La fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, emitió un mensaje este 9 de octubre respecto a los bloqueos en toda Guatemala, donde manifestantes piden desde hace ocho días su renuncia.

La fiscal tocó varios temas en su mensaje, en el que aseguró que hay personas “que sufren” debido a que no han podido llevar sustento a sus hogares y a que las personas exponen su vida por las acciones.

Según Porras, reconoce el derecho a manifestar, pero asegura que “un grupo de guatemaltecos” se aprovechan de la situación para generar “bloqueos, saqueos, cierres obligatorios con amenazas a comerciante y obstrucción a sedes del MP y juzgados”

“Estas acciones ilegales vulneran gravemente los derechos de todos lo guatemaltecos y el cumplimiento del mandato legal de nuestra institución”, señaló.

Porras aseguró que las acciones obstruyen la persecución penal que debe efectuar la institución.

“Como fiscal general, estoy obligada a investigar todos los hechos denunciados, y debo garantizar el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes del país y las convenciones en materia de derechos humanos”, aseguró.

Aseguró que no hace distinción en la investigación de cualquier persona o sector, “independiente mente de los momentos nacionales”.

También argumentó que la Corte de Constitucionalidad emitió recientemente dos amparos para que funcionarios de instituciones actúen de manera inmediata para mantener las garantías constitucionales.

“Desafortunadamente, hasta el momento, no se ha visto el cumplimiento de dichas resoluciones, razón por la cual el Ministerio Público accionó legalmente, ante el incumplimiento de lo ordenado por el alto tribunal constitucional”, señaló.

La fiscal general dijo que por dicho retraso en el cumplimiento de lo ordenado se presentó la “debida ejecución” y se presentará cualquier otra acción legal que sea necesaria.

“No podemos continuar esperando que la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos de los guatemaltecos se apliquen discrecionalmente”, aseguró.

También pidió las autoridades del Organismo Ejecutivo y Ministerio de Gobernación que se garantice el estado de Derecho y que “no se sufra una confrontación violenta por temas eminentemente políticos e ideológicos”.

También pidió que se cumpla lo ordenado por la CC, cuyas resoluciones ordenaron que se garanticen los derechos de locomoción y de manifestación pacífica, que se protejan los derechos de todas las personas en el territorio nacional, como la salud, libertad de industria, comercio y propiedad.

“Las manifestaciones pacíficas son un derecho, los bloqueos son un delito. Ustedes como autoridades tienen la obligación y capacidad para resolver esta problemática”, expresó.

Además, llamó a las autoridades electas entrantes, para que “comprendan que el liderazgo de la unidad nacional es para todos los guatemaltecos, no solo para algunos. Deben reflexionar, que para lograr dicha unidad hay que emprender acciones tendientes a la armonía, paz y conciliación, respetando la ley”.

Mensaje de la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta, a la población guatemalteca: pic.twitter.com/zAOV3vbfDk

— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 9, 2023

Este 9 de octubre, en más de 80 puntos de la provincia y la capital, se desarrollan manifestaciones y bloqueos por parte de grupos que piden la renuncia de María Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público; Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci); y el juez Fredy Orellana.

Los manifestantes señalan a los tres funcionarios por las acciones legales que se han emprendido con relación al proceso electoral y contra personal y autoridades del Tribunal Supremo Electoral.

Los 48 Cantones de Totonicapán y autoridades indígenas ancestrales comenzaron con las manifestaciones y bloqueos el 2 de octubre y, desde entonces, sectores civiles y estudiantiles se han unido a las protestas en todo el país.

Este lunes 2 de octubre se desarrollan una serie de manifestaciones y bloqueos que fueron anunciados por organizaciones indígenas, civiles y estudiantiles que rechazan las acciones legales que el Ministerio Público (MP) ha interpuesto en relación con el proceso electoral en Guatemala.

La Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán convocó el fin de semana reciente a un “paro nacional indefinido” para pedir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana.

“Nos declaramos en paro nacional indefinido desde el día lunes 2 de octubre de 2023 haciendo una convocatoria a todos los ciudadanos y organizaciones del país” a sumarse a la protesta, publicaron los líderes indígenas.

El conglomerado indígena dijo que la decisión se tomó debido, principalmente, a que no recibieron ninguna respuesta acerca de los memoriales entregados el pasado 18 de septiembre a varias de las instituciones estatales del país.

Se espera que en el transcurso del día se sumen a las manifestaciones integrantes de otros sectores, quienes anunciaron movilizaciones hacia edificios gubernamentales para dar a conocer su rechazo a las medidas señaladas tomadas por el MP.

El sábado último, personal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público extrajo más material electoral de las oficinas centrales del Tribunal Supremo Electoral, para continuar una investigación que se encuentra bajo reserva, por lo que se desconocen detalles.

