Al menos 35 mil solicitantes de asilo fueron bloqueados en zonas fronterizas de México en 2019, afirmó la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la apertura de la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, que se celebrará durante tres semanas.

“Las políticas actualmente en marcha en Estados Unidos, México y varios países centroamericanos ponen a muchos migrantes en peligro de sufrir violaciones de derechos humanos y abusos”, aseguró Bachelet.

La expresidenta chilena subrayó que estas políticas podrían violar los derechos de colectivos vulnerables como los menores de edad, en un momento en el que “niños migrantes continúan siendo recluidos en centros de detención de Estados Unidos y México”, al tiempo que Washington considera cambios legales para permitir que estas detenciones sean permanentes.

“En EE. UU., una nación construida a base de recibir migrantes, recientes medidas han reducido su protección, lo que me preocupa profundamente, especialmente la continuada separación de niños migrantes de sus padres”, criticó Bachelet.

Inseguridad, corrupción o consecuencias del cambio climático

La Alta Comisionada también aseguró que el endurecimiento de las políticas migratorias en la región no detendrá el movimiento de familias que huyen de problemas causados por la inseguridad, la corrupción o las consecuencias del cambio climático, sino que abocará a muchos a emprender rutas más peligrosas.

En ellas “podrían exponerse a la violencia física y sexual” y caer en manos de redes de tráfico de personas, advirtió Bachelet.

Acuerdo con EE. UU.

México alcanzó en junio un acuerdo con Estados Unidos para endurecer su política migratoria -que incluyó el despliegue de militares en las fronteras- con el fin de evitar una probable guerra comercial con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Según datos del Instituto Nacional de Migración mexicano, este año ha habido una reducción del 56 % en el flujo migratorio, y se deportaron en lo que va de 2019 más de 100.000 indocumentados, más de la mitad de ellos en los tres meses transcurridos desde el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos.

Esas palabras se las dirigió el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU este miércoles.

Lo hizo después de que la expresidenta de Chile advirtiera sobre la “violencia policial” brasileña.

En medio de la presentación de su balance anual en Ginebra, Bachelet indicó que “entre enero y junio de 2019, sólo en Río de Janeiro y Sao Paulo, se nos ha informado de 1.291 personas asesinadas por la policía, un aumento del 12 al 17% comparado con el mismo periodo del año pasado”.

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Ante esto, Bolsonaro no tardó en responder. Y, en medio de una conferencia de prensa en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la presidencia, dijo:

“Nos acusa de que no estamos castigando a los policías que matan gente en Brasil”, pero “está defendiendo los derechos humanos de los vagabundos“.

Más tarde, a través de su cuenta de Facebook, Bolsonaro volvió a cuestionar al padre de la exmandataria, quien murió como consecuencia de las tortura recibidas tras el golpe militar en Chile en 1973.

“Dice que Brasil pierde espacio democrático, pero olvida que su país no es Cuba gracias a aquellos que tuvieron el coraje de detener a la izquierda en 1973, entre estos comunistas su padre brigadier en ese momento”, indicó.

https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/photos/a.250567771758883/1577243422424638/?type=3&theater

Por otra parte, Bolsonaro aseguró que Bachelet se está “entrometiendo” en la soberanía brasileña y la comparó con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

“Perdió la pelea con la agenda ambiental, igual que Macron, y ahora viene con la agenda de los derechos humanos”, dijo, en alusión a los desencuentros que sostuvo con el mandatario francés a raíz de los incendios desatados en la Amazonía.

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“Parece que la gente que no tiene nada que hacer, como Michelle Bachelet, va para la silla de derechos humanos de la ONU”, concluyó el presidente brasileño.

En Ginebra, Bachelet habló de un “marcado aumento de la violencia policial”, cuyas víctimas son habitantes de las favelas y afrodescendientes, y de “discursos que legitiman las ejecuciones extrajudiciales y la ausencia de rendición de cuentas”.

La polémica entre el Bolsonaro y la funcionaria de la ONU ocurre días después de que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, visitara a su par brasileño.

Piñera, antiguo adversario político de Bachelet, defendió al presidente brasileño, asegurando que asegurando que “no es responsable” de la crisis por los incendios en la Amazonía.

