Élder Figueroa, director técnico del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), admitió que la iniciativa de ley 6054 “no llena las expectativas” de la institución, que sería cerrada si los diputados del Congreso de la República aprueban el proyecto para la creación de un “súper ministerio de Ambiente”.

Durante una citación con diputados del Grupo Parlamentario de Oposición, Figueroa afirmó que el Conap entregó a la Comisión de Ambiente del Congreso un listado de observaciones que muestran esos vacíos de la propuesta.

La sala legislativa le dio dictamen favorable a la iniciativa el 29 de agosto recién pasado, cinco meses después de que la alianza oficialista la presentara a la Dirección Legislativa.

De acuerdo Figueroa, la iniciativa no especifica cómo participaría el Ministerio de Ambiente en procedimientos que hoy están a cargo del Conap.

“Hay temas que habría que ampliar, como la vinculación de algunas actividades con otras leyes vinculantes que son específicas para cada área protegida, creo que el tema de los instrumentos ambientales en áreas protegidas también cuál era la ruta que se le iba a dar, puesto que ya es el ministerio el que va a tomar la resolución sobre cada solicitud que se presente a las instituciones”, refirió Figueroa.

También dijo que “no se está considerando la participación del Ministerio en lo que es la administración y otro marco normativo que es parte de la institución”.

La iniciativa fue presentada el 22 de marzo pasado por la diputada Shirley Rivera, presidenta del Congreso, otros integrantes de la Junta Directiva y congresistas afines al oficialismo.

La propuesta lleva por nombre Ley que Sitúa bajo la Coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las Instituciones de Competencia Ambiental, según el documento.

El complejo nombre de la iniciativa se resume a la eliminación de las oficinas de gobierno que velen por el medioambiente, para así entregar su campo de acción y fondos al Ministerio de Ambiente.

Lo anterior ha hecho que ambientalistas y críticos de la propuesta bauticen la 6054 como “La Ley del Súper Ministerio de Ambiente”, ya que dejarían control total y una cantidad basta de recursos a un solo ministerio.

El criterio de expertos en materia ambiental al analizar la propuesta de ley fue que se corre el riesgo de que los recursos naturales de Guatemala se utilicen como un botín político, ya que podrían prescindir de criterios técnicos para la futura toma de decisiones.

Esta propuesta llevaría al cierre del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el Instituto Nacional de Bosques (Inab), la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado (Ocret) y las cuatro autoridades de los lagos de Atitlán, Amatitlán, Izabal-Río Dulce y Peten Itzá.

Con el cierre de todas estas instituciones el nuevo “Súper Ministerio de Ambiente” podría concentrar hasta Q900 millones, recursos que llegaría a esta entidad en pleno año electoral, advierten los críticos.

El presidente Alejandro Giammattei y el ministro de Ambiente Mario Rojas se reunieron este jueves 3 de febrero con líderes evangélicos para la presentación del Acuerdo 402 – 2021, que beneficiará a las iglesias para que no sean multadas bajo argumentos de normas ambientales.

Moisés Fuentes, uno de los pastores religiosos que asistió a la actividad, indicó que las iglesias evangélicas resultaron afectadas por una ambigüedad en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, aprobada mediante el Decreto 68 – 86 del Congreso de la República.

Añadió que en 2018 la Dirección de Gestión Ambiental emitió una resolución administrativa en la que se establece que las iglesias que funcionan en casas, locales comerciales y otros, debían inscribirse o regularizarse antes de una fecha establecida, o pagarían una multa de Q5 mil.

Aseveró que la referida ley estaba dirigida para proyectos, obras, industrias y actividades que produjeran deterioro a los recursos naturales, renovables o no, o que introducían modificaciones nocivas al paisaje o recursos naturales del patrimonio nacional, y que sería necesario un estudio de evaluación de impacto ambiental, avalado por técnicos en la materia y avalado por el Ministerio de Ambiente.

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Sin embargo, aseguró que las actividades religiosas no deberían de considerarse lucrativas ni causantes de contaminación ambiental, por lo que no deben normarse bajo ese tipo de legislación.

