Después de 425 días sin operar y una pérdida para el Estado de Q467.3 millones en impuestos y regalías, el 3 de septiembre de 2018 la CC resolvió que la mina podría volver a operar después que el Estado de Guatemala promoviera la consulta popular entre los habitantes de las áreas de impacto de la Mina San Rafael.

Foto e información por Carolina Leverón

La CC resolvió el expediente 4785-2017 por el “Caso Minera” y ordenó que la filial de la canadiense Tahoe Resources  continúe trabajando, con única condición que primero el Estado efectúe una consulta a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Sin embargo la resolución no especifica qué pasará si los comunitarios dicen que “no”.

Según lo indicado por Bonerge Mejía, presidente en funciones de la Corte de Constitucionalidad,“la minera podrá seguir operando si el Estado realiza una consulta comunitaria en la región, señalando que hasta que esto no ocurra sus operaciones seguirán suspendidas”.

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La @CC_Guatemala resuelve que la Mina San Rafael puede seguir funcionando, con la condición de que el Estado efectúe la consulta inmediatamente. pic.twitter.com/3K4mPvGizh

— Carolina Leverón (@CLeverongt) September 4, 2018

¿Si dicen “NO”?

Los magistrados de la CC no aclararon qué pasará si las comunidades le dicen “NO” a la minera en la consulta, solo dejaron en claro que una vez realizada (sin indicar cuál debe ser el resultado) la minera puede continuar con sus operaciones.

En el caso de que sea “NO” la decisión de permitir reanudar o suspender operaciones quedará en manos del MEM, afirmó el Secretario General, Martín Guzmán.

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Las actividades de la minera fueron detenidas temporalmente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 5 de julio de 2017, luego de que una ONG ambientalista denunció al Estado guatemalteco por la falta de respeto a las consultas comunitarias y a la opinión del pueblo indígena xinca. Por ello ahora se ordena “que se realice una consulta inmediatamente”, sin estipular una fecha .

Luego el trámite fue elevado a la CC, máxima instancia judicial, donde se había estancado. El proyecto minero fue detenido tras cuatro años de operación en el municipio de San Rafael Las Flores, al sureste de Ciudad de Guatemala.

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En marzo pasado, los magistrados de la CC pidieron informes a varias instituciones para determinar la presencia de indígenas xincas, un pueblo que convive en el país centroamericano con descendientes mayas, garífunas (afrocaribeños) y ladinos.

Suspensión de la Mina en números:

Cuando la mina cumplió un año de suspensión Q1 mil 887 millones había dejado de entrar a la economía el país, de estos Q407 millones se refieren a estimaciones de impuestos y regalías, indicó Andrés Dávila, gerente de comunicación de la Minera San Rafael. La firma pidió que se le permita seguir operando.

• 500 empleados directos despedidos.
• 5,500 empleos indirectos perdidos de los más de 600 proveedores de la mina.
• Q1,887,000,000 perdidos en la economia del pais entre impuestos, regalias, pago a proveedores y salarios.
• Q407 millones perdidos solo en impuestos y regalías.
• Q40 millones en regalías a San Rafael las Flores.

Cronología

• La mina empezó a producir en el 2014. En julio del 2017 la CSJ suspendió de forma provisional las operaciones de la mina y en agosto la CC confirmó esa suspensión.
• La CSJ revocó en septiembre su decisión inicial y ordenó la consulta al pueblo xinca, al otorgar un amparo en definitiva a Calas.
• Las diferentes partes impugnaron en la CC, la cual efectuó en octubre pasado una vista pública.
• En marzo del 2018 la CC solicitó a tres entidades efectuar un estudio antropológico en el municipio de San Rafael Las Flores, en Santa Rosa para tener más datos acerca de la existencia de pueblos indígenas en el lugar de influencia del proyecto, para ampliar la información y así poder emitir una sentencia en el caso. A la fecha no ha resuelto en forma definitiva.
• La CC señaló en esa ocasión que la complejidad del caso sobre la Minera San Rafael es un factor que no ha permitido que los magistrados puedan emitir una sentencia sobre este.
• Calas mencionó que esa organización lo que aportó a la CC en esa ocasión fue el Plan de Desarrollo Municipal del 2010, elaborado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  (Segeplan) en el cual la municipalidad de San Rafael las Flores reconocía la existencia de población xinca y poblaciones mayas.