La ministra de Salud Amelia Flores denunció ante el Ministerio Público posibles hechos ilícitos cometidos en la compra de 30 mil pruebas para detectar covid-19 que debían ser utilizadas en los hospitales regionales de Zacapa, Huehuetenango y Chimaltenango.

Las pruebas fueron compradas a Kron Científica e Industrial, S. A., pero las autoridades de Salud comprobaron que “no cumplen con la calidad ofertada y producen resultados inválidos a la hora de utilizarlos para los fines que fueron adquiridos”.

La funcionaria confirmó vía telefónica a Prensa Libre que interpuso la denuncia el 15 de febrero y quedó registrada bajo el expediente MP 001 -2021-6415 a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Corrupción, dio a conocer Julia Barrera, portavoz de la cartera.

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Francisco Coma, viceministro de Hospitales, explicó que se percataron de las anomalías en las pruebas cuando estas se entregaron en los lugares donde serían utilizadas, y al momento de procesarlas no tenían una reacción adecuada.

“Eran pruebas que en principio venían bajo toda la estructura de prueba ATILA y después, aparentemente, era un lote que la misma casa farmacéutica no reconoce”, precisó Coma. Hoy, en conferencia de prensa, brindarán más detalles de la denuncia y del proceso que está en investigación, añadió.

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Stuardo Campo, de la Fiscalía contra la Corrupción del MP, informó que la denuncia ingresó el martes 16 de febrero y que el viernes 19 del mismo mes equipos del MP se hicieron presentes al Hospital Nacional de Chimaltenango y al Área de Salud de Huehuetenango, que acuerdo a al señalamiento, allí se encontraban las pruebas que podían estar alteradas.

Agregó que en la compra de estas pruebas supuso un gasto de Q7 millones 350 mil, y que el proveedor es Kron Científica e Industrial, S. A y la adquisición se hizo entre octubre y diciembre del 2020.

Campo dijo que, de momento, el MP tiene la información que proviene del Ministerio de Salud que incluye un análisis que hizo el Laboratorio Nacional de Salud y que el día de las diligencias en Chimaltenango y Huehuetenango se cuantificó el número de las pruebas.

Señaló que como el MP no cuenta con un cuarto frío, las pruebas quedaron en esos lugares y que están embaladas y selladas con cinta bajo el resguardo de las autoridades para evitar romper la cadena de frío.

Aseguró que estas pruebas para detectar covid-19 no pueden ser utilizadas en lo que se desarrolla la investigación.

Se considera que con 30 mil las pruebas que pudieran tener fallos.

No ingresaron

El producto debía ser entregado el 12 de noviembre pasado en un punto acordado, pero se hizo cinco días después y directamente en el Hospital Nacional de Chimaltenango, sin que hubiera una disposición contractual que así lo estableciera, detalla la denuncia a la que tuvo acceso la agencia AP.

También se hicieron entregas en el área de Salud de Huehuetenango.

Los insumos fueron recibidos por varios funcionarios, señala el documento que divulgó la agencia en redes sociales. Dichas personas firmaron la constancia de ingreso de las 30 mil pruebas moleculares, pero estas en realidad no entraron en bodega ni en la fecha ni cantidad descrita en la factura electrónica cambiaria. Se señala que esto lo hicieron para cumplir con el requisito y que se emitiera el pago de Q7.3 millones.

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De acuerdo con AP, la ministra solicitó al MP investigar a Juan Pablo Arocha Urbina y a Luis Alfredo Arocha Bermúdez, representantes de Kron Científica e Industrial, S. A., por los posibles delitos de estafa, perjurio, falsificación de documentos privados, conspiración y fraude. También sindica a Ronaldo Estrada Rivera, exfuncionario de Salud y actual viceministro de Cultura y Deportes, por presuntamente haber firmado el contrato de compra.

Además se señalan los delitos de distribución y comercialización de documentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado y falsedad ideológica, detalla la información.

La supuesta participación de los mencionados en este caso de corrupción deberá ser investigado por el MP.

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El 17 de febrero la cartera de Salud requirió a la Fiscalía medidas de urgencia para el resguardo de la evidencia que se encuentra en el Hospital de Chimaltenango y en el Área de Salud de Huehuetenango, solicitud que fue ejecutada dos días después.

Se confirmó que la diligencia se llevó a cabo en Huehuetenango el viernes último y que se recabaron pruebas para sustentar el caso; sin embargo, no se revelaron más detalles al respecto.

Este caso cobra relevancia, pues desde el principio de la pandemia se ha cuestionado el número de pruebas que se practican en el país para detectar infecciones del coronavirus.
En las últimas semanas el número de tamizajes que efectúa Salud ha aumentado y van varios días en que se superan los seis mil.

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Riesgos

El epidemiólogo Arturo Sánchez López advierte que el peligro de utilizar pruebas para detectar el covid-19 que no estén 100 por ciento certificadas es que pueden arrojar falsos negativos.

“Pacientes positivos al virus con un resultado negativo implica no tomar medidas para interrumpir la transmisión”, remarcó.

El primer caso de covid en Guatemala se registró el 13 de marzo de 2020. Hasta ayer, los contagios llegaban a 171 mil 170. La población de 20 a 40 años es la que más ha contraído el virus. Además, desde el inicio de la emergencia sanitaria se reportan seis mil 282 fallecidos. Los adultos mayores son los más vulnerables.

