Un tribunal de sentencia escuchó este lunes 21 de noviembre la “última palabra” de un grupo de exfuncionarios, entre ellos el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, previo a dictar sentencia por un caso de defraudación aduanera descubierto en 2015.

Los primeros ocho de 29 acusados en el caso de defraudación aduanera denominado La Línea, utilizaron su derecho de declarar por última vez ante el Tribunal, dirigido por la jueza Jeanette Valdez, previo a que la judicatura cite para emitir su sentencia.

Una de las primeras en hablar en la audiencia de este lunes fue la exintendente de aduanas, Claudia Méndez, acusada de coordinar los pagos que la organización criminal hacía a empresarios importadores para reducir el pago de impuestos en algunos puertos del país.

Méndez aprovechó su tiempo para criticar el actuar del juez Miguel Ángel Gálvez, quien la envió a juicio en 2017, por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y caso especial de estafa.

Durante la audiencia también declararon otros siete implicados, quienes son descritos por la Fiscalía como los “operadores externos” de la estructura, no trabajaban para el Estado, pero funcionaban como enlaces entre los funcionarios y los empresarios que pagaban para reducir impuestos.

Con frases como “Dios me liberará” y citando versículos bíblicos, los acusados pidieron al tribunal dictar la sentencia que consideren justa.

Entre el martes y miércoles deben declarar el resto de los acusados, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina, quien fue acusado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), por supuestamente liderar la banda que habría defraudado al Estado por 3.5 millones de dólares entre 2012 y 2014.

El caso La Línea se reveló en abril del 2015 y provocó la caída del Gobierno de Pérez Molina que decidió renunciar en septiembre de ese año.

Pérez Molina, de 71 años, ha permanecido en prisión preventiva durante 7 años, tiempo que tomó al sistema de justicia de Guatemala agotar todas las fases del proceso penal, de este emblemático caso.

Además, esta investigación fue el parteaguas de decenas de casos revelados de estructuras criminales que operaban en el Estado guatemalteco.

Sin embargo, siete años después más de una decena de fiscales que investigaron este tipo de casos de corrupción han tenido que salir al exilio por presiones y persecución penal en su contra.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), que investigó este caso, fue reestructurada y ahora es dirigida por Rafael Curruchiche, un fiscal que Estados Unidos sancionó quitándole la visa, acusado de fabricar casos contra operadores de justicia.

Incluso el Juez Miguel Ángel Gálvez quien envió a juicio al expresidente Pérez Molina, renunció a su cargo y se refugió fuera de Guatemala a inicios de noviembre de este año.

Después de que los 29 acusados sean escuchados por el tribunal, la jueza Valdez notificará la fecha en la que dará a conocer si Pérez Molina y compañía son sentenciados o absueltos.

Un día después de que el exjuez Miguel Ángel Gálvez anunciara su renuncia desde el exilio, el Organismo Judicial (OJ) comunicó este miércoles 16 de noviembre que su dimisión fue aceptada y que la plaza para dirigir el Juzgado de Mayor Riesgo “B” salió a convocatoria.

Rudy Esquivel, portavoz del OJ, confirmó que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justica (CSJ) determinó aceptar la renuncia de Gálvez, quien la noche del pasado martes durante una entrevista con la cadena CNN en Español se declaró oficialmente en el exilio, pues asegura que en Guatemala no hay garantías para regresar.

“En relación a la renuncia del juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, se confirma que fue aceptada. También se ha ordenado sacar la plaza a convocatoria”, dice un mensaje de texto enviado por Esquivel.

Gálvez, quien condenó a Efraín Ríos Montt por genocidio y envió a prisión al expresidente Otto Pérez y su exvicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción, renunció el martes pasado denunciando falta de independencia judicial en Guatemala.

“El día de hoy (martes) presenté mi renuncia al cargo de juez de primera instancia del ramo penal”, dijo Gálvez en un video difundido en la red social Twitter.

Gálvez salió a inicios de noviembre a Costa Rica a un foro, pero se desconoce su paradero y según ha confirmado el jurista se quedó en el extranjero, aunque el destino exacto se desconoce.

El juez enfrentaba un proceso para despojarlo de su inmunidad a petición de una organización que lo acusa de ordenar “detenciones ilegales” de militares retirados.