Mario Rojas, titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), indicó que durante la administración de Alejandro Giammattei lograron solventar las peticiones de las organizaciones religiosas y “encontraron una solución pronta”.

“La libertad de culto, un derecho protegido por nuestra Constitución, no será multada bajo el argumento de normas ambientales”, resaltó Rojas.

El ministro detalló que la actividad religiosa conlleva “temporalidad, significancia ambiental, porque el área no es ocupada constantemente y que los servicios son de corta duración”, por lo que no representan un impacto ambiental significativo.

Añadió que las iglesias únicamente tendrán que registrarse en la plataforma del Marn vía web o en una de las oficinas de la institución. “No tiene costo alguno y no se pagará un centavo de multa. Las multas de Q5 mil quedan eliminadas para más de 40 mil iglesias de todo el país”, aseveró.

Subrayó que la exoneración es válida para la actividad religiosa, pues para construir un templo se deben hacer los trámites respectivos, así como seguir los lineamientos municipales.

“Esta iniciativa beneficia a todas las iglesias, de todos los cultos o denominaciones”, indicó.

Giammattei resalta libertad de culto en el país

El presidente Giammattei indicó que durante su gestión ha sido importante la comunicación con los líderes evangélicos.

“Todos los meses, casi sin falta, hemos tenido reuniones con los líderes de la iglesia evangélica. Hemos acordado que en Guatemala se debe hacer posible la promesa de Dios sobre Guatemala, de convertirla en luz de las naciones, mediante acciones”, resaltó.

Aseguró que, en busca de establecer una política de respeto a la vida, desde su concepción hasta la muerte natural, lograron aglutinar 99 programas de Gobierno para hacerla realidad.

Añadió que, cuando elaboraron la política, encontraron un acuerdo gubernativo que se había postergado y que no tenía sentido.

“Uno de los principios constitucionales es la libertad de culto. Si algo hemos tratado de hacer en este gobierno es que haya libertad absoluta de culto. No hemos beneficiado a unos ni perjudicado a otros. Hemos velado porque la libertad de culto sea una realidad”, aseguró Giammattei.

Indicó que en el referido acuerdo se catalogaba a las iglesias como un negocio, pues de la misma forma que las tiendas o industrias, que debían contar con un instrumento ambiental, las iglesias también debían tenerlo.

“La iglesia no es un negocio. Es un lugar donde los seres humanos nos reunimos por fe, para buscar fortaleza en nuestros corazones, sobre todo en momentos difíciles”, aseguró Giammattei.

Aseguró que, “basado en el principio constitucional de la libertad de culto”, se halló un “choque entre lo que dice la Constitución y lo que se estaba diciendo en el Ministerio”, por lo que se crearon mesas para crear el Acuerdo 402 – 2021.

“Lo que no se creó en 30 años se logró en 2 meses”, indicó Giammattei.

El pasado 17 de enero el Gobierno de Guatemala afirmó que en 2021 logró controlar el flujo de desechos sólidos del río Motagua, una cuenca de más de 480 kilómetros de longitud que afectaba con contaminación y basura las playas de Honduras; sin embargo, ese país asegura que eso no es verídico.

“Por primera vez en 2021 logramos detener la marejada de desechos sólidos en el río Motagua que llegaban a Honduras”, afirmó ese día el ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, Mario Rojas.

El funcionario sostuvo que el año pasado “fue de muchos logros” para el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei en esa materia y ” tenemos una excelente comunicación con las autoridades de Honduras, pero especialmente con la municipalidad de Omoa”.

Según Rojas, el alcalde de Omoa en Honduras agradeció al Gobierno de Guatemala “que ya no estén llegando desechos” al vecino país “y eso hace que el turismo vuelva al lugar y se favorezca la economía”.

De acuerdo con el ministro, dos ríos de Honduras también desembocan cerca de Omoa y aportan desechos de más de 10 municipios de esa zona, que tiene más de 300 mil habitantes.

“Están más cerca esos ríos de la playa de Omoa que el Motagua”, enfatizó el ministro, y agregó que se avanza en la protección del afluente guatemalteco.