Alberto Tuy, alcalde de Los Encuentros, quien manifiesta frente a la sede del ente investigador, manifestó que exigen la renuncia de los referidos funcionarios.

Según el dirigente, la manifestación será por tiempo indefinido. Añadió que los cateos en el TSE es parte de una planificación para dañar al Estado.

Resaltó que “la democracia no se puede romper” y afirmó que han buscado el diálogo, pero no ha habido respuesta.

Emilia Ulario Zavala, alcaldesa de Santa Lucía Utatlán, Sololá, indicó que “la democracia ya se murió, pero el pueblo de Guatemala venimos a revivirla”.

Agregó: “En las manos del pueblo está el poder, si ellos han abusado del poder, nosotros les vamos a demostrar que el pueblo sí tiene poder”.

Anunció que esperan la renuncia de los mencionados funcionarios, de lo contrario las manifestaciones continuarán.

Ciudadanos afectados por el bloqueo en el kilómetro 4.4 de la ruta al Atlántico, en el puente Belice, solicitan que se habilite un carril para que se pueda movilizar los vehículos.

Giovanni Sarti, piloto, informó que transporta alimentos hacia una escuela de la colonia Bethania, en la zona 7.

• Puntos bloqueados

CA 1 – OCCIDENTE (Guatemala – Huehuetenango)

• Km 117, Las Trampas, Sololá
• Km 140, Vuelta del Toro, Sololá
• Km 144, Caserío Ciénaga Grande
• Km 169.5, Cumbre de Alaska
• Km 188, Cuatro Caminos, Totonicapán
• Km 60.5, ingreso al Libramiento de Chimaltenango
• Km 110, Chupol, en Quiché
• Km 127, Los Encuentros, Sololá
• Km 130, Cruce a Panajachel, Sololá

CA – 1 Oriente (Guatemala – Jutiapa)

• Km 65, El Boquerón, Cuilapa

CA – 2 Occidente

• Km 214, Entrada a Guayacán, Coatepeque
• Km 248, cruce La Virgen, Pajapita

RN – 1

• Km 140, Salida de Sololá a Panajachel
• Km 148, Entrada a Panajachel desde Sololá
• Km 188.3, La Morería, Totonicapán

CA – 9 Ruta al Atlántico

• Km 4.5, Frente a área de centros comerciales en zona 18

CA – 10 Río Hondo – Esquipulas

• Cruce a Olopa, Quezaltepeque
• Ingreso a Chiquimula

RD – AV – 09 (Cobán – Chisec)

• Km 250, Cubilhuitz, Cobán

RN-09 Quetzaltenango-Olintepeque 

• Cruce a Olintepeque

Franja Transversal del Norte 

• Puente Chixoy, Ixcán, Quiché

Sectores se pronuncian

La Cámara de Comercio Guatemalteca-Americana emitió un comunicado en el que insta al diálogo para resguardar la libertad económica y de locomoción en Guatemala.

Cacif

El Cacif también emitió un comunicado para indicar que las “protestas deben ejercerse sin afectar la locomoción”. Añadió que “bloquear vías públicas no es lo mismo que manifestar pacíficamente”.

Cámara del Agro

Mientras que la Cámara del Agro manifestó que son “respetuosos del derecho de manifestación pacífica” y señaló que bloquear carreteras no es manifestación pacífica.

El destino de la persecución penal para los próximos cuatro años será definido este lunes 16 de mayo, fecha en la que se espera que el presidente Alejandro Giammattei comunique a quién eligió como nuevo fiscal general.

Pese a que la Comisión de Postulación entregó varias semanas atrás la lista de candidatos, el mandatario consideró prudente dos rondas de entrevistas con los profesionales y meditar su decisión.

Expertos aseguran que la importancia del fiscal general equipara a la de Presidente de la República, ya que es quien debe de definir una persecución penal objetiva, sin sesgos y cuyo único fin sea la justicia.

Dejar este puesto en manos equivocadas podría traer como consecuencias la criminalización, sesgos y hasta confrontación social por aquellos que puedan considerar que las investigaciones responden a líneas ideológicas, según analistas.

María Consuelo Porras, actual fiscal general, termina su período constitucional de cuatro años este martes 17 de mayo. Ella busca su reelección para continuar al frente del MP.

La profesional fue incluida en la lista Engel del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ya que a criterio de esa dependencia norteamericana, Consuelo Porras es un actor a favor de los grupos pro corrupción.

Pese a que recibió una buena calificación por la Comisión de Postulación, no fue incluida en la lista de los mejores candidatos, sino hasta que hubo una orden de la Corte de Constitucionalidad que la Comisión la incluyó en la nómina.

De momento, el mandatario esperó hasta el último minuto para compartir su decisión, misma que desde ya está generando incertidumbre en varios sectores de la sociedad guatemalteca.

