El cuerpo de la periodista Viktoria Marinova, de 30 años, fue hallado el pasado sábado en un parque de Ruse —una ciudad al norte de Bulgaria que limita con Rumania— con signos de violencia.

Según las autoridades, Marinova fue violada, golpeada en la cabeza y asfixiada.

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Por el momento se desconoce si el asesinato de Marinova está relacionado con su labor como periodista, algo que los investigadores del caso no descartan.

La policía ha detenido a un hombre de nacionalidad rumana y origen ucraniano en relación al asesinato. “Tenemos en custodia a una persona cuya coartada todavía estamos comprobando, pero de momento no tenemos un sospechoso concreto”, dijo un agente de la policía a Reuters.

Bulgaria es considerado por la organización Reporteros sin Fronteras como el peor país de la Unión Europea (UE) en cuanto a libertad de prensa.

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Un portavoz de la Comisión Europea dijo que esperan una “investigación detallada por parte de las autoridades” para que los responsables de la muerte de Marinova sean llevados ante la justicia y se clarifique si su muerte “está relacionada con su trabajo”.

“Debemos asegurarnos de que los periodistas en todas partes estén seguros y hagan sus valiosas contribuciones a nuestras sociedades democráticas”, señaló el portavoz.

Este es el tercer asesinato de un periodista en la UE en los últimos 12 meses.

¿Qué estaba investigando cada uno de ellos en el momento de su muerte?

Viktoria Marinova (Bulgaria)

Presentaba su propio programa, “Detector”, en el pequeño canal privado local de televisión TVN.

El 30 de septiembre emitió una entrevista con dos periodistas que estaban investigando a políticos y empresarios por un posible caso de corrupción con fondos de la Unión Europea en la construcción de infraestructuras.

Los dos periodistas invitados, Attila Biro y Dimitar Stoyanov, habían sido arrestados ese mismo mes mientras trataban de filmar cómo se estaban quemando pruebas sobre la presunta malversación de fondos.

Jan Kuciak (Eslovaquia)

EPA

El 25 de febrero de 2018 el periodista de 27 años Jan Kuciak y su pareja aparecieron muertos de un disparo, en lo que la policía dijo que tenía el sello de un asesinato por encargo.

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En su último artículo, publicado de forma póstuma, Kuciak hablaba de los lazos entre la ‘Ndrangheta —la conocida mafia italiana de Calabria— y altos funcionarios eslovacos, algunos de ellos próximos al primer ministro, Robert Fico.

AFP

Kuciak pasó años investigando la supuesta la malversación de fondos de la UE destinados al este de Eslovaquia, así como la llegada de empresarios italianos ligados a la mafia a esta zona del país.

Su asesinato generó protestas y la presión popular hizo que el primer ministro Fico renunciase a su cargo.

Fue el primer asesinato de un periodista en la historia de Eslovaquia.

Daphne Caruana Galizia (Malta)

LINKEDIN

El coche en el que viajaba Daphne Caruana Galizia saltó por los aires poco después de dejar su casa en Malta el 16 de octubre de 2017.

Caruana Galizia era una de las periodistas más conocidas de su país por su blog “Current Comentary”, en el que denunciaba casos de corrupción política.

GETTY IMAGES

Sus investigaciones llegaron a provocar la celebración de elecciones en Malta en junio de 2017, tras publicar alegaciones que relacionaban al primer ministro del país, Joseph Muscat, con los llamados Panama Papers.

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El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ofreció una recompensa de US$20.000 para quien aportase información que llevase a la detención de los culpables de la muerte de la periodista.

 @JulianAssange@JULIANASSANGE

El hijo de Daphne Caruana Galizia, el también periodista Matthew Caruana Galizia, calificó a Malta de “estado mafioso” en el que “el gobierno ha permitido que florezca una cultura de impunidad”.

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Héctor González Antonio, “que colaboraba como corresponsal del diario nacional Excélsior y medios locales, murió por golpes”, reportó la institución.

El cuerpo del periodista fue encontrado “esta mañana en una calle de la colonia Estrella” de Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, una de las zonas más violentas del país por la pugna entre narcotraficantes, informó.

“Él fue desaparecido desde ayer con todo y su vehículo, que no sabemos si fue localizado”, dijo a la AFP Balbina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras, que pidió a las autoridades mexicanas una investigación a fondo y protección para la familia de González Antonio.

Tamaulipas es “uno de los hoyos negros de la libertad de prensa, por lo que hay alta probabilidad de que tenga que ver su trabajo periodístico” en el crimen, añadió.

