En medio de la protesta de varios diputados de oposición porque no se les otorgó el uso de la palabra, el pleno del Congreso inició la aprobación de las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, luego de tramitar en su primer debate la iniciativa.

Las reformas pretenden ampliar los techos de compras sin licitación para las municipalidades específicamente, para que los jefes ediles puedan hacer compras mediante esta modalidad hasta por Q2 millones.

La propuesta recién fue dictaminada por la Comisión de Finanzas el pasado lunes 14 de noviembre, y agendada el martes por la Instancia de Jefes de Bloque para tramitarse este miércoles 16 en su primera lectura, por lo que necesitará de dos sesiones más para que se decida si se aprobará.

Tras finalizar la lectura de la iniciativa de ley, el primer vicepresidente de la Junta Directiva, Carlos López Maldonado, llamó a la discusión, pero inmediatamente el cuarto secretario Aníbal Rojas señaló que no había discusión, por lo tanto se tramitó en su primer debate, mientras diputados de oposición pedían el uso de la palabra.

Al finalizar la lectura de la siguiente iniciativa en el orden se dio la palabra al diputado Juan Carlos Rivera, de Victoria, quien a su criterio la forma en la que se leyó la reforma fue “sigilosa” y cuestionó que no se les haya dado la palabra.

“La Junta Directiva negó la discusión de esta ley tan importante, como es la Ley de Contrataciones, y aunque el secretario (Rojas) lea de manera sigilosa para que no entienda la población que es lo que se está discutiendo en el pleno, lo leen y le bajan el volumen para que los diputados se hagan los desentendidos y no sepa la prensa y no se sepa el guatemalteco qué es lo que se está discutiendo”, argumentó.

El parlamentario además criticó las obras que se incluyeron en el Presupuesto 2023 que se aprobó la semana pasada y que serán ejecutados en año electoral.

Tras concluir la argumentación se revisó el quorum y se levantó la sesión, pero la reforma a la Ley de Contrataciones del Estado avanzó en su primera lectura.

¿Qué contempla la propuesta de reformas?

De aprobarse la normativa, si la comuna y empresas municipales no reciben ofertas en un plazo determinado para la compra de bienes, obras o suministros por medio de cotizaciones, se podrá realizar una compra directa hasta por Q2 millones.

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Además, la normativa establece que el alcalde, gerente o funcionario a cargo de la empresa municipal podrá autorizar compras por montos que no superen los Q2 millones, ya que si existen montos por arriba de esta cantidad tendría que ser autorizado por el Concejo.

La propuesta también que las compras de baja cuantía ya no sean de hasta Q25 mil para las comunas, sino de hasta Q100 mil. Mientras que las compras directas pasen a ser de entre Q100 mil y Q200 mil, ya que actualmente son de entre Q25 mil y Q90 mil.

La iniciativa también reduce el plazo para la recepción de ofertas desde que se publica en Guatecompras hasta el día fijado para la presentación de las propuestas, que actualmente es de 40 días y se acorta a 20 para las comunas.

Esta reforma se intenta aprobar mientras se realizan enmiendas a la propuesta de Ley de Adquisiciones que busca aumentar los techos para compras directas para todo el sector público.

Cacif se pronuncia

El Cacif emitió un comunicado en el que indica que “luego de una revisión exhaustiva de lo contenido en la iniciativa de Ley 6065, que busca reformar la Ley de Contrataciones del Estado, se han detectado algunas falencias que, lejos de garantizar equilibrio en el sistema, lo pondrían en mayor riesgo”.

La Corte de Constitucionalidad (CC) publicó este jueves 17 de marzo, en el Diario de Centro América el expediente 556-2022 en el que decretó suspensión provisional de varios incisos de la Ley de Arbitrio de Ornato Municipal y el Reglamento de la Ley de impuesto sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, Acuerdo Gubernativo 134-2014.

En la publicación de la CC se menciona que se tiene a la vista para resolver la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general, parcial, que planteó el abogado Mario Estuardo Archila Maldonado, con el objetivo de impugnar tres incisos de dos normativas que exigen presentación de Boleto de Ornato para realizar trámites relacionados con vehículos.

Primera petición

La primera petición es contra el inciso d) del artículo 12 de la Ley de Arbitrio de Ornato Municipal, Decreto 121-96 del Congreso de la República, que dice la obligatoriedad de presentar el Boleto de Ornato en los siguientes casos.