Se espera que en los próximos días, además, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Teodoro Ribera, realice una visita oficial a su homólogo brasileño, Ernesto Araújo, y confirme las buenas relaciones entre ambos países.

El lunes arrancó la campaña electoral en Guatemala para las presidenciales, legislativas y municipales del 16 de junio.

“Estoy preocupada ante el aumento de amenazas a la independencia y protección de los miembros de la judicatura, como los jueces que presiden juicios cruciales para la corrupción y la justicia de transición“, dijo la chilena Michelle Bachelet, durante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

Aunque admitió que Guatemala hizo “importantes progresos” en 2018 respecto a las medidas tomadas ante las violaciones de derechos humanos cometidas durante los 36 años de conflicto armado que dejaron 200.000 muertos y desaparecidos, Bachelet señaló su preocupación por una serie de proyectos de ley que podrían revertir los recientes avances.

La Alta Comisionada se refirió, entre otros, a la iniciativa que podría enmendar la Ley de Reconciliación Nacional, lo que podría abrir el camino a una amnistía general y la “puesta en libertad inmediata de todas las personas que fueron detenidas por crímenes cometidos” durante los años de represión y genocidio de etnias mayas .

La Ley de Reconciliación Nacional, aprobada tras el fin de la guerra en 1996, otorgó amnistía a militares y guerrilleros, pero dejó fuera los delitos de lesa humanidad como genocidio, tortura y desaparición forzada.

El congreso guatemalteco tiene en programa el debate y eventual aprobación en tercera lectura, la reforma a esa ley, abriendo el camino a una amnistia amplia.

En este contexto, insistió Bachelet, “me preocupa el riesgo de las crecientes tensiones e incluso violencia” en los comicios de junio.

“Es vital para el futuro de Guatemala que los grupos que tradicionalmente sufrieron discriminación y exclusión puedan participar de forma significativa en estas elecciones, con una representación adecuada”, concluyó.

Durante los 36 años de guerra civil culminados en 1996 se registraron en Guatemala 200.000 muertos y desaparecidos, principalmente en comunidades indígenas, a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, según cifras de la Comisión de Esclarecimiento

Histórico (CEH) auspiciada por la ONU. Esa comisión reconoció tambien que hubo un genocidio de poblaciones mayas.

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“Es importante reiterar para Guatemala que la solución de la crisis en Venezuela corresponde a los mismos venezolanos. Respetamos los principios de soberanía, de integridad territorial y el principio de no intervención o que rechazáremos cualquier solución militar o amenaza de uso de la fuerza”, expuso el mandatario durante la reunión.

Afirmó que ya quedó suspendida la cooperación militar con el régimen de Nicolás Maduro, por parte de Guatemala, e impidieron el ingreso de altos funcionarios de ese régimen al territorio guatemalteco.

Además, se alertó al sistema bancario y financiero para evitar operaciones con funcionarios de alto rango y compañías estatales y de ser necesario se congelarán sus fondos u otros activos.

“Vemos con preocupación que el régimen de Nicolás Maduro sigue promoviendo un clima de conflictividad innecesario para su país y para América Latina”, dijo y reiteró su respaldo a Juan Guaidó.
También reiteró el llamado urgente al restablecimiento inmediato del orden democrático en Venezuela, mediante el desarrollo de elecciones libres y transparentes, convocadas por las autoridades legítimas, con garantías suficientes y la designación de un nuevo consejo electoral.

Reprocha a delegada de la ONU

Morales empleo parte de su intervención para cuestionar el trabajo de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien en las últimas semanas expresó preocupación por los riesgos sobre jueces, fiscales, testigos y defensores de derechos humanos en Guatemala y rechazó la propuesta de reformar la Ley de Reconciliación Nacional, que dará amnistía a condenados por crímenes de guerra.

“Lamentamos mucho que naciones unidas, incluida la oficina para la alta comisionada de Derechos Humanos. No esté procediendo de acuerdo a su mandato con la relación a la situación en Venezuela”, expuso el mandatario.

A su criterio, el informe que presentó Bachelet en el marco del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de Venezuela “no evidencia la voluntad ni el espíritu democrático que debe prevalecer para una solución definitiva”.