El río Motagua, que recorre 14 de los 22 departamentos de Guatemala y cuya basura llega hasta las costas hondureñas, tiene una longitud de 486 kilómetros.

Sin embargo, ante las declaraciones del funcionario guatemalteco, el Gobierno de Honduras emitió un comunicado por medio de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente en el que asegura que la contaminación es latente.

El documento señala que en 2020 se retiraron de las playas de Omoa y Puerto Cortés mil 434 toneladas de residuos sólidos “que fueron arrastrados por el Río Motagua”.

Agrega que en 2021 continuó la llegada de “grandes cantidades de residuos”, por lo que Honduras promovió reuniones con las autoridades guatemaltecas “con el propósito de exigir acciones concretas para solución definitiva”.

También hace referencia que la barda industrial en el Quetzalito, Izabal, “no es funcional ante la magnitud del problema ambiental”.

“El Gobierno de Guatemala ha colocado biobardas artesanales para reforzar, las cuales retienen cierta cantidad de residuos durante las épocas secas, pero en época lluviosa la medida ha demostrado ser inefectiva”, añade el comunicado.}

Además, dice que en 2021 en la comunidad de Quetzalito “se habían acumulado dos mil  toneladas de residuos sólidos sacados del río, ¿cómo se están manejando y eliminando estos residuos? ¿Pueden las autoridades del MARN de Guatemala evidenciar que ya no existe tal acumulación de residuos en dicha zona?”.

También  desmienten que otros dos ríos arrastren contaminación porque “estudios científicos basados en imágenes satelitales e inspecciones en alta mar han verificado que los residuos que impactan particularmente la bahía de Omoa provienen del Río Motagua”.

“Honduras ha insistido a Guatemala, en reiteradas ocasiones y encuentros bilaterales, que la nación hermana debe buscar soluciones concretas, sostenibles y permanentes para detener el daño ambiental y transformar las áreas afectadas en zonas con mayores niveles de desarrollo”, concluye el documento.

Ante esa situación, la Organización Rescue the Planet lamentó las afirmaciones del Gobierno de Guatemala y exige soluciones concretas y permanentes.

Sergio Izquierdo, director de dicha organización y quien en 2021 hizo junto con un equipo multidisciplinario la primera expedición en el río Motagua y el Caribe denominada Plasticosfera,  expresó: “la solución a este problema debe ser integral. Con acciones y no con palabras que forman parte de un discurso político”.

“El problema del Río Motagua está lejos de ser solucionado. Es un problema latente, que va en aumento”, agregó.

Postura

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, se ha trabajado de manera permanente en el saneamiento del río Motagua para controlar los desechos sólidos que arrastra.

“Hemos implementado y dirigido esfuerzos puntuales para minimizar el problema y esta administración ha obtenido resultados positivos. El MARN continúa enfocado en la cuenca del Motagua y dirige esfuerzos en coordinación con las autoridades de Honduras, con quienes se ha mantenido reuniones bilaterales constantes, debido a la importancia del río para beneficio de la población de ambos países y el mantenimiento de los sistemas ambientales”, refiere dicha cartera.

Agrega que “hemos iniciado con la presentación y divulgación del Acuerdo Gubernativo 164-2021: Reglamento para la gestión integral para el manejo de los residuos y desechos sólidos, el cual establece una adecuada separación de los residuos y desechos sólidos, así como normas técnicas ambientales y sanitarias para reducir la contaminación”.

Refiere que gracias a alianzas estratégicas con organizaciones como 4Ocean se gestiona la recolección de desechos en playas, costas, ríos y lagos dentro del territorio guatemalteco.

Diminutas, pero con un hambre insaciable y capaces de migrar más de 150 kilómetros por día, la plaga de langostas centroamericanas se convierte en una amenaza para los agricultores de la región, donde cultivos de maíz, frijol, sorgo, soja, manía, caña de azúcar, chile, tomate, cítricos, plátano, coco, mango y pastizales pueden servirles de alimento.

