan con el apoyo de la población que busca que los gobierno sean transparentes.

“La lista es en cumplimiento con la ley de EE. UU., claramente hemos utilizado información y en cada país se indica que los actos de corrupción o actos para impedir el proceso democrático se han llevado allá, entonces, si existen elementos, obviamente les pertenecen a las autoridades de cada país darle seguimiento”, refirió.

Guatemaltecos en la “lista Engel”

Gustavo Adolfo Alejos Cambara, exsecretario privado de la Presidencia de Guatemala, participó en actos significativos de corrupción al facilitar pagos a diputados y jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que influyeran indebidamente en el proceso de selección judicial de magistrados de la CSJ y la Corte de Apelaciones, a fin de asegurar su futura excarcelación y la desestimación de los cargos por corrupción en su contra.

Felipe Alejos Lorenzana, exprimer secretario del Congreso de Guatemala, ha participado en actos significativos de corrupción. Mientras se desempeñó en su función, Alejos estuvo implicado en actos corruptos con el fin de enriquecerse, al tiempo que también perjudicó sustancialmente la actividad económica internacional de empresas estadounidenses.

Delia Bac Alvarado, exdiputada, participó en actos significativos de corrupción a través del uso indebido de fondos públicos en beneficio propio.

Florencio Carrascoza Gámez, actual alcalde de Joyabaj, Quiché, actuó contra instituciones o procesos democráticos al intimidar y encarcelar indebidamente a opositores políticos.

Álvaro Colom Caballeros, expresidente, participó en actos de corrupción significativa al estar implicado en fraude y malversación relacionados con un nuevo sistema de autobuses en la Ciudad de Guatemala, denominado Transurbano.

Manuel Duarte Barrera, quien actualmente integra la Corte Suprema de Justicia, ha debilitado instituciones o procesos democráticos al abusar de su facultad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales.

Boris Roberto España Cáceres, actual diputado en el Congreso de Guatemala, estuvo implicado en actos significativos de corrupción al participar en tráfico de influencias y sobornos.

Mario Amílcar Estrada Orellana, exdiputado, participó en actos significativos de corrupción y fue condenado por la justicia de EE. UU. por haber solicitado fondos al Cartel de Sinaloa en México con el fin de financiar campañas políticas.

Raúl Amílcar Falla Ovalle, abogado de la oenegé Fundación Contra el Terrorismo (FCT), procuró demorar u obstaculizar los procesos penales contra exmilitares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra quienes investigan hechos de corrupción en el sector gubernamental y no gubernamental.

Moisés Eduardo Galindo Ruiz, abogado de la oenegé FCT, procuró demorar u obstaculizar los procesos penales contra exmilitares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra quienes investigan hechos de corrupción en el sector gubernamental y no gubernamental, así como el trabajo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Juan Carlos Godínez Rodríguez, abogado y exmiembro de una comisión del Congreso a cargo de seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, actuó contra instituciones o procesos democráticos al abusar de su autoridad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales.

Gustavo Adolfo Herrera Castillo, operador político y empresario, ha actuado contra instituciones o procesos democráticos al abusar de su facultad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales.

Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdez, fundador y representante legal de la oenegé FCT, intentó demorar u obstaculizar procesos penales contra exfuncionarios militares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra quienes investigan hechos de corrupción en el sector gubernamental y no gubernamental.

Mynor Mauricio Moto Morataya, elegido en enero de 2021 para ocupar una vacante en la Corte de Constitucionalidad, actuó contra instituciones o procesos y participó en actos significativos de corrupción al obstaculizar la justicia y recibir sobornos a cambio de dictar una decisión favorable.

Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, estuvo implicado en actos significativos de corrupción al participar en sobornos y financiamiento electoral ilegal, así como el blanqueo del producto de la corrupción para beneficio propio.

Guillermo Estuardo de Jesús Sosa Rodríguez, exviceministro de Comunicaciones, estuvo implicado en actos significativos de corrupción al participar en mecanismos de soborno, incluida su intervención en una estructura delictiva que exigió, cobró y depositó sobornos a contratistas del Estado a cambio de beneficios personales.

