Este jueves 14 de diciembre, se presentaron ante el Tribunal de Mayor Riesgo B, el expresidente, Otto Pérez Molina, y el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, para declarar como testigos en el juicio contra un coronel y ocho soldados acusados de la muerte de seis personas durante el desalojo de una manifestación el 04 de octubre de 2012.

A los militares se les acusa del delito de ejecución extrajudicial. El juicio está a cargo de las juezas María Eugenia Castellanos, Elia Perdomo y Marling González.

Peritos también llegaron a declarar y confirmaron lo indicado en los informes referentes a las heridas causadas por proyectiles de armas de fuego y el tiempo de recuperación para cada uno de los heridos en esa ocasión.

Un testigo narró los hechos sobre la forma en que sucedieron los incidentes en 2012 y describió cómo fue el momento en que iniciaron los disparos en su contra.

Los hechos

En el 2012 se registró la denominada masacre en la Cumbre de Alaska. En esa ocasión murieron seis personas y 34 resultaron heridas.

Durante una manifestación, pobladores de Totonicapán fueron atacados con arma de fuego, por un guardia privado que custodiaba un camión cargado de cemento.

Este disparó contra Santos Hernández Menchú, uno de los manifestantes, y le causó la muerte, así como a otros cinco campesinos.

Las personas manifestaban en la carretera desde las 5 de la mañana debido a que adversaban la modificación de la carrera de Magisterio; además, protestaban contra la empresa que distribuye energía eléctrica en Totonicapán y las propuestas de reformas a la Constitución que impulsaba el gobierno de turno.

Declara expresidente

En su declaración de este jueves, el exmandatario Pérez Molina indicó que tenían una secretaría que trataba de anticiparse a cualquier problema o acción de hecho que se diera, ya sea en un bloqueo u ocupaciones.

Recordó que esa secretaría buscaba el diálogo, previo a las acciones de hecho, mientras que los ministerios de Gobernación y Defensa tenían sus propios protocolos para detallar qué hacer para cumplir con la ley como en este caso.

Mencionó que había un mapa de la conflictividad en el país y el objetivo era solucionar problemas por medio del diálogo para evitar medidas de hecho. “Si alguien tomaba medidas de hecho lo que quedaba era actuar bajo la ley y bajo los protocolos que tenía cada uno de los ministerios”, afirmó.

Resaltó que siempre privilegió el diálogo y recordó que fue representante del Ejército para los Acuerdos de Paz, por lo que siempre priorizó dialogar para evitar personas heridas o enfrentamientos entre grupos.

Luego indicó que tenía conocimiento de los protocolos, pero no al detalle, ya que eso le correspondía a cada ministro. Indicó que él dio lineamientos estratégicos sobre los cuales los ministros tenían que basarse para hacer sus protocolos y “lo demás es responsabilidad directa de cada uno de los ministros, era hacer un trabajo más a detalle basado en lineamientos generales”.

Recordó que no participó en la aprobación de los protocolos, ya la función del presidente era dar lineamientos.

También se refirió a su agenda del 4 de octubre de 2012 y cómo “tuvo que interrumpir su agenda para atender a la comisión de manifestantes que llegó a hablar con él”.

Reiteró la importancia de los protocolos e indicó que toda acción se hace para resguardar la seguridad de las personas ante un momento de inseguridad.

Agregó que en varios lugares del país había batallones de seguridad ciudadana, estos en puntos con inseguridad, pues se buscaba proteger la vida de los guatemaltecos.

Recordó que lo ocurrido en la Cumbre de Alaska fue una situación “muy lamentable” de la que le llegó información cuando estaba reunido con los líderes de los 48 Cantones de Totonicapán.

Informó que no tuvo información de que se iba a registrar una acción de este tipo.

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Afirmó que una manifestación pacífica es cuando no se violan los derechos de los guatemaltecos, contrario a un bloqueo que en algunos se ha incitado a violencia.

Aplicaron protocolos

“Se aplicaron protocolos de seguridad y cada ministro es el responsable de la implementación de los mismos. Me dijeron que había un bloqueo que se estaba dando en la Interamericana que va hacia Quetzaltenango, ahí me enteré de eso, pregunté si sabían qué tipo de peticiones eran y que me informaran más tarde cómo se estaba desarrollando la situación”, añadió.