Este tipo de langosta -Schistocerca piceifrons piciefrons Walker- se desplaza en grupos de millones de individuos, lo que la hace más letal para los cultivos, porque pueden destruir grandes extensiones en cuestión de horas, aseguran expertos.

“La voracidad de una langosta de dos gramos de peso (es que) consume diariamente entre el 70 y el 100% de su peso en material fresco. Es así que una manga con una densidad de 80 millones de individuos por km2 puede consumir unas cien toneladas de alimento verde por día”, advirtió el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), que el fin de semana último emitió una alerta regional ante la plaga.

En Guatemala

Integrantes de la Cooperativa Agrícola Integral Las Cruces RL, en La Cruces, Petén, aseguran que, desde el fin de semana último, grandes cantidades de insectos dañan sus cultivos de maíz y pastizales, por lo que temen que los daños se incrementen y su producción sea mermada.

Según Osman Montepeque, presidente de dicha cooperativa, la situación es alarmante, porque nunca se habían enfrentado a algo parecido, por lo que no saben qué hacer.

Las autoridades del Ministerio de Agricultura aseguran que las langostas solo han afectado pastizales y que la etapa en la que se encuentra la plaga permite controlarla con insecticidas.

La langosta centroamericana, según un informe técnico del Oirsa, “es una especie de polífagas” que pueden afectar a más de 400 especies de plantas que les sirven como alimento.

Los países donde se podría “reactivar” el problema de la langosta son Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, en virtud que desde mayo han sufrido inundaciones, y Costa Rica y Panamá, que en el pasado han tenido la plaga.

Oirsa destacó que “científicos especializados” pronostican que, por las condiciones ambientales y ciclos biológicos de la langosta centroamericana, existen altos riesgos de ocurrencia de brotes que podrían permanecer hasta 2022, con lo cual se podría “afectar enormemente la agricultura regional”.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), la conservación de los ecosistemas es clave para reducir el impacto de plagas.

“El mantener un ecosistema equilibrado y tampoco alterar la naturaleza ayuda a evitar que se generen plagas que dañan el ambiente y destruyen cultivos, lo que impacta negativamente en la población y la economía”, señala el Marn.

“La plaga de langosta que ha afectado el departamento de Petén es un claro ejemplo de lo que provoca la alteración del clima y el ecosistema, explicó Edwin García, coordinador Nacional del Marn.

Las autoridades agregan que con la aparición de la plaga de langostas se ha incrementado el uso desmedido de plaguicidas, que acaban con los depredadores naturales que combaten a esos insectos.

Por Francisco Mauricio Martínez

Los pobladores coincidieron, durante el recorrido que efectuó Prensa Libre, al sentirse indignados por el embuste del que fueron objeto habitantes de otras aldeas, al ser trasladados con la promesa de que recibirían un trabajo en el Ministerio de Ambiente, pero que finalmente los llevaron a protestar frente a la sede de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“Ahí está Santos Jiménez, hijo del finado Chayo. También Mariano González y la abuelita —una anciana de la comunidad—”, decían los dirigentes al reconocer a algunas personas en los videos que se viralizaron el lunes pasado mientras se encontraban frente a la Cicig.

Al verlos, dijeron que esas personas fueron engañadas y que como dirigentes nada tienen que ver con la movilización ni con los supuestos motivos expuestos.

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Pobreza entre cerros

Santa María Xalapán está formada por 56 comunidades repartidas en 800 caballerías.

La localidad se encuentra entre cerros y montañas, donde viven en medio de la pobreza y pobreza extrema la mayoría de sus cien mil habitantes.

Del total de ese territorio, 232.27 caballerías de la finca Santa Gertrudis se encuentran en litigio con Jalapa.

“Se formó una mesa de diálogo, pero el Gobierno no ha puesto interés en solucionar este conflicto”, agregó Juárez.

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Analizan denuncia

Aunque muchos niegan saber del suceso, la mayoría de los pobladores supo del incidente y al entrar en confianza con los visitantes criticaron la forma en que fueron engañados.