• a) Tomar de posesión de cargos o empleos públicos, debiendo consignarse en el acta respectiva el cumplimiento de tal obligación.
• b) Obtención de cédula de vecindad, inscripción de nacimientos, matrimonios, inscripción de extranjeros residentes y registro de títulos y cualquier otro trámite municipal que requiere tal obligación.
• c) Obtención de pasaporte
• d) Obtención de placas de circulación o calcomanías de vehículos automotores, cuando éstos pertenezcan a personas individuales
• e)  Obtención o renovación de licencias de conducir vehículos automotores
• f) Trámites administrativos o judiciales en general.

La petición es para impugnar el inciso d, que exige dicho boleto para la obtención de placas de circulación o calcomanías de vehículos automotores, cuando éstos pertenezcan a personas individuales.

Segunda petición

La segunda impugnación que se presentó es contra el numeral 7, del artículo 4 del Reglamento de la Ley de impuestos sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos del Acuerdo Gubernativo 134-2014 del presidente de la República, que exige el Boleto de Ornato, en caso de persona individual, para la primera inscripción de los vehículos en el Registro Fiscal de Vehículos.

Tercera petición

También se plantea la acción al numeral 8, del artículo 19 de dicho Reglamento de la Ley de impuesto sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, Acuerdo Gubernativo 134-2014, en los que se exige el Boleto de Ornato para la reposición de placas circulación de vehículos cuando una o ambas se hubieren deteriorado o destruido parcialmente o cuando se hubieren perdido o haya sido objeto de hurto o robo.

En ese numeral 8 se exige, para realizar el trámite, en el Registro Fiscal de Vehículos, que se presente Boleto de Ornato de año en curso emitido a nombre del propietario del vehículo.

Según la resolución de la CC, se decreta la suspensión provisional de las tres peticiones basado en el artículo 138 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad que dice que puede concederla si a su juicio la inconstitucionalidad fuere notoria o susceptible de causar gravámenes irreparables.

Además, se menciona que concede audiencia de 15 días comunes al Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, presidente de la República de Guatemala, Superintendencia de Administración Tributaria y el Congreso de la República.

Postura de la SAT

Armando Pokus, Superintendente Interino de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), dijo a Prensa Libre y Guatevisón que esa institución es respetuosa de las leyes y normativas.

“Ya tenemos conocimiento de la sentencia de la CC, se estaba dando el seguimiento correspondiente, por lo que ya estamos preparados para cambiar los requisitos y atender a los contribuyentes sin ningún problema”, expresó Pokus.

Sentencia previa

El pasado 30 de junio de 2021, la CC resolvió que ninguna institución del Estado podrá exigir a los guatemaltecos la constancia de pago del Boleto de Ornato para efectuar trámites que no tengan relación con ese tributo, pues declaró inconstitucional el inciso F del artículo 12 de la Ley de Arbitrio de Ornato Municipal referente a la obligación de presentar dicha constancia.

La CC declaró “con lugar el planteamiento de inconstitucionalidad general parcial promovido por Najman Alexander Aizenstatd Leistenschneider, Juan Pablo Gramajo Castro y Juan Francisco Solorzano Foppa y declaró inconstitucional el segmento de dicha ley referente a “trámites administrativos o judiciales en general, contenido en el artículo 12, inciso f”.

La resolución de la CC añadía que “como consecuencia, el precepto aludido en el segmento anterior queda expulsado del ordenamiento jurídico guatemalteco a partir del día siguiente de la publicación de este fallo en el Diario Oficial”.

Esa sentencia no declaraba el Boleto de Ornato inconstitucional, por lo que las personas deben seguir pagándolo, lo que declara inconstitucional es que exijan dicho boleto para realizar un trámite en dependencias del Estado.

Con esa resolución el artículo 12 de la Ley de Arbitrio de Ornato Municipal, la obligatoriedad para presentar Boleto de Ornato quedó de la siguiente manera:

Es obligatorio para los contribuyentes presentar la constancia del pago del boleto de ornato en los siguientes casos:

• a) Toma de posesión de cargos o empleos públicos, debiendo consignarse en el acta respectiva el cumplimiento de tal obligación.
• b) Obtención de cédula de vecindad (ahora DPI), inscripción de nacimientos, matrimonios, inscripción de extranjeros residentes y registro de títulos y cualquier otro trámite municipal que requiere tal obligación.
• c) Obtención de pasaporte
• d) Obtención de placas de circulación o calcomanías de vehículos automotores, cuando estos pertenezcan a personas individuales (la CC otorgó suspensión provisional el 14 de marzo de 2022)
• e) Obtención o renovación de licencias de conducir vehículos automotores

El incido f, Trámites administrativos o judiciales en general, fue lo que retiraron con la resolución de la CC.

