“La realidad es que seguimos todavía en la necesidad de cambios más radicales. Cambios estructurales que permitan asegurar que no van a repetirse hechos como estos”, dijo la argentina Liliana Valiña, representante del OACNUDH en Guatemala, durante la presentación de un informe sobre las secuelas del siniestro.

Valiña explicó que después del incendio, las autoridades guatemaltecas adoptaron algunas estrategias de protección, pero “no han sido suficientes” y deja latente la posibilidad de que una tragedia similar vuelva a ocurrir en la red de refugios para menores con orden judicial de protección.

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El 8 de marzo de 2017, 41 niñas murieron y 15 resultaron heridas al desatarse un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en la periferia este de Ciudad de Guatemala.

Según las investigaciones, las adolescentes, que denunciaron abusos sexuales y que habían intentado escapar la noche anterior, incendiaron colchonetas apiladas en un salón donde fueron encerradas para protestar por los malos tratos en el albergue.

Al descontrolarse el fuego, las menores suplicaron salir pero la puerta estaba bajo llave.

El Estado guatemalteco ha “hecho esfuerzos pero se necesita mucho más”, agregó Valiña, quien destacó la decisión de activar una mesa de alto nivel de diferentes instituciones para atender a los menores institucionalizados. Sin embargo, lamentó que con el paso del tiempo, la intensidad de las acciones ha decaído.

Sobre el incendio, la funcionaria de la ONU señaló que las autoridades habían recibido múltiples alertas que no fueron escuchadas, como denuncias de trata de personas, abusos sexuales y violencia en el centro.

“Se parecía más a una cárcel que a un hogar” para menores, comentó sobre el refugio que fue clausurado después del incendio.

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Por la tragedia en el Hogar Seguro, tres autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia fueron destituidas y enfrentan un proceso judicial.

Al final de la presentación del informe, las familias de las menores víctimas presentaron una carta para exigir justicia y pedir que se sepa “la verdad antes y después” del siniestro.