Los auxiliares fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público se reunieron a puerta cerrada con una jueza este viernes 16 de junio para pedirle avalar pesquisas en contra de ocho periodistas que trabajaron en elPeriódico.

La audiencia es unilateral, solo participaron los fiscales de Feci y la jueza Quinto Penal B, Gloria Magalí Monroy Alvarado. Afuera del Juzgado se presentaron abogados de los periodistas, pero no se permitió su ingreso a esa sesión.

No se tiene certeza del tipo de diligencias que solicitó la Fiscalía a la jueza, se consultó a Comunicación Social del Ministerio Público, pero no han proporcionado detalles.

Además, se informó que la jueza Monroy Alvarado aceptó declarar el caso en reserva en la sesión.

La Feci sospecha que los periodistas habrían incurrido en obstrucción a la justicia en las notas periodísticas que publicaron en elPeriódico respecto al proceso judicial que se llevó en contra de Jose Rubén Zamora, fundador de ese diario.

Alusiones y la verdad

El 28 de febrero pasado, el juez décimo penal, Jimi Bremer, decretó lo conducente en contra de los periodistas de elPeriódico a petición de la fiscal de Feci, Cinthia Monterroso.

Al finalizar la audiencia de primera declaración de Jose Rubén Zamora, fundador de elPeriódico; en su segundo caso penal, la fiscal hizo la solicitud de abrir investigaciones en contra de los reporteros.

“Ellos son parte. No solo se dio a la tarea el señor Jose Rubén de indicar que esto es una persecución política, que esto es un montaje, sino que se dio a la tarea de mentir reiteradamente”, justificó Monterroso.

La fiscal señaló que los periodistas no escribieron la verdad de los hechos y recordó la publicación del 31 de julio de 2022 que firmaron los periodistas Alexander Valdés y Rony Ríos.

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“Indican que los trabajadores de Aldea Global (elPeriódico) fueron retenidos, y que pasaron no sé cuántas horas. Lo bueno es que la mentira por más que se diga no va a ser nunca una verdad porque para eso está el acta de allanamiento en donde obra y donde se indica perfectamente que a nadie se le retuvo, se respetaron los derechos de las personas que estaban allí”, criticó Monterroso.

El referido medio de comunicación cerró sus operaciones el 15 de mayo último luego de una serie de acciones legales de embargos financieros que aplicó la Feci en sus investigaciones y avalados por jueces durante el proceso de lavado de dinero que se desarrolló en contra de Zamora.

Condena contra Zamora

El 14 de junio, el Tribunal Octavo dictó sentencia por el caso “Chantaje, impunidad y lavado de dinero”, en el que sindicaba de varios delitos al periodista Jose Rubén Zamora.

Los integrantes de referido Tribunal hallaron culpable a Zamora por el delito de lavado de dinero, por lo que dictaron una sentencia de seis años de prisión inconmutables.

En la sentencia también se señaló que Zamora debe pagar Q300 mil, que es el monto que fue lavado por Zamora.

El Tribunal también resolvió que los delitos de chantaje y tráfico de influencias contra Zamora no fueron comprobados por el Ministerio Público.

Además, el Tribunal Octavo argumentó el14 de junio que la exfiscal Samari Gómez no cometió los delitos por los que el Ministerio Público la señalaba, por lo que dictó su absolución y libertad inmediata.

Este viernes 16 de junio, Uzra Zeya, subsecretaria de Estado para Asuntos de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de EE. UU., se refirió en Twitter al tema de la libertad de prensa en Guatemala.

“Seguimos muy de cerca los temas de libertad de expresión en todo el mundo y estamos profundamente preocupados por los señalamientos de periodistas en Guatemala, especialmente por la sentencia a Zamora”, señaló.

Seguimos muy de cerca los temas de libertad de expresión en todo el mundo y estamos profundamente preocupados por los señalamientos de periodistas en Guatemala, especialmente por la sentencia a Zamora.

— Under Secretary Uzra Zeya (@UnderSecStateJ) June 16, 2023

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció este sábado que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) retuvieron temporalmente y “sin justificación” a la fotoperiodista Yessica Hompanera.

