La ausencia del Estado de Guatemala en materia de Justicia, educación y salud mantienen “invisibles” y “sin derechos” a miles de niñas y adolescentes que cada año son víctimas de abuso y violencia sexual en el país centroamericano.

Así lo afirma Mirna Montenegro, directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), en una entrevista con Efe sobre la situación que viven las mujeres en Guatemala.

“Si hablamos de niñas víctimas de violencia sexual, están invisibles, desprotegidas, sin esperanza y sin derechos“, explicó Montenegro, doctora especializada en salud pública y reproductiva, además dirigente de la organización no gubernamental desde 2008.

Dicho observatorio, integrado principalmente por facultades médicas universitarias y mujeres salubristas, visibiliza periódicamente el aumento de nacimientos registrados en niñas y adolescentes de 10 a 19 años en todo el territorio guatemalteco.

Durante los primeros ocho meses de 2022, la organización ha registrado 1 mil 448 nacimientos de embarazos de niñas menores de 14 años violadas en Guatemala, es decir casi cinco diarios.

Según el análisis de la doctora Montenegro, de esas 1 mil 448 niñas abusadas, solo en el 3 % de estos casos el abusador será procesado, pero sin certeza de una sentencia condenatoria.

“El problema es que en Guatemala hemos avanzado en el tema de la denuncia, pero no en la Justicia, porque el 97 % de las denuncias en el marco de violencia sexual se queda en la impunidad“, explicó Montenegro.

La doctora ejemplifica el atraso en Justicia con el caso de “Angelina”, una niña indígena que dio a luz gemelos producto de una violación en 2019 y el Organismo Judicial de Guatemala programó el juicio contra el abusador para agosto del 2025, seis años después de los hechos.

En las áreas rurales

La mayoría de los casos de niñas y adolescentes embarazadas se concentran en zonas rurales de Guatemala, como en Alta Verapaz, donde 5 mil 337 menores de 19 años se convirtieron en madres durante 2022, según el observatorio.

En dicha región, muchas niñas son violadas por sus familiares directos o por los dirigentes de las fincas donde están asentadas las comunidades mayas q’eqchi’ a las que pertenecen, según reveló el trabajo de campo realizado por la doctora Montenegro.

“Alta Verapaz parece un sistema de señores feudales y esclavos. Muchas familias viven en fincas y los capataces piensan que las niñas son parte de su posesión. Hemos encontrado casas donde hay dos o tres niñas víctimas de violencia sexual que además están cargando con un bebé”, resaltó la experta.

Los efectos de la violación y la maternidad forzada pueden llegar a destruir los proyectos de vida de las víctimas al grado de considerar el suicidio, advierte la experta.

“En la vida de las niñas afecta totalmente, hasta llegar al intento de suicidio. En 2020 tuvimos cinco suicidios de adolescentes menores de 19 años embarazadas“, explicó la salubrista.

Escasa inversión en educación y salud

En 2021, los Ministerios de Educación y Salud de Guatemala firmaron la carta “prevenir con educación”, que los compromete a garantizar que en escuelas y centros de salud exista personal capacitado en educación integral en sexualidad y prevención de violencias.

Sin embargo, en febrero de este año, diputados oficialistas impulsaron una iniciativa de ley que intentaba prohibir la educación sexual en las escuelas del país centroamericano.

A criterio de la doctora Montenegro, la agenda política de los congresistas guatemaltecos representa un “retroceso en derechos humanos”.

Además, la salubrista advierte que el presupuesto público que el Gobierno de Guatemala, presidido por Alejandro Giammattei, busca aprobar para el 2023 impactará negativamente en proyectos de salud preventiva.

“El presupuesto para 2023 reducirá Q4 millones (US$500 mil) del programa de vacunación contra el virus del papiloma humano que es para prevenir el cáncer de cérvix. El nuevo presupuesto no alcanzará para vacunar a las niñas de entre 10 y 14 años” advierte la doctora Montenegro.

Agregado a ese contexto, en la actualidad el único apoyo económico estatal destinado para niñas víctimas de violencia sexual es el “programa vida”, un bono de Q1 mil 500 anuales (US$190), administrado por el Ministerio de Desarrollo Social.

“En Guatemala hemos avanzado en el registro de víctimas, pero nos falta mucho para garantizar los derechos de las niñas y reconocer la violencia sexual como una emergencia médica”, concluyó Montenegro.

Según datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala (OSAR), solo en los dos primeros meses de 2022, 12 mil 379 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años dieron a luz en todo el país. Una cifra que se elevó hasta 72 mil 077 en 2021.

