Vestido con un traje negro, combinado con una camisa blanca y una corbata roja, el periodista Jose Rubén Zamora asistió este lunes 5 de febrero a la audiencia de apertura a juicio en su contra por el supuesto delito de conspiración para la obstrucción de la justicia.

Se le observó tranquilo mientras esperaba ingresar a la sala de audiencia del juzgado décimo penal donde deberá comparecer ante el juez Jimi Bremer.

Sin embargo, la audiencia se suspendió y se aplazó para el 20 de febrero.

El motivo obedece a que el juez debía atender una citación de la Carrera Judicial y no se nombró a un juez sustituto para que se quedara a cargo de la audiencia.

Debido al poco espacio de la sala donde se desarrollaría la audiencia, representantes de organizaciones internacionales solicitaron que se pueda efectuar el debate en una sala con mayor espacio y que se de acceso a los medios de comunicación.

Jose Rubén Zamora también enfrenta otro proceso por el delito de supuesto lavado de dinero, caso por el cual ya tuvo sentencia de seis años de prisión, pero una Sala anuló la condena en contra del periodista y ordenó repetir el proceso penal.

Zamora Marroquín, de 67 años, fue detenido el 29 de julio de 2022, tan solo cinco días después de lanzar fuertes acusaciones de corrupción en el medio de su propiedad, El Periódico.

Derivado de su encarcelamiento, El periódico, el matutino de su propiedad que publicó más de 300 reportajes de corrupción desde 1996, se vio forzado a cerrar el pasado 15 de mayo.

Además, ocho reporteros y columnistas del medio de Zamora Marroquín estuvieron bajo investigación de la Fiscalía por sus publicaciones referentes a la persecución penal contra el periodista.

Cambio de condiciones en prisión

“Al menos ahora ya me puedo bañar con agua caliente”, expresó Zamora Marroquín este lunes 5 de febrero, en referencia que desde la salida de Alejandro Giammattei de la presidencia y la llegada del nuevo mandatario, Bernardo Arévalo de León al Gobierno, han cambiado algunas condiciones básicas en su estadía en la prisión en el cuartel militar de Mariscal Zavala en la Ciudad de Guatemala.

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Durante más de 500 días, Zamora Marroquín ha permanecido en una pequeña bartolina, con apenas una hora al aire libre al día y donde su salud se ha deteriorado con la pérdida de más de 30 libras de peso y algunos problemas respiratorios.

Hace dos años, el comunicador aseguró públicamente que intentaban fabricar un caso en su contra para callar las investigaciones de su medio. EFE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informó este viernes 26 de enero que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó el jueves 25 que el gobierno “no va a utilizar herramientas para perseguir judicialmente a la prensa”, al tiempo que aseguró que “la libertad de expresión es una prioridad en la agenda del gobierno nacional”.

Esto lo afirmó el mandatario durante un encuentro que sostuvo con una delegación de la SIP y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

La misión de las dos organizaciones internacionales, liderada por el presidente de la SIP, Roberto Rock, y el director de programa del CPJ, Carlos Martínez de la Serna, se reunió durante una hora con el presidente guatemalteco, en el Despacho presidencial del Palacio Nacional de la Cultura, en la capital guatemalteca.

La delegación, también integrada por otras autoridades de la SIP, incluido a su primer vicepresidente, José Roberto Dutriz; la presidenta del Comité Ejecutivo, Gabriela Vivanco, y el director ejecutivo, Carlos Lauría, se encuentra esta semana en Guatemala para evaluar la situación de la libertad de prensa en el país luego de un periodo sombrío para el periodismo local, “caracterizado por la criminalización sistemática de periodistas por parte del Ministerio Público y un sector de la Justicia”.

“La decisión del presidente Arévalo de conceder una reunión a dos organizaciones internacionales cuya misión principal es la defensa de la libertad de expresión a menos de dos semanas de asumir su cargo, es una señal inequívoca de la importancia que su gobierno le asigna a la protección del periodismo y la promoción de los derechos humanos”, destacó Rock.

“La reunión fue sumamente productiva y Arévalo manifestó su compromiso de cambiar la dinámica de los últimos años, dominada por la persecución judicial contra periodistas, la estigmatización y el acoso constante de las voces críticas y el ocultamiento de información ante la ausencia del estado de derecho”, agregó.