“Los agentes la retuvieron por más de media hora, la acosaron y amenazaron con confiscar su teléfono celular, cámara fotográfica y revisar el material periodístico”, indicó la APES en una alerta publicada en sus redes sociales.

Agregó que los agentes de la PNC “retuvieron sin justificación a la periodista de El Diario de Hoy”, quien “ejercía su labor periodística en el centro de San Salvador” y documentaba el tráfico de la zona.

Relató que este incidente se registró cerca de la sede del Banco Central de Reserva (BCR), en una zona conocida como Centro de Gobierno y donde se ubican diversas dependencias del Estado.

La APES apuntó que vigilantes privados del BCR y agentes policiales “le dijeron que no podía tomar fotos de la institución pública, algo que Hompanera no estaba haciendo, pero que en cualquier caso, al tratarse de bienes y funcionarios públicos, no debería ser nunca motivo de retención o intimidación por parte de las autoridades policiales”.

“Hompanera fue liberada después de la rápida acción de un grupo de colegas de su periódico, que llegaron al lugar para demandar el cumplimiento del derecho a la libertad de prensa, máxime cuando la periodista no había incumplido ninguna ley”, acotó la organización de periodistas.

La APES exigió a la PNC “respetar el libre ejercicio periodístico” y subrayó que “ninguna autoridad tiene derecho a retener a una periodista con el fin de obligar a revisar, borrar o destruir sus notas o fotografías”.

“Desde 2021, esta Asociación ha buscado -sin éxito- reunirse con el director de la Policía, dado que la corporación es una de las instituciones que más limita el trabajo periodístico en El Salvador“, concluyó.

#Alerta La APES condena la retención injustificada contra la periodista Yessica Hompanera y exige a la Policía Nacional Civil respetar el libre ejercicio del periodismo en El Salvador @FIP_AL @RELE_CIDH @CPJAmericas pic.twitter.com/KHTuFzuWa2

— APES (@apeselsalvador) August 20, 2022

Diversos periodistas y medios locales también denunciaron desde sus redes sociales la retención de Hompanera y la institución policial no se ha pronunciado.

En agosto de 2021, la APES denunció una acción similar contra periodistas del Diario El Mundo y de la Telecorporación Salvadoreña (TCS).

En esa ocasión indicó que agentes de la PNC “agredieron” a dos periodistas que “daban cobertura a la recuperación del cadáver de un hombre” en una zona popular de San Salvador.

La APES registró un total de 421 casos de vulneraciones al ejercicio periodístico en El Salvador entre 2019, año en el que Nayib Bukele asumió el poder, y 2021.

Un informe de la APES detalla que al cierre de 2019 se registraron 77 casos de agresiones a periodistas, en 2020 se contabilizaron 125 vulneraciones y en 2021 el número de casos ascendió a 219.

Las vulneraciones van, según los registros de la APES, desde amenazas físicas y verbales hasta bloqueos al acceso a la información pública, intimidaciones y restricciones al ejercicio periodístico.

Estas cifras indican que las agresiones contra la prensa se incrementaron en 2020 un 62,3 % y un 75,2 % en 2021.

José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, es imputado de los delitos de lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias, proposición y conspiración para el lavado de dinero.

Tras pasar la noche en Torre de Tribunales, el juzgado de turno de Primera Instancia Penal, a cargo de Rosmery López, fue enviado a Mariscal Zavala donde permanecerá hasta el lunes 1 de agosto cuando se realice la audiencia de primera declaración.

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Mientras esto sucedía, afuera de Torre de Tribunales periodistas y ciudadanos se reunieron para mostrar apoyo a Zamora con las consignas “No nos callarán” y “Sin periodismo no hay democracia”.

La directora de elPeriódico, Julia Corado, estuvo presente y habló con otros medios de comunicación, resaltando que ya veían venir lo sucedido por su trabajo investigativo y de denuncia de corrupción.

“Todos estamos confiados en que esto se va a arreglar, nos han dado muchas muestras de apoyo y queremos que la población reaccione” agregó Corado.

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Además de Corado y de varios ciudadanos, se hicieron presentes también miembros de la redacción de dicho medio quienes indicaron que por más de 12 horas estuvo retenido un grupo de trabajadores en el taller de elPeriódico. Corado indicó que hasta hoy por la mañana los dejaron salir y que, lo que buscaban, era que elPeriódico no saliera publicado.

