Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), se declaró este martes 14 de diciembre en Nueva York culpable de blanqueo de dinero y soborno en el caso de la constructora brasileña Odebrecht.

Al igual que ya lo hizo el pasado 2 de diciembre su hermano, Luis Enrique, admitió haber participado en una conspiración para pagar en Panamá más de 28 millones de dólares en sobornos.

Según el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, esta pedirá una pena de entre 108 y 135 meses de cárcel para Ricardo Alberto; la defensa, por su parte, renunciará a apelar la sentencia si esta es igual o menor a los 151 meses de cárcel (12 años y medio)

El juez Raymond Dearie -el mismo que lleva el caso de Luis Enrique- leerá la sentencia de Ricardo Alberto el próximo 13 de mayo, aunque el abogado de la defensa de los Martinelli ya anunció hoy que pedirá adelantar ese veredicto.

Además, adelantó que solicitará que el juez le aplique como pena máxima el tiempo que él ya ha pasado en prisión a contar desde el 12 de julio de 2020, cuando los dos hermanos fueron arrestados en Guatemala al tratar de huir de ese país en un avión privado.

Ricardo Alberto, que llegó el viernes pasado a Nueva York tras ser extraditado desde Guatemala, está acusado, al igual que su hermano, de participar “en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht a un funcionario de alto rango en ese entonces del Gobierno de Panamá, que era un pariente cercano de los acusados”.

La compañía Odebrecht fue condenada en 2017 en un tribunal de Nueva York por el pago de 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.

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Los pagos se hicieron en relación con “más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”, según los documentos del tribunal. EFE

El 2 de diciembre, Luis Enrique Martinelli Linares, de 39 años, se declaró culpable en un tribunal federal de Nueva York de blanqueo de dinero en una trama relacionada con la constructora brasileña Odebrecht.

Luis Enrique Martinelli Linares fue detenido junto a su hermano Ricardo Alberto en el aeropuerto internacional de La Aurora en Guatemala el 6 de julio de 2020a petición del Gobierno estadounidense cuando intentaban abandonar territorio guatemalteco en un avión privado con destino a Panamá.

El 4 de febrero de 2021 fueron acusados oficialmente por la Fiscalía estadounidense de participar en una trama de sobornos y blanqueo de dinero.

Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), se declaró este sábado 11 de diciembre inocente en Nueva York de cinco cargos por blanqueo de dinero y soborno en el caso Odebrecht, aunque el martes tiene previsto cambiar esa declaración por la de culpable, como ya hizo su hermano Luis.

Martinelli Linares llegó el viernes a Nueva York tras ser extraditado desde Guatemala, y de inmediato el fiscal del Distrito Este de Nueva York ordenó su detención.

Durante la audiencia de hoy, de unos 45 minutos, y que se requiere por ley se haga en un periodo de 72 horas, se le informo al juez Robert Levy del acuerdo y la fiscalía pidió que se le mantuviera detenido.

El juez dijo que había “estado pensando mucho” en este caso y luego de escuchar argumentos de la fiscalía federal y la defensa ordenó que el panameño continué detenido “por el riesgo de fuga” dado los recursos económicos e influencias políticas con que cuenta.

La defensa de Martinelli propuso a la corte que su cliente pagara US$4.5 millones en fianza para que permaneciera en arresto domiciliario y aseguró al magistrado que no tenía intenciones de fugarse, lo que el juez rechazó.

Recordó también al juez que pese a haberse declarado inocente hoy, Martinelli Linares tiene un acuerdo con la fiscalía que mantendrá para declararse culpable en la audiencia del martes, en esta misma corte.

Ricardo Alberto fue arrestado el 6 de julio de 2020 en Guatemala cuando intentaba abandonar el país en un avión privado junto a su hermano, quien tras declararse culpable el pasado 2 de diciembre ante la misma corte de Nueva York espera ahora una sentencia de hasta 20 años de cárcel, que será dictada en mayo próximo.