“Demandamos acciones fuertes de la alta comisionada, pues consideramos que hasta el momento no ha cumplido su mandato a cabalidad en lo que respecta a Venezuela”.

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“Jueces, fiscales, testigos y defensores de derechos humanos se enfrentan a un riesgo cada vez mayor, lo que hace que se incrementen las tensiones entre el poder Ejecutivo y el Judicial”, señaló durante in encuentro informal con representantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La comisión guatemalteca negó dichos señalamientos. E invitó a la oficina de la ONU para los derechos a establecer una representación permanente en el país.

Durante esta mañana, Velásquez también publicó un video en el que insta a la ciudadanía en participar en el proceso de construcción del Estado de Derecho, y resaltó que uno de sus principales pilares es el sistema de justicia.

“No hay en Guatemala nadie superior a la ley y eso que en la práctica hemos logrado demostrar tiene que fortalecerse”, detalló.

"Para que los progresos alcanzados no se reviertan, es indispensable que todos los guatemaltecos y guatemaltecas participen en el proceso de construcción del #EstadoDeDerecho democrático". Comisionado @Ivan_Velasquez_ en #DiálogosCiudadanos por #CulturaDeLaLegalidad. pic.twitter.com/4jx1w2E6C5

— Archivo de la CICIG Guatemala (@CICIGgt) February 4, 2019

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Sandra Jovel señaló que el gobierno estará cumpliendo la resolución emitida por la CC, “debido a que la Corte ha sido clara en la decisión que exhortó”.

Una respuesta que dió luego de que se le cuestionara si el gobierno cumplirá con acatar la resolución del máximo tribunal del país emitida el pasado 9 de enero, en el que ordenó la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), luego que el gobierno decidiera concluir de manera unilateral el mandato ante Naciones Unidas (ONU).

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“Yo lo que pensaría es que hay que leer bien los documentos no atrevería a hacer un análisis jurídico, no soy abogada, pero creo que la Corte -de Constitucionalidad- ha sido muy clara en la decisión que tomó y la exhortación que hace. Creo que ese tema pues ustedes ya lo han visto ellos están exhortando y nosotros estamos cumpliendo con sus exhortaciones”, dijo Jovel a Noticiero Guatevisión. 

La canciller también señaló que luego de darle fin al mandato – CICIG- Naciones Unidas aceptó lo resuelto, aunque esto es algo sobre lo que, hasta la fecha, la ONU no ha hecho declaraciones, al contrario se ha opuesto a la decisión del presidente Jimmy Morales.

#crisiscicig La canciller Sandra Jovel habló con @Guatevision_tv y señaló que tras darle fin al mandato de @CICIGgt la @ONU_es aceptó lo resuelto, aunque esto es algo que hasta la fecha, ONU no ha hecho, al contrario se ha opuesto a la decisión del presidente @jimmymoralesgt. pic.twitter.com/QD3hxrzTIc

— Andrea Domínguez (@andread_gtv) January 23, 2019

En su intervención Jovel también cuestionó e indicó que “Naciones Unidas no tiene en ningún momento por qué opinar y mucho menos decir que no acepta una decisión de un Estado, cuando es un órgano que depende de los Estados.”

El último pronunciamiento de ONU sobre el rema de CICIG se realizó el 9 de Junio y confirmaba que CICIG continuaba con el mandato estipulado y que finalizará en septiembre de 2019.

[URGENTE] El portavoz de la #CICIG @matiasponce confirma que la Comisión finalizará con su mandato estipulado hasta septiembre y se encuentra evaluando las distintas acciones que se llevarán adelante para continuar con sus tareas en Guatemala. https://t.co/8dsVXOn9qS

— Noticias ONU (@NoticiasONU) January 9, 2019

Jovel le responde a Bachelet

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que  reformar  la Ley de Reconciliación Nacional, es “promocionar a la impunidad y significaría un retroceso drástico a la rendición de cuentas de los condenados en la guerra civil del país”.

Ante ese pronunciamiento la canciller también indicó que este tipo de temas no le compete a la ONU y que el país es soberano para hacer las reformas que considere.

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La Ley de Reconciliación Nacional, en su forma actual, ha sido utilizada por los tribunales nacionales en varios casos emblemáticos que abordan violaciones graves de derechos humanos”, dijo Bachelet.