Aseguró que todas las acciones efectuadas en esa ocasión fueron para garantizar la seguridad de los guatemaltecos.

Por su parte Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación, indicó que hay un protocolo para actuar en atención a los diferentes sucesos y se prioriza el diálogo, en el cual se da un tiempo perentorio para que se deje libre la vía, esto ante una manifestación y que cuando se agota la comunicación, entonces ya actúa la fuerza pública.

“Cada agente que forma parte de las Fuerzas Especiales de la Policía, no solo tiene un entrenamiento de uso de equipo, sino también una evaluación psicológica porque deben tener el temple para actuar en cualquier contingencia”, puntualizó.

Después de más de ocho horas de audiencia, el tribunal estableció que el juicio continuará el próximo 18 de diciembre a las 8:30 horas.

El 6 de septiembre pasado, el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) se declaró culpable de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude en una trama de corrupción acontecida durante su gobierno, conocida como caso Cooptación del Estado, por lo que fue condenado a 8 años de prisión, pero este lunes 30 de octubre se le impuso el pago de una multa de Q4.6 millones en reparación digna a favor del Estado de Guatemala.

Este miércoles, el Juzgado de Mayor Riesgo B resolvió que el exmandatario deberá pagar Q4.6 millones al Estado en reparación digna, debido a que se sometió a la figura de aceptación de cargos por los delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude en el mencionado caso de corrupción, cuya estructura habría recibido Q500 millones (unos US$63 millones) en comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de contratos en diversas instituciones estatales, según la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Detalles de la sentencia

Fraude

Dos años de cárcel conmutables más dos años por los agravantes de interese lucrativo y abuso de autoridad, dando en total cuatro años de prisión conmutables a razón de Q25 diarios, y aplicando el beneficio de reducción de la pena se rebaja a dos años de prisión conmutables razón de Q25 diarios.

Cohecho pasivo

Cinco años de prisión conmutables a razón de Q25 diarios y una multa de Q500 mil e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos mientras dura la condena. Al aplicar la reducción de la pena da como resultado dos años y seis meses de prisión conmutables a razón de Q25 diario y una multa de Q250 mil e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Lavado de dinero

Siete años de prisión inconmutables y una multa de Q 21 millones 169 mil 500 y una multa de US$3 millones 303 mil 250, pero al aplicar la reducción de pena que en tres años y seis meses de prisión conmutables a Q25 diario y una multa de Q10 millones 584 mil 750 y otra multa de US$1 millón 651 mil 625.

Otras sanciones

• Además, por la devolución y entrega del producto de los actos obtenidos de Cohecho pasivo el sentenciado debe cancelar Q25 mil
• Por la devolución y entrega del producto de los actos obtenidos de Fraude debe cancelar en favor del Organismo Judicial Q25 mil
• Por la devolución y entrega del producto de los actos obtenidos por el delito de cohecho en favor del Organismo Judicial pasivo Q25 mil
• También fue condenado al pago de costas procesales y al pago de una publicación de la sentencia en el Diario de Centroamérica.

El caso

El caso de corrupción en el que está vinculado Pérez Molina es conocido como Cooptación del Estado, que era una estructura incrustada en el Estado y que sirvió para que Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti se beneficiaran con millonarios sobornos a cambio de otorgar más de 70 contratos a diversas empresas.

Actualmente, Baldetti cumple dos condenas de 15 y 16 años por dos casos de fraude y corrupción en aduanas, cometidos durante su administración.

Además, Baldetti tiene pendiente una orden de extradición de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

El expresidente fue condenado en 2022 a 16 años de cárcel al haber sido hallado culpable en el caso de defraudación aduanera La Línea, donde además fue multado con Q8 millones.

Un juzgado de Guatemala condenó este miércoles 6 de septiembre a ocho años de prisión al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), ya encarcelado, en otro de los casos de corrupción que lo obligó a renunciar en 2015 y que, de acuerdo con sus declaraciones, su dimisión no fue empujada por las protestas ciudadanas de ese entonces.