El Gobierno de Estados Unidos los acusa del blanqueo de US$28 millones.

Al momento de declarase culpable, Luis Enrique reconoció de viva voz en la corte que junto a su hermano Ricardo Alberto y otras personas, cuyos nombres no especificó, conspiró para establecer cuentas bancarias fuera del país.

La trama de blanqueo de dinero en la que están implicados los hermanos Martinelli Linares está relacionada con pagos de la constructora brasileña Odebrecht a políticos y cargos gubernamentales panameños, similares a los realizados en una decena de países latinoamericanos para ver favorecidos sus negocios.

Los dos hermanos fueron detenidos a solicitud de Estados Unidos y por más de 17 meses los hermanos fueron encarcelados en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala, en el noreste de Ciudad de Guatemala, hasta sus respectivas extradiciones a Estados Unidos.

La fiscalía recordó que en junio del 2020, cuando los hermanos vivían en Estados Unidos, escaparon a Bahamas y que de allí viajaron a Guatemala con sus credenciales diplomáticas, argumento que la defensa rechazó asegurando que no había ninguna orden que les obligara a permanecer en este país.

El 4 de febrero de 2021 fueron acusados oficialmente por la fiscalía estadounidense de participar en una trama de sobornos y blanqueo de dinero.

La defensa también pidió hoy que el tiempo que su cliente permaneció en prisión en Guatemala sean tomados en cuenta al momento de dictarle sentencia, luego de que se declare culpable.

Ricardo Alberto Martinelli Linares requerido era requerido en EE. UU. bajo cargos de lavado de dinero por la trama Odebrecht.

El hijo mayor del expresidente panameño partió a EE. UU. este 10 de diciembre con rumbo a Nueva York para unirse a su hermano, Luis Enrique Martinelli Linares, extraditado el pasado 15 de noviembre, según confirmaron fuentes oficiales.

Ricardo Alberto fue arrestado el 6 de julio de 2020 en Guatemala cuando intentaba abandonar el país junto a su hermano, quien ya se declaró culpable el pasado 2 de diciembre de las acusaciones en su contra ante una corte de Nueva York.

Junto a Martinelli Linares también fueron extraditados este viernes a Estados Unidos Iram Adonis Mérida y los hermanos Haroldo Lorenzana Cordón y Marta Julia Lorenzana Cordón, los tres bajo cargos de narcotráfico.

Tanto Martinelli Linares como las otras tres personas extraditadas fueron trasladados a la sede de la Fuerza Aérea Guatemalteca bajo fuertes medidas de seguridad a primera hora de la mañana, para ser entregados a las autoridades estadounidenses y posteriormente enviados vía aérea a EE. UU.

Rumbo a Nueva York

Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 42 años, se unirá en Nueva York con su hermano, Luis Enrique Martinelli Linares, de 39, quien el pasado 2 de diciembre se declaró culpable en un tribunal federal de Nueva York por blanqueo de dinero en una trama relacionada con la constructora brasileña Odebrecht.

La sentencia en contra de Luis Enrique será el 20 de mayo del próximo año cuando el juez Raymond Dearie dicte la sentencia, que podría ser de un máximo de 20 años.

Para Ricardo Alberto podría ser el mismo camino, después de que los hermanos fueran detenidos en Guatemala el 6 de julio de 2020 cuando intentaban abandonar el país centroamericano en un avión privado, tras casi un año de paradero desconocido.

La aprehensión de ambos se llevó a cabo a solicitud de Estados Unidos y por más de 17 meses los hermanos fueron encarcelados en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala, en el noreste de Ciudad de Guatemala, hasta su respectiva extradición a Estados Unidos.

Según la acusación de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, los Martinelli Linares son responsables del delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto, entre 2009 y 2015, por casi 28 millones de dólares.

