La razón obedece a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le notificó a Radford que ya no tiene tiempo para esperar si la justicia resuelve que debe ser reinscrito para la contienda.

La inscripción de Radford existió, pero fue revocada por el TSE, ante lo cual el aspirante buscó en la Corte Suprema de Justicia un amparo, lo cual no se le otorgó de forma provisional y luego lo confirmó la Corte de Constitucionalidad (CC) en una apelación.

La esperanza de Radford era que la CSJ resolviera el sí mediante el amparo en definitiva, pero el tiempo se le terminó, porque el tribunal electoral debe ya imprimir las boletas.

Arremete contra Leopoldo Guerra

Radford arremetió contra Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos del TSE, a quien tildó de “corrupto” y “antidemocrático”.

“Primero quiero denunciar públicamente a Leopoldo Guerra como la persona más antidemocrática de este país, una persona corrupta que hace favor de nepotismo a favor de su hija”, señaló Radford.

“Cuando no tenga la inmunidad de la que hoy goza, deberá responder ante los tribunales de justicia”, agregó.

Radfor cuestionó por qué no ha investigado de oficio a Edwin Escobar, presidenciable del partido Prosperidad Ciudadana”, quien según él cometió fraude de ley en la obtención de su finiquito. También le cuestionó por qué en un inicio inscribió a Thelma Aldana “cuando no gozaba de finiquito”.

Radford resaltó que Fuerza inscribió más de 160 candidatos a alcalde y espera que ganen por lo menos 50. Asimismo, hizo un llamado a los votantes para que apoyen a los candidatos a diputado postulados por Fuerza para tener una bancada de “por lo menos 20 parlamentarios”.

Los magistrados de la CC rechazaron la apelación presentada por Radford contra la denegatoria de amparo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la cual buscaba quedar inscrito.

El proceso judicial contra Radford se deriva de su gestión en el Registro Nacional de las Personas (Renap), por el cual fue ligado a proceso penal por abuso de autoridad, con medida sustitutiva.

Radford y su compañero de fórmula, Abundio Maldonado, fueron inscritos y recibieron credencial el 6 de febrero, pero información del Ministerio Público (MP) hizo que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) revocara su inscripción.

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Aunque muy escasas, el candidato tiene posibilidades de participar en las elecciones del 16 de junio. En cuanto al proceso jurídico, sus circunstancias son iguales a las de Thelma Aldana, candidata del Movimiento Semilla, a quien también los magistrados le dijeron no.

Debe esperar que la CSJ resuelva en definitiva el amparo, que regularmente confirman lo decidido en el amparo provisional.

De ser así, Radford puede de nuevo acudir a la CC con una apelación a ese eventual no de la Corte Suprema.

Estos procesos pueden tomar meses, lo cual juega en contra del aspirante, pues estamos a 32 días de las elecciones.

Pese a que los 4 casos son diferentes, ante la CSJ y la de CC  se han interpuesto amparos  y apelaciones con el fin de rechazar o avalar una candidatura, como es el caso de Radford que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le revocó la candidatura por estar ligado a un proceso penal, pero este accionó ante las CSJ.

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En el caso de Zury Ríos pese a que la CSJ la amparó en definitiva, el propio TSE apeló en la CC para poder revocar su candidatura señalando que la Carta Magna le impide participar por ser hija de un gobernante de facto.

La FECI ha solicitado a la cc ampararlos en el caso de Sandra Torres, para que pierda su inmunidad, y con ello que pueda ser investigada y posiblemente detenida por no reportar 19 millones de quetzales en campaña electoral de 2015.

Mientras que la última en accionar ha sido la exfiscal del Ministerio Público (MP) Thelma Aldana a quien se le rechazó la inscripción y quien buscará un amparo ante la CSJ.

El ente electoral fue avisado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que es señalado de abuso de autoridad y goza de una medida sustitutiva, lo cual él omitió en su declaración jurada.

Al respecto, Radford señaló: “Yo no he sido nunca declarado culpable en ningún delito de acción pública, ligado a proceso es diferente, uno puede estar ligado a proceso de cualquier tipo, hasta por deuda de una tarjeta de crédito, eso es totalmente independiente”.

“Aquí lo que estamos hablando es que existe la presunción de inocencia, aquí lo que estamos hablando es que existe el debido proceso, lo que estamos hablando es del derecho de elegir y ser electo”, agregó.

A criterio del candidato está a prueba el prestigio del conocimiento técnico jurídico de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

“No existe esta posibilidad de poder revocar la participación de un candidato que ya cobró firmeza su resolución de candidato a presidente”, dijo y aseguró que es la primera vez en la historia del país que pasa “una cosa de este tipo”.