Agregó que “esta enmienda, si se aprueba, representará un retroceso drástico hacia la rendición de cuentas y el estado de derecho en Guatemala. Al mismo tiempo, pondrá en grave peligro los avances logrados por el país para lidiar con el legado de la guerra civil y para prevenir más violencia”.

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La comisionada advierte que la enmienda no solo detendrá las investigaciones en curso relacionadas con violaciones de los derechos humanos, sino que también tendrá un efecto retroactivo, lo que permitirá a decenas de personas actualmente en prisión luego de ser condenadas por violaciones graves de derechos humanos.

“Esto significa una total impunidad para todos los involucrados en violaciones verdaderamente horrendas, incluidos los crímenes de lesa humanidad. Reabrirá viejas heridas y destruirá la confianza de las víctimas en el Estado y sus instituciones”, dijo Bachelete a través del comunicado.

Otra de las preocupaciones que emitió la comisionada de la ONU es que si el proyecto se aprueba “podría provocar represalias contra todas las valientes víctimas, testigos, jueces, fiscales, abogados y organizaciones que han estado promoviendo la justicia por delitos pasados ​​en Guatemala”.

Evitaron que prensa ingresara

Las declaraciones de Jovel se obtuvieron luego de que finalizó un evento donde participó junto con el presidente Jimmy Morales en el Palacio Nacional de la Cultura.

Allí  el mandatario junto a la Canciller recibieron el saludo de año nuevo por parte del cuerpo diplomático acreditado en el país, este es un evento que en años anteriores ha sido público , pero ahora, no se emitió convocatoria de prensa y al llegar la seguridad no permitió el ingreso de Guatevisión, informando que el evento era de carácter privado, aun así este fue transmitido en vivo por el Canal de Gobierno.

En el lugar el presidenteMorales  agradeció a los países que le han demostrado su apoyo ante los últimos acontecimientos del país, y señaló que respeta la soberanía de cada Nación.

El saludo del cuerpo diplomático a @jimmymoralesgt es un evento que ha sido público, presidencia negó acceso. pic.twitter.com/THFLIHfIcZ

— Andrea Domínguez (@andread_gtv) January 23, 2019

“Esta reforma significaría una total impunidad para todos aquellos involucrados en violaciones verdaderamente horrendas, incluidos crímenes de lesa humanidad”, advirtió la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Si se aprueba esta reforma, representaría un drástico retroceso para los derechos de las víctimas a la justicia y para el Estado de Derecho en Guatemala”, expresó haciendo referencia a que el contenido actual de la ley ha sido base legal para los juicios.

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También manifestó su preocupación ante la posibilidad de que al aprobarse la normativa pueda haber represalias contra las víctimas, testigos, jueces e incluso organizaciones que han promovido la justicia por los delitos del pasado.

“Reabrirá viejas heridas y destruirá la confianza de las víctimas en el Estado y sus instituciones”, aseguró.

36 años de guerra

La Ley de Reconciliación Nacional ha estado en vigor desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 y ha sido reconocida internacionalmente como un modelo legislativo de la lucha contra la impunidad de serios abusos y graves violaciones a los derechos humanos.

Durante los 36 años que duró el conflicto armado interno (1960-1996) 250 mil personas murieron o fueron desaparecidas.

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Un tema que aún es sensible para cientos de familias es la desaparición de sus seres queridos durante el conflicto, específicamente en la época de los años ochenta, en el que miles de personas fueron detenidas y posteriormente desaparecidas acusadas de subversión por parte de las fuerzas represivas del Estado.

Quienes promueven la iniciativa aseguran que es necesario un perdón por los 36 años de conflicto armado interno, para que organizaciones dejen de lucrar con la guerra.

“Nosotros los soldados no somos matones ni asesinos, combatimos terroristas. Únicamente defendimos a Guatemala”, argumentó el diputado oficialista Estuardo Galdámez.

Entre los oponentes está la familia Molina Theissen, que en 2018 vio cumplirse su sueño de justicia por la desaparición del adolescente Antonio Molina Theisse y la detención ilegal y violación de su hermana Emma Guadalupe, ocurrida en 1981.

Por este caso fueron condenados cinco militares a 33 y 58 años de cárcel, entre ellos el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas García.