La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos (Oacnudh) recomendó al Estado de Guatemala investigar el uso excesivo de la fuerza en la jornada de manifestaciones y que dejó heridos en la Plaza de la Constitución y calles aledañas.

Oacnudh comunicó en sus redes sociales que reconoce el derecho a la manifestación pacífica que tuvo lugar el 21 de noviembre frente al Parque Central y diferentes departamentos del país.

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Asimismo, recomendó que se cumpla el debido proceso de las personas que fueron detenidas “con especial énfasis en dos adolescentes” que fueron capturadas por las fuerzas de seguridad.

.@Oacnudh_GT ha documentado, en el ejercicio de su mandato, las manifestaciones del día de ayer y reconoce el ejercicio de manifestación pacífica que mayoritariamente tuvo lugar en la Plaza de la Constitución de la ciudad de Guatemala y en diferentes municipios del país. 1/4 pic.twitter.com/wbIJN0Dexf

— OACNUDH Guatemala (@Oacnudh_GT) November 22, 2020

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El pronunciamiento de Oacnudh se suma al del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, quien hizo un llamado al Estado de Guatemala para garantizar el derecho a la manifestación pacífica.

El relator dijo que tuvo conocimiento de la detención de una fotógrafa que documentaba la protesta y recordó que “cualquier detención que se base exclusivamente en el hecho de estar en una protesta desconoce estándares internacionales de libertad de expresión”.

Hacemos un llamado al Estado de Guatemala para garantizar el derecho a la manifestación pacífica.@PNCdeGuatemala debe aplicar protocolos de actuación claros que garanticen el uso de la fuerza de forma excepcional bajo los principios de absoluta necesidad y proporcionalidad.

— Pedro Vaca V. (@PVacaV) November 21, 2020

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OEA se pronuncia

Por su parte, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un pronunciamiento este que inicia reconociendo “los esfuerzos del gobierno de Guatemala por un diálogo inclusivo que facilite el entendimiento de todos los sectores de la vida nacional”.

Luego enfatiza que el presupuesto 2021 de ingreso y egresos del Estado debe garantizar los máximos compromisos” del gobierno y del Congreso” en transparencia, rendición de cuentas, lucha contra la corrupción y desnutrición infantil.

Respecto a las manifestaciones, la OEA dijo que reconoce el derecho a la protesta, “pero no existe un derecho al vandalismo”.

Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la situación política de Guatemala
https://t.co/mMXPXisy8A

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) November 22, 2020

Abro hilo de algunas imágenes/vídeos de lo que está pasando en Guatemala… pic.twitter.com/8w9t9Rw8Pw

— Ciro (@Ciro1709) November 22, 2020

“Esta reforma significaría una total impunidad para todos aquellos involucrados en violaciones verdaderamente horrendas, incluidos crímenes de lesa humanidad”, advirtió la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Si se aprueba esta reforma, representaría un drástico retroceso para los derechos de las víctimas a la justicia y para el Estado de Derecho en Guatemala”, expresó haciendo referencia a que el contenido actual de la ley ha sido base legal para los juicios.

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También manifestó su preocupación ante la posibilidad de que al aprobarse la normativa pueda haber represalias contra las víctimas, testigos, jueces e incluso organizaciones que han promovido la justicia por los delitos del pasado.

“Reabrirá viejas heridas y destruirá la confianza de las víctimas en el Estado y sus instituciones”, aseguró.

36 años de guerra

La Ley de Reconciliación Nacional ha estado en vigor desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 y ha sido reconocida internacionalmente como un modelo legislativo de la lucha contra la impunidad de serios abusos y graves violaciones a los derechos humanos.

Durante los 36 años que duró el conflicto armado interno (1960-1996) 250 mil personas murieron o fueron desaparecidas.

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Un tema que aún es sensible para cientos de familias es la desaparición de sus seres queridos durante el conflicto, específicamente en la época de los años ochenta, en el que miles de personas fueron detenidas y posteriormente desaparecidas acusadas de subversión por parte de las fuerzas represivas del Estado.

Quienes promueven la iniciativa aseguran que es necesario un perdón por los 36 años de conflicto armado interno, para que organizaciones dejen de lucrar con la guerra.

“Nosotros los soldados no somos matones ni asesinos, combatimos terroristas. Únicamente defendimos a Guatemala”, argumentó el diputado oficialista Estuardo Galdámez.

Entre los oponentes está la familia Molina Theissen, que en 2018 vio cumplirse su sueño de justicia por la desaparición del adolescente Antonio Molina Theisse y la detención ilegal y violación de su hermana Emma Guadalupe, ocurrida en 1981.

Por este caso fueron condenados cinco militares a 33 y 58 años de cárcel, entre ellos el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García.