El mensaje que se da con esto es “no más prensa independiente”. El mensaje es “quedémonos haciendo lo que nos dé la gana y sigamos siendo más corruptos” mencionó Corado.

Los periodistas de este medio aseguraron que temen por su integridad, pero que apoyarán a su presidente.

Casi un centenar de periodistas guatemaltecos y diversas organizaciones expresaron este martes 28 de junio su rechazo a la “censura, violencia y criminalización” que han sufrido comunicadores y medios del país centroamericano en las últimas semanas.

Mediante un comunicado en conjunto, los periodistas denunciaron cinco ataques sufridos recientemente por el gremio y advirtieron que “las condiciones para el ejercicio” de la profesión en Guatemala “siguen en deterioro”.

De acuerdo con la misma fuente, los periodistas agredidos en las últimas semanas son Robinson Ortega (del medio de comunicación Relax TV), Mynor Mérida (Nuestro Diario), Carlos Hernández (Prensa Libre) y Vanessa Ordóñez (Festivales Solidarios).

Ortega, Hernández y Ordóñez sufrieron “agresión policial”, además de ser algunos de ellos víctimas de “detención arbitraria” y “destrucción de equipo”.

En el caso de Mérida, los periodistas denunciaron un intento de asesinato y de igual forma la “criminalización” del medio de comunicación digital Agencia Ocote por sus investigaciones periodísticas que derivaron en una orden judicial en su contra.

“Rechazamos la censura, violencia y criminalización para coartar la libertad de expresión”, puntualizó la nota de prensa, en la que los comunicadores exigieron a las autoridades guatemaltecas “el respeto al ejercicio periodístico”.

Precisamente, este martes el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Carlos Jornet, consideró preocupante la situación de la libertad de prensa en El Salvador, Guatemala, Brasil y México, con “restricciones solapadas” y “legislaciones que buscan controlar internet con la excusa de que no se propaguen noticias alarmantes”.

Las palabras de Jornet se registraron durante un encuentro digital organizado por la SIP, donde Nicaragua, Cuba y Venezuela repitieron como los países peor calificados en la categoría “sin libertad de prensa” en el libro Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, que recoge los resultados de dos años de medición en 22 naciones de las Américas.

El Procurador Jordán Rodas divulgó la resolución, donde señala a Morales, en el marco del Día del Periodista este sábado 30 de noviembre.

El contenido coincide con el informe emitido por la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) el viernes ya que ambas entidades manifestaron su preocupación por las restricciones a la libertad de expresión en el país.

La condena se deriva del discurso emitido por el mandatario en septiembre del 2019 durante el acto en el cual se presentó la propuesta del Presupuesto del Estado para el próximo año, actividad en la cual arremetió contra varios medios de comunicación, explicó el funcionario.

Es una condena moral, no vinculante pero ya fue notificada al presidente y se enviará copia al Ministerio Público para que investigue si se cometió algún delito.

Una primera reunión el lunes en la sede de la ONU juntó a una quincena de países, entre ellos Grecia, Rusia, Pakistán, Perú, Italia y Túnez, dijo a la AFP el secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, cuya organización con sede en Bruselas representa a 600.000 periodistas en 134 países.

Anticipada, esta campaña encuentra un eco directo en el caso del periodista saudita Jamal Khashoggi, asesinado el 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul.

82 periodistas asesinados

Todos los días, muchos periodistas son hostigados, mutilados o asesinados. De Jamal Khashoggi a otros 82 periodistas muertos el año pasado, ya no es posible esperar el próximo asesinato sin hacer nada, mientras que solo una de cada diez muertes será investigada, argumentan los organizadores del campaña.

De acuerdo con una serie de compromisos, la futura Convención pretende reunir textos internacionales existentes pero dispersos y completarlos, según Anthony Bellanger.

“El mejor tributo que podemos rendir a las víctimas es movilizarnos incansablemente y trabajar para levantar el velo sobre la impunidad que ha reinado en el periodismo durante demasiado tiempo”, dijo el Secretario General de la FIP. 