Buscará tranquilidad

Aunque la Comisión de Postulación desarrolló una evaluación técnica de los candidatos, la última parte se juega en el campo político y depende exclusivamente del presidente.

Pero Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), tiene claro que el mandatario se va a inclinar por el candidato con el que considere se podrá trabajar en armonía.

“El presidente como humano que es se va a inclinar por aquella persona que le represente tranquilidad, aquella persona con la que se tenga intuición que se podrá trabajar de manera afín. Por eso el trabajo de la Comisión de Postulación es vital, ya que se debe de seleccionar personas con un alto perfil técnico”, señaló.

Persecución ideológica

Restaurar un tejido social fragmentando por la división que ha generado el MP podría ser posible si el presidente toma la decisión correcta, eso según la percepción de Ricardo Méndez Ruiz, director de Fundación Contra el Terrorismo.

“Lo que esperamos es que el presidente analice que es lo que más le conviene al país. La luz de la historia de 12 años para acá muestran de forma clara que se necesita, hemos visto una gran diferencia entre la gestión de Consuelo Porras con la gestión de Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana. Estas últimas  vendieron el MP a intereses ajenos a la administración de justicia”, señaló.

Méndez Ruiz añadió que el mal manejo que tuvo el MP generó una división social que la fecha se mantiene, ya que hubo una serie de ataques jurídicos por razones ideológicas.

“Hubo una persecución penal selectiva que trajo consecuencias graves al país, una de ellas es una confrontación ideológica y una politización de la justicia terrible. Vemos con Consuelo Porras un MP independiente y que no se inclina por ninguna corriente, tampoco protege ni defiende al Gobierno”, precisó.

Sin esperanzas

Sectores de la sociedad civil temen lo peor al momento que el presidente anuncie quien será el próximo fiscal general.

Eleonora Muralles,  directiva de la Asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), explicó que la nula elección de Cortes y la elección de rector, pueden ser una muestra de lo que se espera.

“No esperamos nada bueno. Hubo una serie de situaciones dentro de la Comisión de Postulación que entorpeció el proceso, no cabe duda que hubo ataques contra comisionados, cambios en decanaturas; para cerrar con broche de oro la CC obligó a incluir a la señora Consuelo Porras”, indicó.

La misma lectura sostiene Álvaro Montenegro, integrante de Alianza por las Reformas, quien considera que por los últimos pronunciamientos oficiales pareciera que el presidente estaría confirmando la continuidad de Consuelo Porras.

“Son preocupantes las últimas declaraciones del presidente, prácticamente se burla de la comunidad internacional y de las acciones de Estados Unidos, hasta parece que finalmente se va a inclinar por la continuidad de la actual Fiscal General, María Consuelo Porras”, comentó.

Este lunes 16 de mayo la fiscal general, Consuelo Porras, estará presentando su cuarto informe de labores en una actividad prevista que comience a las 11 de la mañana en un hotel de la zona 10.

Leslie Rosales, fiscal titular del proceso del Caso La Línea será removida de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), según una fuente cercana al caso.

El cambio se hará efectivo cuando finalice el debate oral y público que aún está en desarrollo en el Tribunal de Mayor Riesgo “B”.

La decisión tendría la autorización de las máximas autoridades del Ministerio Público (MP), haciendo que la fiscal Rosales, quien investigó por al menos cuatro años el proceso, se desligue de este y sea trasladada a la Fiscalía de Delitos contra la Narcoactividad con sede en Quetzaltenango. 

La funcionaria judicial también tuvo a su cargo los casos: Blanca Stalling, IGSS-Pisa, IGSS-Negociantes de la Salud, Cooptación del Estado, TCQ, entre otros.

Rosales asumió la gestión de esas investigaciones para apoyar a Juan Francisco Sandoval cuando fue nombrado jefe de la Feci. Sobre Sandoval pesan dos órdenes de captura.

En febrero de este año,  Darwin Zepeda, auxiliar de Rosales, también dejó la fiscalía, aunque él renunció y salió del país por temor a ser criminalizado por su trabajo como investigador.

Después de la destitución de Sandoval, por lo menos 18 extrabajadores de esa unidad dejaron el cargo y algunos salieron de Guatemala, mientras que otros enfrentan procesos judiciales en Guatemala.

En enero de 2022, casi siete años desde que se reveló el Caso La Línea, comenzó el juicio en contra de quienes señalan de integrar una presunta red de defraudación aduanera liderada por el exbinomio presidencial del partido patriota.

La decisión

Se consultó al departamento de Comunicación Social del Ministerio Público más detalles sobre la decisión de fondo del traslado de Rosales y explicó que el cambio obedece a un ascenso que buscó la profesional.

“Ella solicitó un ascenso, cumplió con todos los requisitos y el mismo le fue conferido como Fiscal de Sección Adjunta de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad en Quetzaltenango, sin embargo continuará desempeñando sus funciones en la Feci hasta que concluya el Caso La Línea, el cual tiene a su cargo”, explicó el MP.