“Se aprovechan de nuestra pobreza para mentirnos”, dice Francisca López (69), del caserío Sarimal, aldea La Fuente, Jalapa, quien junto a sus cuatro hijos mayores de edad cuenta que apenas encuentran trabajo entre dos y tres días a la semana, y que les pagan Q25 al día. “Con eso solo tenemos para el maíz”, indica la anciana.

Uno de sus hijos, Santos Reyes Cruz López, cuenta que el día de la movilización a la capital, él, coincidentemente, viajaba en un microbús hacia la cabecera de Jalapa, a eso de las 6 horas, cuando vio que unos seis buses cargados de pasajeros lo pasaron en el lugar conocido como El Avistamiento. “No sabía a dónde iban, pero me llamó la atención tantos buses en fila, porque no es usual”, indicó.

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Las más molestas son las autoridades ancestrales. “Los engañaron ofreciéndoles un trabajo, y estamos investigando quiénes fueron para denunciarlos. Incluso, estamos analizando interponer una demanda, porque pusieron en riesgo a algunos niños”, indicó Wílder Jiménez, principal mayor de la agrupación xinca.

“Aquí no puede intervenir ni el presidente de la República, porque somos autónomos, xincas en resistencia, y desde hace 500 años tenemos nuestra forma ancestral de gobernarnos. Un acuerdo gubernativo reconoce nuestra autonomía”, dijo Jiménez, quien agregó que cuando manifiestan van con el aval de la comunidad y por las respectivas varas que les dan autoridad.

Entre los pobladores se menciona que uno de quienes habría organizado el viaje es Antonio García, quien, según cuentan, durante dos períodos fue concejal de la Municipalidad de Jalapa y actualmente trabaja en la Zona Vial 2 de Caminos, con sede en Jalapa.

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En dos edificios que ocupa esa institución se le buscó, pero en el primero refirieron que se encontraba en la División de Mantenimiento por Administración Distrito 2, Jalapa Zona Vial 2, donde el guardián dijo que los martes acostumbraba a viajar a la capital.

Grandes necesidades

En las montañas de Santa María Xalapán las carencias abundan, desde las fuentes de trabajo, lo cual se refleja en la escasez de alimentos, hasta la falta de agua entubada.

A algunos hogares el líquido llega a través de un sistema de mangueras y otros recurren a pozos. En ambos casos, el agua no es potable, lo que repercute en enfermedades gastrointestinales.

“Cuando la población llega al Centro de Atención Primaria (CAP), no hay medicinas y el personal es muy escaso. Vamos al Hospital General de Jalapa, y la misma historia”, dice una anciana.

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La sequía extendida aniquiló las cosechas y la roya del café arrasó con los empleos en las fincas. Los programas de asistencia social del Gobierno no llegan hasta ese lugar.

Según el máximo dirigente del grupo, hay escuelas en las cuales los estudiantes reciben clases en los patios. “Realmente estamos mal atendidos”.

Los campesinos señalaron que fueron engañados, ya que ellos viajaron por una oferta de trabajo al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), donde les darían “ayuda económica de Europa” para iniciar proyectos productivos. Ante ello diversas organizaciones han solicitado al Ministerio Público (MP) iniciar una investigación.

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Uno de los líderes del grupo aseguró que los llegaron a traer en unos 7 buses a sus comunidades y luego los dejaron en un lugar en la capital, que según ellos, era el Ministerio de Ambiente, luego los hicieron caminar varias cuadras hasta llegar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para su sorpresa, no se trataba de la oportunidad de empleo prometida y por si fuera poco, nadie llegó para darles una explicación ni decirles cómo volver.

Piden investigar, mientras MARN se desvincula

La PDH también investiga quién o quiénes fueron las personas o instituciones que engañaron a los campesinos.

Sin embargo ante las declaraciones de los campesinos el MARN se pronunció por medio de un comunicado señalando que ellos no convocaron  a nadie.

El funcionario ha sido criticado por varias entidades y colectivos sobre su capacidad para dirigir el Ministerio de Ambiente. El 19 de mayo último, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos exigió al presidente Jimmy Morales que lo destituyera del cargo, por “carecer de formación profesional y experiencia en el área, y no tiene ética para desempeñarse en el cargo”, entre otros señalamientos.

