El Juzgado de Mayor Riesgo D emitió una orden de captura contra el exministro de Comunicaciones José Luis Benito, por el delito de lavado de dinero.

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, confirmó que se pidió la orden de captura por el hallazgo de los Q122 millones en un inmueble de Antigua Guatemala.

Asimismo, el Ministerio Público (MP) publicó un comunicado en el que informa que a partir de indicios en dicha diligencia que vinculaban a un exfuncionario público con la posesión del inmueble comenzó una serie de diligencias para documentar dicha relación.

“A partir de ahí se pudo establecer la relación contractual entre la sociedad desarrolladora del proyecto habitacional y una segunda sociedad compradora del inmueble”, informa el ente investigador.

“La segunda sociedad (compradora del inmueble) otorgó el mismo, en arrendamiento con opción de compra al exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda del gobierno del expresidente Jimmy Morales Cabrera, José Luis Benito Ruiz, aproximadamente un mes después de haber cesado sus servicios en la administración pública”, continúa el comunicado.

Es decir, el inmueble en donde se localizaron los Q122 millones, estaba en posesión de Benito Ruiz.

“El anonimato asociado con el dinero en efectivo lo hace muy atractivo para las actividades ilegales y el crimen al no dejar rastro en el sistema financiero, debiendo tener en cuenta en el caso particular, la manera en que fue localizado, y apenas nueve meses después de que dicha persona terminó sus funciones en una posición de primer nivel en la administración pública en el gobierno del expresidente Jimmy Morales”, señaló el MP.

Para capturar a Benito Ruiz se realizaron cuatro allanamientos, dos en la Ciudad de Guatemala y dos en Escuintla, pero el exfuncionario no fue ubicado.

De esa cuenta, “inmediatamente se hará la gestión para generar difusión roja internacional para ubicación y/o localización, independientemente de que fue emitida orden a las autoridades migratorias, para el arraigo de José Luis Benito Ruiz”, agrega el ente investigador.

Además, la Feci continúa investigando la ruta del dinero ubicado, así como la posible asociación con otros actores.

La orden de detención es por supuestas irregularidades en la compra de un edificio en zona 5.

En conferencia de prensa, el MP informó el viernes 13 de septiembre, que el Juzgado Undécimo Penal ordenó la captura de Aldana por los delitos de fraude y abuso de autoridad.

La exfiscal, quien se encuentra fuera del país desde marzo de este año, se pronunció ante la acusación que en su contra y según ella, se trata de una “venganza” por el trabajo que efectuó con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Aldana escribió el mensaje en su cuenta oficial de Twitter en la madrugada de este sábado 14 de septiembre.

Personas inocentes son perseguidas por el Estado capturado, es venganza por el trabajo que hicimos con Cicig para liberar a Guatemala de la mafia !! La mafia no ha triunfado, habrá verdad no se cuando, pero habrá justicia!!

— Thelma Aldana. Guatemala. (@ThelmaAldana) September 14, 2019

El Juzgado Undécimo Penal firmó, a solicitud del Ministerio Público (MP), la orden de captura contra Thelma Aldana, exfiscal general de 2014 a 2018, por supuestas irregularidades en la compra del edificio de la zona 5 por Q35 millones. Los delitos son abuso de autoridad y fraude.

Según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, a través de dos empresas de Sinibaldi se tenía que pagar el servicio de agentes de seguridad para el Transurbano. Estos servicios se pagaron pero nunca se brindaron.

La Feci estableció que las empresas, propiedad Alejando Sinibaldi, eran de cartón.

Se trata de Seguridad ASA, S.A. y Servicios Marítimos Aéreos del  Norte, S.A., que recibieron Q978 mil 794 que debían ser utilizados para contratar a los agentes de seguridad.

Durante las investigaciones, el MP encontró cheques con esos pagos, declaraciones testimoniales y documentos que vinculan a Sinibaldi con esas sociedades.

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Sinibaldi, quien fue ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Otto Pérez Molina, era diputado por el Partido Patriota cuando utilizó esas empresas para sustraer dinero del Estado.

Por esa razón, el  Juzgado Undécimo de Instancia Penal emitió una nueva orden de captura por lavado de dinero contra el ex funcionario, quien ya acumula varios procesos de corrupción en su contra.

Hasta el momento, Sinibaldi, quien continúa prófugo, es señalado en los casos Odebrecht, Construcción y Corrupción y La Cooperecha.

La última ubicación documentada que la fiscalía tuvo de Sinibaldi fue registrada en Italia entre el 2016 y 2017, desde entonces, las autoridades dicen desconocer su paradero.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, aseguró que analizarán el caso de Roberto Arzú, candidato presidencial de la coalición PAN – Podemos, para establecer si puede continuar en la contienda electoral.