Los hermanos intentaron inicialmente a toda costa evitar su extradición a Estados Unidos en 2020, pero en los últimos meses cambiaron su estrategia. Precisamente el expresidente panameño Ricardo Martinelli dijo el pasado 15 de octubre que quería que sus dos hijos detenidos en Guatemala fueran pronto a EE.UU. para “demostrar” su inocencia.

“Yo quisiera que mis hijos fueran lo más rápido posible a los Estados Unidos porque ellos tienen que demostrar su inocencia allá”, declaró el expresidente a periodistas en Panamá.

La estancia de los hijos del expresidente Martinelli en Guatemala incluyó un presunto plan para fugarse de la prisión del cuartel militar, según denunció a principios de julio el ministro de Gobernación (Interior), Gendri Reyes, supuestamente alertado por agencias de seguridad de países amigos.

Sin embargo, el 23 de agosto pasado el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, aseveró en una entrevista con un medio panameño que nunca se pudo comprobar el supuesto intento de escape de los hermanos.

La trama Odebrech

La constructora brasileña Odebrech empleó unos 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos, políticos y partidos políticos en Panamá y otros once países del mundo para obtener y mantener negocios para la empresa.

El 21 de diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable en el distrito Federal de Brooklyn (Nueva York) y fue condenada en 2017 al pago de esa misma cantidad.

Los sobornos se hicieron en relación con “más de cien proyectos en doce países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”, según los documentos del tribunal.

“Los activos decomisados incluyen una cantidad considerable de fondos mantenidos en bancos suizos, que habrían sido excepcionalmente difíciles de recuperar sin el acuerdo de los hermanos Martinelli de declararse culpables y tomar medidas afirmativas para facilitar el acceso de los Estados Unidos a estos fondos”, indicó una carta de su defensa en EE.UU., a la que este martes tuvo acceso Efe.

Los hermanos Martinelli, “en previsión de un posible acuerdo de culpabilidad, dieron su consentimiento por separado para la liberación y transferencia de casi 1,7 millones de dólares en fondos para el gobierno de EE.UU. hace más de tres meses”, indicó la misiva, suscrita por el abogado defensor James G. McGovern, del despacho Hogan Lovells US LLP.

El pasado 1 de noviembre, el fiscal Breon Peace, del Distrito Este de Nueva York, ordenó la incautación de un total de 1.697.478 dólares de las cuentas de Luis Enrique Martinelli y Ricardo Alberto Martinelli.

La carta de McGovern está dirigida a la jueza de primera instancia del Distrito Este de Nueva York, Marcia M. Henry. Tiene fecha de ayer 15 de noviembre, día en que Luis Enrique fue extraditado por Guatemala, donde junto a su hermano estuvo detenido 16 meses luchando contra la entrega a EE.UU. alegando su estatus diplomático por ser diputados al Parlamento Centroamericano.

Ricardo Alberto permanece detenido en Guatemala y se espera que pronto sea entregado a EE.UU., ya que renunció a la batalla legal para impedirlo.

En la carta dirigida a la magistrada Henry, el abogado McGovern plantea que Luis Enrique sea beneficiado con una fianza, y propone para ello, entre otros, “un bono de reconocimiento personal de 3 millones de dólares, garantizado por 1 millón en efectivo del Sr. Martinelli”.

Negociaciones con las autoridades de EE. UU.

El abogado McGovern explicó que en 2018 los hermanos Martinelli “comenzaron a reunirse voluntariamente con fiscales federales en relación con la investigación de los Estados Unidos”, pero que a mediados de 2020 “cometieron un error grave e irreflexivo” al salir de ese país e intentar llegar a Panamá “buscando reunirse con su familia y defenderse de los cargos panameños pendientes”.

En Panamá, los hermanos Martinelli están imputados por presunto blanqueo de capitales en un caso conocido como “Blue Apple”, y la Fiscalía también pidió llamarlos a juicio por el caso Odebrecht, una causa por la que su padre está imputado por lavado de dinero y tiene prohibición de salida del país.

