Oscar tiene 12 años y había cruzado el Río Grande desde México hasta Texas en un bote conducido por traficantes de personas.

“Yo me vine porque nosotros no teníamos qué comer”, cuenta este niño delgado y de grandes ojos oscuros tras desembarcar al caer la noche en tierras privadas de este polvoriento pueblo del Valle del Río Grande, junto a varias familias inmigrantes.

Antes de partir, “mi mamá me dijo: ‘No vayas a llorar’. Pero yo lloré”, dice sin poder aguantar las lágrimas este hijo único de una madre soltera que perdió su empleo durante la pandemia de covid-19. Espera reunirse pronto con su tío, un pintor de paredes que vive en Los Ángeles desde hace 15 años.

Lo peor del viaje, relata, fueron las 12 horas que pasó en un tráiler repleto de migrantes cerca de la frontera con México. “Había calor y se empezaron a desmayar todos”, recuerda. También él, hasta que le dieron agua.

Pero guarda el buen recuerdo de un amigo que se hizo en el trayecto, del cual luego fue separado. “Me decía que no me diera por vencido, que llegar teníamos que llegar, con la misericordia de Dios. Y también me dijo que allá iba yo a tener una mejor vida”.

En Estados Unidos “voy a poder estudiar”, asegura. “Voy a aprender cómo hacer para traer a mi mamá”.

Más de 70 inmigrantes indocumentados -sobre todo de Guatemala y Honduras pero también dos de Rumania- cruzaron el Río Grande frente a Roma, Texas, en la noche del sábado. Más de 20 de ellos eran niños y adolescentes que viajaron sin acompañante, algunos de apenas siete años.

El camino está regado de rastros de la antigua vida de los inmigrantes que han perdido o preferido dejar atrás: los brazaletes plásticos de colores que los traficantes les atan a las muñecas para identificarlos a la hora de cruzar el río, zapatos sueltos, un pantalón mojado, un sonajero, dinero hondureño…

Las autoridades intentarán reunir a los menores con sus familiares tras una detención que durará varias semanas, quizás meses. Algunas familias serán liberadas para aguardar su audiencia de asilo en libertad, otras serán deportadas. Los adultos que llegan solos son todos expulsados, dice el gobierno.

La escena se repite casi a diario en varios puntos de esta zona donde el río es muy estrecho, según vecinos de Roma.

Un problema crónico

El problema crónico de la inmigración ilegal a Estados Unidos se ha convertido en uno de los mayores flancos políticos del presidente demócrata Joe Biden a dos meses de haber asumido.

La derecha lo ataca por no blindar totalmente la frontera de casi 3.200 km con México y le acusa de haber generado una crisis con sus políticas migratorias más flexibles, mientras la izquierda le critica por no aceptar a un mayor número de inmigrantes y no mejorar rápidamente sus condiciones de acogida.

Pero a diferencia de Trump, afirma que ningún niño que llegue solo al país será expulsado y ha liberado a miles de familias en momentos en que los centros de procesamiento y de detención gubernamentales desbordan de gente.

Llenar un vacío

En febrero casi 100 mil inmigrantes cruzaron la frontera ilegalmente, un regreso a niveles de mediados de 2019 tras un frenazo debido a la pandemia.

Más de 9  mil 400 menores cruzaron la frontera solos y se entregaron a las autoridades ese mes, un 28% más que en enero. Y en lo que va de marzo han llegado más de 14 mil, señalan las autoridades, que creen que la cifra seguirá aumentando.

Más de una docena de inmigrantes consultados minutos tras poner pie en suelo estadounidense dijeron que su principal razón para emigrar fue la miseria, la violencia y el desempleo agravado por la pandemia y recientes huracanes en sus países, sobre todo en Honduras, El Salvador y Guatemala.

Muchos niños y jóvenes sueñan reunirse con sus padres, a quienes hace años que no ven.

“Ella se puso a llorar y yo me puse a llorar también porque son 17 años de no verla. Siento un gran vacío en mi corazón y ese vacío quiero volverlo a llenar con su amor”, cuenta.

