Autoridades locales desplegaron este domingo un operativo para desalojar a unos 380 migrantes mexicanos y de Centroamérica agrupados en un campamento en la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, con el objetivo de reubicarlos en otra zona.

Por la mañana, autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) anunciaron a los migrantes que solo podrían llevarse tres cambios de ropa a los albergues en donde serían reubicados.

“Hubo personas que se empezaron a ir y empezaron a subir por su voluntad, sin usar la fuerza pública, a los camiones que van a los distintos albergues”, dijo a la prensa la alcaldesa de la ciudad, Montserrat Caballero.

La funcionaria señaló que los agentes que participaron en el operativo iban sin armas.

Sin embargo, la decisión generó molestia entre los migrantes que habitaban el campamento, el cual llevaba poco menos de un año de instalado.

“Está mal y es inhumano esto que nos están haciendo”, destacó Rosalía Mejía, una mujer del sureño estado mexicano de Guerrero, quien llevaba seis meses viviendo en el campamento con sus tres hijos. “Yo me voy a ir donde un familiar si es posible”, agregó.

Por su parte, una mujer hondureña de nombre Maritza reclamó también la actuación de las autoridades.

“Nos venimos de nuestro país porque hay mucha delincuencia, nos sacan de allá y ahora nos sacan de aquí”, reclamó la mujer, quien lleva un año viviendo en Tijuana y seis meses viviendo bajo una carpa con sus dos hijos menores de edad.

“¿Como quieren que uno busque la forma de entrar a Estados Unidos?”, añadió.

Luego del dessalojo, las autoridades comenzaron a destruir las casas de campaña que usaban los migrantes al igual que ropa y enseres domésticos como televisores y muebles.

Decenas de migrantes, principalmente de Centroamérica, cruzan México para pedir asilo en Estados Unidos ante la violencia y pobreza que se vive en sus países. Sin embargo, en el camino son víctimas de la delincuencia organizada o de las propias autoridades mexicanas.

Las autoridades mexicanas han reforzado sus operativos para combatir el flujo migratorio.

Apenas el 9 de diciembre, un tráiler que trasladaba a 160 migrantes irregulares chocó contra un puente peatonal en una carretera de Chiapas (sur) dejando 56 muertos, en su mayoría guatemaltecos.

El gobierno de Joe Biden anunció este lunes 13 de septiembre que los padres y tutores que estén legalmente en Estados Unidos y tengan a su cargo menores en El Salvador, Guatemala y Honduras podrán solicitar un permiso para traerlos a vivir consigo en territorio estadounidense.

A partir del martes 14 de septiembre, se aceptarán nuevos pedidos para acogerse al Programa de Menores de Centroamérica (CAM), que brinda a niños y adolescentes en riesgo en esos tres países ingresar y residir legalmente en Estados Unidos, informaron los departamentos de Estado y Seguridad Interior en un comunicado conjunto.

El CAM, creado por el demócrata Biden en 2014 cuando era vicepresidente de Barack Obama, fue cancelado en 2018 en el marco de la dura política antiinmigración del expresidente republicano Donald Trump.

Pero a su llegada a la Casa Blanca este año, Biden lo reanudó.

La administración Biden permitió en marzo la reapertura de los casos pendientes desde el 31 de enero de 2018. Y en junio amplió las condiciones para participar en el CAM: además de los padres, también pueden ahora solicitar este beneficio los tutores legales y los adultos con estatuto legal pendiente, incluidos los que pidieron asilo y aguardan la resolución de sus casos.

“La reapertura del CAM junto con la expansión de la elegibilidad son componentes del enfoque múltiple del presidente Biden para abordar los desafíos de la migración irregular a través de Centroamérica y Norteamérica”, según el comunicado oficial.

El gobierno demócrata, que prometió un sistema de inmigración “justo, ordenado y humano”, está bajo fuertes críticas de la oposición republicana, que lo acusa de crear una crisis humanitaria en la frontera.

Desde junio de 2020, el número de migrantes que intentaron cruzar ilegalmente a Estados Unidos desde México, muchos de ellos menores de edad no acompañados por un adulto, se ha multiplicado tras un descenso por la pandemia de covid-19.

En julio, el cruce de indocumentados en la frontera sur estadounidense batió un nuevo récord en 21 años: más de 200 mil migrantes fueron detenidos, según las últimas cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Casi 19 mil eran menores solos, de los cuales la mayoría provenía de los países del Triángulo Norte centroamericano: 8 mil 15 eran de Guatemala, 5 mil 629 de Honduras y 2 mil 115 de El Salvador.