El objetivo de la campaña lanzada en Nueva York es movilizar a varios países sobre el tema para que presenten el archivo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la única autoridad para iniciar un proceso que conduzca a la adopción de una convenio internacional. Tal proceso puede tomar varios años.

El texto del convenio deseado incluye 22 artículos, incluidos los compromisos de proteger a los periodistas, respetar la libertad de expresión y perseguir los ataques contra los miembros de la profesión. También prevé la creación de un comité de 15 personas elegidas para defender la convención.

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El cuerpo de la periodista Viktoria Marinova, de 30 años, fue hallado el pasado sábado en un parque de Ruse —una ciudad al norte de Bulgaria que limita con Rumania— con signos de violencia.

Según las autoridades, Marinova fue violada, golpeada en la cabeza y asfixiada.

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Por el momento se desconoce si el asesinato de Marinova está relacionado con su labor como periodista, algo que los investigadores del caso no descartan.

La policía ha detenido a un hombre de nacionalidad rumana y origen ucraniano en relación al asesinato. “Tenemos en custodia a una persona cuya coartada todavía estamos comprobando, pero de momento no tenemos un sospechoso concreto”, dijo un agente de la policía a Reuters.

Bulgaria es considerado por la organización Reporteros sin Fronteras como el peor país de la Unión Europea (UE) en cuanto a libertad de prensa.

Documental BBC: Morir por informar, el peligroso desafío de los periodistas que reportan el crimen organizado en México

Un portavoz de la Comisión Europea dijo que esperan una “investigación detallada por parte de las autoridades” para que los responsables de la muerte de Marinova sean llevados ante la justicia y se clarifique si su muerte “está relacionada con su trabajo”.

“Debemos asegurarnos de que los periodistas en todas partes estén seguros y hagan sus valiosas contribuciones a nuestras sociedades democráticas”, señaló el portavoz.

Este es el tercer asesinato de un periodista en la UE en los últimos 12 meses.

¿Qué estaba investigando cada uno de ellos en el momento de su muerte?

Viktoria Marinova (Bulgaria)

Presentaba su propio programa, “Detector”, en el pequeño canal privado local de televisión TVN.

El 30 de septiembre emitió una entrevista con dos periodistas que estaban investigando a políticos y empresarios por un posible caso de corrupción con fondos de la Unión Europea en la construcción de infraestructuras.

Los dos periodistas invitados, Attila Biro y Dimitar Stoyanov, habían sido arrestados ese mismo mes mientras trataban de filmar cómo se estaban quemando pruebas sobre la presunta malversación de fondos.

Jan Kuciak (Eslovaquia)

EPA

El 25 de febrero de 2018 el periodista de 27 años Jan Kuciak y su pareja aparecieron muertos de un disparo, en lo que la policía dijo que tenía el sello de un asesinato por encargo.

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En su último artículo, publicado de forma póstuma, Kuciak hablaba de los lazos entre la ‘Ndrangheta —la conocida mafia italiana de Calabria— y altos funcionarios eslovacos, algunos de ellos próximos al primer ministro, Robert Fico.

AFP

Kuciak pasó años investigando la supuesta la malversación de fondos de la UE destinados al este de Eslovaquia, así como la llegada de empresarios italianos ligados a la mafia a esta zona del país.

Su asesinato generó protestas y la presión popular hizo que el primer ministro Fico renunciase a su cargo.

Fue el primer asesinato de un periodista en la historia de Eslovaquia.

Daphne Caruana Galizia (Malta)

LINKEDIN

El coche en el que viajaba Daphne Caruana Galizia saltó por los aires poco después de dejar su casa en Malta el 16 de octubre de 2017.

Caruana Galizia era una de las periodistas más conocidas de su país por su blog “Current Comentary”, en el que denunciaba casos de corrupción política.

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Sus investigaciones llegaron a provocar la celebración de elecciones en Malta en junio de 2017, tras publicar alegaciones que relacionaban al primer ministro del país, Joseph Muscat, con los llamados Panama Papers.

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El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ofreció una recompensa de US$20.000 para quien aportase información que llevase a la detención de los culpables de la muerte de la periodista.