“En estos momentos la independencia judicial está siendo manipulada y no se está garantizando los procesos como corresponde”, afirmó Gálvez, quien desde 2016 cuenta con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La renuncia de Gálvez se suma a la salida del país de varios exfiscales antimafias y jueces debido a procesos en su contra impulsados por la fiscal general Consuelo Porras, designada en mayo pasado por el presidente Alejandro Giammattei por cuatro años más en el cargo.

Otros exfiscales han sido encarcelados a petición del Ministerio Público a cargo de Porras, sancionada el año pasado por Estados Unidos que la incluyó en una nómina de personas “corruptas y antidemocráticas”, o Lista Engel.

El Ministerio Público (MP) ha negado en varias oportunidades los señalamientos que hacen los exjueces y exfiscales que han salido del país y señala que es obligación constitucional que la Fiscalía investigue todas las denuncias interpuestas.

“El mandato legal y constitucional del Ministerio Público es claro: “es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”, dijo recientemente la Fiscalía.

“Durante el tiempo laborado no había entendido como lo entiendo ahora que la justicia es cuestión de poder y no control de poder”, precisó Gálvez.

El juez cobró notoriedad en 2013 al enviar a juicio al exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983) por genocidio. El general retirado fue condenado por un tribunal a 80 años de cárcel, pero la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir el juicio.

Ríos Montt falleció el 1 de abril de 2018, a los 91 años, mientras se desarrollaba el nuevo juicio a puerta cerrada y sin su presencia porque fue diagnosticado de demencia y otras enfermedades.

El juez también envió a prisión al expresidente Otto Pérez y su exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) señalados de dirigir una estructura de defraudación en las aduanas, acusación que los obligó a renunciar en 2015. Un tribunal tiene previsto emitir una sentencia contra ambos en las próximas semanas.

Gálvez en su mensaje hizo un llamado a la población guatemalteca para que se organice y no le roben “las posibilidades de una justicia que añoramos”.

Con información de AFP

Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, renunció a su cargo el pasado martes 15 de noviembre, días después de haber abandonado el país en medio de un proceso en su contra que buscaba quitarle la inmunidad para así ser investigado por el Ministerio Público por la supuesta comisión de cuatro delitos.

La salida de Gálvez del país se confirmó el 5 de noviembre pasado, luego que él mismo denunciara que es víctima de persecución a consecuencia de sus fallos judiciales.

Este 16 de noviembre, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), emitió un comunicado para respaldar el trabajo del juez Gálvez, quien está en Costa Rica a donde había ido durante su período vacacional.

La AGJI, dijo que “manifiesta su respaldo al juzgador Miguel Ángel Gálvez Aguilar, fundador de esta asociación, en su decisión de renunciar a la judicatura y salir del país , por los ataques en su contra y la imposibilidad de continuar ejerciendo la judicatura en Guatemala”, se lee en el documento.

Añade que dicha asociación refrenda su compromiso por la defensa de la independencia y la integridad judicial.

Comunicado AGJI 11-2022.

La AGJI manifiesta su apoyo a Miguel Ángel Gálvez Aguilar @Miguelgalvezag

https://t.co/tg4koQUwIC pic.twitter.com/pjVPQmZfWz

— Asociación Guatemalteca Jueces por la Integridad (@asoc_juecesAGJI) November 16, 2022

Por su parte, la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia (FECAJUD), publicó también este 16 de noviembre un comunicado en el que “Manifesta su enorme preocupación al observar el rápido y grave deterioro del sistema de justicia en Guatemala. El uso del derecho penal para criminalizar operadores de justicia es un ataque directo al Estado de derecho, sobre todo cuando no se garantizan las condiciones mínimas del debido proceso”.

Afirma que las instituciones que deberían ser las primeras garantes y protectoras de la independencia judicial son las mismas que facilitan la estrategia de criminalización que afecta a personas en lo particular, pero genera un efecto intimidatorio en jueces y juezas en el cumplimiento de sus funciones.

“La renuncia de Miguel Ángel Gálvez, juez de carrera de reconocida trayectoria a nivel internacional y nacional, es clara evidencia del desgaste del Estado de derecho y retrocesos del sistema democrático”, se lee en el documento.