Para el presidenciable se trata del segundo intento de querer boicotear y eliminar su posibilidad de participación y recordó que la solicitud para retirar su antejuicio, que planteó el Ministerio Público para investigarlo por otro caso, fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Yo creo que allí va a terminar la cuestión, como terminó in limine en la Corte Suprema de Justicia el proceso que se inició hace unos días, independientemente tenemos el camino del amparo en la CSJ y del amparo en la Corte de Constitucionalidad.

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Diputados tránsfugas no serán inscritos como candidatos

El vocero del Organismo Judicial, Mario Siekavizza, dio a conocer que el Pleno de Magistrados  de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó por mayoría el antejuicio solicitado contra Sandra Torres así como diputados de la UNE. Por el caso que se buscaba investigar a Torres ya se habían realizado capturas y allanamientos contra exdiputados del partido.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) había solicitado el antejuicio contra  Torres y  el retiro de inmunidad los diputados: Karina Alejandra Paz Rosales, Jairo Joaquín Flores Rivas, Julio César Ixcamey Velásquez y Jorge Estuardo Vargas Morales.

Magistrados que votaron a favor señalaron que se rechazó “por no tener elementos de razonabilidad suficientes”, con los votos en contra parcial de la magistrada Silvia García, votó para que se rechazará la solicitud contra los diputados pero se continuará con Sandra Torres. Y voto en contra por la magistrada Morales Aceña y por la magistrada Delia Dávila.

Antejuicio 59-2019.#OJEsTransaparencia#Justicia24Horas pic.twitter.com/rYAnqwJa6w

— Organismo Judicial (@OJGuatemala) 27 de febrero de 2019

El pasado 6 de febrero el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) realizaron un operativo con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) en el que se ejecutaron órdenes de aprehensión contra exdiputados de la UNE y la solicitud de antejuicio contra diputados y la candidata a la presidencia Sandra Torres, a quien se buscaba investigar por los delitos de Asociación Ilícita y Financiamiento Electoral no registrado.

La investigación de la fiscalía reveló que los aportes identificados que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el partido UNE, han sido cuantificados en Q. 19,531,753.10. Por este caso se solicitó el retiro de la inmunidad de la candidata presidencial de la agrupación política Sandra Torres por el delito de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.

CSJ rechaza solicitud contra Radford

El otro antejuicio que conoció la CSJ fue el del presidenciable del partido Fuerza, Mauricio Radford, que también fue rechazado por mayoría bajo el mismo argumento que el de Torres.

Acá el MP buscaba que se le investigará por supuestamente haber colaborado con la alteración del acta de una asamblea del partido para postular a un candidato a diputado en 2015, sin que este hubieses asistido a las asambleas como lo ordena la ley.

https://twitter.com/OJGuatemala/status/1100864950455668745

El caso que el MP y CICIG presentó contra Sandra Torres

Según lo revelado por las autoridades, el partido de la UNE utilizó tres empresas durante la campaña de 2015 para financiar ilícitamente la misma. 

Se indicó que las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. funcionaron como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.

La investigación estableció que a través las entidades se hacía llegar la aportación de dinero procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal ante la SAT, dinero que en parte ingresó a la cuenta oficial de campaña a nombre del partido político, por medio de un cheque a nombre de MAARIV, S.A .

Según la investigación los fondos provenían de la entidad Ingeniería  Integral, S.A, empresa que trasladó un total de Q 3.458.407.84 a las cuentas de MAARIV S.A. y de PROHABSA, los cuales se mezclaron con otros capitales y fueron utilizados en gastos de campaña de la UNE.

Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaban mensajeros de las empresas vinculadas al candidato vicepresidencial Mario Leal Castillo, y personas afiliadas al partido, que fueron utilizadas por algunos candidatos, hoy día diputados, para cambiar cheques emitidos por la entidad MAARIV, S.A. y devolverles el dinero en efectivo.

En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban se estableció la participación de una tercera entidad, el Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, S.A.  representada legalmente por el señor Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado del partido UNE y de la entidad Compañía Agrícola Industrial Solesa, S.A. vinculada a la familia del candidato vice presidenciable, señor Mario Roberto Leal Castillo.

Las conclusiones de la investigación se basan en el análisis de evidencia documental, testimonial y científica recabada a través de más de 21 allanamientos, 60 declaraciones testimoniales e informes del TSE, entidades bancarias e informes de análisis y criminal de CICIG.

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Caso derivado de Traficantes de Influencias

Según lo indicado por las autoridades la investigación conjunta del MP con apoyo de la CICIG, se derivaron del caso “Traficantes de Influencias”, que develaba la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se detectaron movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S.A., hacia la entidad MAARIV S.A.

La entidad Ingeniería Integral era manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias. Al rastrear los movimientos de la entidad MAARIV S.A., se detectó que las cuentas eran utilizadas por Mario Leal Castillo para el financiamiento ilícito del partido UNE, por lo que se abrió una nueva línea de investigación, la que desencadenó el caso que se presentó.