La sanción económica después de que un vehículo recibe un inmovilizador, popularmente conocido como cepo, es de Q500.  Estas multas se imponen cuando un conductor coloca su vehículo en un lugar no autorizado.

La intención de la Policía Municipal de Tránsito de imponer una infracción de este tipo, provocó un incidente en la zona 13 capitalina cuando un repartidor de huevos se fue a los golpes contra un agente.

Muchos se pusieron del lado del comerciante, afirmando que en algunas ocasiones las autoridades de tránsito colocan los cepos de manera rápida sin al menos dialogar con el conductor en busca de una solución.

En redes sociales, además, muchos cuestionan las infracciones que imponen agentes de tránsito y la manera en que proceden.

Prensa Libre consultó con varias municipalidades para establecer el promedio de infracciones que imponen y cuáles son las más recurrentes.

Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, explicó que ese dato podía tenerlo hasta la siguiente semana.

Sin embargo, en el informe de labores de la municipalidad capitalina en 2020, se constata que en ese año so se colocaron 31 mil 795 cepos, tan solo en el perímetro de la ciudad.

Si cada uno llega a representar Q500 significaría que el año pasado los guatemaltecos pagaron Q15 millones 897 mil 500, tan solo en concepto de cepos, sin contar otro tipo de infracción.

Se formularon las mismas consultas a las autoridades de tránsito de los municipios de Mixco y Villa Nueva. El primero de ellos informó que aproximadamente han emitido 30 mil multas en lo que va del 2021, sin documentar el número de colocación de cepos.

Las principales amonestaciones a conductores en Mixco se debe a que manejan sin portar licencias o sin tenerla, según análisis de los registros de las autoridades mixqueñas.

En Villa Nueva, por otro lado, sí confirmaron que han colocado infracciones contra personas que estacionan sus vehículos en lugares no autorizados, pero no aplican los cepos porque consideran que este tipo de herramientas genera un choque social entre la autoridad y el vecino.

“Es un mecanismo de choque con la población. Ahora el alcalde quiere que nosotros tengamos más un ambiente de servicio hacia los ciudadanos que un ambiente de confrontación, incluso antes de generar una infracción les hablamos, les solicitamos que se me muevan para que se eviten la multa”, señaló Henry Quevedo, vocero de comunicación social de PMT de Villa Nueva.

En promedio en este municipio se imponen de 200 a 250 multas al mes, principalmente por personas que manejan sin licencia, situación que conlleva una infracción de Q400. Por otro lado se encuentra la multa por manejar motocicleta sin casco de seguridad, cuyo monto es de Q500.

“Por el tema de la pandemia se incrementó mucho el uso de motocicletas, la mayoría de personas que utiliza este sistema de transporte, estimamos que un 60%, no cargan licencia. Cuando hay operativos quienes resultan sin licencia paran siendo los motoristas”, precisó Quevedo.

Autoridades de Mixco y Villa Nueva coinciden que en el último trimestre del año se imponen más sanciones contra conductores. Sin embargo, las comunas no reportan como infracciones cuando un conductor maneja en estado de ebriedad ya que estos incidentes deben de ser conocidos ante un juez de instancia.

Los alcaldes de Guatemala, Ricardo Quiñónez, y Villa Nueva, Javier Gramajo, firmaron este 12 de agosto un convenio con el ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, para la ejecución de cinco proyectos de infraestructura, siendo estos el puente Belice 2, la Ruta Exprés Metropolitana y tres pasos a desnivel.

Según las autoridades con estos proyectos buscarían reactivar la economía y mejorar la movilidad.

El puente Belice 2 contará con cinco carriles, dos en ambas direcciones y uno más que será utilizado como reversible, y se edificará entre el puente Belice actual y el puente de las vacas.  Mientras tanto la Ruta Exprés Metropolitana está contemplada en su segunda fase que conectará la calzada Atanasio Tzul con el Centro Cívico, pero en su totalidad alcanza los 14 kilómetros.

Los pasos a desnivel estarán ubicados en las calzadas Aguilar Batres y Roosevelt, así como en la avenida Petapa.

