La Minera San Rafael emitió un comunicado para informar sobre un cuarto recorte de personal.

De acuerdo con Andrés Dávila, gerente de comunicación, en esta ocasión han sido 169 trabajadores de la compañía los que fueron liquidados hoy, con lo cual ya suman 872 guatemaltecos que han perdido su trabajo.

Según Dávila, la incertidumbre con la que la Corte de Constitucionalidad mantiene el caso, los ha obligado a adaptarse para continuar las tareas de gestión ambiental y mantenimiento, mientras termina el proceso y puedan regresar a operar.

Minera no tiene fecha de consulta

En este último recorte, el monto de liquidación asciende a Q11 millones 123 mil que se suman a los más de Q36 millones que se han pagado en los recortes anteriores.

La minera aún no tiene fecha para la realización de la consulta, debido a que existe un retraso en la CC al no resolver las solicitudes de aclaratoria que están pendientes para dejar en firme la sentencia.

La Cámara de Industria de Guatemala emitió un comunicado donde mostró su rechazo ante la sentencia emitida por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad relacionada al caso de la minera San Rafael.

Según el presidente de la Cámara de Industria, Juan Carlos Tefel, durante una semana realizaron un análisis sobre la resolución que describen como decepcionante.

Según la cámara de industria, el actuar de los magistrados genera dudas y analizan si tomarán medidas legales contra ellos y si cometieron algún delito.

Recomiendan que los empleados de la mina que perdieron su trabajo sean recontratados lo antes posible.

Para el país y para la minera San Rafael, después de 425 días sin operar, se tuvo una pérdida de Q2,200 millones.

El Ministerio de Energía y Minas ya se pronunció manifestando que no tiene los recursos para realizar la consulta, por lo que la Cámara de Industria solicito al Ministerio de Finanzas que, si es por temas económicos, haga las transferencias correspondientes.

Foto e información por Carolina Leverón

La CC resolvió el expediente 4785-2017 por el “Caso Minera” y ordenó que la filial de la canadiense Tahoe Resources  continúe trabajando, con única condición que primero el Estado efectúe una consulta a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Sin embargo la resolución no especifica qué pasará si los comunitarios dicen que “no”.

Según lo indicado por Bonerge Mejía, presidente en funciones de la Corte de Constitucionalidad,“la minera podrá seguir operando si el Estado realiza una consulta comunitaria en la región, señalando que hasta que esto no ocurra sus operaciones seguirán suspendidas”.

LEA: Minera San Rafael informa el despido de 200 colaboradores

La @CC_Guatemala resuelve que la Mina San Rafael puede seguir funcionando, con la condición de que el Estado efectúe la consulta inmediatamente. pic.twitter.com/3K4mPvGizh

— Carolina Leverón (@CLeverongt) September 4, 2018

¿Si dicen “NO”?

Los magistrados de la CC no aclararon qué pasará si las comunidades le dicen “NO” a la minera en la consulta, solo dejaron en claro que una vez realizada (sin indicar cuál debe ser el resultado) la minera puede continuar con sus operaciones.

En el caso de que sea “NO” la decisión de permitir reanudar o suspender operaciones quedará en manos del MEM, afirmó el Secretario General, Martín Guzmán.

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Las actividades de la minera fueron detenidas temporalmente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 5 de julio de 2017, luego de que una ONG ambientalista denunció al Estado guatemalteco por la falta de respeto a las consultas comunitarias y a la opinión del pueblo indígena xinca. Por ello ahora se ordena “que se realice una consulta inmediatamente”, sin estipular una fecha .

Luego el trámite fue elevado a la CC, máxima instancia judicial, donde se había estancado. El proyecto minero fue detenido tras cuatro años de operación en el municipio de San Rafael Las Flores, al sureste de Ciudad de Guatemala.

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En marzo pasado, los magistrados de la CC pidieron informes a varias instituciones para determinar la presencia de indígenas xincas, un pueblo que convive en el país centroamericano con descendientes mayas, garífunas (afrocaribeños) y ladinos.

Suspensión de la Mina en números:

Cuando la mina cumplió un año de suspensión Q1 mil 887 millones había dejado de entrar a la economía el país, de estos Q407 millones se refieren a estimaciones de impuestos y regalías, indicó Andrés Dávila, gerente de comunicación de la Minera San Rafael. La firma pidió que se le permita seguir operando.