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González Antonio, que también era colaborador de radiodifusoras y de Televisa Monterrey, la oficina local de la televisora más grande de México, estaba casado y tenía dos hijos.

Una de las últimas noticias que reportó el periodista, de 40 años, para el diario Excélsior fue el asesinato de su colega Carlos Domínguez, perpetrado en el municipio de Nuevo Laredo en enero pasado. También cubrió una marcha de madres y familiares de desaparecidos efectuada el 10 de mayo, y otras informaciones de interés humano.

El cadáver fue encontrado en un camino de terrecería, por el que aparentemente fue arrastrado, con una camisa sin mangas hecha jirones, manchas de sangre y sin un zapato, de acuerdo con imágenes distribuidas por la fiscalía regional.

“Aún no sabemos quiénes y por qué mataron a Héctor González Antonio”, pero es “simplemente inaceptable”, dijo a la AFP Giancarlo Summa, director del Centro de Información de la ONU para México.

México, prosiguió Summa, “es el país más peligroso del mundo para los periodistas, después de Afganistán (…) Exigimos que las autoridades aclaren lo más rápido posible lo que se pasó y que aprendan a los responsables. La impunidad debe acabar”.

“Es peligroso publicar”

Un amigo y colega de Héctor González, que desconoce las posibles causas del homicidio, dijo que era un periodista “muy cuidadoso con lo que publicaba y decía”.

Tamaulipas, bastión del cártel de Los Zetas, es un sitio donde “es peligroso publicar o decir cosas” sobre la violencia que aqueja casi a diario a sus habitantes, prosiguió el periodista bajo anonimato.

“Está el antecedente de que compañeros que se tuvieron que ir de la ciudad por amenazas”, concluyó.

Más de 100 comunicadores han sido asesinados en México desde 2000. La mayor parte de los crímenes permanece impune.

Este año, contando a González Antonio, ya han sido asesinados cinco periodistas, y uno desaparecido este año, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras.

En 2017 fueron ultimados 11 periodistas, en medio de una ola de violencia vinculada con el narcotráfico que dejó un número récord de homicidios a nivel nacional: 25.339.

Sin contar con el asesinato de Héctor González, 14 periodistas han sido asesinados en Tamaulipas, y 27 en el vecino estado de Veracruz, el más letal del país para los comunicadores, de acuerdo con cifras de Artículo 19.

Desde el momento mismo de la desaparición del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, del diario El Comercio, la información ha llegado en cuentagotas y cruzada de rumores y datos falsos.

Y todavía este viernes es incierto el paradero de sus cuerpos.

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Esto es lo que se sabe hasta ahora:

¿Cómo empezó todo?

Ortega (32 años), Rivas (45) y Segarra (60) fueron secuestrados por disidentes de la exguerrilla de las FARC el 26 de marzo en la localidad costera de Mataje, limítrofe con Colombia.

Los tres estaban realizando un trabajo periodístico sobre la situación de la convulsa frontera, a raíz de la oleada de ataques a la fuerza pública registrada en la zona desde el pasado mes de enero.

Con un saldo por ahora de siete muertos y cuatro decenas de heridos, esta violencia conmociona a un país que se preciaba de vivir en paz en medio de los problemas derivados del narcotráfico que enfrenta Colombia.

¿Qué ocurrió después?

La última vez que se les vio con vida fue en una grabación filtrada a la prensa colombiana el 3 de abril. En ella aparecían los tres abrazados, con cadenas y candados al cuello, y pedían un acuerdo con los captores.

Quito dio a entender ese día que había contactos en marcha y que conocía las exigencias de los secuestrados, que incluían un canje con tres presuntos disidentes.

Al inicio de esta semana circuló un supuesto comunicado de los secuestradores -cuya autenticidad fue puesta en duda por ambos países- en el que se anunciaba la muerte de los rehenes durante una fallida operación de rescate coordinada por los dos gobiernos.

Quito negó que estuviera realizando operaciones militares en la zona de frontera, y Bogotá sostuvo por su parte que no realizó operaciones especiales sin el conocimiento de Ecuador.

El jueves los gobiernos recibieron fotografías de tres hombres ejecutados. Ni Quito ni Bogotá han determinado cuándo murieron ni donde están los cadáveres.

La controversia

Ambos gobiernos tienen versiones encontradas sobre el lugar donde ocurrieron los hechos.

Aunque el presidente Juan Manuel Santos sostiene que fue en Ecuador, Quito sostiene desde el principio que tras la captura fueron trasladados al lado colombiano.

Pese a las diferencias, acordaron realizar acciones “coordinadas” entre sus fuerzas de seguridad, para perseguir a los responsables y tratar de recuperar los cuerpos.