Blanca Aida Stalling Dávila, exmagistrada de la Corte Suprema, estuvo implicada en actos significativos de corrupción, al participar en mecanismos de soborno e influir de manera indebida en el poder judicial.

Élder de Jesús Súchite Vargas, exministro de Cultura, estuvo implicado en actos significativos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales y tráfico de influencias en beneficio propio.

Jorge Estuardo Vargas Morales, actual diputado, participó en hechos significativos de corrupción y actuó para debilitar instituciones o procesos democráticos al participar en sobornos, coerción y tráfico de influencias.

Nester Mauricio Vásquez Pimentel, quien actualmente integra la Corte de Constitucionalidad, ha socavado las instituciones o procesos democráticos al abusar de su facultad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales.

Estados Unidos apunta a combatir la corrupción en Centroamérica para frenar la migración masiva, dijo el viernes el emisario diplomático del presidente Joe Biden para Guatemala, Honduras y El Salvador, origen de buena parte de la creciente afluencia de indocumentados a la frontera sur estadounidense.

“La corrupción está impulsando gran parte de la inestabilidad y la falta de desarrollo que hace que terminemos con migraciones masivas desde hace varios años”, dijo Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte centroamericano.

“Así que tenemos un fuerte interés en asegurar la estabilidad y el buen gobierno en Centroamérica y queremos trabajar con quienes tienen esos mismos intereses”, afirmó en entrevista con la AFP.

Zúñiga, que la semana pasada viajó a Guatemala y El Salvador y se reunió en Washington con autoridades de Honduras, dijo que Estados Unidos avanza en su anunciado proyecto de crear una fuerza de tarea anticorrupción regional.

“Va a haber una fuerza de tareas liderada por el Departamento de Justicia y otros socios que asistirá a gobiernos y servidores públicos de Centroamérica en su búsqueda no solo de casos específicos que involucran actos de corrupción, sino de sistemas que ayuden a combatir la impunidad y a prevenir la corrupción”, explicó.

“La implementación concreta es algo que vamos a negociar con socios de la región”, dijo Zúñiga, un estadounidense nacido en Honduras.

Destacó que en el Triángulo Norte ya existen esfuerzos en pos de la transparencia: en la sociedad civil, en las fiscalías y en la prensa independiente.

“Hay mucho trabajo en marcha, que vamos a seguir apoyando a través de nuestras embajadas y con la presencia de nuestros agregados legales y otros”, aseveró.

La administración Biden quiere involucrar también al Congreso.

Zúñiga recordó que la legislación estadounidense ya prevé “herramientas” para identificar y penalizar a las personas y entidades involucradas en actos de corrupción en el extranjero, como la Ley Global Magnitsky. También otorga al Departamento de Estado la potestad de negar visas a individuos señalados de corrupción.

Pero aseguró que el Congreso “estaría dispuesto a considerar” nuevas disposiciones para apoyar a quienes están trabajando contra la corrupción en Centroamérica.

“Víctimas de la corrupción”

Según Zúñiga, tanto Guatemala como El Salvador y Honduras piden una “presencia fuerte” y “ayuda” de Estados Unidos para enfrentar la pandemia de covid-19, superar la crisis humanitaria tras dos devastadores huracanes en noviembre pasado, y atraer inversiones.

“Desde la perspectiva de Estados Unidos, todo eso está bien. Nuestro trabajo es tratar de crear las condiciones propicias en Centroamérica que ayuden a aliviar no solo las condiciones económicas y sociales, sino también las condiciones políticas, particularmente en lo que se refiere a la transparencia y el trabajo contra los actores corruptos”, dijo.

¿Están los países del Triángulo del Norte interesados en trabajar con Estados Unidos para combatir la corrupción, en particular luego de que no se renovaran los mandatos de dos organismos anticorrupción respaldados internacionalmente, la MACCIH con la OEA en Honduras, y la CICIG con la ONU en Guatemala?

Zúñiga reiteró la “decepción” de Estados Unidos por el fin de ambas misiones, cuyo trabajo consideró “histórico en términos de identificación de actos de corrupción”.