El ente investigador también aseguró que este cambio “no afecta de ninguna manera el desarrollo del caso”.

En el penúltimo día para la recepción de expedientes para optar al puesto de fiscal general, solo siete profesionales han presentado su papelería, según los registros de la Comisión de Postulación.

La última fecha para optar a la jefatura del Ministerio Público (MP) será este lunes 21 de febrero, según el calendario de actividades que aprobó la mesa de trabajo.

Pero no todos están de acuerdo con los perfiles que están legalmente autorizados a participar, según un pronunciamiento difundido en las redes sociales por la Asociación Guatemalteca  de Jueces por la Integridad (Agji).

Todo a consecuencia de un amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad (CC) a favor del abogado Raúl Falla, integrante de la Fundación contra el Terrorismo.

La acción legal, que fue respaldada por el pleno constitucional, detalló que los jueces no cumplen con el ejercicio de la abogacía, por lo que no llenan los requisitos para optar al puesto de fiscal general.

Ante ello, el grupo de juristas explicó por medio de un escrito que la resolución viola sus derechos, ya que impiden que guatemaltecos con capacidades técnicas y experiencia puedan optar al cargo.

“Los jueces antes de ser jueces son abogados. Es la formación como juristas la que permite desarrollar las funciones como impartidores de justicia y profesionales del derecho y la ley. Determinar que una jueza o juez no ha ejercido la profesión del derecho es técnicamente incorrecto”, señala el documento.

Asimismo, la agrupación de jueces califica que la medida legal tiene otras intenciones de fondo, “porque limitan de manera injustificada la libertad que tiene cualquier profesional del derecho para postularse a un cargo. Es clara que la intención es limitar a un grupo de personas en particular que cuentan con la experiencia e integridad para ocupar altos cargos”.

Esta resolución fija antecedentes negativos para el propio fortalecimiento del Organismo Judicial, y a criterio de la Asociación, este fallo podría impedir a futuro que jueces opten a magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Rechazan a Consuelo Porras

Entre uno de los nombres que se escucha como eventual candidata es el de la actual jefa del MP, María Consuelo Porras.

Incluso, organizaciones indígenas emitieron una carta abierta a la Comisión de Postulación solicitando que no incluya, a Porras en la nómina de seis candidatos, afirmando que sus antecedentes no son los mejores.

La carta detalla como ejemplos la aparente desarticulación que hizo a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), evitar investigación contra el expresidente Jimmy Morales y el actual mandatario Alejandro Giammattei.

También enlistan las acciones de represalias contra integrantes de la antigua Feci y de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que mantienen a dos abogadas detenidas en una audiencia de primera declaración, que ha sido suspendida en más de dos ocasiones.

Las organizaciones también a la postuladora piden que no considere a cualquier aspirante que este incluido en la lista Engel, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues enmarca a actores a favor de grupos de la corrupción.

MP rechaza argumentos

Al ser consultado el equipo de Comunicación Social del MP por la carta pública de las organizaciones campesinas, el respondió que el ente investigador respeta cualquier opinión, pero no comparte los argumentos que enlista el documento.

“El Ministerio Público es respetuoso de la opinión y del derecho de petición de todos los ciudadanos, sin embargo no se comparten los argumentos plasmados en el documento” explicó la institución.

Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), asegura que la segunda orden de captura en su contra fue solicitada por el Ministerio Público (MP) sin fundamentos y como una venganza de la fiscal general María Consuelo Porras.

El Ministerio Público (MP) informó el martes último que por una investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos se giró una orden de aprehensión contra Sandoval por delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, fraude y conspiración.

De acuerdo con la Fiscalía, la orden fue dictada por el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, luego de una investigación en la que “se ha llegado a establecer la suscripción de acuerdos de colaborador eficaz en fraude de ley posiblemente para generar impunidad y menoscabar los recursos del Estado de Guatemala”.

El MP indica que el caso se encuentra bajo reserva judicial, por lo que no se dieron a conocer más detalles.

Por lo anterior, Sandoval publicó un comunicado en el que dice que “el Ministerio Público bajo la dirección de Consuelo Porras solicitó una nueva orden de captura en mi contra y un juzgado la ha ordenado. Esta noticia la recibo con la tranquilidad que me acompaña saber que hice las cosas en el marco de la ley”.

Añade que “Consuelo Porras considera ilegal que un fiscal suscriba un convenio de colaboración”, pese a que eso lo establece Ley Contra la Delincuencia Organizada y que en este caso fue autorizada por un juez.

Además, dijo que “el convenio y declaraciones consecuencia de dicho convenio fueron valorados por tribunales de sentencia. Se criminaliza no solo que cumplí mis deberes, sino actos avalados por todas las instancias judiciales”.