La organización reiteró  “su respaldo a juezas y jueces independientes, como el juez Miguel Ángel Gálvez, lamentando su renuncia, consecuencia de ataques sistemáticos en su contra”.

La @FECAJUD respecto a la renuncia del Juez Miguel Ángel Gálvez @Miguelgalvezag

Comunicado 09/22: https://t.co/ArGHr6E7BF pic.twitter.com/RMb78qvk2u

— FECAJUD (@FECAJUD) November 16, 2022

“Dejo Guatemala en condiciones lamentables”

Desde Costa Rica, Gálvez explica a Prensa Libre y Guatevisión, las razones que lo llevaron a presentar su renuncia.

Gálvez menciona que no existen condiciones de seguridad en Guatemala que le garanticen su integridad física y la de su familia.

Expuso que su salida responde a “la constante sistematización y criminalización” que se ha emprendido contra jueces, fiscales, abogados defensores, periodistas y defensores de derechos humanos, lo que da “una impresión de que uno deja peor el país”.

El juez Miguel Ángel Gálvez abandonó el país y renunció a su cargo denunciando ser víctima de persecución por sus resoluciones en casos de alto impacto, sumándose a una amplia lista de funcionarios y jueces anticorrupción que están en el exilio.

Gálvez, quien denunció amenazas tras ordenar enviar a juicio a los implicados en el caso “Diario Militar”, por un crimen de lesa humanidad que ocurrió en los años ochenta, confirmó su renuncia en un video que publicó en sus redes sociales.

Recordó que durante su carrera como juez conoció procesos de estructuras criminales, de grupos del crimen organizado, señalados de corrupción y especialmente casos del conflicto armado.

“Conforme conocí los procesos, traté de transparentarlos y prueba de eso es que la población le dio seguimiento a cada uno de ellos, especialmente a las audiencias y las resoluciones”, dijo Gálvez.

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“En estos momentos la independencia judicial está siendo manipulada y no se está garantizando los procesos como corresponde, especialmente las garantías constitucionales y el debido proceso”, advirtió Gálvez en su mensaje.

El mensaje se da luego que el juez denunciara ataques, hostigación e incluso persecuciones ilegales. Amenazas que aseguró, se intensificaron tras ordenar en mayo de 2022, que se juzgara a nueve militares y policías retirados por cargos de tortura, asesinato y desaparición forzada entre 1983 y 1985.

Denuncia amenazas

Gálvez, reiteró en varias ocasiones que consideraba vulnerable su derecho de defensa por múltiples procesos en su contra. El Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, negó que existiera una persecución contra operadores de justicia y aseguró que seguía una “ruta objetiva e imparcial”.

El juez cobró notoriedad en 2013 por enviar a juicio al ex dictador Efraín Ríos Montt por genocidio. El general retirado fue condenado por un tribunal a 80 años de cárcel, pero la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir el juicio.

Ríos Montt falleció el 1 de abril de 2018, a los 91 años, mientras se desarrollaba el nuevo juicio a puerta cerrada, al ser diagnosticado de demencia y otros padecimientos.

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Casos de alto impacto

Como titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, Gálvez conoció diversos casos de alto impacto.

• Diario Militar

Los militares que Gálvez ligó a proceso y envió a juicio a exmiembros del Ejército de Guatemala y de la Policía, implicados en el caso conocido como “Diario Militar”. Están acusados del asesinato y desaparición de 183 personas, durante el conflicto armado interno.

A raíz de la decisión de enviarlos a juicio, Gálvez denunció que existía una campaña de desprestigio en su contra. Justo cuando se solicitó el retiro de antejuicio promovido por el MP, por una denuncia que presentó la Fundación Contra el Terrorismo.

• La Línea

El juez Gálvez también envió al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti a juicio por cargos de corrupción por el caso La Línea. La fase final del proceso judicial está próximo a iniciar y la sentencia podría dictarse en los primeros días del 2023. 

• Cooptación del Estado

El caso surgió del caso La Línea. Según la investigación, Pérez Molina y Baldetti, junto con exfuncionarios de su Gobierno, acordaron adjudicar contratos a determinadas empresas, a cambio del pago de comisiones ilícitas.

Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, declaró como colaborador eficaz por este caso y reveló la trama en que se acordaron los tratos ilícitos.

Monzón dijo que en su caso se le nombró “operador del Ejecutivo en la Empresa Portuaria Quetzal, y debía encargarse de las comisiones por los contratos”.

Entre otros acusados, en Cooptación del Estado figuran el exsecretario de la presidencia Gustavo Adolfo Martínez Luna, también yerno del exmandatario Pérez Molina; así como el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.

Tras diversas acciones legales que frenaron el avance del proceso penal, el caso entraría a la etapa intermedia.

• Sepur Zarco

En junio de 2015, el juez Gálvez aceptó las pruebas presentadas por el caso Sepur Zarco, marcado por la violencia sexual durante el conflicto armado que enfrentaron 15 mujeres Q’qchi’. El juez envió el expediente al Juzgado A de Mayor Riesgo para que llevara el debido proceso.

El juicio finalizó en febrero de 2016 dictando una sentencia condenatoria.

¿Cómo nacieron los juzgados de Mayor Riesgo?

Estas judicaturas nacieron luego de propuestas realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual estuvo vigente entre 2007 y 2019 en Guatemala. Lo que se proponía era concentrar los casos de alto impacto en juzgados de la capital.

Actualmente, hay seis juzgados de mayor riesgo, para conocer los delitos como crimen organizado, violaciones de derechos humanos y los relacionados a la corrupción. 

Miguel Ángel Gálvez renunció este martes 15 de noviembre al cargo de juez de Primera Instancia Penal, días después de que abandonara el país en medio de un proceso en el que se buscaba retirarle la inmunidad para ser investigado por el Ministerio Público (MP) por la supuesta comisión de cuatro delitos.

La salida de Gálvez del país se confirmó el sábado 5 de noviembre, luego de que el extitular del Juzgado de Mayor Riesgo “B” denunciará ser víctima de persecución por sus fallos judiciales.

“Comparto este mensaje a mi querido pueblo de Guatemala, de parte de un servidor que ha dedicado su vida a la defensa de una justicia independiente y el imperio del Estado de Derecho en el país. ¡Florecerás Guatemala!”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Quisiera poner de conocimiento que el día de hoy presenté mi renuncia al cargo de juez de primera instancia del ramo penal, (…) durante el tiempo trabajado en el Organismo Judicial (OJ) conocí procesos de estructuras criminales, crimen organizado y lo que corresponde a corrupción y especialmente los procesos del conflicto armado, y durante el tiempo que conocí los proceso traté de transparentarlos”, dijo en un video publicado en Twitter el ex juez Gálvez, quien no reveló en dónde se encuentra.

Agregó que “en estos momentos la independencia judicial está siendo manipulada y no se está garantizado los procesos como corresponde, especialmente las garantías constitucionales y el debido proceso”.

“Durante el tiempo que he laborado (en el OJ) se ha cumplido con todas las garantías y voy a estar a la expectativa de todo lo que está pasando en Guatemala para que podamos vivir el anhelo de justicia”, agregó el profesional.

Además, dijo que solicita “al pueblo de Guatemala que haya organización para que no se roben las posibilidades de una justicia que añoramos todos los guatemaltecos”.

“No había entendido que la justicia es cuestión de poder y no control de poder”, concluyó Gálvez.

De momento el OJ no ha confirmado la renuncia de Gálvez.

Garantías

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó el día que se confirmó la salida de Gálvez del país que el Estado de Guatemala que debía garantizar la seguridad del ahora exjuez de mayor riesgo, quien salió del país el 4 de noviembre por una persecución penal en su contra.

“El Estado debe proteger la integridad personal del juez Miguel Ángel Gálvez y su independencia judicial”, recordó en esa oportunidad la CIDH en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La CIDH explicó que Gálvez fue beneficiado con medidas cautelares desde 2016 debido a amenazas en su contra.

Gálvez, de 64 años, fue acusado por la Fundación Contra el Terrorismo de ordenar “detenciones ilegales” contra militares retirados, acusados de crímenes de guerra.