 @JulianAssange@JULIANASSANGE

El hijo de Daphne Caruana Galizia, el también periodista Matthew Caruana Galizia, calificó a Malta de “estado mafioso” en el que “el gobierno ha permitido que florezca una cultura de impunidad”.

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Kuciak había investigado sobre los lazos entre la mafia calabresa y la política. El asesinato del periodista y su pareja suscitó importantes manifestaciones contra el gobierno eslovaco y terminó con la renuncia del primer ministro Robert Fico.

“Alena Zs. ordenó el asesinato, Tomas Sz. los mató a disparos, Miroslav M. fue el chofer y Zoltan A., un intermediario”, dijo el fiscal en una conferencia de prensa en Bratislava, donde no dio su nombre.

Estas cuatro personas fueron interrogadas la semana pasada, inculpadas y arrestados.

El asesinato fue pagado en 70.000 euros, de los cuales 50.000 euros en efectivo y 20.000 euros para terminar con una deuda que había contraído Zoltan A. con Alena Zs, dijo la misma fuente. La publicación de los apellidos de los sospechosos por parte de las instituciones judiciales está prohibida.

“Se ordenó solo el asesinato de Jan Kuciak. Su prometida Martina Kusnirova fue una víctima inocente que se encontraba en el mal lugar y en el mal momento”, agregó.

Según varios medios eslovacos, entre ellos el diario Dennik N, Alena Zs., de 44 años, trabajaba como traductora de italiano para el polémico hombre de negocios eslovaco Marian Kocner, cuyas actividades fueron objeto de las investigaciones periodísticas de Jan Kuciak.

Rodney D. Sieh, es el director y fundador del diario de Liberia “FrontPage Africa” y publicará próximamente el libro “Periodista en juicio: luchando contra la corrupción, el amordazamiento a la prensa y una sentencia de cárcel de 5.000 años en Liberia”. En este artículo, reflexiona sobre lo que su carrera dice de la situación del periodismo en África Occidental.

Fui sentenciado a 5.000 años de cárcel por no pagar una compensación por difamación de US$1,6 millones a un antiguo ministro que había denunciado a mi periódico después de que publicáramos los resultados de una auditoría gubernamental.

Esta había descubierto que fondos de US$6 millones destinados a combatir una epidemia de gusanos no habían sido justificados.

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Pasé cuatro meses en 2013 en la tristemente célebre Prisión Central de Monrovia, donde fui arrojado dentro de una celda con asesinos, ladrones que habían usado armas y gente que había cometido delitos menores.

El recinto, construido en la capital y con capacidad para 200 personas, tiene más de 1.000 reclusos. Casi la mitad de ellos están detenidos sin haber sido juzgados.

Con el paso de los años, se ha ganado la reputación de ser un refugio para criminales acérrimos y un lugar donde se les enseña una lección a los críticos del gobierno.

GREG STEMM

Recuerdo al jefe de las instalaciones intentando convencerme de darle una oportunidad al menú del día: un plato de frijoles con arroz sin carne ni pescado y larvas retorciéndose sobre el carro en el que se amontonaba la comida.

Se requirió la fuerza de una campaña internacional, protestas masivas y un artículo de opinión en el New York Times para conseguir que el gobierno de la entonces presidenta, Ellen Johnson Sirleaf, me liberara.

Niños y rifles

Mi calvario es solo un ejemplo de las dificultades a las que los periodistas se enfrentan en un continente a menudo dominado por una élite incómoda con las críticas.

Basta con mirar lo sucedido en las últimas décadas: muchos de mis colegas han sido asesinados, mutilados y perseguidos, periódicos han sido cerrados y el miedo penetra nuestro entorno laboral. Otros viven en el exilio, separados de sus familias.

Al crecer en Broad Street Snapper Hill, un barrio duro de Monrovia, vi muchas cosas.

Imágenes violentas definieron mi adolescencia, como las revueltas por el precio del arroz de 1979 o el sangriento golpe militar que un año después elevó a Samuel Kanyon Doe al poder.

Este trasfondo fue solo una de las motivaciones que me ayudaron a prepararme para la vida de periodista.

¿Qué sucedió en la Guerra Civil de Liberia?