Desde la prisión en Guatemala, los hermanos Martinelli “reanudaron las negociaciones para un acuerdo de culpabilidad que resolvería la investigación pendiente de Estados Unidos”.

Los hermanos Martinelli “acordaron viajar a los Estados Unidos desde Guatemala (…) para aceptar la responsabilidad por sus delitos (…) y proceder a la sentencia. A pesar de este compromiso (…) el gobierno se ha negado a discutir los términos de un paquete de fianza apropiado”, dijo McGovern.

La acusación

En una nota difundida por la Embajada de EE.UU. en Panamá se explicó que los hermanos Martinelli “se presume en la acusación y otras presentaciones judiciales que conspiraron con otros para lavar aproximadamente 28 millones de dólares en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht a un funcionario de alto rango en ese entonces del gobierno de Panamá, que era un pariente cercano de los acusados”.

Los sindicados fueron inicialmente acusados el 27 de junio de 2020 por medio de una denuncia penal”, fueron detenidos el 6 de julio de 2020 en Guatemala a pedido de Estados Unidos cuando intentaban salir de Guatemala en un avión privado, y el 4 de febrero de 2021 fueron acusados formalmente con cinco cargos.

La denuncia acusó a ambos sindicados “de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de encubrimiento de lavado de dinero; Luis Martinelli Linares también fue acusado de dos cargos de participación en transacciones de propiedad obtenida ilícitamente”, precisó la información estadounidense.

“La extradición de Luis Martinelli Linares al Distrito Este de Nueva York es un primer paso significativo para que rinda cuentas por supuestamente haber lavado millones de dólares en pagos de sobornos a través de cuentas bancarias en Nueva York y otros lugares. Combatir el soborno y el lavado de dinero extraditando y enjuiciando a actores extranjeros corruptos como Martinelli es una prioridad del Departamento de Justicia”, dijo el fiscal para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace.

Este lunes 5 de octubre, a puertas cerradas continuó la audiencia de primera declaración del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, en el Juzgado de Mayor Riesgo D por el caso Construcción y Corrupción.

Este día, Sinibaldi empezó a declarar luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad terminara hace una semana con la imputación por hechos de corrupción, que incluyen las irregularidades del caso Odebrecht.

El 16 de septiembre pasado, cuando el proceso aún no estaba en reserva, Sinibaldi dijo que el caso de construcción de la carretera CA-2 Oriente es muy similar al de Odebrecht y que en total se compararon 252 voluntades para otorgar proyectos a las constructoras Sigma y Conasa.

Sobre esa compra de voluntades se supone que empezó a declarar el exfuncionario.

Hace tres semanas Sinibaldi indicó que, en su experiencia, las constructoras Sigma y Conasa “son las Odebrecht de Guatemala”, en referencia a la constructora brasileña señalada de pagos y sobornos a políticos de Latinoamérica, incluida Guatemala, para obtener proyectos de construcción.

El exministro de Comunicaciones ha señalado al exministro de Cultura y Deportes, Luis Chea Urruela, como parte de quienes se reunieron con directivos de Odebrecht.

“En el hotel Presidente, de México, en una reunión en donde se abordó el tema del financiamiento electoral de esa campaña y donde hubo varios testigos, dentro de los cuales están; por ejemplo el exembajador -José Luis- Chea Urruela, el exembajador -Julio- Ligorría, y los candidatos” -en relación a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti que buscaban la Presidencia de Guatemala, expresó Sinibaldi el 16 de septiembre pasado.

El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, se entregó a la Justicia el 24 de agosto, luego de haber permanecido prófugo desde el 2016.

El Cristo del Pacífico fue inaugurado el 29 de junio de 2011 sobre una colina de Chorrillos, en la costa del sur de Lima, por el entonces presidente Alan García y financiado por la constructora brasileña Odebrecht, ambos protagonistas de un escándalo de corrupción que salpica también a otros tres exmandatarios peruanos.