Los militares que Gálvez envió a juicio son 10 exmiembros del Ejército de Guatemala y de la Policía, implicados en el caso conocido como “Diario Militar” y acusados del asesinato y desaparición de 183 personas, durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Gálvez, que durante 20 años de carrera judicial ha condenado a militares, corruptos, pandilleros y narcotraficantes, advirtió en reiteradas ocasiones que consideraba que se estaba vulnerando el derecho de defensa en el proceso en su contra.

Además, en 2015 fue el encargado de procesar por corrupción al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, quien podría recibir una sentencia condenatoria en un caso de defraudación aduanera este año.

Durante 2022, la CIDH entregó un informe donde asegura que “existen graves injerencias sistemáticas contra la independencia judicial del país centroamericano”.

Gálvez es el segundo juez anticorrupción que sale de Guatemala en medio de una persecución penal en su contra en 2022, junto a la jueza Erika Aifán, quien era titular del juzgado de mayor riesgo “D”.

Comparto este mensaje a mi querido pueblo de Guatemala, de parte de un servidor que ha dedicado su vida a la defensa de una justicia independiente y el imperio del Estado de Derecho en el país. ¡Florecerás Guatemala! pic.twitter.com/EVj2ttUa1M

— Miguel Ángel Gálvez Aguilar (@Miguelgalvezag) November 15, 2022

El titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, informó este sábado 5 de noviembre que se encuentra fuera del país; aunque, el viernes 4, había indicado que permanecía en Guatemala, mientras autoridades de Migración informaron sobre su salida.

Gálvez, quien goza de un periodo de vacaciones desde el 2 de noviembre, no detalló los motivos de su salida ni el lugar donde se encuentra.

El viernes último, se tenía programada una audiencia en la que presentaría pruebas de descargo por el antejuicio promovido en su contra por la Fundación contra el Terrorismo, pero fue su abogado, Herbert Pérez, quien entregó la información ante la Sala Segunda de Apelaciones.

El proceso contra Gálvez es promovido por la referida fundación que lo señala de “haber abusado de la prisión provisional” durante su labor de juez en el caso Diario Militar, en el que el Ministerio Público señala a exmandos del Ejército de haber cometido asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales entre 1982 y 1986.

Gálvez y su defensor indicaron que se esperaba que la referida audiencia fuera pública para garantizar la transparencia del proceso; sin embargo, señalaron que se dictó una resolución que aduce que “la ley no reconoce la publicidad y que este tipo de procedimiento no lo permite”.

El juez pesquisidor del proceso de antejuicio contra Gálvez es Roaldo Chávez.

“Eso me llama la atención porque se evidencian las violaciones constantes al proceso de antejuicio, en ese sentido consideré prudente comparecer por escrito y que él (juez pesquisidor) tome la decisión”, aseguró Gálvez en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Para que la opinión pública evalúe la tramitación de mi proceso pic.twitter.com/tuSKBMLc8p

— Miguel Ángel Gálvez Aguilar (@Miguelgalvezag) November 4, 2022

El Instituto Guatemalteco de Migración informó que la salida de Gálvez se registró a las 6 horas del viernes último; mientras, su abogado defensor, Herbert Pérez, indicó que su representado “puede viajar a donde quiera como cualquier ciudadano” y que goza de un periodo vacacional.

La salida de Gálvez al extranjero toma relevancia debido a que ha denunciado ser víctima de persecución por sus fallos judiciales.

Al ser consultado sobre si en algún momento se exiliaría, indicó que debía analizarlo.

Este martes 4 de octubre, el juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, entregó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un memorial en el que se detalla la ratificación de las medidas de protección urgentes a su favor.

Gálvez informó por medio del memorial respecto de la protección, esto con la finalidad de que los magistrados conozcan sin excusa alguna la resolución.

Las medidas de resguardo para el juez también incluyen a su familia. En la ratificación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que Gálvez está en peligro y el juez asegura que hay persecución judicial en su contra por su labor.

El juez afirmó que según la resolución que entregó, el relator hace referencia de que Guatemala “debe dejar inmediatamente de abusar de la ley”.

También dejar de acosar a los jueces, quienes deben gozar de cierto grado de inmunidad en materia civil y penal.

Añadió que en 2021 y 2022, la CIDH constató la injerencia sistemática contra la independencia del sistema de justicia y advirtió sobre la intensificación de la criminalización y estigmatización contra los operadores de justicia.