• 500 empleados directos despedidos.
• 5,500 empleos indirectos perdidos de los más de 600 proveedores de la mina.
• Q1,887,000,000 perdidos en la economia del pais entre impuestos, regalias, pago a proveedores y salarios.
• Q407 millones perdidos solo en impuestos y regalías.
• Q40 millones en regalías a San Rafael las Flores.

Cronología

• La mina empezó a producir en el 2014. En julio del 2017 la CSJ suspendió de forma provisional las operaciones de la mina y en agosto la CC confirmó esa suspensión.
• La CSJ revocó en septiembre su decisión inicial y ordenó la consulta al pueblo xinca, al otorgar un amparo en definitiva a Calas.
• Las diferentes partes impugnaron en la CC, la cual efectuó en octubre pasado una vista pública.
• En marzo del 2018 la CC solicitó a tres entidades efectuar un estudio antropológico en el municipio de San Rafael Las Flores, en Santa Rosa para tener más datos acerca de la existencia de pueblos indígenas en el lugar de influencia del proyecto, para ampliar la información y así poder emitir una sentencia en el caso. A la fecha no ha resuelto en forma definitiva.
• La CC señaló en esa ocasión que la complejidad del caso sobre la Minera San Rafael es un factor que no ha permitido que los magistrados puedan emitir una sentencia sobre este.
• Calas mencionó que esa organización lo que aportó a la CC en esa ocasión fue el Plan de Desarrollo Municipal del 2010, elaborado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  (Segeplan) en el cual la municipalidad de San Rafael las Flores reconocía la existencia de población xinca y poblaciones mayas.

El pasado viernes por la noche, varios contratistas de seguridad privada desarmada de la Minera San Rafael que regresaban de descanso, fueron atacados y secuestrados por un grupo de individuos que según la Minera permanecen desde la semana pasada donde instalaron un bloqueo ilegal en la entrada al municipio de Mataquescuintla.

Por medio de un comunicado, la Minera San Rafael señaló que los contratistas fueron descendidos del vehículo en donde se trasladaban, destruyeron las llantas y la ventas del automotor, los hincaron y los agredieron con armas blancas.

Los individuos les indicaron con armas de fuego que si volvían por ese lugar los matarían, también afirmaron que pertenecían al Grupo de Resistencia Pacífica de Mataquescuintla.

https://twitter.com/Sanchinelli_gtv/status/1033458582732382208

Rescatados por la PNC

La Minera señala que los contratistas fueron rescatados por agentes de la Policía Nacional Civil, luego que regresaron con apoyo ya que el grupo de individuos le había disparado de manera intimidatoria.

Señalan que durante los más de 300 días sin que la Corte de Constitucionalidad emita una resolución final sobre este caso, se han llevado a acabado distintas acciones violentas en contra de los trabajadores mineros.

Por Natiana Gándara

El vicepresidente y director general de Minera San Rafael, Dave Howe, indicó este lunes en conferencia de prensa que “a pesar de que durante todo este tiempo hemos mantenido una actitud respetuosa y optimista frente esta situación, lamentablemente nos vemos obligados a tener que tomar la difícil decisión de realizar un nuevo despido de más de 200 de nuestros colaboradores, a quienes hemos liquidado de conformidad con la ley”.

Minera San Rafael atribuyó la medida a que después de 13 meses no se ha emitido un fallo por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre la operación de la empresa.

“La empresa ha mantenido el cumplimiento de todas las obligaciones laborales con sus colaboradores durante 411 días de paro de operaciones, y a nueve meses en los que la CC mantiene en incertidumbre el caso, a pesar de ser la propia CC quien emitió una macrosentencia que incluso, la Corte Suprema de Justicia ya utilizó para resolver este mismo caso en septiembre del año pasado. El fallo de la CSJ ordena al Ministerio de Energía y Minas a realizar la consulta según el convenio 169 y autorizó a que la mina pudiera iniciar operaciones”, dicta el comunicado.