Hace unas semanas, una ONG inició una campaña para que el monumento sea retirado.

“(Pedimos) retirar el monumento Cristo del Pacífico, llamado ‘Cristo de lo robado o Cristo de Odebrecht’, porque es un símbolo de la corrupción, que fue donado por Marcelo Odebrecht” a Alan García, dijo Cristhian Rojas, líder del colectivo “Es Momento”.

“Es imposible que éste se mantenga como parte del espacio público de la ciudad”, asegura el activista.

Desde que Odebrecht se volvió sinónimo de corrupción en Perú, el monumento es una piedra en el zapato del gobierno. La empresa admitió que pagó millonarios sobornos para ganar obras públicas bajo diversos gobiernos, incluido el segundo de García (2006-2011).

De acrílico y concreto, el monumento de 37 metros de altura costó US$800 mil.  Fue financiado mayoritariamente por Odebrecht y García aportó US$30 mil.

“Es un Cristo similar al de Corcovado al que he denominado Cristo del Pacífico. Congregué un grupo de amigos y empresas y también he puesto mis ahorros, porque quisiera que sea una figura que bendiga al Perú”, dijo entonces García.

Cuando fue inaugurado, un mes antes de finalizar el mandato de García, la brasileña se aprestaba a poner en marcha la Línea 1 del Metro de Lima, obra por la que, ahora se sabe, pagó siete millones de dólares en sobornos para ganar la licitación.

“No hay recursos”

La ONG envió al gobierno su solicitud de retirar el monumento un mes después del suicidio de García, quien se disparó en la sien el 17 de abril cuando iba a ser detenido en el marco de una investigación acusado de recibir dádivas de Odebrecht.

El petitorio fue acompañado de 4 mil 700 firmas de ciudadanos que pedían el retiro del monumento.

Sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, el gobierno de Martín Vizcarra respondió diciendo que carece de presupuesto para retirar la polémica estatua.

El gobierno “no cuenta con recursos suficientes para solventar los gastos que demandaría el desmontaje y traslado del monumento”, dice un oficio enviado el 10 de julio por la Presidencia del Consejo de Ministros a la ONG.

Rojas dice que su ONG no busca demoler el monumento, sino reubicarlo en un recinto religioso.

Muy poco visitado, no exhibe placa alguna que señale que fue donado por Odebrecht.

Además, luce descuidado y sucio, en notable contraste con el brillo de dos monumentos militares a héroes de la guerra contra Chile (1879-1883) ubicados a unos 200 metros.

Silencio de obispos

Los activistas de “Es Momento” han evitado chocar con la iglesia, en un país mayoritariamente católico y conservador.

“No es nuestra intención demolerlo o atacar el aspecto religioso del monumento, sino atacar el simbolismo de la corrupción”, enfatiza Rojas. “García utilizó una imagen religiosa para limpiar un símbolo de corrupción”.

Cuando fue instalado, el papa Benedicto XVI envió un mensaje de congratulación. A su vez, el ultraconservador cardenal peruano Juan Luis Cipriani instó a los fieles a convertirlo “en objeto de peregrinación de miles de personas”, algo que no ha ocurrido.

Pero ahora los obispos han preferido guardar silencio sobre el pedido de la ONG.

“El tema es delicado”, explicó una fuente de la Conferencia Episcopal.

En cualquier caso, el monumento cosecha también simpatías entre gente común.

“Pienso que debe quedarse porque desde que se instaló esa obra, muchas familias vienen, sobre todo en verano, a pasar un momento para disfrutar el paisaje”, dice el taxista Elio Olázabal.

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Hernández fue denunciado por la titular del referido Juzgado, la jueza Erika Aifán, quien también lo denunció ante el Régimen Disciplinario del Organismo Judicial y la Cámara Penal.

La denuncia es por porque hay chats que revelan que el señalado tomaba fotos de resoluciones y las compartía con abogados

En la denuncia la jueza Aifán explica que se “Quebranta el principio de lealtad procesal”.