Los diputados de la bancada Winaq presentaron este 9 de junio en el Congreso de la República una iniciativa para limitar el salario mensual de los alcaldes y el monto de las dietas que las corporaciones municipales cobran por las sesiones ordinarias. Buscan que el salario, así como el total de las dietas, no supere los Q11 mil 300 cada mes.

El Congreso aprobó este 28 de abril reformas a la Ley de Contrataciones del Estado que aumentará a Q200 mil el monto de las compras directas.

Con 89 votos, los diputados aprobaron una moción para incluir el tema en agenda y horas después se selló el decreto 4-2021 mediante 82 votos. Desde el palco los alcaldes presentes siguieron la sesión y aplaudieron el avance de cada artículo.

Las reformas provienen del proyecto 57-03, aunque en la plenaria hubo modificaciones.

Entre los primeros artículos aprobados está el que establece que por adquisiciones menores de Q2 millones quedan los gerentes o directores como autoridad administrativa superior, y en el caso de montos superiores a Q2 millones serán instancias como pleno de magistrados de TSE, CC, CSJ, junta directiva del Congreso o concejos, entre otros.

Pero la aprobación que más revuelo causó fue la que eleva de Q90 mil a Q200 mil el monto para compras de baja cuantía y que el propio presidente Alejandro Giammattei ha dicho que no alcanza.

Lucrecia Hernández, del Movimiento Semilla, dijo que su bloque votó en contra. “Esta iniciativa aumenta los montos para las compras directas de Q90 mil a Q200 mil. El problema es que hay más facilidad para acuerdos entre comprador y vendedor, donde no hay ofertas ni bases ni competencia. Se abren oportunidades de mayor corrupción. Aumentar el monto no resuelve los problemas de ejecución presupuestaria sino solo las oportunidades para los corruptos”.

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Allan Rodríguez, presidente del Congreso, expresó: “Se ha logrado lo que se ha deseado desde hace mucho tiempo. Ha habido una lucha de alcaldes de la mano con diputados. Quiero reconocer el apoyo de la bancada oficial cumpliendo con una promesa que el presidente Alejandro Giammattei realizaba en campaña, poder apoyar y fortalecer los gobiernos municipales”. Más adelante criticó a la oposición: “Que quede evidencia de quiénes están cumpliendo, quienes vienen a trabajar y quiénes estuvieron hoy para decir presente porque cuando son discursos, cualquiera se apunta, pero al momento de actuar pocos están presentes”.

Sofia Hernandez, primera vicepresidenta, sostuvo: “Queremos pedir a los 340 alcaldes que siempre vamos a apoyar las iniciativas que se vean reflejadas en la población, pero deben apegarse a ley para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos”. Al mismo tiempo animó a los ediles a usar los cambios legales para combatir la desnutrición y llevar agua y saneamiento.

Otto Callejas, de Todos, dijo que votó a favor porque los montos de Q90 mil ya son insuficientes para las necesidades de los municipios. “No se puede reparar una bomba de agua con Q90 mil. Queremos reconocer la labor de los alcaldes. Ellos han hecho frente a la calamidad y merecen las herramientas para administrar sus municipios.

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Víctor Guerra, de UNE, expresó que su facción votó a favor porque habrá una mejora en la administración municipal.

Karla Martínez, de UCN, dijo que los diputados que recorren comunidades han visto la necesidad de la población y el trabajo de los alcaldes en beneficio de la población.

Aníbal Rojas, de Viva, señaló que los cambios legales no benefician a los alcaldes sino a la población, pero los alcaldes no deben verlos “como un cheque en blanco” sino una gestión más efectiva.

Sonia Gutiérrez, de Winaq, dijo que su voto fue en contra porque si bien hay crisis y hay necesidad de proyectos, “el pueblo exige transparencia, no más opacidad y lastimosamente estas reformas no vienen a resolver la gestión municipal”. Y agregó: “La ley que se reformó hoy da flexibilidad y discrecionalidad. El pueblo está cansado de eso”.

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Reacciones
Acción Ciudadana consideró que las reformas “dejan obsoleto el precario sistema de contrataciones guatemalteco, privilegian las negociaciones oscuras del Pacto de corruptos por sobre la transparencia”. Manfredo Marroquín, presidente de esa organización, dijo en Twitter: “Congreso elimina prohibiciones para contratistas del Estado que hayan financiado a partidos políticos o personas que hayan sido condenadas por delitos contra la administración pública, liberando la participación de estos en procesos electorales. Hoy hay fiesta para los caleteros!”.