No han dado mayores detalles sobre esas operaciones, pero se prevé que empiecen de manera inmediata.

Los autores

El equipo periodístico cayó en poder del Frente Oliver Sinisterra, un grupo que se apartó del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC y que está vinculado con el narcotráfico.

Según la inteligencia colombiana, se trata de una organización con entre 70 y 80 hombres, dirigida por el ecuatoriano Walter Artízala, conocido como Guacho, uno de los hombres más buscados tanto en Colombia como en Ecuador.

Bogotá lo responsabiliza de varios ataques con explosivos que han dejado a oscuras a Tumaco, un poblado de unos 200.000 habitantes a escasos kilómetros de la zona limítrofe y que concentra el mayor número de narcocultivos en el mundo.

Moreno, que le califica de “narcoterrorista”, ofreció 100.000 dólares de recompensa por información que conduzca a su captura. El disidente mantuvo comunicación con la Policía de Ecuador por WhatsApp hasta el 7 de abril, a través de números de celular colombianos, según Polivio Vinueza, jefe de la división antisecuestros.

Frontera caliente

Desde hace décadas, esta porosa y selvática frontera de 720 kilómetros, con numerosas trochas ilegales, es utilizada por las bandas que viven del tráfico de droga, de armas y de combustible, así como de la minería y la tala ilegal.

Pero tras el acuerdo de paz firmado a finales de 2016 con las FARC, que según analistas dominaban el territorio, arreciaron disputas entre desertores del pacto de paz, bandas procedentes de antiguos paramilitares desmovilizados y otras guerrillas.

“Lo que estamos viviendo ahora es una herencia del conflicto y de la falta de resolución de estrategias claras para la desmovilización de las FARC”, explica la internacionalista ecuatoriana Katalina Barreiro, del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

El gobierno ecuatoriano sostiene que la violencia vivida en los últimos meses en el lado ecuatoriano es en represalia por los golpes que sus autoridades le han dado al narcotráfico, que han dejado varios detenidos e incautaciones.

Sin un mando unificado, los disidentes fueron considerados desertores por las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La división se produjo meses antes de que el ahora partido de izquierda firmara, en noviembre de 2016, el acuerdo que condujo al desarme de unos 7.000 combatientes.

“Algunas de estas disidencias se han manifestado hostiles no sólo al acuerdo de paz sino a los líderes de la antigua guerrilla. Los han catalogado de traidores y en algunos casos han declarado objetivo militar”, señaló a la AFP el senador Iván Cepeda, quien asesoró las negociaciones de paz de La Habana.

Encabezados por mandos medios de la otrora guerrilla, los disidentes eran en ese momento unos 500 a 700 hombres y mujeres bien armados que operaban principalmente en ocho de los 32 departamentos de Colombia.

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Pero en año y medio este ejército disperso que se lucra del narcotráfico y la minería ilegal, pasó a tener unos 1.200 combatientes, según el general Alberto Mejía, comandante de las Fuerzas Militares.

En opinión de Ariel Ávila, analista de la Fundación Paz y Reconciliación, los disidentes están distribuidos en 15 grupos, “tres de ellos muy grandes” en los departamentos de Guaviare (sur), Meta (este) y Nariño (fronterizo con Ecuador)”.

Detrás del secuestro y asesinato del equipo de prensa del diario El Comercio están precisamente las disidencias que dirige Walter Patricio Artízala Vernaza, conocido como Guacho, de origen ecuatoriano, según inteligencia colombiana .

“No nos acogimos al proceso de paz, no era porque no estuviéramos de acuerdo sino porque hubo una desigualdad en los guerrilleros medios y la tropa”, dijo Guacho en una entrevista con el canal de televisión RCN.

El terror de la frontera

Negro y delgado, Guacho militó por 15 años en las FARC.

Durante ese tiempo este hombre que no supera los 35 años, se especializó en explosivos, narcotráfico y finanzas, y ahora se mueve entre ambos lados de la frontera con su grupo de entre 70 y 80 hombres llamado “Oliver Sinisterra”.

“El grupo de Guacho es de 80 personas máximo pero conocen el territorio, se mueve mucho en la frontera y se llevó la base social que era de las FARC, campesinos cocaleros, entonces es un grupo que puede crecer rápidamente”, apuntó Ávila a la AFP.

Las autoridades también lo responsabilizan de varios ataques con explosivos que han dejado a oscuras a Tumaco, un poblado fronterizo de unos 200.000 habitantes, que concentra el mayor número de narcocultivos en el mundo.