El ejecutivo confirmó que aún permanecen en planilla más de 320 colaboradores quienes continuarán, entre otras labores, con la gestión administrativa y el cumplimiento ambiental que el gobierno de Guatemala ha exigido a la empresa.

https://twitter.com/ngandara_pl/status/1031592623868456960

“Aunque la CSJ otorgó el amparo a la organización Calas, esta sorpresivamente decidió apelar dicha decisión favorable a ellos para tratar de frenar el reinicio de operaciones de la empresa”, añadió la directora asuntos corporativos de Minera SAn Rafael, Gabriela Roca.

Riesgo de demanda

El pasado 9 de agosto, la minera había comunicado en conferencia de prensa que la empresa Tahoe Resources no descarta una demanda internacional contra el Estado de Guatemala.

En esa oportunidad los ejecutivos mencionaron que el Estado ha dejado de recaudar Q440 millones en concepto de impuestos en regalías. Además de los más de Q2 mil millones que han dejado de ingresar a la economía del país, en pago de proveedores, salarios, entre otros, indicaron.

Gabriela Roca, directora de asuntos corporativos de la minera San Rafael, dijo que la compañía pidió a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), que “dicten sentencia” para volver a operar.

Agregó que también les recriminaron el retraso para decidir tras nueve meses desde que el caso llegó a esa instancia, además de las pérdidas económicas causadas.

“Queremos que los magistrados vayan sumando los daños que han causado al país y a la empresa”, aseguró Roca.

Andrés Dávila, gerente de comunicación de la empresa, precisó que el cese de operaciones los ha llevado a despedir a 500 trabajadores, el 50% de su fuerza laboral, y señaló que de continuar la incertidumbre podrían haber nuevos despedidos.

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Dávila indicó que “cada día que pasa la economía del país está perdiendo” unos 680.000 dólares por pagos de salarios, regalías, impuestos y compras a proveedores.

Las actividades de la minera fueron detenidas temporalmente por la Corte Suprema de Justicia, luego de que una ONG ambientalista denunció al Estado guatemalteco por la falta de respeto a las consultas comunitarias y a la opinión del pueblo indígena xinca.

Luego el trámite fue elevado a la CC, máxima instancia judicial, donde se ha estancado

El proyecto minero fue detenido tras cuatro años de operación en el municipio de San Rafael Las Flores, al sureste de Ciudad de Guatemala.

En marzo pasado, los magistrados de la corte constitucional pidieron informes a varias instituciones para determinar la presencia de indígenas xincas, un pueblo que convive en el país centroamericano con descendientes mayas, garífunas (afrocaribeños) y ladinos.

Roca precisó que la única respuesta que han recibido de la corte es que se trata de un “caso muy difícil” de sentenciar.

Las Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú (Guatemala), Tawakkol Karman (Yemen), Shirin Ebadi (Irán) y Jody Williams (Estados Unidos), visitaron en octubre pasado San Rafael Las Flores y se solidarizaron con un numeroso grupo de pobladores que mantienen una férrea oposición a la mina al denunciar daños ambientales irreversibles.

]]> 208501 https://www.guatevision.com/noticias/departamental/eeuu-interviene-por-minera-san-rafael-ante-la-corte-de-constitucionalidad Tue, 22 May 2018 00:40:39 +0000 https://www.guatevision.com/?post_type=post-noticias&p=184468

El pasado 22 de junio de 2017 las licencias El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, quedaron suspendidas y como consecuencia la minera San Rafael debió detener sus operaciones, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgara un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas).

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Según CALAS, la empresa incurrió en discriminación al pueblo indígena xinca que vive en las zonas de la mina, al no consultarles sobre el proyecto. Sin embargo la suspensión de las licencias ha llevado al despido de decenas de guatemaltecos que han salido a manifestar en varias ocaciones para exigirle a la CC resuelva el amparo interpuesto por la minera.

Estados Unidos le pide resolución expedita

Ante ello por medio de un comunicado “el Gobierno de los Estados Unidos alienta a todas las partes, a las autoridades pertinentes y a las comunidades locales a que trabajen juntas para lograr una solución transparente y de beneficio para todos”.

“Un clima estable de inversión depende de un marco legal claro, del respeto al estado de derecho y de la transparencia en la aplicación de la ley“. Señaló EE.UU.