Una facción de la UNE que no votó por las reformas expuso que no se fortalece la transparencia ni agiliza o permiten compras con precios competitivos sino que fomentan la opacidad, ineficiencia, inefectividad, favoritismo, sobrecostos y corrupción. En particular criticó el hecho de que puedan ser contratistas del Estado personas que hayan sido condenadas por delitos contra la administración pública, como defraudación tributaria, contrabando y defraudación aduanera.

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastian Siero lanzó la “Caja Soluciona” que es un kit con diversos medicamentos que sirven para la tos y descongestión, el tratamiento ambulante se está entregando a pacientes confirmados con coronavirus la cual tiene un costo de Q230, pero que se entrega de forma gratuita a los vecinos del municipio.

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La “Caja Soluciona” tiene medicamentos como Ibuprofeno, Loratadina, Zinc, Azitromicina, Invermectina y vitaminas C y D, los cuales duran una semana y llevan un instructivo, aunque según Siero estos medicamentos son dados únicamente con receta médica y avalados por los médicos que también realizan las pruebas de coronavirus, pues en este momento solo la comuna las está realizando.

Algunos medicamentos deben ser prescritos

Por su parte la Municipalidad de Guatemala que también está brindando sus kits únicamente lo hace por medio de los Centros de Atención Respiratorios que han habilitado en la zonas 18, 6, 7 y 12, aunque aseguraron que de momento solo han entregado al rededor de 200 y esto se ha realizado con productos donados.

La Municipalidad de Villa Nueva por su parte también se encuentra ya repartiendo sus “Medikit” actualmente según indicó el alcalde Javier Gramajo, ya han distribuido unos 1,500 que fueron producto de donación de una farmacéutica,  pero buscan comprar otros 1,500.

Dos candidatos participaron en la contienda, Jorge Orellana alcalde de Guastatoya y Ovalle. El pasado viernes Hugo Sarceño, alcalde de Puerto Barrios, declinó su participación para apoyar a Orellana, quien a pesar de ello, no logró los votos suficientes (obtuvo 150) para quedarse con la presidencia de la Anam. Nueve jefes ediles votaron nulo.

En esta alianza Orellana mantenía la candidatura de la presidencia de la Anam y Sarceño iba como candidato a la vicepresidencia.

Al evento estaban convocados 340 jefes ediles que integran la Anam. Moyuta, Jutiapa regresó a ser parte de la Anam, luego de un tiempo fuera. No obstante, solo participaron 327 jefes ediles.

Edwin Escobar, ahora expresidente de la Anam, no estuvo presente en la actividad debido a que estudia una maestría en una universidad de Estados Unidos. Sin embargo, hubo una comunicación por videoconferencia para saludar a los jefes ediles.

El viernes último, Orellana presentó una denuncia penal en contra del presidente Alejandro Giammattei al señalarlo de interferir en la elección, con el objetivo de que Ovalle ganara y para lograrlo habrían ofrecido obras a los alcaldes, incluso señalamientos de que hubo entrega de dinero a algunos jefes ediles por Q50 mil.

Incluso, Giammattei invitó a los alcaldes a un cóctel en el Palacio Nacional de la Cultura. Durante la actividad estuvieron presentes personas que participaron en la campaña de Giammattei y el jefe de bancada Vamos, Mynor Mejía.

Mejía dijo que estaba acompañando a los alcaldes de su departamento -Chimaltenango- y que no veía ningún problema para estar en ese lugar.

Añadió que no estaban ahí para presionar y que solo acompañaba a sus alcaldes, y que no era el único, sino que habían otros diputados.

Dentro del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) también hubo señalamientos, diputados indicaron recibieron llamadas de Sandra Torres para apoyar a Ovalle y Orellana, los diputados que están bajo la coordinación de Estuardo Vargas apoyaban a Ovalle y el otro grupo para que apoyara a Orellana.

Votación

Se habilitaron dos mesas de votación, el voto era válido de tres formas, nombre del candidato, sobrenombre o el número de la planilla. La comisión electoral estuvo presidida por el alcalde Santa María Ixtahuacán, Santa Rosa, Jorge Quevedo.

Una estructura conformada por trabajadores de tres municipalidades de la costa sur habría sustraído Q21 millones 831 mil 919 de los fondos del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal en el período de enero 2011 a diciembre 2015.