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La vacuna contra el nuevo coronavirus parece ser la mejor estrategia para frenar la enfermedad. En el mundo ya se han administrado más de 200 millones de dosis en 107 países y territorios. El plan de vacunación para Guatemala se presentó recientemente, y según las autoridades de Salud las primeras dosis podrían llegar en las próximas semanas a través del mecanismo Covax.

Casos anteriores

No es la primera vez que se sabe de hechos de corrupción en el Ministerio de Salud en medio de la emergencia sanitaria.

En abril del 2020 fueron destituidos el viceministro t9écnico, Rodolfo Galdámez, y el administrativo, Héctor Marroquín, por irregularidades en la compra de medicamentos, específicamente metilprednisolona y ceftriaxona. En ese caso se vieron involucradas otras seis personas que laboraban en la cartera, y los hechos fueron investigados por la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

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El primer informe de Gestión Anual de dicha instancia, divulgado el 16 de febrero, detalla que se han presentado 14 denuncias contra instituciones de gobierno y particulares; 12 de ellas fueron presentadas ante el Ministerio Público, y entre las dependencias denunciadas figuran la Unidad Ejecutora 201, las áreas de Salud Guatemala Norte y de Santa Rosa, y el Hospital de Chiquimula, todos pertenecientes al sistema de salud pública.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera innecesario que para realizar viajes internacionales no esenciales se exijan pruebas de covid-19 antes de partir o al llegar, así como cuarentenas en el lugar de destino.

El director de Emergencias Sanitarias de la OPS, Ciro Ugarte, aconsejó el miércoles “no depender de cuarentenas ni pruebas diagnósticas para reanudar viajes no esenciales”, y citó un documento con recomendaciones que acaba de publicar el organismo a pedido de sus países miembros.

“Como OPS, somos muy conscientes de la necesidad de los estados dependientes del turismo de reactivar su economía”, dijo Ugarte en rueda de prensa, al subrayar que la reapertura de fronteras implica aceptar y mitigar el riesgo de contagio.

Pero una vez tomada la decisión, recomendó vigilar el estado de salud de los turistas “durante los primeros 14 días de su estadía” sin obligarlos a aislarse.

Este seguimiento, dijo, debe hacerse con la colaboración de los propios turistas, los hoteles y la industria turística en general, y en un contexto de cumplimiento local de las medidas de salud pública para prevenir contagios.

Por otro lado, descartó que las pruebas diagnósticas de covid-19 previas a un viaje sirvan para evitar la propagación del virus, dado que “muchas cosas pueden haber sucedido” entre que se toma la muestra y se reciben los resultados.

“Falsa sensación de seguridad”

“La comunidad se siente segura cuando los viajeros que llegan se hicieron la prueba, pero esa es una falsa sensación de seguridad”, enfatizó Ugarte, y dijo que exigir pruebas puede llevar a un uso “no eficaz” de los recursos.

El documento de la OPS sobre este tema, fechado el 9 de octubre, dice que no se deben permitir los viajes internacionales de personas que tengan restringidos los movimientos en su propia comunidad, y pide no considerar a los turistas como casos sospechosos de covid-19.

“Los viajeros internacionales no deben considerarse ni manejarse como contactos de casos de covid-19 y no debe requerirse que hagan cuarentena en el país de destino”, señala.

Además, dice que “no se justifica” tomar la temperatura corporal de los viajeros, solicitarles llenar formularios o firmar declaraciones sobre eventuales síntomas, o requerirles tests de covid-19.

“No se recomienda realizar o recomendar pruebas para covid-19 a los pasajeros que estén planificando o que realicen un viaje internacional como una herramienta para mitigar el riesgo de propagación internacional”, señala el documento, disponible en el sitio web de la OPS.

Sin embargo, la OPS pide que la tripulación y los pasajeros usen mascarilla “durante todo el vuelo, así como en los puntos de entrada” y cumplan con las medidas de higiene y distancia física.

Ugarte dijo que la OPS está en “estrecho contacto” con varios gobiernos de la región con el fin de ajustar los requisitos vinculados al turismo al reabrir sus economías.

Limitaciones jurídicas

“Depender de las pruebas para estimular el turismo presenta limitaciones importantes y sustanciales en aspectos biológicos, epidemiológicos, logísticos y también de naturaleza legal”, señaló el funcionario.

Según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), el convenio jurídicamente vinculante suscrito por los más de 190 países miembros de la OMS, el comprobante de vacunación contra la fiebre amarilla es el único documento sanitario que puede requerirse a los viajeros.

“Por lo tanto, solicitar en el tránsito internacional un comprobante de los resultados de un análisis de laboratorio contravendría lo establecido en el RSI”, dijo la OPS.

“Además, (…) imponer al país de origen la carga de realizar pruebas de laboratorio podría considerarse una interferencia con la soberanía del país en cuanto a su respuesta a la pandemia y priorización del uso de sus recursos de laboratorio”, agregó.

Entre los desafíos operativos de requerir un test diagnóstico a los viajeros, la OPS destacó la eventual aglomeración de personas para la toma de muestras en los puntos de entrada, la verificación de los resultados de las pruebas cuando son emitidos en jurisdicciones diferentes, y las implicancias económicas por gastos imprevistos y costos médicos.

“Estas circunstancias son motivo de preocupación en vista de la proporción prevista de resultados positivos falsos en los viajeros”, advirtió el documento de la OPS.

Apuntó asimismo que las posibles pruebas en serie para viajeros internacionales “podrían desviar medios de diagnóstico y otros suministros de laboratorio” necesarios en grupos prioritarios.