“Esas son decisiones soberanas de los gobiernos de Centroamérica y lo reconocemos. Pero también reconocemos que esas comisiones tuvieron un apoyo popular muy fuerte. Y creemos que eso es importante”, dijo.

“Apoyamos a las víctimas de la corrupción, porque nuestros propios intereses también son víctimas de la corrupción en Centroamérica”, añadió.

Por eso, dijo, al tiempo que hace cumplir en la frontera las leyes contra la inmigración ilegal, y busca mejorar las vías para la inmigración legal, Estados Unidos necesita “crear y fomentar” las condiciones que permitan a la gente construir “vidas dignas, seguras y prósperas” en sus países.

Es un esfuerzo “difícil” y “a largo plazo”, “pero es necesario para el interés nacional de Estados Unidos”, enfatizó.

Y advirtió: “Estamos perdiendo oportunidades”.

Zúñiga resaltó que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR en inglés) supuso intercambios bidireccionales por US$57 mil millones en 2018.

“Piense en dónde estaríamos en términos de intereses comerciales de Estados Unidos, en términos de intereses sociales de Estados Unidos, si buscáramos condiciones estables y prósperas en Centroamérica”, dijo.

“Estamos trabajando en conjunto con México para ver qué podemos hacer nosotros como actores económicos enormes, importantes, para tratar de crear oportunidades en Centroamérica y crear condiciones humanitarias”, dijo Zúñiga en una entrevista telefónica después de visitar en las últimas semanas México, Guatemala y El Salvador.

Su objetivo es colaborar con las autoridades locales, grupos no gubernamentales y organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, para identificar programas que ya existen y que podrían ayudar a las víctimas de desplazamiento interno y damnificados por Eta e Iota, entre otros grupos vulnerables.

Transferencias con el PMA

Por ejemplo, Zúñiga, que asumió el cargo el pasado 22 de marzo, mencionó un proyecto del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU que transfiere dinero en efectivo a aquellas personas que necesitan acceder rápidamente a alimentos.

Según la web del PMA, solo en 2019 se transfirieron US$2 mil 100 millones en efectivo a personas en 64 países.

Aparte de hacer llegar el dinero a los destinatarios de esa manera, también se emplean cupones que pueden canjearse en ciertas tiendas y aplicaciones móviles que facilitan los movimientos bancarios.

Zúñiga explicó que EE.UU. tiene experiencia en el uso de ese tipo de fórmulas para distribuir ayuda humanitaria y asegurarse de que llega a quienes la necesitan.

A ese respecto, enfatizó que su país no quiere que el dinero que se envíe al llamado Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) sea usado para financiar los viajes de indocumentados hacia el norte.

En todo caso, precisó que “actualmente no hay ningún programa nuevo para anunciar” y lo que se está haciendo es valorar cuál es el mejor mecanismo para brindar ayuda.

La relación con los presidentes de Honduras y El Salvador

Zúñiga también habló con Efe sobre sus recientes viajes a México, Guatemala y El Salvador. Su gira no incluyó Honduras, lo que alimentó la especulación sobre la posibilidad de que Washington estuviera excluyendo a ese país por las acusaciones de fiscales de Nueva York contra el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, al que vinculan con actividades de narcotráfico.

Zúñiga tampoco se reunió en su viaje con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

Preguntado sobre la relación con Hernández y Bukele, evitó hacer comentarios específicos sobre esos mandatarios y se limitó a repetir el mismo aviso que ya ha pronunciado en las últimas semanas.

“Como hemos dicho ya desde el principio de esta Administración, nuestros socios principales serán los que estén dedicados y comprometidos con la lucha contra la corrupción y a favor del Estado de Derecho”, subrayó.

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, tiene previsto viajar “pronto” a Guatemala y México, pero aún no se han anunciado fechas concretas. Su viaje no incluirá ni El Salvador ni Honduras.

EE. UU. evalúa peticiones para donar vacunas

Por otro lado, Zúñiga dijo que EE. UU. aún no ha tomado una decisión sobre si donará vacunas a los países del Triángulo Norte, pero aseguró que ha recibido peticiones y que las está evaluando.