La jueza Eva Recinos dictó la sentencia condenatoria luego de que el exgobernante aceptara la culpabilidad por los delitos de lavado de dinero y otros activos, cohecho pasivo y fraude.

“El acusado Otto Fernando Pérez Molina es autor responsable” de los tres delitos y se le impuso una condena de 16 años de cárcel, pero como se sometió al procedimiento especial de aceptación de cargos la pena se redujo a la mitad, precisó Recinos.

El exmandatario además deberá pagar una multa de más de US$3 millones.

La sentencia por el caso denominado “Cooptación del Estado”, vinculado con el saqueo de fondos públicos, es la segunda impuesta a Pérez Molina en menos de un año.

“Yo no renuncié por los movimientos que hicieron las manifestaciones que fueron a hacer, si la manifestación no llegó a más de 40 mil gentes, yo hubiera podido poner tres veces más de las 40 mil gentes”, dijo Pérez Molina respecto a los movimientos sociales que surgieron contra su gobierno.

El exmandatario recordó que un medio de comunicación hizo una encuesta sobre su renuncia y asegura que “el 54% de los guatemaltecos dijo que yo no debería de renunciar, que debería de terminar mi periodo; sin embargo, vine a dar la cara -a la justicia-, pero en estos 8 años me estoy dando cuenta de que la justicia aquí no solo es tardía, es maliciosa, es selectiva y está politizada”.

Agregó que “no tengo una sentencia firme después de 8 años, donde yo voluntariamente me presenté”; además, dijo que en el caso La Línea “me condenaron sin tener pruebas (…) me condenaron sin pruebas, me condenan por defraudación especial aduanera, se inventan el en complicidad, pero dicen que no me enriquecí, que no recibí dinero, entonces cómo así, es una sentencia realmente ridícula”.

Pérez Molina, un general retirado, ya fue condenado a 16 años de prisión inconmutables el pasado 8 de diciembre por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo B de la capital guatemalteca, adonde Pérez Molina se presentó con playera y saco negro. Tras la sentencia el expresidente nuevamente fue enviado a prisión.

“En el caso de fraude quiero manifestar que efectivamente yo soy el responsable de haber ordenado que se le diera el paso para la construcción” de una terminal en un puerto en el Pacífico, al sur de la capital, reconoció.

“Si yo cometí una omisión, error o delito, estoy aceptándolo, y lo estoy aceptando porque giré las instrucciones a las respectivas personas (…), pero en el camino pudo haberse cometido una serie de omisiones, acciones que llevaron a cometer el delito de fraude”, agregó.

Según la acusación, Pérez Molina integraba una estructura ilegal junto a su vicepresidenta Roxana Baldett para recibir millones en sobornos a cambio de otorgar más de 70 contratos a diversas empresas. Baldetti ya fue condenada en otros dos casos de corrupción.

Pérez Molina, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.

La Fiscalía destapó los casos de corrupción con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado entre 2007 y 2019.

El expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015) se declaró culpable este miércoles 6 de septiembre de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude en una trama de corrupción acontecida durante su gobierno, conocida como caso Cooptación del Estado, y fue condenado a ocho años de prisión.

Pérez Molina, de 72 años, decidió aceptar los cargos para poder obtener una reducción de penas por los delitos de los que se le acusa.

La extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señaló, en 2015, al expresidente de dirigir una estructura criminal que recibió Q500 millones (unos US$63 millones) en comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de contratos en diversas instituciones estatales.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de la jueza Eva Recinos, quien el martes 22 de agosto benefició al expresidente con arresto domiciliar y el pago de una fianza que le permitiría salir de prisión.

Pérez Molina le dijo a la jueza que estaba consciente de qué implica la aceptación de cargos y dijo que el se sometía a esta figura de forma voluntaria.

Luego la jueza le dio la palabra al exmandatario y este se declaró culpable de los tres delitos que le imputó el Ministerio Público, fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero.