En el lado ecuatoriano sería el autor de una ofensiva inusual contra la fuerza pública, que ha dejado cuatro muertos y decenas de heridos desde inicios de año.

Hoy, Guacho es el hombre más buscado tanto en Colombia como en Ecuador.

Tras anunciar a su país el asesinato del equipo de prensa, el presidente Lenin Moreno anunció una millonaria recompensa para detenerlo.

“Hemos incluido al narcoterrorista alias Guacho en la lista de los más buscados del Ecuador y ofrecemos una recompensa de 100 mil dólares por información que conduzca a su captura en el Ecuador o en Colombia”, sostuvo.

Mientras está siendo perseguido, Guacho se financia con la droga que envía hacia Estados Unidos en alianza con las mafias mexicanas a través de una ruta del Pacífico.

El gobierno de Juan Manuel Santos desplegó a principios de año 9.000 efectivos militares para intentar recobrar el control de Tumaco, una zona de dominio de la antigua guerrilla y que ahora se disputan varios grupos armados.

Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca, materia prima de la cocaína, y también el mayor productor de esta droga, según la ONU.

Su asesinato confirmado por el gobierno, marca con fuego la historia de Ecuador, un país que sufre de lleno los coletazos del conflicto que todavía persiste en Colombia, pese al acuerdo de paz con el que fuera el grupo rebelde más poderoso de América.

¿Quiénes eran ellos?

Ortega, el amor por el oficio

Javier Ortega, de 32 años, vivió su adolescencia en Valencia, España, donde trabajó en una heladería. De allí regresó a Ecuador para estudiar periodismo.

Ortega era el último de tres hermanos, soltero y sin hijos. Su familia lo describe como un hombre sereno, y sus amigos recuerdan sobre todo su sonrisa contagiosa.

Desde hace seis años trabajaba en El Comercio cubriendo temas judiciales y de seguridad.

Entre sus coberturas destacadas figuran el terremoto que asoló la costa ecuatoriana en 2016, y el accidente aéreo que dejó 22 militares muertos en la Amazonía ese mismo año.

También se ocupó de la deportación de decenas de cubanos desde Quito y el problema de los desaparecidos en Ecuador.

De España trajo su afición por el Barcelona y en especial por el astro argentino Leonel Messi. Cada miércoles, después de lidiar con la presión de su trabajo, se reencontraba con su otra pasión: el fútbol.

“Amaba el periodismo, le encantaba leer y el cine”, recordó a la AFP María José Vela, amiga y excompañera de Universidad de Ortega.

Rivas, fotógrafo premiado

El fotógrafo Paúl Rivas, que el 25 de abril iba a cumplir 46 años, tenía novia y una hija de 15 años.

Coleccionista de cámaras antiguas, dejó de lado una carrera en la publicidad por el oficio de “dibujar con la luz”.

Rivas, definido por su familia como un hombre sensible y bromista, heredó de su padre la pasión por captar imágenes y la traspasó su hija de 15 años. En honor a él, hizo un libro con fotos tomadas por ambos.

Un fotorreportaje sobre los familiares de personas desaparecidas le dio el premio Eugenio Espejo, que entrega la Unión Nacional de Periodistas (UNP) de Quito.

Además, ganó en dos ocasiones el premio Jorge Mantilla Ortega, que concede el diario en el que trabajaba desde hace 20 años.

Cuando tomaba sus fotos se “ponía su gorrita hacia atrás. Un fotógrafo listo para la acción. Nunca hubo un No en su boca”, afirma María Elena Vaca, colega por seis años de Rivas en El Comercio.

Segarra, conductor aventurero

Efraín Segarra, a quien los periodistas de El Comercio conocían como ‘Segarrita’, tenía 60 años y era padre de dos hijos, uno de ellos reportero del matutino de Quito.

Su amor por los animales lo llevó en una ocasión a cuidar en su casa hasta 12 perros abandonados. Los últimos años adoptó dos gatos y un can.

En 16 años de servicio en el periódico se aficionó a la fotografía. En su celular coleccionaba las ‘selfies’ en cada ciudad que visitó, según su familia.

Tener un hijo periodista era “su orgullo. Un conductor minucioso y con una gran sonrisa”, recuerda Vaca.

De espíritu aventurero, Segarra trabajó como conductor en un ministerio y en un banco, en el que llegó a manejar camiones blindados.

Compartía con sus otros dos compañeros asesinados un corazón que se enciende en los estadios. Era aficionado al popular Deportivo Quito, ahora en la segunda división, del que ostentaba una colección de camisetas.