Menores deben estar en Guatemala, El Salvador y Honduras

Con la reactivación del CAM, la administración Biden busca frenar este flujo de migración irregular y cortar el negocio de los “coyotes” (traficantes de personas), evitando así el peligroso viaje al norte de niños y jóvenes solos.

“Si bien la solicitud debe ser presentada aquí en Estados Unidos por un padre o tutor legal (…), el procesamiento del CAM ocurre completamente en El Salvador, Guatemala y Honduras”, dijo el lunes un alto funcionario gubernamental durante una teleconferencia con periodistas.

“Es importante tener en cuenta que los menores que califican no pueden acceder a este programa desde México o la frontera sur de Estados Unidos”, subrayó el responsable, que habló bajo condición de anonimato.

Decenas de miles de padres y tutores legales podrían ser elegibles para presentar solicitudes en el CAM, estimaron funcionarios del gobierno de Biden.

El trámite, que incluye pruebas de ADN para los hijos biológicos y declaración jurada en caso de menores adoptados, puede durar de seis a 12 meses, aunque con las dificultades de la pandemia podría extenderse un poco más.

Desde 2014 y hasta que Trump puso fin al CAM, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) recibió 10 mil 500 solicitudes de admisión de menores centroamericanos en Estados Unidos.

De éstas, recibieron luz verde más de 3 mil personas, tanto bajo condición de refugiados como con entrada condicional temporal.

Otros 2 mil 500 obtuvieron el permiso de entrada condicional temporal, pero no pudieron viajar a Estados Unidos antes de que la administración Trump se los rescindiera en agosto de 2017, según el National Immigration Forum, un grupo de defensa de inmigrantes con sede en Washington.

Cada día, unos 400 centroamericanos deportados desde EE. UU. ingresan vía México a El Ceibo, Petén, un puesto fronterizo alejado de las áreas urbanas y que no cuenta con la infraestructura necesaria para recibir a esa cantidad de migrantes, lo que generó una crisis en el área.

De momento los guatemaltecos deportados dejarán de arribar al país por esa frontera; sin embargo, migrantes de otras naciones continúan llegando mientras ven cómo se desvanece el denominado “sueño americano”, y con temor de regresar a sus países de donde, según dicen, huyeron de la violencia y la pobreza.

Es el caso de un hondureño que solo se identificó como Joan, de 30 años, quien llegó procedente de EE. UU. y que no piensa regresar a su nación.  En su país, Joan se dedicaba a la albañilería, pero lo que ganaba apenas le alcanzaba para comprar algo de comida, pues las construcciones han mermado a causa de los efectos de la pandemia de coronavirus y la violencia generalizada que deja decenas de muertos, algunos de ellos sus parientes.

“Gracias a Dios nos ha salido la oportunidad de pedir asilo en México, porque no queremos regresar, poque el crimen está bien pesado. A la mayoría de mi familia la han matado y no nos quedó otra opción que venirnos”, refirió Joan.

Lo mismo piensa Claudia Vargas, una mujer de 33 años de nacionalidad hondureña, quien ha sido deportada en dos ocasiones, pero su deseo por trabajar en EE. UU. y supera la pobreza que afecta a su país la impulsan a “intentarlo de nuevo”.

Recuerda que cuando los detienen las autoridades mexicanas, los migrantes reciben malos tratos, pero que, por la delincuencia, las pandillas y la economía inestable deben emprender el “sueño americano”.

A sus 18 años, Alexánder decidió dejar El Salvador, donde, según cuenta, las oportunidades de educción y empleo son escasas, sumado a los altos índices de criminalidad, y ahora que fue deportado de EE. UU. no piensa regresar a su país.

“Lastimosamente no todas las oportunidades se dan. No hay oportunidades de estudio y de trabajo y ahora que uno está joven debe aprovechar. En El Salvador es muy complicado, porque hay mucha gente estudiada que no consigue trabajo”, agregó.

A Erika, de 25 años, y su esposo de 30, la falta de empleo los obligó a emprender el viaje hacia EE. UU., junto a su pequeña hija de 2 años, pero fueron deportados y ahora se niegan a regresar a su natal Honduras y aseguran que emprenderán el viaje otra vez.

Añadió que en Honduras mucha gente trabaja en maquilas, pero en los últimos meses las fuentes de empleo han escaseado en ese sector y por eso decidieron migrar. “No me rindo fácil y voy a luchar por lo que quiero”, refirió.