“La situación de embarazos forzados en Guatemala es escalofriante, especialmente en el caso de las niñas. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Las políticas no están del lado de las niñas, así que este flagelo trunca sus proyectos de vida y no hay acciones concretas de parte del Estado para frenarlo. Más bien, esto se vuelve un factor fabricador de pobreza”, explica a Efe el oficial senior de programas de Planned Parenthood Global en Guatemala, José Ros Silvestre.

El especialista señala que la mayoría de estos embarazos, empezando por los de las niñas de 10 a 14 años, son producto de la violencia sexual que sufren, especialmente dentro de su hogar o comunidad. “En 2018 hubo 5 mil 680 denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes, 16 por día, y en 2019 se registraron 7 mil 365 niñas que se habían convertido en madres”, agrega.

Mirna Montenegro, directora de OSAR, cree que los casos de violencia sexual pueden ser mucho mayores. “Los promedios a veces esconden las realidades de algunos departamentos. Al año hay 2 mil 400 nacimientos de niñas o niños cuyas madres tienen menos de 14 años. Y el covid-19, la violencia, el hacinamiento, menos acceso a servicios y menos acceso a denuncias también ha hecho que la violencia sexual se incremente”, subraya.

“Epidemia” de embarazos forzados

Montenegro sostiene que los embarazos forzados se han convertido en una “epidemia” tal y como refleja el “incremento desmedido” que ha habido en los 14 años que OSAR lleva realizando estos monitoreos en el país.

Solo entre 2015 y 2019, las cifras de embarazos en niñas y adolescentes aumentaron de 103 mil 937 a 114 mil 858, según datos recopilados por la organización.

Estos embarazos, explica Ros Silvestre, se registran “tanto en niñas que viven en áreas urbanas como en las áreas rurales”. “Esto es porque hay patrones culturales, sociales, religiosos y económicos que hacen que se perpetúe la violencia hacia ellas”, agrega.

Ambos especialistas coinciden en que, pese a avances legislativos y normativos, los problemas se centran en el nulo acceso a la Justicia y a la educación sexual integral.

“Aún es un tabú hablar sobre la sexualidad con los niños, las niñas y las adolescentes. Hay comunidades en donde es considerado pecado hablar sobre sexualidad, entonces no conocen su cuerpo, cómo funciona y tampoco tienen herramientas para reconocer si alguien está vulnerando sus derechos”, dice el representante de Planned Parenthood Global.

Además, “los servicios integrales de salud sexual y reproductiva están ausentes sobre todo en el área rural. Estas barreras de acceso a la educación y a la salud forman un caldo de cultivo peligrosísimo para la violencia contra las mujeres y las niñas y limitan su posibilidad de acceder a una reparación digna”, agrega.

Según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las niñas y mujeres son aún más vulnerables a la violencia sexual cuando los espacios en los que viven están controlados y disputados por las pandillas y el narcotráfico.

Con respecto al acceso a la Justicia, la directora de OSAR asegura que solo el 2 % de los casos llegan a una sentencia: “Y no es que todo sea condenatorio, muchas veces los dejan en libertad”. Con el otro 98 % “es como si no pasara nada. No cambia la vida de la niña, no hay un proceso de investigación”, añade.

El caso de Fátima

La normalización de la violencia y los obstáculos antes expuestos han impedido que supervivientes como Fátima, violada por un profesor cercano a su familia cuando tenía 12 años y obligada a tener al bebé, puedan conseguir justicia y acceder a un aborto para no convertirse en madres cuando aún son niñas.

“Ha sido un proceso muy difícil porque el sistema de justicia está muy sucio. Desde que puse la denuncia siempre tuve una respuesta negativa porque ¿cómo una niña iba a denunciar a su profesor? Todo surge de la desconfianza que se le tiene a la palabra de una niña porque es niña”, explica a Efe Fátima.

La joven, que gracias al apoyo de organizaciones no gubernamentales ha logrado rehacer su vida, vivió en carne propia la discriminación que existe hacia las menores que quedan embarazadas, pese a ser víctimas de violencia sexual.

“Cuando utilicé el servicio público de salud (los médicos) me hicieron comentarios que atentaban contra mi integridad. En el sistema educativo también sufrí bullying. Yo no podía estudiar porque no estaba casada y porque iba a ser madre”, recuerda.

Rememora que, además, dentro de la Fiscalía se perdía la evidencia que llevaban sus abogadas y que la información se filtraba para favorecer al agresor, que nunca fue detenido.