También cuestionó por qué es el “único funcionario acusado de toda una cadena de autoridades judiciales que avalaron lo actuado”.

Según Sandoval, esa denuncia fue planteada “originalmente” por la Fundación contra el Terrorismo, pero había sido desestimada; sin embargo, el MP recibió una denuncia anónima en el despacho de la fiscal general “a la cual da su curso sin observar las normas legales para presentar una denuncia y sin cumplir con la norma para reabrir investigaciones”.

“Yo soy acusado. La actuación del Ministerio Público solo sigue el guion que procura fortalecer las causas de la corrupción en el país. Todos los sospechosos de este caso tuvieron oportunidad de declarar, menos yo. No es pretexto que me encuentro fuera del país, la legislación nacional prevé las herramientas para cumplir con una diligencia de esta naturaleza”, refiere Sandoval en el documento que publicó en sus redes sociales.

Agrega que “me imputan el delito de conspiración por la necesidad de recurrir a la ley de Delincuencia Organizada e incorporar un colaborador eficaz, procurado bajo intimidación. Me acusan de abuso de autoridad, pero los fiscales debieran saber, que en concurso con las otras imputaciones este ilícito es insubsistente”.

Concluye diciendo “que me presente a los tribunales de Guatemala exige el Ministerio Público. Regresará el día en el que, con verdadero Estado de Derecho, un sindicado pueda demostrar su inocencia en los tribunales y la venganza pretendida por Consuelo Porras quedará demostrada”.

Por mayoría, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), rechazaron otra solicitud de retiro de derecho de antejuicio planteado por representantes de diferentes organizaciones sociales contra la jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, por haber destituido a Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Según se informó, los magistrados de la CSJ resolvieron por mayoría rechazar la petición que había sido planteada el 10 de agosto pasado por Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS); la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA); Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León de la Universidad de San Carlos de Guatemala; Landivarianos y Alianza por las Reformas.

Estas organizaciones emitieron un comunicado esa fecha en la que confirmaban que habían presentado la solicitud de retiro de inmunidad contra la fiscal Porras, por los delitos de abuso de autoridad y denegación de justicia, contemplados en los artículos 418 y 469 del Código Penal.

Los motivos por los que presentaron la petición fueron:

“Destituir de manera arbitraria y sin agotar el debido proceso al fiscal de carrera, Juan Francisco Sandoval Alfaro, como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Este abuso de su cargo viola el artículo 60 de la Ley Orgánica del MP y atenta contra la independencia fiscal, sentando un antecedente peligroso que abre la posibilidad para remover fiscales sin agotar los procedimientos disciplinarios establecidos en la ley. El reglamento interno invocado por la fiscal general no es superior a la ley ni a la jurisprudencia constitucional que protege la carrera fiscal”, se leía en el comunicado.

Además, por “manipular investigaciones para vincular a ciertas personas y desvincular a presuntos responsables de actos de corrupción. Esto ha sido evidenciado a través de comunicaciones, circulares y memorandos publicados en los distintos medios de comunicación y ratificado por las declaraciones del exfiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro”.

Las organizaciones mencionaron que existen más casos en los cuales no se ha seguido el debido proceso para la destitución y traslado de fiscales que han mostrado su desacuerdo con las instrucciones recibidas por Porras y veían con preocupación que cuentas en redes sociales vinculadas a grupos específicos ligados a la corrupción obtenían información de casos que se encuentran bajo reserva legal y anticipan acciones internas del MP que luego son formalizadas.

Segunda petición rechazada por la CSJ

El pasado 27 de septiembre la CSJ rechazó una primera solicitud de retiro de antejuicio contra la fiscal general Consuelo Porras promovida por la organización social Acción Ciudadana (AC), por considerar que la jefa del MP pudo cometer los delitos de asociación ilícita y obstrucción a la justicia en la destitución del entonces jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval.

Manfredo Marroquín, de la organización AC dijo el 29 de septiembre que presentarían un amparo en la Corte de Constitucionalidad para revertir el fallo de la CSJ, y también presentarán una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

En la resolución de la CSJ en la que rechaza la petición de antejuicio contra la fiscal Porras, los magistrados también ordenaron investigar al matutino elPeriódico por publicar el testimonio de un colaborador eficaz que dio lugar a que la organización Acción Ciudadana promoviera una denuncia en contra de la jefa del MP.

Esta resolución podría significar la criminalización de los ciudadanos y medios de comunicación que denuncian hechos de corrupción en la administración pública.

La magistrada vocal octavo, Silvia Verónica García, fue la única que razonó su voto y se manifestó de acuerdo con rechazar el antejuicio contra Porras, pero no con que se iniciara una investigación en contra el medio de comunicación.

Amenaza de censura

En una nota publicada por Prensa Libre el 30 de septiembre pasado, el abogado constitucionalista Gabriel Orellana consideró que la CSJ con su resolución amenazó a todos los medios de comunicación en Guatemala, al emitir un fallo que cabe en lo inconstitucional.