Estados Unidos ha recibido críticas, porque, a pesar de que se ha garantizado muchas más dosis de las que necesita para vacunar a toda su población adulta, hasta ahora solo ha accedido a entregar 4 millones de unidades a México y Canadá.

El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró este mes que esperaba empezar a compartir con otros países su inventario de vacunas antes de septiembre, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dejado claro que los suministros se necesitan antes.

El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, negó este 14 de abril que Washington haya alcanzado nuevos acuerdos en materia de seguridad fronteriza con México, Guatemala y Honduras, y destacó que en lo que sí hay consenso es en “seguir trabajando juntos” para gestionar la inmigración irregular.

El funcionario aclaró así un anuncio hecho el día 12 por la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien indicó que EE.UU. había llegado a acuerdos con México, Honduras y Guatemala para que movilizaran a miles de militares y policías en sus fronteras.

“No se han celebrado acuerdos con los Gobiernos en materia de seguridad fronteriza”, respondió Zúñiga, durante una audiencia ante el Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sobre el hemisferio occidental, seguridad civil, migración y política económica internacional.

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Zúñiga, quien visitó recientemente Guatemala y El Salvador, destacó que en lo que sí están de acuerdo es “con que es muy importante seguir trabajando juntos y colaborando para gestionar la migración, de manera que mejore la seguridad de cada país, y permita a los Gobiernos aplicar la ley en sus fronteras como lo hace Estados Unidos”.

Para Zúñiga, quien ha sido delegado por el Gobierno del presidente Joe Biden para trabajar con El Salvador, Guatemala y Honduras, países que conforman el Triángulo Norte, el flujo actual de migrantes desde Centroamérica “es parte de un patrón recurrente” que impulsa a la migración masiva, entre cuyas causas identificó la inseguridad, la falta de oportunidades y la búsqueda de una vida mejor.

Indicó que como Gobierno encaran un trabajo “muy difícil” para hacer cumplir la ley en las fronteras, demostrar que hay otras vías que pueden seguir quienes buscan migrar legalmente a EE.UU. y generar esperanza en Centroamérica para que exista “una razón para quedarse”.

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Un día después de las afirmaciones de Jen Psaki, México respondió el día 13 que desde hace “más de un mes” había desplazado a 12 mil personas, entre soldados, agentes migratorios y otros funcionarios, para frenar la ola migratoria y especialmente el tráfico de menores de edad.

A su vez, Guatemala y Honduras negaron que hubiesen suscrito un nuevo convenio.

En ese contexto, Zúñiga expresó el interés de Estados Unidos por continuar trabajando para mejorar la capacidad de los organismos en cada país, con miras a identificar a los menores de edad que viajen solos con las caravanas de inmigrantes u otros grupos y asegurar que no puedan continuar ese viaje sin ninguna supervisión.

El enviado especial del Gobierno de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, intentó sin éxito reunirse el miércoles con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, según declaraciones de un funcionario de la embajada de ese país a un medio local.

El sitio en internet elsalvador.com, perteneciente a “El Diario de Hoy”, señaló en una publicación que el jefe de Asuntos Públicos de la embajada estadounidense, Matt Boland, dijo al medio que “el enviado especial Zúñiga esperaba reunirse con el presidente Bukele durante su visita a El Salvador y se solicitó una reunión”.

No obstante, según ese medio, “Boland añadió que esperan se presente una nueva oportunidad en el futuro”.

Varias horas antes en una rueda de prensa en Washington, el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Ned Price, se negó a aclarar si Zúñiga se reuniría con Bukele durante su visita de dos días.

“No tenemos ningún encuentro del que informarle, pero si eso cambia estaremos encantados de hacerlo”, se limitó a decir Price al ser preguntado.

El único alto funcionario del Gobierno de Bukele que se reunió con Zúñiga fue la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, según lo dio a conocer en Twitter el encargado de negocios del país norteamericano, Brendan O’Brien.

“Todos coincidimos en la necesidad de mejorar la situación económica y de seguridad para que los salvadoreños no se sientan obligados a emprender #UnViajeEnVano en busca de oportunidades”, señaló el diplomático.