“En el caso de fraude quiero manifestar que efectivamente yo soy el responsable de haber ordenado que se le diera el paso para la construcción de la terminal de contenedores TCQ, esto porque yo estaba consciente de la necesidad que había y que sigue existiendo del tiempo que se tardaban los barcos para descargar y eso le subía el costo a los guatemaltecos y consciente de eso yo sí tomé la decisión y por eso acepto eso, y si yo cometí una omisión, error o delito estoy aceptándolo, y lo estoy aceptando porque giré las instrucciones a las respectivas personas que tenían que ver en los puestos para que este proyecto se llevara a cabo, pero en el camino pudo haberse cometido una serie de omisiones, acciones que llevaron a cometer el delito de fraude”, dijo Pérez Molina.

Señaló que sindicatos y autoridades del Puerto Quetzal se oponían a un proyecto así, pero cuando él tomó posesión del cargo de presidente, ya ese puerto estaba intervenido y él permitió que siguiera así, pensando que con eso se agilizaría la construcción del proyecto.

Afirmó que él ordenó y dio seguimiento al proyecto, porque le interesaba que se llevara a cabo y no se estancara.

Reconoció que él se enteró de muchas cosas que sucedieron en el puerto hasta que lo acusaron del caso Cooptación del Estado y también que nombró a Juan Carlos Monzón para que facilitara las cosas en el proceso, pero ahora entiende que él excedió muchas cosas sin consultarlas, y por eso acepta que no dio supervisión, omitió otras y otras que no supervisión.

Dijo que en transcurso del proceso se cometieron ilegalidades, se dio dinero que no se tuvo que haber dado, pero que acepta que era responsabilidad suya.

En el caso de cohecho pasivo, dijo que está muy relacionado con el de fraude, pues la acusación dice que para autorizar la terminal de TCQ tuvo que permitir o no supervisar a Monzón, que hizo una serie de negociaciones que escaparon a su supervisión y por eso acepta el cargo.

Recordó que cada vez que el mayor accionista de la empresa vino al país, se reunió con él pero nunca hablaron de temas relacionados a dinero y allí fue donde no hubo supervisión de las anomalías que cometió Monzón.

“Acepto la responsabilidad porque debí estar enterado de que personas como Juan Carlos Monzón estaban haciendo estas cosas y yo no hubiera tenido la información o haber omitido o no haber supervisado que estas cosas se hubieran dado”, señaló Pérez Molina a la jueza.

Lavado de dinero

En este delito, Pérez Molina señaló que en la acusación se señala que él lavó dinero y que él no estaba allí para defenderse sino para aceptar los cargos, y que independientemente lo que dijera la acusación y que él pudiera justificarse, lo que sí podía decir es que todo lo que pasó fue por omisiones que él tuvo y falta de supervisión a las personas como Monzón.

Detalles de la sentencia

Fraude

Dos años de cárcel conmutables más dos años por los agravantes de interese lucrativo y abuso de autoridad, dando en total cuatro años de prisión conmutables a razón de Q25 diarios, y aplicando el beneficio de reducción de la pena se rebaja a dos años de prisión conmutables razón de Q25 diarios.

Cohecho pasivo

• Cinco años de prisión conmutables a razón de Q25 diarios y una multa de Q500 mil e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos mientras dura la condena. Al aplicar la reducción de la pena da como resultado dos años y seis meses de prisión conmutables a razón de Q25 diario y una multa de Q250 mil e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Lavado de dinero

• Siete años de prisión inconmutables y una multa de Q 21 millones 169 mil 500 y una multa de US$3 millones 303 mil 250, pero al aplicar la reducción de pena que en tres años y seis meses de prisión conmutables a Q25 diario y una multa de Q10 millones 584 mil750 y otra multa de US$1 millón 651 mil 625.

Otras sanciones

• Además, por la devolución y entrega del producto de los actos obtenidos de Cohecho pasivo el sentenciado debe cancelar Q25 mil
• Por la devolución y entrega del producto de los actos obtenidos de Fraude debe cancelar en favor del Organismo Judicial Q25 mil
• Por la devolución y entrega del producto de los actos obtenidos por el delito de cohecho en favor del Organismo Judicial pasivo Q25 mil
• También fue condenado al pago de costas procesales y al pago de una publicación de la sentencia en el Diario de Centroamérica.