Orellana señaló que se violenta la libertad que estipula el artículo 35 de la Constitución, y aunque la resolución actualmente sólo afecta a un medio de comunicación, sería un precedente “nefasto” para la libertad de prensa en Guatemala.

“Prácticamente la decisión de la CSJ pretende que cada medio de comunicación, cualquiera que sea, se transforme en un censor aliado del gobierno de turno, porque obliga a tamizar la información que reciben, ya no sólo en función de una posible línea editorial, también en el tema del proceder de esa información, es algo muy peligroso”, dijo Orellana.

El abogado Mario Fuentes Destarac, también experto en temas constitucionales, opinó que el fallo no tiene sustento legal y, por lo tanto, la libertad de prensa en Guatemala no tendría por qué resultar afectada.

El experto recordó que en el país existe un entramado legal lo suficientemente robusto que protege a cualquier medio de comunicación para reservar sus fuentes de información.

“No se puede vulnerar esta modalidad de la expresión de ideas mandando a tratar de averiguar más sobre esa publicación. Ya está publicada por el medio de comunicación, y simple y sencillamente eso se deberá tener en cuenta para los fines de investigación, pero más de ahí no es procedente desde ningún punto de vista”, señaló.

Al respecto, la Cámara Guatemalteca de Periodismo, a través de un comunicado, rechazó la resolución de la CSJ y demandó al MP a impugnar el fallo a través de una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad.

La Cámara, recuerda que la libertad de expresión está garantizada en la Constitución, pero, además, hay pactos internacionales y convenios que también protegen el ejercicio periodístico, por lo cual la resolución de la CSJ está en contra de este marco jurídico.

Mientras se está a la espera de un pronunciamiento oficial sobre las sanciones emitidas este lunes por EE. UU. contra la fiscal general, Consuelo Porras, y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, señalados de “promover la impunidad”, diputados expresaron sus posturas sobre las medidas de ese país norteamericano. 

“Eso de alguna manera manda mensajes muy claros, muy contundentes en torno a cual es la situación, cómo nos está viendo el principal socio estratégico comercial y de seguridad del país, y entonces sí es para poner las barbas en remojo en el país”, dijo Orlando Blanco, diputado por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El congresista cree que toda sanción afecta la imagen del país, y a su criterio se trata de una “escalada de sanciones”, que cada vez vienen más fuertes, por lo que es importante no perderlo de vista como país porque afecta las relaciones bilaterales con EE. UU.

“Son leyes que vienen a plantear cuales son las preocupaciones que tiene Estados Unidos sobre el quehacer de algunos funcionarios de diferentes países en materia de combate a la corrupción, violaciones a los derechos humanos y crimen organizado”, dijo Blanco.

Aclaró que hay que profundizar en las razones que tuvo EE. UU. para incluir a la fiscal en esa sanción.

En ese mismo sentido se pronunció Cristian Álvarez, de la bancada Creo, quien considera “terrible estar en esos entredichos con países amigos y socios tradicionales”.

“Creo que vale la pena que el presidente y el Organismo Ejecutivo se manifiesten, y nosotros desde acá, desde el Congreso, creo que es un llamado de atención para retomar la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de Apelaciones, que es el trabajo que tenemos que hacer acá”, expresó Álvarez.

Agregó que estas cuestiones no deben volver a pasar, porque, a su criterio, estar en entredicho con la justicia de EE. UU. le hace mucho daño al país.

“No tiene fundamento”

Manuel Conde, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), dijo que las acusaciones de EE. UU. no tienen un fundamento preciso.

“Habla de que la señora fiscal y el secretario general son entes que promueven la impunidad, no habla de corrupción, sino de impunidad, pero lamentablemente estas declaraciones muchas veces no vienen sustentadas con las razones precisas del porqué se hacen los señalamientos de esa naturaleza”, expresó Conde.

Recordó que de similar forma “sucedió con unos magistrados” a los que, meses atrás, se les incluía en una lista, “pero nunca hemos sabido las razones precisas”.

Recalcó que si un funcionario de EE. UU. hace un señalamiento contra otro funcionario sería importante conocer el sustento de la afirmación de esa naturaleza.

En tanto, Douglas Rivero, del bloque Humanista, criticó las noticias que publican los medios.

“Ya veo que a veces las noticias salen, señalan a todo mundo y uno es inocente hasta que se compruebe lo contrario; entonces hay que estar pendiente en eso”, dijo.

“Acción Importante”

La congresista de EE. UU. de origen guatemalteco Norma Torres, dijo que las acciones tomadas por ese país “confirma importantes acciones antidemocráticas en la región por parte de funcionarios que interfieren con las investigaciones independientes y trabajan contra quienes defienden el estado de Derecho”.