Sánchez Cordero destacó el fenómeno de las caravanas como nueva modalidad migratoria, y señaló a Honduras como el lugar donde más personas se han reclutado para estos movimientos, durante una conferencia en Washington en la que presentó los ejes de la política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre este tema.

“Mientras los habitantes del Triángulo Norte de Centroamérica sigan careciendo de oportunidades de progreso en su lugar de origen, México continuará recibiendo un flujo migratorio importante de esa región“, dijo, en alusión al bloque que por su integración económica integran El Salvador, Guatemala y Honduras.

“Se estima que los próximos cinco años, el número de migrantes centroamericanos que se internan en nuestro país podría alcanzar la cifra de 700.000 individuos anuales, particularmente considerando una proporción importante de nicaragüenses“, agregó, durante el foro organizado por el Migration Policy Institute, un grupo de expertos que promueve políticas migratorias progresistas.

Antes la migración desde Nicaragua era más hacia el sur que hacia el norte, pero ahora “las condiciones políticas en el país hacen prever un flujo migratorio importante” hacia México, subrayó.

Nicaragua, gobernada desde 2007 por el exguerrillero Daniel Ortega, está sacudida desde abril pasado por masivas manifestaciones, cuya represión dejó 325 muertos, más de 700 detenidos y al menos 50.000 exiliados, según grupos de derechos humanos y de oposición.

Sánchez Cordero dijo que actualmente el modelo “más seguro” para los migrantes es a través de las caravanas.

“Es un nuevo fenómeno que no habíamos tenido antes“, aseguró. Y advirtió: “Este es un movimiento migratorio inusual, pero muy pronto se va a convertir en algo normal lo de las caravanas hacia el norte”.

Por eso, llamó a ver quiénes las promueven, cuáles son sus líderes y qué organizaciones están detrás. “¿Cómo reclutan a la gente desde Honduras estas caravanas?, se preguntó.

Consultada luego por la AFP, afirmó que “en Honduras se formaron más caravanas“, sin dar más detalles.

Desde octubre pasado y principios de este año, miles de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos indocumentados marcharon en caravanas hacia Estados Unidos, enfureciendo al presidente estadounidense Donald Trump y provocando tensiones en la frontera sur del país.

Sánchez Cordero enfatizó que López Obrador, que asumió el 1 de diciembre para un mandato de seis años, aspira a atender este problema “detonando el desarrollo” en el sur de México y Centroamérica.

“Así vamos a atender las causas del flujo migratorio que llega a Estados Unidos”, dijo, contraponiendo la política de “contención, represión y deportación” del gobierno de Enrique Peña Nieto, con la de “orden, seguridad y regularización” de los migrantes de la nueva administración.

El 84% de los migrantes son hondureños y el resto de Nicaragua y El Salvador, reportó Claudio Bres Garza, el alcalde de Piedras Negras, en el estado de Coahuila.

Naves industriales de una antigua maquiladora fueron habilitadas para albergar a los migrantes, donde las mujeres y los niños dormirán separados de los hombres.

En declaraciones a la prensa, el alcalde dio la bienvenida a “todos aquellos que se comporten” y los instó a comportarse como invitados, luego de que el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, advirtió que no permitirá que ingresen más migrantes indocumentados al estado.

En total unos 2.200 migrantes arrancaron su caravana el 15 de enero en Honduras, pero medio millar decidió tramitar su visa humanitaria, que les permite trabajar y obtener seguridad social por un año. Otros desviaron su rumbo a ciudades mexicanas como Monterrey, Nuevo León.

Otro contingente de unos 3.800 migrantes, que huyen de la violencia y la pobreza de sus países, atraviesa el estado de Chiapas, limítrofe con Guatemala, y se dirige a la Ciudad de México donde decidirán la ruta que tomarán para llegar a la frontera con Estados Unidos.

En octubre del año pasado, cerca de 6.000 migrantes, en su mayoría familias con niños, llegaron a hacinarse por más de dos semanas entre noviembre y diciembre en improvisados albergues en Tijuana, donde algunos fueron agredidos por lugareños.

Sólo una décima parte de ellos permanece en esa frontera. El resto regresaron a sus países, cruzaron la frontera o se dispersaron.

Durante su estancia en Tijuana, algunos de los migrantes intentaron ingresar saltando la valla fronteriza y otros se apuntaron en infinitas listas para tramitar solicitudes de refugio.