El caso

El caso de corrupción en el que está vinculado Pérez Molina es conocido como Cooptación del Estado, que era una estructura incrustada en el Estado y que sirvió para que Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti se beneficiaran con millonarios sobornos a cambio de otorgar más de 70 contratos a diversas empresas.

Actualmente, Baldetti está cumpliendo dos condenas de 15 y 16 años por dos casos de fraude y corrupción en aduanas, cometidos durante su administración.

Además, Baldetti tiene pendiente una orden de extradición de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

El expresidente fue condenado en 2022 a 16 años de cárcel al haber sido hallado culpable en el caso de defraudación aduanera La Línea, donde además fue multado con Q8 millones.

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Otra condena

En 2022, Pérez Molina fue condenado a 16 años de prisión por un caso de defraudación aduanera ocurrida entre 2012 y 2015, conocido como “La Línea” y el cual provocó la caída de su Gobierno.

Durante el Gobierno de Pérez Molina, la Cicig descubrió al menos una decena de organizaciones criminales incrustadas en el Estado y desató una inédita lucha contra la corrupción entre 2015 y 2019, que permitió la condena de empresarios y funcionarios por diversos delitos.

Hace ocho años fue detenido Jonathan Chévez, y fue señalado de lavar dinero a estructuras dirigidas por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti cuando gobernaron el país.

El Ministerio Público (MP) ha vinculado a Chévez en los casos Cooptación del Estado, Transurbano y Bodegón, y por medio de sus abogados ha objetado los señalamientos con acciones legales logrando resoluciones a su favor en dos procesos.

La Corte de Constitucionalidad en febrero pasado resolvió un amparo en favor de Chévez en el que ordena que no sea procesado penalmente por financiamiento electoral no registrado debido a que esa figura delictiva no estaba vigente cuando se consumaron los hechos según las pesquisas de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

La semana pasada, el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal cumplió la orden del tribunal constitucional. La Feci pidió a la jueza Segundo Penal, Sara Yoc, reformar el delito y la juzgadora no lo hizo debido a que justificó que la resolución constitucional no lo ordenó. Yoc en esa audiencia dictó libertad a Chévez debido a que era el único delito por el que estaba siendo señalado.

Este lunes 29 de mayo, Chévez acudió a la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo B, con la juzgadora Eva Recinos.

Los abogados defensores pidieron que se otorgara medidas sustitutivas y Recinos le otorgó arresto domiciliario, arraigo, prohibición de comunicarse con coimputados del caso, y caución de Q1 millón, la cual deberá pagar en plazo de 15 días.

Al sindicado le hace falta solventar su situación en el caso.

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Tercer caso

Los abogados defensores de Chévez tienen previsto pedir medidas sustitutivas en el caso El Bodegón, el tercer proceso por el que aún se mantiene en prisión.

En este caso, Chévez fue enviado a juicio en marzo de 2017 por asociación ilícita, contrabando aduanero en delito continuado y alternativamente por el delito de lavado de dinero.

William Anthony Schwank López, ligado al expresidente Otto Pérez, condenado en diciembre a 16 años de cárcel por encabezar una millonaria red de fraude que le costó el puesto en 2015.

Schwank López, de 57 años, es reclamado por la justicia de su país por “formar supuestamente parte de un grupo criminal junto con el expresidente Otto Pérez Molina y la que fuera vicepresidenta Roxana Baldetti, para cometer múltiples delitos”, indicó en una nota de prensa la Audiencia Nacional, alta jurisdicción en Madrid a cargo de las extradiciones.

Según el tribunal, al empresario, detenido en febrero pasado en Madrid a solicitud de Guatemala, se le atribuye haber formado parte, entre 2012 y 2015, del “grupo criminal” liderado por los entonces presidente y vicepresidenta del país, que buscó “obtener beneficios económicos ilícitos” a través de la construcción de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal.

Por dicho proyecto, obtendrían una comisión tanto el presidente y la vicepresidente del país como el equipo de la Empresa Portuaria Quetzal, de la que formaba parte Schwank López, agregó la Audiencia Nacional.