“Este es un paso importante para responsabilizar a los funcionarios de alto nivel y sus cómplices que están directamente involucrados en la corrupción y la obstrucción de los procesos democráticos”, agregó.

Dijo que la decisión de EE. UU. no se había tomado a la ligera, ya que “estos individuos utilizaron su poder para atacar a funcionarios judiciales, proteger intereses corruptos y llevar a cabo agendas políticas contrarias a sus propias constituciones”.

En ese mismo sentido se pronunció Stephen McFaraland, exembajador de EE. UU. en Guatemala, quien dijo en su cuenta de Twitter que ese país “entiende el vínculo entre la corrupción y el autoritarismo en Centroamérica y su impacto en la migración.

“EE. UU. prioriza los intereses a largo plazo sobre la cooperación a corto plazo. Dado que las visas y listas por sí solas no generarán cambios, se adoptarán medidas más estrictas”, expresó.

A principios de julio último, 20 guatemaltecos fueron agregados en un listado de personas señaladas de corrupción en el Triángulo Norte por parte de EE. UU.

El Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal gira orden de captura contra exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval por los delitos de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes.

El Ministerio Público (MP) confirmó que efectivamente, existe orden de aprehensión contra el exfuncionario por un caso que se encuentra bajo reserva.

El 23 de julio recién pasado, mediante un comunicado, la fiscal general María Consuelo Porras informó que Juan Francisco Sandoval fue removido de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).

El comunicado exponía que la decisión se basa en una serie de “vejámenes” que supuestamente ha sufrido la fiscal Consuelo Porras.

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Luego de la decisión del MP, Sandoval brindó una conferencia de prensa el sede de la Procuraduría de Derechos Humanos en la que rechazó los señalamientos que recibió de la fiscal, explicando que en todo momento actuó de manera cordial y respetuosa hacia quien era su jefa, pero de quien resaltó no iba a respaldar acciones que él considera están fuera de las normas éticas.

Aseguró en esa ocasión, que su salida no lo tomó por sorpresa, pero considera que su destitución se aceleró para evitar que nuevas investigaciones penales se hicieran públicas, principalmente porque algunos indicios apuntan a aparentes actos ilícitos de funciones de la administración del presidente Alejandro Giammttei.

El jueves 2 de septiembre, la fiscal Consuelo Porras por medio de una transmisión en redes sociales del MP, indicó: “En relación a la información que brindó -Sandoval- en días anteriores sobre una visita de ciudadanos rusos y la supuesta entrega de dinero dentro de una alfombra, es necesario hacer del conocimiento del pueblo de Guatemala, que derivado del exfiscal Sandoval, nunca informó nada en relación al tema. El actual jefe de la Feci procedió a solicitar por escrito a las agencias fiscales que indicaran si tenían a su cargo alguna investigación, a lo cual cada agente fiscal respondió que no existe ninguna”, aseguró Porras.

Afirmó: “Aclarar también, que el señor Sandoval Alfaro jamás hizo estos hechos de mi conocimiento, ni mucho menos presentó un proyecto de acciones a realizar”.

Señaló que Sandoval usa una campaña de “revanchismo, desinformación y desprestigio para la institución en la cual él laboró.

También el jueves 2 de septiembre, fiscal general dijo al Noticiero Guatevisión, que es importante aclarar que ella nunca dijo en el comunicado de este jueves que había 12 denuncias contra el extitular de la Feci, Francisco Sandoval, que ella destituyó.

“Lo que mencioné es que he recibido cantidad de memoriales de personas, de abogados, donde me hacen de mi conocimiento posibles ilegalidades e irregularidades en la actuación del tratamiento de los casos sometidos a conocimiento de la Feci”, expresó.

Dijo que está en curso la investigación por el caso de la supuesta visita de personas de origen ruso al presidente Alejandro Giammattei.

Para leer más: Curruchiche niega que en Feci exista investigación por supuesta “alfombra con dinero” y afirma que filtrar información podría tener implicaciones legales

Sin embargo, se quejó de que en ningún momento se le había hecho de su conocimiento el caso por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, y tampoco existía algún caso comenzado por esa fiscalía, tal como lo dijo en un comunicado emitido este jueves 2 de septiembre.

Al preguntársele sobre las consecuencias sobre de que, eventualmente, las pesquisas apuntaran hacia Giammattei, quien públicamente ha expresado su amistad hacia ella, Porras dijo que todos estaban sujetos a la ley.

Postura del exjefe de la Feci

La Fiscal General prefiere perseguir a quienes hemos dedicado toda nuestra energía y carrera a investigar la verdad y construir la justicia. Sus prioridades están claras. Gracias por la solidaridad al pueblo de Guatemala! pic.twitter.com/JhvoZueQkv

— Juan Francisco Sandoval (@JSandoval1982) September 3, 2021

Luego de conocerse que el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal giró una orden de captura contra el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), por delitos de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes, el exfuncionario emitió un mensaje en redes sociales.