“Estos componentes son esenciales para desarrollar los abundantes recursos naturales de Guatemala, lo cual impulsa el crecimiento económico, la creación de empleo, y la mejora del sustento de los guatemaltecos. Las inversiones deben adherirse a los requisitos legales, incluyendo el respeto a los derechos humanos y las leyes ambientales locales, y también deben cumplir con los convenios internacionales”.

“En este contexto, es importante que la Corte de Constitucionalidad dictamine sin demora sobre los casos como el de la Minera San Rafael. Indica el pronunciamiento del gobierno estadounidense. 

Los abogados independientes Ignacio Grazioso y Juan Pablo Rodríguez, entregaron esta mañana a la Corte de Constitucionalidad un Amicus Curiae respecto al caso de Minera San Rafael, a nombre del Profesor Don Wallace Jr., quien Preside el Instituto de Derecho Internacional.

De acuerdo a declaración de los abogados es una iniciativa espontánea del Profesor y no responde a solicitud de ninguna institución, si no al interés legal del caso.

En el documento el Profesor Wallace se circunscribe a brindar su opinión en materia de derecho comercial internacional.

Entre los posibles panoramas, destaca el que de no reactivar las operaciones el Estado de Guatemala podría afrontar el pago de compensaciones, pues aunque no se trata de una expropiación per se, si puede interpretarse en derecho internacional como tal.

Minera San Rafael dijo no tener relación con el Profesor e indico que el Amicus Curiae que fue presentado no es a favor o en contra de la Minera, si no una opinión de derecho internacional.

La falta de certeza jurídica ha sido la preocupación del sector empresarial, particularmente en el caso de la paralización de operaciones de Minera San Rafael pues han señalado que esto afecta seriamente la atracción de inversión en el país.

La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) realizó el foro ¿abriendo o cerrando oportunidades a la inversión? que contó con la participación de los Embajadores estadounidenses Miriam Sapiro, especialista en temas de comercio internacional y Jim Nicholson quien fue condecorado por su trabajo por los derechos humanos por la Santa Sede durante el papado de Juan Pablo Segundo.

Ambos expositores abordaron el tema desde el enfoque comercial y humano, reforzando el mensaje de que es preciso que la Corte de Constitucionalidad pueda dar una solución pronta, pues las consecuencias del paro de la mina, no solo afectan en este momento si no que pueden detener inversiones a futuro.

Miembros del Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala y de la Resistencia pacífica de Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa, marcharon desde el Obelisco por la Avenida La Reforma hasta el Congreso de la República y La Corte de la Constitucionalidad este 9 de abril para  manifestar su rechazo por la solicitud de la Corte de informes para determinar su existencia, lo que califican como falta de respeto y negación de su existencia e identidad.

Rechazan también todo tipo de injerencia en las Cortes.

Jorge Tobias Pineda, uno de los representantes de la Resistencia Pacífica leyó el comunicado en el que manifestaban entre otras cosas la preocupación por la inversión de la Cámara de Industria de Guatemala y la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AMCHAM) como medida de ¨presión¨ buscando una solución favorable a la Minera San Rafael.

Denunciaron que el agua para consumo humano ha disminuido y que comprenden la complejidad del caso, por lo que han esperado ante la necesidad de discutir el modelo de desarrollo para el país.

Además señalaron que las causales de este proceso son diferentes de las del Caso Oxec por lo que piden no fundamentarse en esa sentencia para este caso.

A ellos se unió el Movimiento de Mujeres indígenas Tzununijá, que presentaron un Amicus Curie ante la corte en solidaridad a las mujeres del pueblo Xinca.

Javier Zepeda de la Cámara de Industria de Guatemala respondió a estos señalamientos asegurando que respetan el derecho a manifestarse, pero que debería evaluarse si las personas que participaron en dicha manifestación viven en el área que ocupa la minera o si pudieran tener una afectación por la misma, Añadió que la participación  de personas de CUC o CODECA ¨es algo que también pone en duda la legitimidad de dicha manifestación¨ ya que ellos no están inmersos en el proceso legal que se está llevando a cabo.

Recordó que van más de 140 días sin que la Corte resuelva y que el cese de operaciones ha costado empleos directos e indirectos e incididos negativamente en la economía.