Añadió que la Comisión recomendó proteger a los operadores de justicia contra ataques de intimidación, amenazas y hostigamiento e investigar quienes lo cometen.

Para leer más: CC decide no amparar al juez Miguel Ángel Gálvez y antejuicio en su contra debe continuar en la CSJ

El 19 de septiembre recién pasado, mediante una teleconferencia  el juez  Miguel Ángel Gálvez y la Fundación contra el Terrorismo expusieron alegatos ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por un amparo que interpuso el juzgador, con el que busca anular el trámite que buscar retirarle del derecho de antejuicio y ser investigado por supuesto uso indebido de la prisión provisional.

En la audiencia, Gálvez justificó que no abusó del uso de la prisión provisional y que esta se puede aplicar, y como parte de su defensa expuso el caso Cooptación del Estado, en el que había 56 detenidos y sesionó de manera ininterrumpida.

La Fundación contra el Terrorismo también expuso sus argumentos por los que promovió la solicitud del retiro de inmunidad para Gálvez. Ellos afirman que el juez se inventó a la figura de prisión provisional.

Mediante una teleconferencia este lunes 19 de septiembre, el juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, y la Fundación contra el Terrorismo expusieron alegatos ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por un amparo que interpuso el juzgador, con el que busca anular el trámite que buscar retirarle del derecho de antejuicio y ser investigado por supuesto uso indebido de la prisión provisional.

En la audiencia, Gálvez justificó que no abusó del uso de la prisión provisional y que esta se puede aplicar, y como parte de su defensa expuso el caso Cooptación del Estado, en el que había 56 detenidos y sesionó de manera ininterrumpida.

“El último proceso de Mauricio López Bonilla que fue procesado dentro de lo que el Ministerio Público lo denominó Cooptación del Estado fue detenido el 11 de junio de 2016 e inicié la audiencia con 56 sindicados y se realizó la audiencia en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, porque en la sala de audiencia -del Juzgado- no cabían, allí estaban Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, se inició el día hábil siguiente el 13 de junio, día lunes. Luego de iniciarse la audiencia de forma ininterrumpida el día 27 de junio se dictó el auto de procesamiento y el día 4 de agosto se dictó la prisión preventiva”, explicó Gálvez.

El juez luego señaló que “la resolución del 15 de junio no se afirma categóricamente que el abogado Miguel Ángel Gálvez no cumplió con la normativa legal, lo cual no se encuentra dentro de las funciones propias de la Corte Suprema de Justicia al responder el antejuicio planteado ya que únicamente le es permitido hacer referencia al antejuicio y no prejuzgar si existe una violación a la normativa jurisdiccional”.

La Fundación contra el Terrorismo también expuso sus argumentos por los que promovió la solicitud del retiro de inmunidad para Gálvez. Ellos afirman que el juez se inventó a la figura de prisión provisional.

“El juez prevaricador a sabiendas de que este es el único acto por medio del cual una persona ingresa a un centro de detención decidió arrogarse facultades legislativas y crear su propio procedimiento legal, su propia reglamentación por virtud de la cual no escuchó a las personas sindicadas, no escuchó a los abogados y, violentando los más elementales derechos de un ser humano decide remitirlos a prisión provisional”, criticó Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo.

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite el 15 de junio recién pasado a la solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez Gálvez, la cual fue presentada por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) el pasado 11 de mayo.

La CSJ le dio trámite a la solicitud de antejuicio identificada con el numeral 111-2022 y señaló que “por mayoría se admite para trámite”, y se nombra juez pesquisidor a la vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Sonia Santizo.

La solicitud de antejuicio fue presentada, según un tuit de Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT, por el delito de “prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal”.

Denunció amenazas a su función

Haber enviado a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), le habría costado al juez Gálvez enfrentarse a algún tipo de intimidaciones, lo que lo llevó a señalar pasividad de parte de los magistrados de la CSJ para atender el tema, lo que a su criterio es el reflejo de la pérdida de credibilidad y confianza hacia el Organismo Judicial (OJ).

En una entrevista con Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, el juez Gálvez señaló que con esas acciones lo que se busca es sacarlo de la jugada, como lo han hecho con otros administradores de justicia independientes que, incluso, han tenido que exiliarse en otras naciones.