La llegada a Coahuila de la caravana coincide con el esperado discurso este martes por la noche de Trump sobre el Estado de la Unión, la solemne alocución anual ante el Congreso, en el que es probable que abogue por la construcción de un muro en la frontera que comparte con México de más de 3.000 kilómetros.

Este miércoles miles de migrantes centroamericanos apresuraban su paso hacia a la frontera noroeste de México, en tanto grupos que se separaron de la caravana comenzaron a llegar a Tijuana, contigua a la estadounidense San Diego.

Uno grupo de unos 350 migrantes llegó el martes a Tijuana.

“Queremos llegar cuanto antes (a EEUU), lo más rápido posible, tenemos más de un mes fuera de nuestro país”, dijo a la AFP Saúl Rivera, un salvadoreño de 40 años.

Estados Unidos cerró el martes parcialmente con barricadas y alambres de púas las garitas fronterizas de San Ysidro y Otay Mesa, que conducen a California.

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El 9 de noviembre, el presidente Donald Trump decretó el fin de los pedidos de asilo para quienes ingresen ilegalmente a Estados Unidos, en un intento de disuadir a los centroamericanos que buscan su sueño americano para escapar de la pobreza y violencia de sus países.

Asimismo, el mandatario ha calificado a los migrantes de “criminales” que pretende invadir territorio estadounidense.

Pero Victor de Leon, un migrante guatemalteco, dijo que “el 99 por ciento somos gente de bien, y estamos esperando a hacer las cosas en paz, que Donald Trump se de cuenta de la necesidad real que tenemos, que no es de venir a hacer daño. Es de venir a encontrar una oportunidad que en México que en nuestros países se ha negado.”

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Del grueso de la caravana, que salió de Honduras el 13 de octubre y llegó a sumar 7.000 integrantes según Naciones Unidas, muchos han claudicado y otros se han separado.

Además de hondureños, se sumaron migrantes de Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.

A esta gran caravana le siguen a la distancia otras dos, con unos 2.000 migrantes cada una.

Por Sergio Morales

Si no cuenta con un teléfono, menos con una página de internet ni con delegaciones para atender a los migrantes en la provincia. Hace casi cuatro meses asumió el nuevo secretario ejecutivo, Carlos Narez, después de que Conamigua permaneció sin cabeza desde febrero del 2017, con la salida de Alejandra Gordillo, durante ese tiempo se acumularon las cuentas por pagar, que terminaron por afectar las funciones de la institución.

Aunque el artículo 2 de la Ley de Conamigua precisa que la naturaleza de esta es “coordinar acciones y actividades tendientes a proteger, atender y brindar asistencia y auxilio a los migrantes guatemaltecos”, esa misión no se ha cumplido, puesto que los migrantes y sus familias en el país no cuentan ni siquiera con un número telefónico para hablar con las autoridades y exponer sus casos.

La falta de pago de los servicios y las deudas que mantiene la institución son del conocimiento del Consejo, indicó la subsecretaria Rita Elizondo, quien, junto con Narez, ha participado en las dos reuniones que ha efectuado ese cuerpo colegiado desde que fueron nombrados.

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El diputado Fidel Reyes Lee, representante del Congreso ante el Consejo, explicó que han encontrado muchos problemas porque Conamigua no se había podido integrar, lo que causó que se acumularan las deudas.

“Trabajamos en eso. Ya aprobamos el Plan Operativo Anual. Se están tomando las medidas correctivas a efecto de que Conamigua sea funcional”, explicó Reyes Lee.

El presupuesto asignado a Conamigua es de Q18 millones, el mismo del 2017, debido a que el Legislativo no aprobó el plan de gastos propuesto por el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, Narez aseguró que aún no se ha recibido ningún desembolso y que esa es la causa principal del atraso en los pagos.

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No obstante, el Consejo aprobó recientemente un viaje que hizo Narez a EE. UU., donde se reunió con grupos de migrantes en Washington, D.C. El funcionario explicó que los boletos aéreos fueron adquiridos para “posteriormente ser acreditados”.

Aseguró que en el viaje se abordaron “temas importantes” como la petición de migrantes de reformar Conamigua y las posibilidades de “clasificar para un TPS” (Estatus de Protección Temporal).

Intereses políticos

Sectores consultados coincidieron en que Conamigua es un ente que se ha politizado y que ha dejado por un lado la atención a los compatriotas en el extranjero. Además afirmaron que las deficiencias siempre han existido, pero que se hicieron más evidentes desde que la oficina quedó acéfala.