El análisis que hará el pleno de magistrados se debe a una orden de captura girada en contra del presidenciable por una deuda millonaria. En este caso se determinaría si Roberto Arzú cumple con el artículo 113 de la Constitución.

Roberto Arzú es requerido por la justicia norteamericana

La orden de captura en contra de Arzú fue dictada por una corte en Miami. El candidato presidencial fue demandado por Juan José Rendón, un estratega político, y quién reclama el pago de un monto de  US$ 6,160,594.22, con los intereses, unos Q46.8 millones, al tipo de cambio de referencia del Banco de Guatemala.

Arzú fue citado a comparecer ante el tribunal el pasado 4 de abril, pero él no acudió. Eso motivó que la jueza hiciera la petición a los Sheriff — autoridad policial política de esa ciudad para que detengan al candidato presidencial.

“Ella no tiene inmunidad en este momento, las inmunidades aplican desde el momento en el que se autorizan, no previamente”, señaló el funcionario.

“Todas las órdenes de aprehensión previas tienen vigencia por encima de ese momento”, agregó.

El funcionario indicó que tienen conocimiento de que Aldana se encuentra en San Salvador, aunque dijo que por medidas de precaución no podía revelar la dirección exacta.

Explicó que la orden de captura no tiene alcances internacionales, así que hay que esperar hasta que regrese al territorio guatemalteco.

El funcionario también habló de la movilización e los Jeeps J8 a la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) y reiteró que fue una operación que se desarrolló en conjunto con el Ministerio de Defensa.

“Hacemos una evaluación de con qué velocidad y manejo logístico ponemos en conjunto”, afirmó.

Al ser consultado de por qué se hizo un día después de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunciada la suspensión de transferencia de equipos y capacitación de fuerzas de tarea, indicó que ya se tenía programado y que se ha especulado mucho con la información.

“No hay retiro de ayuda… el apoyo de Estados Unidos a Guatemala nunca ha sido mejor que en estas condiciones actuales. Estados Unidos está muy claro que su socio principal en esta región en la lucha antinarcótica es Guatemala “, aseguró.

Respecto al mal uso de los vehículos que señaló el gobierno estadounidense, dijo que es una interpretación que ellos no comparten.

Juan Domingo Pérez Flores, de 53 años fue capturado en el interior de la oficina de Antecedentes Policiales, ubicada en la colonia El Panorama Lote 15 “B” sección “D” de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Pérez es candidato a la alcaldía de Antigua Guatemala por el partido Movimiento Semilla y fue detenido por una orden de captura del 2014 que tenía en su contra por el delito de Resistencia a la acción fiscalizadora de la SAT. Esto alertó a los agentes de la PNC para realizar su detención y conducción al Juzgado de Paz de Sacatepéquez.

El sindicado aseguró que se sintió sorprendido por la acción, debido que nunca fue notificado de algún problema legal.

Proclamado candidato

El domingo 3 de marzo, Juan Domingo Pérez, fue proclamado como candidato a la alcaldía de la ciudad colonial. Es constructor, activista social y ha sido crítico de la actual administración municipal que preside Susana Asencio.

Se pronuncian

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“Ordeno la emisión de las órdenes de captura a nivel nacional e internacional” del expresidente Funes y otras 14 personas más, señaló un tribunal de San Salvador divulgada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Tanto el expresidente como las otras 14 personas no presentaron abogados para su defensa en una audiencia celebrada el pasado 11 de junio.

La órden de captura del expresidente se expide por “la probable comisión de los delitos calificados provisionalmente como peculado y lavado de dinero y activos (…), en perjuicio de la administración pública y del orden socioeconómico”, indicó la resolución del juzgado Quinto de Paz.

Además de Funes, el juzgado ordenó la captura de la actual pareja del expresidente, Ada Michell Guzmán, y de sus hijos Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velásco, quienes también se encuentran asilados en Nicaragua.

El pasado 11 de junio, el juzgado Quinto de Paz ordenó la detención provisional de otras 17 personas relacionadas con el caso de Funes, entre ellas la exprimera dama Vanda Pignato, quienes están acusadas de peculado y lavado de dinero y activo en perjuicio de la administración pública.

El juzgado ordenó la inmovilización de cuentas bancarias, incautación de bienes inmuebles y vehículos de Funes y los otros acusados.

El expresidente se asiló en Nicaragua por considerarse un perseguido político en El Salvador, lo cual ha sido rechazado por el fiscal general, Douglas Meléndez.

De acuerdo con la Fiscalía, Funes habría lavado unos 10 millones de dólares mediante transacciones efectuadas por sus hijos o familiares de su pareja.

Parte de esa cifra fue lavada en transacciones como compra de automóviles, depósitos a empresas de comunicaciones, pagos de tarjetas de crédito o depósitos en efectivo a cuentas bancarias de familiares o allegados, según la Fiscalía.

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