En esa oportunidad Gálvez Agregó que, aunque tiene cierto temor, no se doblegará y continuará trabajando con apegó la ley, aunque asegura que, de acuerdo con los antecedentes de la persecución de sus colegas, ahora el tueno es suyo.

“A mí no se me está amenazando como Miguel Ángel Gálvez, a mí se me está amenazando en mi función de juez”, señaló Gálvez.

“Se deja en riesgo a toda la comunidad que está esperanzada en que haya jueces imparciales, que haya jueces probos, entonces ese es el problema. Lo que está pasando es que se está perdiendo la credibilidad y la confianza del OJ”, reiteró.

El juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, participó este lunes 5 de septiembre en una reunión virtual del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, donde se abordó la situación de jueces, fiscales y defensores de derechos humanos en Guatemala.

La exposición de Gálvez se centró sobre el riesgo que corre el estado de Derecho y la independencia judicial, así como el hostigamiento a jueces de tribunales de mayor riesgo, especialmente por procesos relacionados con conflicto armado y crimen organizado.

El 6 de mayo de 2022, el juez Gálvez dictó un fallo judicial que ordenaba enviar a juicio a nueve sindicados en el caso Diario Militar, por su presunta participación y responsabilidad de cometer delitos de lesa humanidad entre los años 1983 y 1985, hechos que afectaron a 183 personas.

Luego de la resolución Gálvez Aguilar denunció ser víctima de constante hostigamiento y acusaciones.

“Estamos siendo perseguidos por grupos que buscan ganar impunidad en el país”, dijo Gálvez ante el Parlamento Europeo, a quien le expuso que el sistema de justicia de Guatemala actúa de forma concertada con esos grupos y que “los jueces independientes estamos desprotegidos”.

También expuso que en Guatemala se perdió la separación de poderes y “prácticamente todas las instituciones están al servicio del poder político”. 

Respecto al retraso en el cambio de cortes en Guatemala, señaló que eso ha provocado un desgaste en la administración de justicia porque no hay garantías para que jueces ejerzan justicia independiente.

“El poder político de turno llegó a tomar todas las instituciones, especialmente el Organismo Judicial (OJ), que va para 4 años sin plazo constitucional, porque los diputados no han podido elegir magistrados”, dijo Gálvez. 

Gálvez concluyó su participación con tres solicitudes al Parlamento Europeo: que se conceda audiencia a operadores de justicia en Guatemala para “escuchar de primera mano la grave crisis de la administración de justicia”, que una delegación del Parlamento visite Guatemala para que “vean los riesgos que enfrentan los operadores de justicia” y que “se exhorte al Estado a que cumpla con obligaciones internacionales en materia de independencia judicial”.

La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó este lunes 25 de julio un amparo provisional contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitado por el juez de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez.

Por lo anterior, el trámite del antejuicio contra el juzgador deberá continuar en la CSJ.

La máxima corte resolvió no conceder la protección solicitada por el juez de Mayor Riesgo “B”, quien buscaba que se suspendería la decisión asumida por la mayoría de magistrados, quienes tramitaron el antejuicio que presentó la Fundación contra el Terrorismo (FCT).

El recurso de amparo fue interpuesto por Gálvez el 28 de junio último, quien argumentó que, de cinco casos utilizados como respaldo para la solicitud que se hizo de retiro de antejuicio, tres no estuvieron a cargo de él.

“A juicio de esta Corte, las circunstancias no lo hacen aconsejable porque no se dan los supuestos que prevé el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personas y de Constitucionalidad”, explicó la CC.

El 15 de junio último, la CSJ le dio trámite a una solicitud de antejuicio presentada por la FCT contra el juez Gálvez. 

Dicha fundación argumenta que el togado ha abusado de la medida de prisión provisional, razón por la que presentó la solicitud.

El retiro de antejuicio fue solicitado por la Fundación en mayo último. 

A raíz de que envió a juicio a varios implicados en el llamado Caso Diario Militar, Gálvez denunció persecución e intimidaciones, entre ellas por parte de la Fundación contra el Terrorismo.

Gálvez suma al menos cinco solicitudes de antejuicio en su contra.