El máximo tribunal de justicia no incluyó en su calendario de este período, que finaliza a mediados de año, la revisión de la Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA), una iniciativa del gobierno de Barack Obama que permite residir y trabajar de manera temporal a los llamados “dreamers” (soñadores), la mayoría latinoamericanos. Esto supone que probablemente no fallará sobre el DACA este año.

La Corte volverá a reunirse el 15 de febrero para discutir la posibilidad de examinar el tema durante el próximo período, que comienza en octubre. Pero aún si lo hiciera, recién tomaría una decisión en 2020.

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El gobierno de Trump busca que la Corte Suprema de nueve miembros, de mayoría conservadora tras el ingreso del cuestionado juez Brett Kavanaugh, apoye su decisión de acabar con el DACA, el cual considera inconstitucional.

El 5 de noviembre pasado, el Departamento de Justicia urgió al alto tribunal pronunciarse en este periodo sobre la legalidad del DACA, pasando por encima de cortes inferiores que bloquearon los planes del gobierno de terminarlo.

El DACA se coló este fin de semana en las negociaciones para reabrir el gobierno, parcialmente paralizado desde hace un mes por falta de fondos, con una oferta de Trump a la oposición demócrata de extender temporalmente el programa a cambio de los 5 mil 700 millones de dólares para construir su muro fronterizo.  El planteo fue rechazado.

Trump anunció en septiembre de 2017 la cancelación del DACA creado por Obama en 2012, al cual están acogidos unos 700 mil “dreamers” de los 1.8 millones que se estima hay en el país.

El presidente dio al Congreso hasta marzo de 2018 para encontrar a una solución definitiva para estos jóvenes. Pero los legisladores no lograron un acuerdo.

Entretanto, tres cortes federales, en California, Nueva York y el Distrito de Columbia, consideraron ilegal la rescisión del DACA y lo restituyeron.

El 8 de noviembre pasado, al pronunciarse sobre el caso de California, una corte federal de apelaciones dictaminó que el gobierno de Trump debía mantener el programa. Otra corte de apelaciones debe escuchar los argumentos en el caso de Nueva York el próximo 25 de enero.

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El caso que podría evaluar la Corte Suprema en relación al DACA es el que enfrenta a los regentes de la Universidad de California con el Departamento de Seguridad Interior (DHS) del gobierno de Trump.

La demanda, presentada por la Universidad de California y su presidenta Janet Napolitano, exsecretaria del DHS de Obama, alega que finalizar el DACA viola leyes administrativas, así como el derecho al debido proceso consagrado en la Quinta Enmienda de la Constitución.

Agustín salió desde la remota aldea de Yalambojoch en el municipio indígena occidental de Nentón, colindante con la frontera de México, donde, según familiares, escuchó rumores sobre mayores oportunidades para quedarse en Estados Unidos si entraba con el niño.

Sin embargo, la ilusión se vio truncada con la muerte de Felipe la noche de Navidad bajo custodia en un hospital de Nuevo México, casi una semana después de que ambos fueran detenidos en Texas al cruzar ilegalmente la frontera.

El niño falleció tras presentar síntomas de gripe, según las autoridades estadounidenses que investigan el caso.

Dos semanas antes, Guatemala ya se había visto sacudida por la muerte de la niña indígena Jakelin Caal, de siete años, internada en un centro médico de Estados Unidos en condiciones similares.

La menor viajó con su padre Nery, de 29 años, desde el poblado maya de Raxruhá, en el norte guatemalteco, y habría fallecido por deshidratación en su intento por alcanzar “el sueño americano”.

Aunque la migración de padres y niños e incluso familias completas tiene su origen en los problemas estructurales del país como la pobreza y violencia, Roxana Palma, activista de la Casa del Migrante de Guatemala, explicó que circulan mensajes de que llevar menores da mayores “garantías” de establecerse en Estados Unidos.

Palma indicó que en muchas ocasiones las personas que guían a los migrantes, conocidos como “coyotes”, no brindan la información completa sobre el proceso migratorio y solo informan de “lo bonito” de estar en Estados Unidos.

“Lamentablemente son los que informan mal a las personas sobre cómo poder llegar a Estados Unidos de una forma segura, entre comillas”, agregó.