La fiscal general, María Consuelo Porras, dijo este jueves 2 de septiembre al Noticiero Guatevisión, que está en curso la investigación por el caso de la supuesta visita de personas de origen ruso al presidente Alejandro Giammattei.

Sin embargo, se quejó de que en ningún momento se le había hecho de su conocimiento el caso por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, y tampoco existía algún caso comenzado por esa fiscalía, tal como lo dijo en un comunicado emitido este mismo jueves.

“Sin embargo, obviamente ya está iniciada la investigación a efecto de verificar los comentarios expuestos y nuestra obligación es realizar las investigaciones que corresponden”, expresó la fiscal.

Al preguntársele sobre las consecuencias sobre de que, eventualmente, las pesquisas apuntaran hacia Giammattei, quien públicamente ha expresado su amistad hacia ella, Porras dijo que todos estaban sujetos a la ley.

“Apunte para donde quiera apuntar la investigación, todos tenemos que estar sujetos a la ley (…) y nuestra actuación institucional será ajustada a derecho, trátese de quien se trate”, enfatizó.}

De acuerdo con supuestas declaraciones de testigos, varias personas de origen ruso habrían visitado a Giammattei en su domicilio para entregarle, presuntamente, grandes cantidades de dinero.

Confía en la Feci y Curruchiche

La fiscal habló también de la Feci y dijo que espera los mejores resultados de lo que el MP ha estado publicitando, ya que los fiscales siguen sus investigaciones “con absoluta dependencia y con claridad”.

“Los principios fundamentales del debido proceso de defensa, de la presunción de inocencia, principio de objetividad y legalidad son rectores y principios fundamentales para toda actuación judicial y fiscal”, refirió.

Respecto del recién nombrado titular de esa fiscalía, Rafael Curruchiche, la jefa del MP expresó que espera también los mejores resultados de él, “porque caso contrario no lo hubiera designado”.

“Me ha demostrado el licenciado Curruchiche que es un profesional ético, responsable y analítico, estudioso, y eso es lo que realmente el pueblo de Guatemala quiere, fiscales responsables que respeten la legalidad de todas las actuaciones”, refirió.

Respecto de las críticas contra Curruchiche sobre la fiscalía que manejaba antes de llegar a la Feci (Asuntos Electorales), y de las críticas de la representante de USAID, Samantha Power, dijo que respetaba su opinión, pero que quien tiene que calificar a los fiscales es el Departamento de Evaluación del Desempeño Institucional.

“Es el único facultado de decirle al pueblo de Guatemala la evaluación de cada fiscal en particular”, explicó, y agregó que los 18 años de trayectoria de Curruchiche en el MP le dan el conocimiento y la experiencia necesaria.

Aclara sobre Sandoval

Porras dijo que es importante aclarar que ella nunca dijo en el comunicado de este jueves que había 12 denuncias contra el extitular de la Feci, Francisco Sandoval, que ella destituyó.

“Lo que mencioné es que he recibido cantidad de memoriales de personas, de abogados, donde me hacen de mi conocimiento posibles ilegalidades e irregularidades en la actuación del tratamiento de los casos sometidos a conocimiento de la Feci”, expresó.

Agregó que se está analizando memorial por memorial, y por lo que se considere que es meritorio, se comenzará una investigación para determinar si hay hechos ilícitos o no.

En ese sentido, dijo, serán las pesquisas las que arrojen si Sandoval incurrió en algún delito.

Investigan sobre filtraciones

La fiscal general también informó que, respecto de las acusaciones de que algunos de los asesores del MP ocultaron casos o filtraron información, hay pesquisas en proceso.

Explicó que ningún asesor tiene el poder absoluto en el Ministerio Público por lo que hay varias investigaciones que ya están en marcha “con avances significativos”.

Insistió en que serán las pesquisas las que determinen si personal de esa institución incurrió en delitos, y no quiso ahondar en temas específicos.

Plazos de pesquisas son inciertos

Respecto de cuánto tiempo podrían llevar las diversas investigaciones, como el caso de los rusos, la fiscal general dijo que eso no dependía de ella sino de muchas circunstancias y de cada fiscalía en particular.

“Los tiempo los tienen los fiscales encargados de la investigación”, dijo Porras y aclaró que la fiscal general no es la que lleva las investigaciones, por lo que no dependía de ella.

“Que yo llevara las investigaciones entonces con certeza yo le podría decir cuánto me llevo”, enfatizó.

Al cuestionarle de que, efectivamente, es la fiscal general la que debería “imponer el ritmo” de las pesquisas, respondió que no es así, porque hay metodologías de trabajo, por lo que no es la fiscal “la que lleva el ritmo”, sino las metodologías y herramientas que son las que marcan la efectividad de las investigaciones.