“Pues mi experiencia ambiental es una experiencia general(mientras movía la cabeza de lado a lado en señal de negación), porque el cargo que yo ostento es político, honorable diputada, y no necesariamente tengo que tener el expertise ambiental”, respondió el ministro al cuestionamiento de la diputada Beatriz Villagrán, sobre su conocimiento en ese tema.

Alonzo dijo que para eso tiene un equipo de asesores, al que ha dirigido para efectuar las diferentes actividades y programas de la cartera, como la limpieza del río Motagua, entre otros.

El funcionario también fue cuestionado sobre sus contradicciones por haber ido a votar en helicóptero durante la consulta popular y aceptó que no hubo ningún incendio. 

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El 15 de abril, Alonzo fue fotografiado cuando descendía de una aeronave en Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, donde fue a votar para la consulta popular sobre Belice.

“No hubo incendio y sí sobrevolé la Sierra de Las Minas”, respondió Alonzo a la pregunta de la diputada Delia Back durante la interpelación al ministro, que se caracterizó por varias interrupciones por falta de cuórum.

El encargado de la cartera ambiental reiteró durante la interpelación que sí hizo sobrevuelo por la Sierra, pero sostiene que pagó Q12 mil 500 de su bolsillo por la contratación del helicóptero.

El funcionario también fue cuestionado sobre sobre el cuantioso alquiler de una casa de su propiedad para instalar una subestación en Sacatepéquez, por la que, según medios de comunicación, cobra unos Q90 mil anuales.

Alfonso Alonzo: El piloto me dijo que podía desviarse para llevarme a votar

“Yo no podía dejar a mi pueblo sin subestación”, aseguró el ministro.

Terminada la fase de preguntas, Alonzo se retiró de prisa del Congreso sin dar declaraciones a los medios.

El ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Alonzo fue citado al Congreso de la República para rendir cuentas sobre el helicóptero que utilizó para ir a votar cuando su centro de votación le quedaba a tan solo 30 kilómetros de distancia. El helicóptero, es de una empresa hidroeléctrica.

La citación es para este viernes a las 10 de la mañana en la bancada Unidad Nacional de la Esperanza donde deberá explicar la calidad del gasto de su cartera por los altísimos montos autorizados para su movilización vía aérea.

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Al Ministro de Ambiente no le bastó pagar Q72 mil por 10 horas de vuelo, ahora quiere contratar 110 horas más

Diputados cuestionan participación del ministro de Ambiente en giras de la consulta popular. Creen que lo hizo en mira a las elecciones generales. pic.twitter.com/ajOj367x5N

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) April 18, 2018

También la Contraloría está tras Alfonso Alonzo

Alonzo también deberá presentar de inmediato a la Contraloría General de Cuentas, un informe detallado de las comisiones atendidas por él en las que haya usado transporte aéreo. Tiene a más tardar hasta mañana para entregarlo.

Contraloría debe analizar si los viajes aéreos eran necesarios, sin embargo, Carlos Mencos adelantó que a su criterio son excesos y a su criterio, los funcionarios públicos no deben darse el lujo de este tipo, únicamente si es un caso excepcional.

Deberá, no solo indicar el “motivo de la comisión, sino el nombre de la empresa propietaria del equipo de transporte utilizado, las horas de vuelo consumidas, costo y cualquier otro dato importante sobre dichos traslados desde el 1 de enero”, cita la misiva.

“Yo particularmente creo que son excesos. Nosotros como funcionarios públicos debieramos ser los primeros en dar mensaje de transparencia y calidad del gasto, austeridad, no podemos darnos… durante mis dos gestiones, tal vez una vez o dos veces en una situación muy especial he usado este medio. No hemos pagado un solo centavo, únicamente en algunas jornadas de instituciones públicas he pedido jalón de regreso”, dijo Mencos en declaraciones a la prensa.

En la campaña electoral pasada, Alonzo se postuló y perdió por el partido Líder, así que dedicó la segunda vuelta electoral a hacer campaña a favor de Jimmy Morales.