Visitan a Rubén Zamora

La misión incluyó la visita a José Rubén Zamora -fundador y presidente de elperiódico-, quien se encuentra preso en la cárcel militar Mariscal Zavala desde julio de 2022, “por sus investigaciones periodísticas sobre corrupción tras un proceso plagado de vicios e irregularidades, en evidente represalia por su trabajo informativo crítico”.

La SIP añadió que Arévalo destacó que el caso Zamora es “emblemático” de la persecución política a la que fue sometido el periodista por sus denuncias y dijo que, si bien su gobierno no tiene la potestad para liberarlo, esperaba que en la próxima audiencia se le otorguen medidas sustitutivas para continuar sus procesos bajo detención domiciliaria.

El gobierno de Arévalo decidió levantar las restricciones que pesaban sobre Zamora y el propio ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, lo visitó en la prisión al día siguiente de asumir.

Zamora narró a la misión las violaciones flagrantes y los métodos de tortura, de índole psicológica y física, a los que ha sido sometido durante su prolongado encarcelamiento.

“No existe ningún justificativo legal para que pase un minuto más en la prisión,” expresó Martínez de la Serna, del CPJ.

“En primer lugar, Zamora nunca debería haber ido preso sino enfrentar su absurda acusación en libertad. Ya pasó demasiado tiempo, Zamora debe ser liberado para poder estar junto a su familia”, añadió.

En octubre 2023, la SIP expresó satisfacción por la decisión de la Segunda Corte de Apelaciones de Guatemala de anular la condena de seis años de prisión de Zamora y ordenar un nuevo juicio, que comenzará el 5 de febrero.

El CPJ instó a las autoridades guatemaltecas que respeten el derecho de Zamora a un juicio justo en su nuevo proceso.

La SIP agregó que como consecuencia de las presiones políticas y económicas elPeriódico cesó sus operaciones el 15 de mayo de 2023.  Además, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado efectuar una visita in situ -en el lugar- de supervisión de las medidas cautelares de Zamora otorgadas por la CIDH.

Ante la invitación de la SIP a suscribir las declaraciones de Chapultepec y Salta, el presidente Arévalo se comprometió a analizarlas con mayor profundidad junto a su equipo jurídico para corroborar que estuvieran alineadas con el marco legal del país, e indicó que no vería inconvenientes para firmarlas en un plazo razonable.

Durante la conversación con la SIP y el CPJ, Arévalo también ponderó la importancia de dejar atrás el bloqueo y ocultamiento de información que definieron a la administración anterior, para promover un sistema con acceso mucho más amplio y transparente para beneficio de la democracia.

El mandatario también fue enfático al señalar que su gobierno “desempolvará” mecanismos de protección de periodistas y defensores de Derechos Humanos que habían quedado paralizados durante el gobierno de Jimmy Morales. Afirmó, además, que es esencial para garantizar que los periodistas cumplan con su labor informativa sin temor a represalias en especial en el interior del país donde no existen garantías mínimas de seguridad para la prensa.

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Funcionario visita a Zamora

La Embajada de Estados Unidos en su cuenta de la red social X informó que Patrick Ventrell, encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, visitó al periodista José Rubén Zamora.

“Logré visitar al periodista José Ruben Zamora, a sus 546 días en prisión, para verificar su estado de salud e integridad física. Expresé el compromiso continuo de EE. UU. con el periodismo independiente y la libertad de expresión, como pilares de la democracia en Guatemala”, resaltó el funcionario estadounidense.

“Logré visitar al periodista José Rubén Zamora, a sus 546 días en prisión, para verificar su estado de salud e integridad física. Expresé el compromiso continuo de #EEUU con el periodismo independiente y la libertad de expresión, como pilares de la democracia en Guatemala”.… pic.twitter.com/QFKYPhoGGP

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) January 26, 2024

El periodista guatemalteco Jose Rubén Zamora Marroquín cumplió este miércoles 29 de noviembre 16 meses en prisión a la espera de la repetición del juicio en su contra por un supuesto caso de lavado de dinero.

La familia de Zamora Marroquín aseguró a EFE que espera que el periodista sea “exonerado” por los cargos en su contra en el debate que iniciará en febrero, después de que una sala de Apelaciones ordenara repetir el proceso en su contra por “errores de forma” en el primer juicio celebrado este año.