“Fue un proceso que marcó mi vida porque a una corta edad tuve que ser madre y no lo pedí. Me costó mucho comprender que (el bebé) era parte de mí, a pesar de que no lo quise desde un inicio. No me gustaría que más niñas pasen por esto y por eso he decidido alzar la voz”, afirma.

Su caso, que es el de miles de niñas que son abusadas y quedan embarazadas cada año en la región, ha llevado a Guatemala ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Los sueños se rompen

Los embarazos forzados “rompen los sueños” de las niñas y adolescentes y muchas veces hasta sus vidas, remarca Fátima.

“Muchas de estas niñas y adolescentes que quedan embarazadas toman la decisión de suicidarse, pero no es una decisión individual, es colectiva porque implica ir cerrándoles la posibilidad de llevar a cabo sus proyectos de vida”, confirma Ana Lucía Ramazzini, investigadora de Flacso Guatemala, que lideró un estudio denominado “Vidas silenciadas”.

Entre los hallazgos más importantes del informe se encuentra el “continuum de violencia” que sufren las mujeres a lo largo de su vida. “La mayoría de ellas vivió violencia con las parejas con las que estuvieron involucradas o con familiares cercanos. Las violan desde los cuñados hasta los padrastros”, dice Ramazzini.

No obstante, la ausencia de datos concretos sobre los suicidios de embarazadas ha impedido que se conozca el panorama real. “La última información que tuvimos del Ministerio de Salud es que entre 2020 y 2021 hubo 14 casos de muerte materna por suicidio, la misma cantidad de casos que nosotras documentamos en una década, entre 2009 y 2019. Esto sigue dándose y no podemos dejar de verlo”, agrega la investigadora.

Según el estudio, los embarazos derivados de la violencia sexual provocan ansiedad, desesperación, y la sensación de estar “encerradas sin salida”, ante la imposibilidad de poder acceder al aborto.

En Guatemala, la ley permite una interrupción del embarazo por razones terapéuticas, para evitar un riesgo a la vida de la mujer. A pesar de eso, las niñas siguen arriesgando sus vidas con embarazos forzados, sin una respuesta adecuada del Estado.

Un futuro de resistencia

Montenegro cree que la situación no va a cambiar en los próximos años ya que, asegura, “los antiderechos han encontrado tierra fértil” en Guatemala.

Un ejemplo de ello, dice, es su reciente declaración como “Capital Iberoamericana Provida” dentro de un congreso cristiano en el que participó el presidente Alejandro Giammattei, y la aprobación de una polémica ley denominada “Para la Protección de la Vida y la Familia”, que días después fue archivada por el Congreso. La normativa buscaba combatir el aborto y prohibir el matrimonio igualitario.

Pero, aunque ya está archivada, José Ros cree que la sociedad civil “tendrá que mantener la atención y la vigilancia para evitar cualquier retroceso o intento de reactivar” la iniciativa.

“Ahora lo que nos toca es resistir. No habrá avances, pero tampoco retrocesos. Tenemos que seguir con los marcos legales que tenemos y siempre señalando el tema de la prevención de la violencia y de las situaciones que viven las niñas que ponen en riesgo su vida”, concluye Montenegro.

De acuerdo con el Observatorio de Salud Sexual y Reproductivo (OSAR), del 1 de enero al 30 de junio pasado 57 mil 578 mujeres de entre 10 y 19 años resultaron embarazadas en el país centroamericano.

El informe de esta institución no gubernamental da cuenta que 2 mil 737 niñas de 10 a 14 años fueron preñadas en el primer semestre de 2021, mientras que la cifra ascendió a 54 mil 841 adolescentes de 15 a 19 años.

De los 22 departamentos que tiene el país, los que registraron más embarazos en menores de 19 años fueron Huehuetenango (7 mil 303), Alta Verapaz (6 mil 517), Quiché (5 mil 237) y San Marcos (4 mil 398), en donde predomina la población indígena, y a los que se suma Guatemala, que incluye la capital, con 4 mil 95.

Por el contrario, en los departamentos que menos casos de menores embarazadas se contabilizaron fueron en El Progreso y Zacapa, ambos ubicados en el este del país, con 585 y 712 embarazados, respectivamente.

El OSAR precisó que 10 niñas de 10 años fueron embarazadas, 43 de 11 años, 119 de 12, y otras 504 de 13 años.

Según el Observatorio, en los primeros cinco meses de este año 30 mil 421 mujeres menores de 19 años se convirtieron en madres.