Hernández habría compartido imágenes de resoluciones en casos como Construcción y Corrupción fase uno y dos que involucra al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.

También el caso Odebrecht, que es la investigación por el pago de US$18 millones en sobornos para conseguir el contrato de ampliación de una carretera que es la principal vía de acceso del país hacia el sur de México y a El Salvador.

El señalado habría compartido resoluciones del caso Caja de Pandora, por posibles actos de corrupción en la municipalidad capitalina.

Según la denuncia, también se habría filtrado información en el caso Huista y Mesoamérica.

Con información de Kenneth Monzón

Yanes Guerra fue detenido en el km 70 de la ruta al Atlántico, por una orden de captura por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos, según detalló este sábado la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público.

Según los detalles brindados por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Yanes Guerra estaba prófugo desde febrero del 2018, luego de haber sido citado dos veces a los juzgados para aclarar su situación legal.

URGENTE Detienen a Pablo Yanes Guerra, por lavado de dinero y asociación ilícita. El Ministerio Público lo señala de estar vinculado al caso #Odebrecht. Estaba prófugo desde febrero del 2018, fue capturado en Guastatoya.

— Verónica Orantes (@VeronicaOrants) May 25, 2019

Según la investigación del Ministerio Público, Pablo Mauricio Yanes Guerra habría coordinado con un funcionario de la constructora Odebrecht las transferencias de los sobornos para el expresidenciable Manuel Baldizón.

Su declaración era un intento de defenderse ante la investigación de la que era sujeto por la trama Odebrecht. “Lo que tengo es absolutamente fruto de mi trabajo”, añadió.

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Sin embargo, después de estas afirmaciones, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar (10 días) para el exmandatario.

Y cuando llegaron a detenerlo en su casa en Lima, este miércoles, García se disparó en la cabeza y murió poco después en un hospital.

García, que gobernó de 1985 a 1990 y luego de 2006 a 2011, era uno de los cuatro expresidentes peruanos vinculados con el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, además de Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Pero ¿de qué se le acusaba exactamente?

Metro de Lima

La Fiscalía peruana investigaba a García por presunto lavado de activos, colusión y tráfico de influencias.

Lo acusaba de recibir sobornos de Odebrecht para adjudicarle a la empresa brasileña la ejecución de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima, en 2009, en su segundo gobierno.

Las autoridades sostenían que recibió parte de este soborno en forma de un pago de US$100.000 por una conferencia en Sao Paulo.

El resto de los sobornos los habría recibido a través de los exfuncionarios de su gobierno Luis Nava y Miguel Atala.

Medios peruanos informaron este mes que Nava supuestamente recibió alrededor de US$4 millones de la Caja 2 de Odebrecht.

Además, García estaba acusado de recibir aportes de Odebrecht para las elecciones presidenciales de 2006.

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A inicios de 2018, Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, dijo a las autoridades peruanas que había entregado US$200.000 a la campaña de García, a través de Luis Alva Castro, otro miembro del APRA, el partido de ambos.

En noviembre de 2018 el Poder Judicial ordenó que se le impidiera al político peruano la salida del país por 18 meses.

Como respuesta, García solicitó asilo en la embajada de Uruguay en Lima, aduciendo una supuesta persecución política, pero en diciembre se lo negaron.

Desde entonces, el exmandatario enfrentó la investigación en su casa, en Lima.

Amplia trama

En 2017, Odebrecht declaró al Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó US$29 millones en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014 y obtuvo ganancias por US$143 millones.

Este periodo abarca los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

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Sobre Toledo pesan dos pedidos de prisión preventiva por supuestamente recibir US$20 millones en sobornos de Odebrecht, para adjudicarle la construcción de la carretera Interoceánica Sur.

Pero Toledo, que niega las acusaciones, se encuentra en EE.UU. y Perú ha pedido su extradición.