Tanto el general retirado Otto Pérez como la exvicepresidenta Roxana Baldetti fueron condenados en diciembre a 16 años de cárcel por liderar la red criminal de fraude en las aduanas.

Según la investigación, el monto por los sobornos recibidos por la estructura ascendió a unos US$3.5 millones, mientras que el monto defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi US$10 millones durante la operación entre 2013 y 2015.

El caso de corrupción provocó indignación y protestas callejeras que desembocaron en la renuncia de Pérez, en septiembre de 2015. Días después, fue encarcelado.

La Audiencia Nacional española celebró una vista sobre el pedido de extradición a Guatemala por su supuesta implicación en un caso de sobornos por el que fueron procesados el expresidente de este país Otto Pérez Molina (2012-2015) y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Tras manifestar no tener claros los hechos por los que se le reclama, Schwank López advirtió de una convulsa situación política en su país y de que “el juez Gálvez” que instruyó la causa por la que se pide su entrega se encuentra huido desde octubre pasado.

Los fiscales que estaban “a cargo de las acusaciones”, prosiguió, uno también está en busca y captura y el otro detenido.

“Tengo miedo al mecanismo politizado de Guatemala”, señaló por su temor de que “puede llegar otra revancha” dependiendo del resultado de las elecciones de este año en su país, al temer por su vida y porque no tendrá un juicio justo.

Asimismo, recordó que se puso a disposición judicial en España, con su “colaboración” con los fiscales del denominado caso Villarejo y su declaración ante el juez como testigo, “porque la oportunidad de ser escuchado no la iba a tener en Guatemala”.

Su abogado criticó la “ausencia” de definición de los hechos por los que se le reclama y denunció la “lamentable” situación de las prisiones en Guatemala, con “grave riesgo” para su seguridad “tras colaborar con autoridades españolas en un procedimiento espejo”, algo por lo que aseguró que su defendido recibió amenazas.

La Fiscalía, por contra, entiende que se dan los requisitos para la entrega, al no ver motivación política ni considerar prescritos los delitos, que en España serían análogos a los de pertenencia a organización criminal, cohecho y fraude.

El empresario es reclamado por haber supuestamente recibido sobornos del naviero español Ángel Pérez Maura, investigado en un caso contra José Villarejo, un excomisario de la Policía española imputado en varios procesos.

A Pérez-Maura se le atribuye el pago de 10 millones de euros al excomisario para evitar su extradición, que finalmente se rechazó, tras ser acusado en Guatemala de sobornar al Gobierno guatemalteco con 30 millones de dólares para que favoreciera a su naviera Grup Maritim TCB.

La comisión se pagó supuestamente entre 2012 y 2015 al expresidente y a la exvicepresidenta, entre otros, al parecer para que la naviera, a través de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal, obtuviera de forma ilícita la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal.

Por estos mismos hechos, Guatemala pide la entrega de Schwank López, detenido hace un año en Madrid, al que se le acusa de haber recibido 900.000 dólares “por gestionar los trámites para que se adjudicara ilícitamente la concesión del proyecto”.

El caso

El 15 de abril de 2016 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ahora exitnta, y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público, revelaron un caso de corrupción que vinculaba al entonces presidente, Otto Pérez Molina y a la exvicemandataria, Roxana Baldetti.

Según la Cicig, Pérez y Baldeti, y otras 15 personas eran sindicados de participar en la firma de un contrato irregular -a cambio de sobornos-, entre la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal.

Estas personas eran sindicadas por un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas en la que se iba a edificar la nueva terminal.

El proyecto contemplaba un desarrollo de tres fases con una inversión de por lo menos  US$255 millones.

Se suponía que TCQ dotaría al Puerto Quetzal de instalaciones con avances tecnológicos y de seguridad con lo cual se garantizaría eficiencia y productividad en la operación de contenedores.

El viernes 31 de diciembre de 2022 será recordado como la fecha en que el alemán Joseph Aloisius Ratzinger, quien pasó a convertirse en Benedicto XVI, falleció a los 95 años.