De acuerdo con el OSAR, en 2021 un total de 90 mil 936 niñas y adolescentes resultaron embarazadas y de ellas al menos 54 mil 422 fueron madres.

La ley guatemalteca establece que “se comete una violación cuando la víctima sea persona menor de 14 años o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva”, como señala la normativa contra violencia sexual, explotación y trata de personas.

El delito de violencia contra la mujer es el más cometido anualmente en Guatemala, un país de 16,3 millones de habitantes, según datos del Ministerio Público (MP, Fiscalía).

El objetivo de la campaña es hacer conciencia sobre la importancia de prevenir los embarazos en niñas y adolescentes, así como las enfermedades de transmisión sexual, principalmente el VIH.

Otro tema que se trabaja con los docentes es sobre el uso correcto de los preservativos, pues es una de las formas más seguras de prevenir los embarazos y las enfermedades de transmisión sexual.

Los organizadores de la campaña hacen un llamado a los maestros para que transmitan esos conocimientos a sus estudiantes, pues muchos de ellos se exponen a esas situaciones debido a la falta de orientación.

 Casos de embarazos en niñas y adolescentes siguen en incremento en Joyabaj, Quiché | 09Sep

Según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), en Chiquimula, hasta el 31 de agosto del 2019, se habían reportado 122 casos de embarazos en niñas y adolescentes, una cifra “alarmante” que podría ser producto de la falta de educación sexual en el departamento.

De acuerdo con los reportes del Osar, en el departamento se documentaron tres embarazos en niñas de 11 años; seis de 12; 47 de 13; y 66 de 14. Para los expertos en el tema, esos números son alarmantes, pues demuestran el grado de vulnerabilidad en el que se encuentra ese sector de la población.

Cerca de un millón

Los datos de la población censada en el 2018 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que en Guatemala hay 965 mil 631 mujeres de 17 años y menos que tienen al menos un hijo, lo que deja en evidencia que, pese a que el Código Penal establece que tener relaciones sexuales con menores de 14 años es un delito esto sigue ocurriendo.

Temen aumento de muertes maternas y embarazos en menores

En números absolutos, el departamento de Guatemala es el que presenta más niñas y adolescentes madres, aunque esto no necesariamente refleja la realidad, debido a que este departamento tiene la mayor cantidad de población del país.

Hasta el 3 de julio de este año se habían registrado dos mil 116 embarazos y registros de nacimiento de madres de entre 10 y 14 años, según el reporte del Osar.

Victoria Maldonado, secretaria técnica del Osar, dijo que hace 10 años abrieron las oficinas en ese departamento, pero años después fueron cerradas, y ante la problemática por la que atraviesa Alta Verapaz creen que es el momento de retomar el trabajo.

“Creemos que Alta Verapaz necesita de las estrategias que impulsa el observatorio. Es importante recordar que el departamento tiene altos índices de muertes maternas y de embarazos en niñas y adolescentes”, dijo Maldonado.

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Maldonado señaló que gracias al Osar y la presión de la sociedad civil establecieron 10 hogares maternos, pero necesitan implementar una estrategia de sostenibilidad y de atención en ellos.

Además, comentó que el observatorio implementa el uso de Misoprostol para reducir las muertes maternas, como parte de una estrategia comunitaria que incluye el tema del parto domiciliar o atendido por comadronas.

“El medicamento de alguna manera ayuda a que las mujeres expulsen rápido la placenta, porque resulta que el departamento tiene un 40 por ciento de parto atendidos por comadronas”, indicó.

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Luis Castellanos, de la gerencia de provisión de servicios del área de Salud, dio a conocer que otro tema que les preocupa es la mortalidad materna, ya que a la fecha se tienen registrados 23 decesos.

“Lo ideal sería llegar a cero muertes, pero comparado con agosto del 2018 tenemos una reducción, ya que a estas fechas teníamos en alrededor de 40 decesos. Osar es un aliado estratégico, se relaciona con nosotros en temas de salud reproductiva, puntualmente con embarazos, mujeres en edad fértil y el problema de muerte materna. Más que un observador y fiscalizador es un aliado que detecta algunas debilidades que tenemos, por lo que, se trabaja coordinadamente para reducir esas brechas”, indicó Castellanos

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Además, Castellanos mencionó que hay varias causas que provocan las muertes maternas y que es difícil disminuir el riesgo al mínimo.  Entre los factores que mencionó se encuentran el acceso  a los servicios de salud en comunidades alejadas, la tardanza en la identificación de signos y señales de peligro y falta de planes de emergencia para el traslado oportuno de las pacientes a un servicio de salud.