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que fue ministro de Economía durante el gobierno de Toledo, cumple un pedido de prisión preliminar desde el pasado miércoles.

También se le acusa de recibir sobornos por la construcción de la Interoceánica durante la gestión de Toledo, cargo que él rechaza.

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Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, también están siendo investigados por supuestamente recibir US$3 millones de Odebrecht para la campaña presidencial de Humala de 2011.

Pero ambos enfrentan el proceso en libertad.

La excandidata presidencial Keiko Fujimori cumple 36 meses de prisión preventiva mientras la investigan por supuestamente recibir US$1 millón de Odebrecht para su campaña presidencial de 2011, en la que perdió frente a Humala.

García que se debatía entre la vida y la muerte este miércoles en un hospital de Lima, tras dispararse un tiro en la cabeza en momentos en que era detenido, murió pese a los intentos de salvarle la vida.

El cerco de la investigación Odebrecht comenzó a estrecharse de manera apremiante sobre la figura de García a fines de año pasado, cuando fracasó en su intento de conseguir asilo en Uruguay para eludir la investigación de la fiscalía por supuesta corrupción.

En noviembre había ingresado a la embajada uruguaya en Lima, donde solicitó asilo alegando “persecución política”, pero Montevideo rechazó su pedido y al cabo de 16 días tuvo que marcharse a su casa.

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Fue la primera vez en una prolífica carrera política de cuatro décadas que el líder socialdemócrata peruano, hoy muy impopular en su país, enfrentó aprietos judiciales.

Nacido en Lima el 23 de mayo de 1949, su vida familiar fue igualmente azarosa. Padre de seis hijos de tres relaciones diferentes, también tiene un nieto. Estaba residiendo hasta el año pasado entre Lima y Madrid, donde vivía su actual pareja con su hijo menor.

 Profesión: sobreviviente

A pesar de la impopularidad que arrastró luego del desastre económico de su primer gobierno (1985-1990), ganó la presidencia nuevamente en 2006 al frente del APRA, el partido más antiguo y sólido de Perú.

En 2006 su reelección se pudo explicar porque tuvo como rival en segunda vuelta al militar nacionalista Ollanta Humala, identificado con el entonces gobernante venezolano Hugo Chávez.

García fue el mal menor, dijo entonces el premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa.

Los analistas consideraron que su resurrección política se debió, además, a sus extraordinarias cualidades como candidato, que le permitieron contrarrestar los fantasmas de su primer gobierno y mostrarse como alguien más reposado y sin esos arranques impulsivos que llevaron a que alguna vez lo llamaran “Caballo Loco”.

“Sólo Dios y los imbéciles no cambian”, señaló García para reforzar su mea culpa y su metamorfosis al dejar de ser promotor de la intervención estatal en la economía y abrazar el libre mercado.

Su primera gestión había dejado una nación en una profunda crisis económica y moral. Su política económica estuvo marcada por un severo control del tipo de cambio, la estatización de la banca y una inflación anual de más de 7.600% en 1990.

Exilio y regreso

Por otro lado, la violencia terrorista del grupo maoísta Sendero Luminoso alcanzó sus picos durante su primer gobierno, que fue acusado tanto de ineficiencia como de excesos en la lucha antisubversiva, incluso con la formación de escuadrones de la muerte.

Pero estas acusaciones, al igual que los cargos de corrupción que quiso endilgarle el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), quedaron en nada.

Perseguido tras el autogolpe de Fujimori en 1992, García pidió asilo en Colombia y luego en Francia, regresando a Perú en 2001 cuando todas las acusaciones en su contra habían prescrito.

En su segunda presidencia, de 2006 a 2011, se adaptó a la vigente economía neoliberal de la que había renegado en su primer gobierno y logró borrar los malos recuerdos que dejó.

No obstante, la sombra de la corrupción lo siguió persiguiendo, al igual que entonces.

Las encuestas venían mostrando en los últimos meses que Alan García es el político más impopular de Perú, con un rechazo de 80%.