El periodista de investigación, de 67 años, se encuentra recluido en la prisión del cuartel Mariscal Zavala desde el 29 de julio de 2022, tan solo 5 días después de haber publicado fuertes críticas contra el presidente Alejandro Giammattei por supuestos actos irregulares de su Administración.

Esta semana, la organización Reporteros Sin Fronteras reconoció a Zamora Marroquín con el premio a la independencia por su recorrido de dos décadas denunciando la corrupción estatal de Guatemala por medio de elPeriódico, diario que fundó y presidió hasta el año pasado.

“Mi padre es un preso político desde hace 486 días”, dijo José Carlos Zamora, que recogió el galardón en nombre de su progenitor, detenido a la espera de un nuevo juicio.

La investigación penal contra Zamora Marroquín por un supuesto lavado de dinero está a cargo del fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos, y el mismo que ha sido señalado por el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, de ser parte de un plan para evitar su investidura en enero de 2024.

El pasado 10 de noviembre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló en un informe que los periodistas del país son perseguidos por los mismos actores que han judicializado los resultados de los comicios celebrados el 25 de junio y el 20 de agosto.

Desde 2019, al menos 50 personas entre periodistas, jueces y fiscales han salido exiliados de Guatemala, tras denunciar persecución política en su contra por parte del Ministerio Público (MP).

Por segundo año consecutivo, Guatemala ocupa el puesto 19 de una lista de 22 países de América, incluidos en el índice de Chapultepec, un barómetro que publica cada año la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para medir los niveles de la libertad de expresión y prensa en el continente.

Con esa posición, Guatemala está entre las naciones que llegan a su nivel más bajo en el promedio de libertad global de libertad de prensa, de acuerdo con las estimaciones de la SIP, que celebra su asamblea general anual en la Ciudad de México.

El deterioro de esas libertades se ha incrementado en los últimos cuatro años, según se evidencia en el índice de Chapultepec, que en el 2020 situó a Guatemala en el puesto 15; en el 2021, en el 17; en el 2022, en el 19; y en el 2023 en la misma posición. Los datos corresponden del 2 de agosto del 2022 al 1 de agosto de este año.

Esos cuatro años coinciden con la administración del presidente Alejandro Giammattei y donde se han dado casos como el procedimiento judicial del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, quien fue detenido en 2022 y condenado en julio pasado a seis años de prisión por un supuesto caso de lavado de dinero, un proceso que, según la SIP, alcanzó a ocho reporteros y columnistas de elPeriódico, “quienes se vieron obligados a exiliarse fuera de Guatemala, ante la posibilidad de ser procesados por sus publicaciones periodísticas”.

El Índice Chapultepec hace un llamado de alerta en cuanto a la percepción que se tiene en 22 países de las Américas sobre las políticas comunicacionales, leyes y comportamientos judiciales que, en su conjunto, afectan los derechos comunicacionales y garantías a la prensa, “pilares fundamentales de todo sistema democrático”.

El llamado de alerta del Índice de Chapultepec se da porque el promedio global de la región descendió a su nivel más bajo desde la primera edición de esa medición, publicada en 2020. “Solo 47.84 puntos (Guatemala acumula 32.07 puntos) de 100 posibles, la primera vez que se coloca por debajo de los 50 puntos”, señala el documento, que agrega que una de las razones de esto, respecto a la respecto de la vida y seguridad de los periodistas, “es su bajo nivel promedio en la dimensión de violencia e impunidad, cuya media general es 16.15 puntos (Guatemala tiene 5.67 puntos), de un máximo teórico de 42 unidades”.

“La situación del barómetro evidencia que en nuestra América son constantes las regresiones en perjuicio de derechos comunicacionales en Nicaragua, Venezuela y Cuba, calificadas como naciones sin libertad de prensa ni de expresión, así como tendencias importantes de deterioro de estos principios democráticos en Honduras, El Salvador, Bolivia y Guatemala”, dice la SIP, que además destacó que estos últimos países están incluidos en la franja de “alta restricción”.

Informe

Un informe basado en la medición del Índice de Chapultepec de este año señala que “la libertad de expresión agoniza en Guatemala”, donde entre 2022 y 2023 “se consolidó la regresión autoritaria y el régimen autocrático” y que el proceso electoral “propició el incrementó de la violencia contra el gremio periodístico, en el marco de un aumento generalizado de la violencia política y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos”.