También “discutimos cómo fortalecer aún más nuestra excelente cooperación bilateral”, agregó.

Ni el presidente Bukele ni la canciller Hill han hecho referencia a la visita de Zúñiga en sus redes sociales.

El martes Zúñiga manifestó en Guatemala que Estados Unidos busca que ese país cree “condiciones habilitantes” para sus ciudadanos como el Estado de derecho, empleo, salud y educación, para minar así la migración irregular.

Antes de partir hacia territorio salvadoreño, donde continuará y culminará su visita por la región sin llegar a Honduras, Zúñiga subrayó que esas nuevas condiciones que buscan ambos Estados son necesarias “para que los guatemaltecos y otras personas de Centroamérica y México no tengan qué hacer sus futuros en los Estados Unidos”.

El Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras, es una de las regiones más pobres y violentas del planeta, según diversos estudios de organismos internacionales.

Cada año, más de 500 mil personas procedentes de estos tres países intentan emigrar de manera ilegal a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, incluyendo miles de menores de edad.

El enviado especial para el Triángulo Norte de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, previo a retirarse de Guatemala se reunió con el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval.

La reunión se llevó a cabo en la casa del embajador William W. Popp, y también participó la actual presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras y la jueza Erika Aifán quien recibió recientemente el premio “Mujeres de Coraje 2021” por parte del gobierno estadounidense.

La Red conversó con Sandoval, quien explicó que la agenda se centró en los retos que tiene el actual sistema de justicia en Guatemala.

También conversaron acerca de los obstáculos en el combate a la impunidad, la demanda de seguridad de toda índole en el país, resaltando que también se abordó el tema de los constantes ataques de los que él -Sandoval- y su equipo han sido víctimas.

Respecto a los compromisos, el jefe de le Feci indicó que se debe dar el fortalecimiento al sistema de justicia “al ser un pilar del estado de derecho, en el que la gente no tiene la necesidad de migrar”.

La comitiva del Gobierno de EE. UU., encabezada por Zúñiga, cumplió su visita a Guatemala en donde sostuvo reuniones con distintos sectores sociales, entre ellos el Gobierno de Alejandro Giammattei, a quien externó sus preocupaciones por la necesidad de fortalecer el estado de derecho y la lucha contra la corrupción.

Las reuniones con las autoridades guatemaltecas, dijo Zúñiga en conferencia de prensa, fueron “claras y constructivas” en las cuales se abordó la preocupación de EE. UU. por la reciente elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) ya que ambos países son socios y amigos y estos “hablan claro sobre las percepciones y de lo que entienden”

#SistemaJusticia imparcial sin corrupción protege #DDHH, inversión e igualdad. Lograrlo requiere independencia e integridad de jueces. Delegación @StateDept @WHNSC y #EmbPopp abordaron desafíos de combatir corrupción c/miembros sector justicia comprometidos c/#EstadoDeDerecho 2/2 pic.twitter.com/jcsDwmpI4e

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) April 7, 2021

Con información de La Red

El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, arribó este lunes a Guatemala en el inicio de una gira de cuatro días que también lo llevará a El Salvador para abordar las causas de la migración irregular.

Zúñiga y su comitiva llegaron vía aérea a Guatemala al mediodía y, tras su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional La Aurora, sostuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo.

Posteriormente, el enviado especial de Estados Unidos se reunirá con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, en el despacho del gobernante.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Giammattei indicó a periodistas que “ambas reuniones son privadas” y que “no se tiene contemplado el ingreso de medios”.

En la noche de este lunes, Zúñiga y la delegación que lo acompaña sostendrán un encuentro con varios representantes de la sociedad civil guatemalteca.

La agenda del miércoles para el enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica incluye “tres reuniones bilaterales” de “carácter privado” en las que se analizará el “desarrollo económico, la seguridad y la migración”, puntualizó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala.

Zúñiga estará acompañado durante su gira en Guatemala y El Salvador por la directora sénior de seguridad transfronteriza del Consejo de Seguridad Nacional, Katie Tobin, según detalló el domingo un comunicado de prensa del Departamento de Estado de EE. UU.