“He decidido retornar inmediatamente al Ecuador por la situación crítica que vivimos en estos momentos”, dijo el mandatario a través de su cuenta en Twitter.

“Regreso junto a familiares de Javier, Paúl y Efraín”, agregó, en medio de la alarma generada por la divulgación de unas fotografías que están bajo análisis de las autoridades y que podrían corresponder a los rehenes.

El periodista Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60), del diario quiteño El Comercio, fueron secuestrado el 26 de marzo en la localidad costera de Mataje, limítrofe con Colombia.

El equipo está en poder de disidentes de la exguerrilla de las FARC vinculados con el narcotráfico.

Moreno decidió regresar de manera urgente a Quito después de que un canal televisivo colombiano anunciara haber recibido fotografías “que corresponderían a los cuerpos de los 3 periodistas ecuatorianos secuestrados”.

Las imágenes fueron remitidas a autoridades de los dos países a través de dos ONGs que trabajan en la libertad de expresión, la colombiana Fundación para la Libertad de Prensa y la ecuatoriana Fundamedios.

Ministros del área de Seguridad se encuentran a su vez reunidos en Quito.

El premio Breach-Valdez busca “reconocer la carrera de periodistas mexicanos que más se han destacado en la defensa de los derechos humanos”, dijo en rueda de prensa Giancarlo Summa, director de la oficina de Información de Naciones Unidas en México.

El premio también es patrocinado por la UNESCO, la embajada de Francia en México, la AFP y la Universidad Iberoamericana (privada).

Breach, que era corresponsal del diario La Jornada en el violento estado de Chihuahua (norte), era reconocida por sus investigaciones de los presuntos nexos del poder político con el crimen organizado.

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Este jueves, en la víspera del primer aniversario de su asesinato, sus colegas en Ciudad Juárez, Chihuahua, la recordaron vestidos de blanco y portando fotografías de Breach, ejecutada a balazos a plena luz del día cuando esperaba a su hijo a bordo de su automóvil.

“A Miroslava la mató la complicidad del gobierno con el narco… Ningún periodista tendría por qué poner su vida en prenda”, reclamó su excompañero Carlos Omar Barranco, mientras sus colegas encendieron veladoras y escribieron la palabra justicia en el suelo del recinto gubernamental donde se realizó el homenaje.

Valdez, fundador del semanario Riodoce del norteño estado de Sinaloa, corresponsal de La Jornada y colaborador de la AFP durante una década, fue también asesinado a balazos, a plena luz del día y en la calle, cerca de su oficina en su natal Culiacán.

Valdez fue la voz que rompió el silencio para denunciar al crimen organizado en Sinaloa, feudo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, ahora encarcelado en Estados Unidos. Su trabajo fue distinguido en 2011 con el premio a la Libertad de Expresión del Comité para la Protección de Periodistas en Nueva York.

“Queremos combatir el olvido, combatir la normalización de esta violencia para que no estemos preguntado cada mes quién será el siguiente”, dijo de su lado Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

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José Reveles, periodista especializado en asuntos del crimen organizado y quien apadrina este premio, recordó que de acuerdo con el informe presentado esta semana por la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, en la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se han multiplicado los ataques a la libertad de expresión.

“No sólo no se están frenando (las agresiones), no sólo no se están previniendo, no sólo no se están investigando, sino que se están multiplicando de manera preocupante”, dijo Reveles al subrayar que las fiscalías son incapaces de resolver estos crímenes pues más de 90% siguen impunes.

Sin parar

Más de 100 comunicadores han sido asesinados en México desde 2000, lo que lo convierte en uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo.

En 2017 fueron asesinados por lo menos 11, según la organización Reporteros Sin Fronteras. En este 2018 se cuentan por lo menos dos, el último de ellos Leobardo Vázquez, asesinado a balazos la noche del miércoles en el estado de Veracruz, uno de los más peligrosos para los comunicadores.

“No hay ningún indicio de que los crímenes contra periodistas vayan a parar. Que este premio que hoy surge sirva para que todos los periodistas valientes del país sigan dando la batalla”, dijo Griselda Triana, la viuda de Valdez.

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Con él, dijo por su parte Sylvain Estibal, director de AFP México, se contribuirá a dar “un reconocimiento internacional a periodistas mexicanos, dar a conocer la situación de la prensa” en este país en una época “peligrosa y complicada” para los comunicadores pues hay una pérdida de confianza hacia la prensa en medio de noticias falsas.

El premio será entregado el 3 de mayo, día internacional de la libertad de expresión. Se premiará con un viaje a París, donde el galardonado participará en foros sobre libertad de expresión, y una beca para especialización en temas relacionados al periodismo.