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1989: Charles Taylor empieza su rebelión contra el presidente Samuel Doe.

1990: Doe es torturado y asesinado por los rebeldes, que lo grabaron en video y lo difundieron.

1997: La Guerra Civil acaba tras la muerte de 250.000 personas. Taylor es elegido presidente.

2012: Taylor es condenado por crímenes de guerra en el vecino país de Sierra Leona.

Mi tío abuelo Albert Porte fue un panfletista, activista y periodista pionero que es recordado por haberse enfrentado a un sistema corrupto y participar en un histórica serie de intercambios de cartas con el difunto presidente William V. S. Tubman, en la que le preguntaba por la compra de un yate privado en tiempos en los que muchos pasaban apuros para poder alimentarse a sí mismos.

Cuando Charles Taylor empezó su rebelión en la víspera de la Navidad de 1989, vi a amigos, familiares y seres queridos con los que me había criado e ido a la escuela, morir como moscas a mi alrededor.

Vi a niños con rifles más grandes que ellos mismos y ríos de familias cargando lo que podían en su huida. Algunos de nuestros vecinos que se quedaron atrás para proteger sus pertenencias perdieron sus vidas, asesinados por pertenecer al grupo étnico erróneo o simplemente por estar en el lugar y momento equivocados.

Al año siguiente, no mucho después de que Doe fuera capturado y ejecutado por los rebeldes, me reuní con mi tío Kenneth Best en Gambia, donde había fundado el periódico Daily Observer.

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En 1994, cuando Yahya Jammeh se hizo con el poder en Gambia siendo un lugarteniente del ejército de 29 años, todo volvió a derrumbarse.

Ya trabajando como periodista, conseguí la primera entrevista con Jammeh, en la que le restó importancia a las comparaciones con Doe y prometió que no habría una dictadura en Gambia.

Terminó gobernando 22 años hasta ser derrotado en las urnas, yéndose al exilio en enero de 2017, después de que tropas regionales evitaran que pudiera seguir aferrándose al poder.

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No mucho después del golpe militar de 1994, vi cómo Jammeh deportaba a mi tío tras una polémica entrevista con el New York Times. Después, yo también me convertí en un objetivo y tuve que pasar a la clandestinidad antes de huir a Reino Unido y, posteriormente, a Estados Unidos, donde pulí mis habilidades trabajando para varios periódicos antes de fundar el portal digital FrontPage Africa.

El tabú de la mutilación genital femeninos

Pronto me di cuenta de que mi país me necesitaba de vuelta.

Con el fin de la guerra y la celebración exitosa de unas elecciones en las que ganó Sirleaf, regresé a Liberia en 2007 para lanzar la versión impresa de FrontPageAfrica.

Pareciera que muchos de quienes fueron responsabilizados por nuestro trabajo vieron mi retorno como una oportunidad de vengarse. Sobreviví intentos de incendiar las oficinas de mi periódico, a lo que siguió una serie de denuncias, dos de las cuales me llevaron a la cárcel.

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Dirigir un diario conlleva grandes riesgos, incluso cuando se trata de informar sobre asuntos como la mutilación genital femenina, la prostitución y los derechos humanos.

Mae Azango, una de nuestras periodistas más feroz, mejor conocida por sus artículos sobre la mutilación genital femenina, hizo una investigación encubierta en 2010 para exponer esta práctica tradicional, que suele realizársele a las niñas en secreto.

Sirleaf prohibió este tipo de mutilaciones en su último día al frente del país.

Azango y otra reportera también desafiaron la noche acompañando a prostitutas, que les contaron sus duras experiencias relacionadas con los peligros que conlleva entregar sus cuerpos por tan solo US$0.03.

“Me niego a dar un paso atrás”

Los retos de sacar a la luz estas historias son enormes. Los reporteros se arriesgan por unos salarios muy bajos y los dueños de los periódicos tienden a tener problemas para pagarle a su personal y mantener la maquinaria en funcionamiento debido a la inestabilidad del servicio de energía.

AFP

La publicidad es la mayor fuente de ingresos, pero el gobierno es el mayor comprador de anuncios, así que puede boicotear a medios de comunicación a su antojo.