De acuerdo con la diplomacia estadounidense, el funcionario sostendrá “conversaciones con las principales partes interesadas sobre nuestros esfuerzos conjuntos e integrales para abordar las causas fundamentales de la migración y la migración irregular en, desde y a través de la región”.

La gira de Zúñiga también lo llevará por El Salvador y culminará el próximo jueves.

En marzo pasado, Zúñiga y el principal asesor del presidente Joe Biden para Latinoamérica, Juan González, debieron cancelar una visita a Guatemala a raíz de la erupción del volcán Pacaya, que obligó a cerrar durante 24 horas el aeropuerto internacional de la capital guatemalteca.

Ambos funcionarios planeaban visitar el país después de una serie de reuniones en México, donde también abordaron temas migratorios.

El viaje de esta semana del enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica no contempla una visita a Honduras, cuyo presidente, Juan Orlando Hernández, ha sido vinculado recientemente al narcotráfico tras la condena hace una semana por dicho delito en EE. UU. de su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández.

El Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras, es una de las regiones más pobres y violentas del planeta, según diversos estudios de organismos internacionales.

Cada año, más de 500 mil personas procedentes de estos tres países intentan emigrar de manera ilegal a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, incluyendo miles de menores de edad.

Detalles

El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, sostuvo este lunes un encuentro con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, en el primer viaje al país de un alto funcionario del Gobierno de Joe Biden.

La visita de Zúñiga marca el inicio de la nueva era en política migratoria por parte de Estados Unidos y Guatemala, definida por el Gobierno del nuevo presidente, Joe Biden, y que deja atrás los acuerdos de “tercer país seguro” firmados en 2019 por los expresidentes Donald Trump (2017-2021) y Jimmy Morales (2016-2020).

Zúñiga ya había adelantado el 26 de marzo en un conversación con periodistas que Estados Unidos busca atajar las causas que motivan la migración irregular, incluida la corrupción.

El principal asesor del presidente Biden para Latinoamérica, Juan González, indicó ese mismo día que parte de la solución al flujo migratorio pasa por crear alternativas en los países, para evitar que los ciudadanos “huyan de sus hogares y tomen la jornada peligrosa a la frontera” estadounidense.

La agenda en Guatemala

Según confirmó la diplomacia estadounidense el domingo, la gira de Zúñiga por Guatemala y El Salvador incluye “conversaciones con las principales partes interesadas sobre nuestros esfuerzos conjuntos e integrales para abordar las causas fundamentales de la migración y la migración irregular en, desde y a través de la región”.

En opinión de la exvicecanciller guatemalteca Anamaría Diéguez, la visita de la delegación estadounidense “se enmarca dentro de la preocupación que existe en la administración de Biden por la existencia de una corrupción rampante (en Guatemala) que no garantiza una gestión estatal que responda a las necesidades de la población”.

Ante los grandes índices de corrupción que provocan pobreza, la población migra masivamente y Estados Unidos ve dicho fenómeno “como un peligro para su propia seguridad nacional”, explicó Diéguez este lunes en declaraciones a Efe.

“La Administración de Biden tiene claro que la migración es una consecuencia de otras circunstancias y otros problemas que se dan en el país, especialmente ligados en la corrupción y la justicia”, añadió Diéguez.

La vicecanciller y exembajadora de Guatemala en España recordó además que desde el inicio del Gobierno de Biden el país ha “recibido mensajes de funcionarios como el secretario de Estado, Antony Blinken, Julie Chung (subsecretaria para el hemisferio occidental del Departamento de Estado) y Juan González”, entre otros, con respecto a la elección de cortes de justicia justas.

Diéguez será parte esta noche de una reunión de Zúñiga con varios representantes de la sociedad civil guatemalteca.

La agenda del miércoles para el enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica incluye “tres reuniones bilaterales” de “carácter privado” en las que se analizará el “desarrollo económico, la seguridad y la migración”, puntualizó la secretaría de comunicación social de la Presidencia de Guatemala.

La gira del funcionario, el primero de relevancia que llega a Guatemala para entrevistarse con Giammattei desde que Biden tomó posesión en enero, también incluye dos días en El Salvador y culminará el próximo jueves.