Actualmente el cuerpo del papa emérito reposa en uno de los féretros que se encuentra en la capilla ardiente, previo a la misa funeral que se llevará a cabo el 5 de enero, y que será oficializada por el Papa Francisco.

A raíz de la noticia del fallecimiento, se ha empezado a recapitular la actividad que tuvo Benedicto mientras fungió como Papa desde el 19 de abril de 2005 hasta su renuncia el 28 de febrero de 2013.

Uno de los capítulos que llamó la atención de los guatemaltecos fue la reunión que tuvo Benedicto XVI con el expresidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, quien actualmente está condenado a 16 años de prisión por corrupción.

Esto ocurrió el 16 de febrero de 2013, doce días de que Benedicto renunciara al cargo de Papa, y ocurrió en una audiencia en el Vaticano.

Otto Pérez Molina, de hecho, fue el último representante de América Latina que visitó al que en ese entonces era jefe de la iglesia católica en el Vaticano.

https://www.youtube.com/watch?v=2jVtAWrPWfo

De acuerdo a la edición de Prensa Libre lanzada el 17 de febrero de 2013, la reunión entre Pérez Molina y Benedicto fue de 25 minutos y a puerta cerrada, en donde el exmandatario guatemalteco y el jefe católico hablaron de los problemas que pasaba Guatemala en ese entonces, como el narcotráfico y la migración.

https://www.youtube.com/watch?v=t5VP6-3v2oY

“Sigo la situación de Guatemala y conozco los graves problemas de las drogas”, dijo el Papa Benedicto XVI.

“A lo largo de las conversaciones se ha constatado la necesidad de proseguir la colaboración para resolver los dramas sociales de la pobreza, del narcotráfico, de la criminalidad organizada y de la emigración”, prosiguió el Vaticano en un comunicado.

Luego de la audiencia, Pérez Molina le entregó a Benedicto tres regalos: una imagen en plata de la Virgen del Rosario, patrona de Guatemala, tallada por escultores nacionales, un rosario de jade y el libro Contemplaciones, Cultura y arte de la Semana Santa en Guatemala.

A su vez, Benedicto la hizo entrega al expresidente de un medalla en oro de su pontificado y un aguafuerte de una vista de la plaza de San Pedro del Vaticano y la columnata de 1666, que fue obra de Lievin Cruyl, de Gante, Bélgica.

Otto Pérez Molina comentó en aquella ocasión que tenía previsto invitar a Benedicto a visitar el país, pero debido a su próxima renuncia, le dijo que le transmitiera la invitación a su sucesor.

Un tribunal de Guatemala accedió este martes 20 de diciembre reducir la fianza impuesta al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), condenado a 16 años de prisión por corrupción, para que pueda optar por una medida sustitutiva, mientras el fallo en su contra queda en firme.

La defensa de Pérez Molina logró que el Tribunal de Mayor Riesgo “B” redujera de Q13 millones a Q10.4 millones la fianza que se le otorgó en noviembre del 2021 para salir de la prisión en la que se encuentra desde hace siete años por el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea.

El expresidente decidió solicitar la reducción el año pasado, aduciendo que no cuenta con fondos para cancelar el monto original impuesto por el tribunal.

Aunque Pérez Molina fue condenado a 16 años de prisión el pasado 8 de diciembre por dirigir la estructura de defraudación aduanera que operó entre 2012 y 2015, el fallo en su contra aún no ha quedado en firme y por eso podría optar por la fianza.

En caso de que la condena quede en firme, Pérez Molina deberá permanecer en prisión y la fianza quedaría sin efecto.

Además, el exmandatario, de 72 años, tiene pendiente otro proceso penal, en el cual es acusado de supuestamente recibir comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de más de 70 contratos en diversas instituciones estatales.

El caso La Línea fue develado en abril de 2015 por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y provocó la caída del Gobierno del ahora condenado Pérez Molina.

Este caso se considera emblemático en el país centroamericano ya que fue el primero de una serie de investigaciones lideradas por la Cicig que dieron a conocer diversas estructuras criminales incrustadas en el Estado de Guatemala.