He trabajado bajo varios regímenes de África Occidental así que conozco de primera mano cómo los líderes autoritarios acosan y socavan a la prensa. De haber sucumbido, yo estaría hoy entre los centenares de periodistas que se cuentan entre las olvidadas páginas del informe anual del Comité para Proteger Periodistas.

De haber dado un paso atrás, quizá todavía estaría cumpliendo una sentencia de 5.000 años en prisión por difamación, una ley que pretendo combatir mientras viva.

He llegado hasta aquí porque me niego a dar marcha atrás ya rendirme.

“Como ambos vulneraron el secreto de Estado, se les condena a siete años de cárcel cada uno”, declaró el juez Ye Lwin, ante una sala de audiencia abarrotada de periodistas y diplomáticos.

“El gobierno puede encarcelarnos, pero no tapar los ojos y los oídos del pueblo”, gritó Kyaw Soe Oo dirigiéndose a los periodistas presentes en el tribunal antes de ser subido a un furgón policial, para ser trasladado a la cárcel.

Su mujer estalló en lágrimas cuando el tribunal leyó el veredicto.

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Las autoridades acusaban a los dos reporteros birmanos de haber conseguido documentos relacionados con las operaciones de las fuerzas de seguridad en el estado de Rakáin, la región en el noroeste de Birmania en la que se produjo la persecución de los rohinyás.

Los periodistas investigaban la ejecución de los miembros de la minoría musulmana en el pueblo de Inn Dimm.

Pocos días después de su detención, el ejército reconoció que soldados y habitantes de confesión budista de ese pueblo mataron a sangre fría a presos rohinyás el 2 de septiembre de 2017.

De hecho, siete militares fueron condenados a 10 años de prisión por esa masacre.

Periodistas admirables

Esta condena es un duro golpe para la libertad de prensa, maltratada en Birmania a pesar de la esperanza sucitada por la llegada al poder de Aung San Suu Kyi en 2016.

La agencia de prensa internacional Reuteurs denunció la condena y reiteró su solidaridad con los periodistas.

“Esos dos admirables periodistas ya han pasado casi nueve meses en la cárcel por acusaciones falsas destinadas a silenciarlos y a intimidar a la prensa”, declaró Reuters en un comunicado.

La jefa de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió también la libertad “inmediata”. “Creo que todo (…) el proceso fue una parodia de justicia. Por lo tanto, exhorto al gobierno de Birmania a liberarlos lo antes posible”.

Asimismo Francia “lamentó” la condena de los dos reporteros, calificándola de “serio atentado a la libertad de prensa y al Estado de derecho”.

“Estamos profundamente decepcionados con este veredicto y esta sentencia y pedimos que los periodistas sean puestos en libertad de forma inmediata”, declaró por su parte un portavoz del gobierno británico.

“Esos dos periodistas valientes obtuvieron las pruebas de que el ejército había cometido crímenes masivos contra los civiles rohinyás” que “las autoridades birmanas intentaron cubrir”, declaró por su parte la ONG Fortify Rights.

La organización Reporteros Sin Fronteras exhortó a Suu Kyi a liberar a los dos periodistas “cuyo único crimen es haber cumplido con su trabajo”.

Contexto de gran tensión

La sentencia llega en un momento de gran tensión entre Birmania y la comunidad internacional.

El lunes 27 de agosto, investigadores de la ONU publicaron un informe en el que califican de “genocidio” la persecución contra los rohinyás, acusan directamente al ejército y critican el silencio de la dirigente birmana Aung San Suu Kyi, que recibió el Premio Nobel de la Paz.

El martes 28 de agosto, el Consejo de Seguridad de la ONU debatió la posibilidad de denunciar al ejército birmano ante la justicia internacional.

El sábado pasado, una centena de manifestantes exigió la liberación de los dos periodistas en nombre de la libertad de prensa.

Más de 700.000 rohinyás tuvieron que huir de Birmania entre agosto y diciembre de 2017, tras una ofensiva del ejército birmano iniciada en represalia a los ataques de rebeldes rohinyás contra puestos fronterizos, una persecución que la ONU calificó, primero, como “limpieza étnica” y ahora como “genocidio”.