Según las pesquisas, los trabajadores habrían tenido la colaboración del jefe de agencia y varios receptores de uno de los bancos del sistema que les habrían facilitado la emisión y cambio de cheques.

Los operativos para capturar a los miembros de esta estructura están a cargo de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) del departamento de investigación de Delitos Financieros y Económicos.

Según las investigaciones, un empleado de la municipalidad de Retalhuleu y exgerente general del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, depositó en cuentas a su nombre cheques provenientes de tres municipalidades con consentimiento de este plan, receptores de uno de los bancos del sistema y tesoreros de esta misma comuna.

Esta persona habría utilizado un alto porcentaje de los fondos para la realización de pagos y gestiones personales, como la cancelación de tarjetas de crédito a su nombre, retiros de efectivo a través de cajeros automáticos, emisión de cheques a su nombre para cobrarlos en efectivo y consumos en establecimientos comerciales.

Los fondos desviados a la cuenta personal de este trabajador provienen de las municipalidades de San Sebastián, Retalhuleu y Cuyotenango, Suchitepéquez a través del depósito de cheques emitidos a nombre del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.

Preliminarmente investigadores de la #DEIC reportan la captura de Emmanuel Beletzuy Cajas mediante allanamiento y en la vía publica frente a su domicilio en la 13 calle Cantón Perú de Retalhuleu fue aprehendido Luis Guillermo Monterroso García, por delitos de lavado de dinero pic.twitter.com/bUReULQ42D

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 1, 2019

– Allanamientos –

Más de una decena de allanamientos realizó la Policía Nacional civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) en tres puntos del país para capturar a miembros de esta estructura por los delitos de lavado de dinero, peculado por sustracción y abuso de autoridad.

En Retalhuleu se logró la captura de Delbert Israel De León Vicente(empleado bancario), Emmanuel Beletzut Cajas (empleado bancario), Carlos Isau Puac De La Cruz (jefe de agencia), Hugo Estuardo Castillo Méndez (empleado bancario), Luis Guillermo Monterroso García (ex auxiliar de tesorería en la municipalidad de Retalhuleu), Werner Eduardo Montiel Aldana (ex gerente del Plan de Prestaciones), Hugo Estuardo Castillo Méndez (empleado bancario) y Alfredo Antonio Cerezo Carranza (ex contador del Plan de Prestaciones).

El Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones (DICEP) del TSE, se encuentra en la fase de depuración del padrón electoral, para luego imprimirlo y publicarlo. La Ley Electoral en su artículo 225 establece que el padrón debe ser depurado entre la primera y segunda semana de abril, y deberá estar listo a más tardar la cuarta semana de ese mes.

Leonel Escobar, jefe del DICEP explicó que al menos 100 personas se encargan de este proceso, haciendo cruce de información para que personas con prohibición de votar no estén incluidas en el padrón.  El artículo 15 de la LEPP señala que no pueden ejercer el voto los ciudadanos que se encuentren en servicio activo en el Ejército Nacional, cuerpos policíacos y quienes están suspendidos en el ejercicio de sus derechos.

De esa cuenta, el Departamento de inscripción de ciudadanos solicitó las planillas de miembros del Ejercito, Policía Nacional Civil, agentes del Sistema Penitenciario y agentes de las Policías Municipales de Tránsito.

Esta semana el TSE terminará de depurar el padrón electoral. Sólo dos municipalidades no han cumplido con enviar las planillas de Policías Municipales de Tránsito, que tienen prohibición para votar. #DecisiónLibre2019 pic.twitter.com/5ykpZQWb6U

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) April 9, 2019

Dos municipalidades aún no envían información al TSE

La mayoría de instituciones cumplió con enviar la información de la planilla de trabajadores al TSE, pero las municipalidades de Guanagazapa, Escuintla y Jutiapa, Jutiapa no han entregado la documentación, afectando la depuración del padrón. Escobar no descarta que se presenten denuncias sino envían lo requerido antes del sábado 13 de abril.

“Queremos que todo sea de común acuerdo, que no haya problemas, pero sí nos preocupa que dos municipios que son los que nos restan si nos lo van a enviar o qué, pero estamos en esa actividad. Nosotros tenemos como acceder a esa información por medio de los delegados, ellos tendrán que hacer una labor de investigación a efecto de establecer quienes son las personas que trabajan como policías municipales, para que por medio de esa información que se recabe nosotros podamos hacer la depuración, pero de manera oficial quienes deben enviar esa información son los alcaldes”, dijo Escobar.