Promesas de un mejor futuro

Otra fuente en temas migratorios que prefirió el anonimato señaló que en la administración del presidente Barack Obama “había un trato especial para los padres que entraban con niños” a Estados Unidos, pero eso se acabó con la llegada de Donald Trump.

De hecho, un centenar de hombres y mujeres con niños pequeños de los cerca de 1 mil 500 centroamericanos que permanecen en la mexicana Tijuana intentaron cruzar la valla fronteriza durante la noche de Año Nuevo hacia Estados Unidos, pero debieron retroceder ante una fuerte movilización de los oficiales que lanzaron bombas de humo.

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“Los guías van diciendo que con niños pueden entrar y ya no es válido”, refirió la fuente.

“Como mecanismo vemos también a las redes de traficantes de migrantes y coyotes que ofrecen, cobran y están engañando también a las personas para que migren”, agregó por su lado Danilo Rivera, coordinador del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (Incedes).

Rivera mencionó que conocen de casos en el occidente indígena de Guatemala donde redes usan radios locales para hacer ofrecimientos falsos de visas y viajes a Estados Unidos de una forma “inmediata y segura”.

El experto señaló que no existe “mucho trabajo” desde el Estado guatemalteco para demostrar que esa no es la realidad, y tampoco hay un esfuerzo estatal para atacar las causas de la migración forzada.

El empobrecido occidente

De acuerdo con estudios de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la mayor parte de los guatemaltecos deportados de Estados Unidos y México provienen de poblaciones del occidente del país, que presenta altos índices de pobreza y falta de oportunidades de trabajo.

Esa carencia de empleo llevó al padre y dos hermanos de Pascual Domingo, de 24 años, a emigrar de Yalambojoch a Estados Unidos desde donde ayudan a la familia con el envío de remesas.

“Todo los aldeanos que se van para allá es por la misma necesidad de dinero, por falta de oportunidades de trabajo”, indicó Pascual sobre el poblado donde la pobreza alcanza al 73.8% de sus habitantes.

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Mientras que María Lucas, de 40 años, señaló que su hijo Juan viajó a Estados Unidos hace tres años y, desde entonces, con el dinero enviado, lograron construir una casa de concreto. “Mi hijo se fue por la pobreza, tenemos necesidad, por eso decidió irse”, declaró.

Aunque la pobreza es el principal impulso de los guatemaltecos que migran con niños, también existen otras causas como el reclutamiento de menores para las pandillas.

El éxodo forzado de familias también ocurre por conflictos de tierras a causa de megaproyectos y el cambio climático que daña cultivos, entre otros factores, coincidieron los expertos.

El proyecto redactado por los Departamentos de Salud y de Seguridad Interior tiene como objetivo autorizar que las familias migrantes permanezcan en los centros de retención hasta que termine de examinar su proceso judicial.

Esto afecta el Acuerdo Flores de 1997 que reduce a 20 días el máximo de detención para niños migrantes.

El proyecto, cuyo borrador fue difundido en internet este jueves, va a ser publicado de forma oficial el viernes, pero podría ser rápidamente objetado judicialmente.

“Es repugnante ver que el gobierno de Estados Unidos está buscando formas de encarcelar a más niños por más tiempo. Esto es exactamente lo opuesto de lo que deberíamos estar haciendo”, dijo en un comunicado Omar Jadwat, director de derechos de los migrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU del inglés).

Más de 2.300 menores fueron separados de sus padres que habían cruzado ilegalmente la frontera estadounidense, después de que el presidente estadounidense Donald Trump lanzó un política de “tolerancia cero” frente a la inmigración clandestina.

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Muchos huyen de la violencia en Centroamérica, especialmente del llamado Triángulo del Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala).

Frente a la ola de indignación que provocaron las voces y llantos de los niños, Trump retrocedió finalmente sobre sus pasos.

La mayor parte de las familias fueron reunidas, pero hasta la semana pasada más de 400 menores quedaban detenidos.

“Lo que el gobierno dijo hoy es que está tomando el primer paso para intentar reemplazar el acuerdo con una nueva norma. Estamos ahora en el inicio de un proceso”, explicó a la AFP Jadwat.