“Es una realidad que se ha vivido desde su creación: el hecho de que Conamigua es inútil a las necesidades de los migrantes”, opina Pedro Pablo Solares, analista en temas de migración.

Solares añadió que el tinte político que ha mantenido la entidad desde que fue creada ha provocado que nunca haya presentado una política migratoria ni haya servido a los migrantes.  Añadió que con la creación de la Autoridad Migratoria Nacional las funciones de Conamigua prácticamente se duplicarían, por lo cual pasa a ser prescindible.

“De acuerdo con la nueva institucionalidad, Conamigua debería desaparecer y los fondos deben ser trasladados a instituciones más eficientes”, apuntó Solares.

Similar opinión manifestaron los migrantes que radican en EE. UU.. Byron Quezada, representante de la Fraternidad Shecana de California, dijo que la entidad no ha apoyado a los migrantes “nunca”.

“Que enseñen una acción que haya sido para ayudar a los migrantes. Nunca, nunca se ha dado. Lo único que hacen acá —en EE. UU.— es que durante las fiestas patrias hacen camisetas y las regalan en las calles, esa es la única evidencia de Conamigua aquí”, afirmó Quezada.

Añadió que, con excepción de algunos migrantes que se han beneficiado con el otorgamiento de boletos aéreos, “la mayor parte dice que Conamigua debe desaparecer y que le den ese presupuesto al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo invierta en la ayuda al migrante, especialmente ahora que está dura la situación con —el presidente de EE. UU.— Donald Trump”.

Walter Batres, integrante de la Red Migrante Guatemalteca, expuso que a Conamigua solo se le vio nacer, pero nunca se le permitió “gatear, mucho menos caminar”.

Criticó la “inoperancia” del ente y considera que este ha sido utilizado para “pagar favores con el presupuesto que debería utilizarse para proyectos de defensa, dignificación y empoderamiento de la comunidad migrante”.

“Voy a levantar la institución”

Carlos Narez, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), afirmó que la falta de presupuesto del 2018, más una restructuración y una “limpia” que se hace a la parte administrativa del Consejo, han causado las limitaciones en el funcionamiento de este.

Afirmó que el presupuesto ya fue aprobado por el Consejo, pero los recursos aún no llegan desde la banca central a la institución. Añadió que espera contar con ellos “a la brevedad posible”, para comenzar a ejecutar.

“Estoy levantando esto, que estaba en el suelo. Esperamos tener presupuesto ya en julio y agosto. Eso es un reto para mí. Voy a levantar esta institución como usted no tiene idea”, aseguró el funcionario.

Respecto del retraso en el pago de servicios básicos como el teléfono y la página web, indicó que no puede hacerlos con imprudencia, para evitar reparos de la Contraloría General de Cuentas, y aseguró que ya se canceló la deuda telefónica, lo que significa que Conamigua por fin tendría un número de teléfono durante julio.

En cuanto a la contratación de personal que debería ser asignado en los departamentos, Narez expuso: “Al tener asignado presupuesto comenzamos a hacer la convocatoria”.

La subsecretaria del Consejo, Rita Elizondo, afirmó que el trabajo de la institución no se detiene y que, por ejemplo, se han hecho esfuerzos para ayudar a los migrantes en casos emblemáticos como el asesinato de Claudia Patricia Gómez, a manos de un guardia fronterizo de EE. UU., ante el cual se gestiona apoyo para esta familia, y en el caso del migrante deportado Nasario Jacinto,  se coordina asistencia para que recupere a su hija Filomena, que le fue arrebatada de los brazos en la frontera sur de ese país.

Hacen más con menos

La Casa del Migrante de Guatemala es una entidad dirigida por la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica.

Mauro Verzeletti, director de la entidad, estimó que al año unos tres mil migrantes son atendidos en la Casa del Migrante de Guatemala, en la capital, y otros cuatro mil en la de Ciudad Tecún Umán, San Marcos.

Aparte de brindar hospedaje y alimentación a los migrantes que lo requieran, Verzeletti indicó que, para auxiliarlos, la Casa del Migrante cuenta con una unidad de derechos humanos y de atención psicosocial. También tienen una sección de inserción laboral, que se coordina con grupos de la sociedad civil.

“Yo creo que Conamigua se ha burocratizado mucho y piensa que la solución está desde una oficina. Y no, los migrantes están en la calle”, enfatizó Verzeletti.