“El exilio se ha incrementado debido a que, para algunos periodistas, es la única salida posible ante los embates de quienes detentan el poder político. La libertad de expresión ha sido profundamente afectada, debido a prácticas tales como el silenciamiento impuesto, el cierre de fuentes y la opacidad en cuanto al acceso a información pública”, refiere el informe.

Agrega que “lo que se demuestra en el período de medición del índice -de Chapultepec- es que en Guatemala se hace uso del sistema de justicia y del aparato represivo del Estado para silenciar medios, periodistas y voces disidentes y, de esta forma, tomar por asalto la libertad de expresión”.

“Este silenciamiento de la prensa genera un efecto inhibidor de la democracia y, por lo tanto, la empobrece. La violencia contra periodistas y comunicadores se sostiene como un continuum, pero tuvo un incremento durante el proceso electoral”, refiere el informe, que añade que “de persistir la tendencia de agresiones se alcanzará un récord en el país” y que la “libertad de expresión agoniza en Guatemala”.

“Tragedia autoritaria”

Durante la presentación del Índice, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Carlos Hugo Jornet, dijo que América padece una “auténtica tragedia autoritaria”.

“Es cada vez más difícil hablar de democracias plenas y el impacto sobre el ejercicio periodismo es directo y esto lo refleja claramente la nueva edición del índice”, estableció.

Dijo que, ante el declive democrático, es imprescindible promover “más y mejor democracia” y que lejos de bajar los brazos hay que redoblar la lucha por la libertar, los reclamos país por país y la búsqueda de alianzas con organismos internacionales y otras organizaciones que defienden la libertad de expresión.

“Unamos fuerzas para que no haya más opresión y censura en el continente”, concluyó.

Con información de EFE

Los periodistas en Guatemala son perseguidos por los mismos actores que han intentado judicializar las elecciones celebradas este año, de acuerdo con un informe preliminar de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que debe ser aprobado el domingo por la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea.

El documento señala que la libertad de prensa en Guatemala se ha visto “afectada” en el marco del proceso electoral que se llevó a cabo este año, ganado por el académico Bernardo Arévalo de León, del partido Movimiento Semilla.

“El clima político y social está polarizado como consecuencia de acciones emprendidas por la fiscal general María Consuelo Porras, del Ministerio Público, y el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sus magistrados y directores”, puntualizó la entidad regional.

El informe también recordó la muerte de dos periodistas, constantes amenazas para comunicadores y un continuo “clima de restricción informativa por parte de funcionarios que no dan entrevistas ni declaraciones a medios independientes”.

La Sociedad Interamericana de Prensa explicó de igual forma que el fiscal Curruchiche y el juez penal Fredy Orellana, señalados por Arévalo de León de intentar un “golpe de Estado” para evitar su investidura, también formaron parte del procedimiento judicial del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín.

El comunicador, uno de los más críticos con el Gobierno que preside Alejandro Giammattei, fue detenido en 2022 y condenado en julio pasado a seis años de prisión por un supuesto caso de lavado de dinero, en un proceso donde tuvo que cambiar de abogado en al menos siete ocasiones.

La condena en contra del periodista, sin embargo, fue anulada este mes y un nuevo debate oral y público en su contra se realizará en febrero próximo.

Zamora Marroquín, ampliamente condecorado en el extranjero por su labor periodística, fue arrestado solamente cinco días después de lanzar fuertes críticas por corrupción al gobierno de Giammattei y a su círculo más cercano.

El informe de la SIP también recordó que la persecución penal contra Zamora Marroquín alcanzó a ocho reporteros y columnistas de su medio de comunicación, elPeriódico, quienes se vieron obligados a exiliarse fuera de Guatemala, ante la posibilidad de ser procesados por sus publicaciones periodísticas.

Los dos periodistas asesinados son Edin Frangely Alonzo López, de 31 años, y Hugo Rolando Gutiérrez Alonzo, de 33.

Ambos eran propietarios de un medio en línea en Retalhuleu, unos 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Guatemala, mismo lugar donde fueron atacados a tiros el 11 de agosto pasado, como recordó el informe.

Por incomparecencia del Ministerio Público (MP), el Juzgado Quinto Penal suspendió este jueves 5 de octubre la audiencia en la que se discutiría si la investigación iniciada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) contra experiodistas y excolumnistas de elPeriódico, continúe en lo Penal o sea trasladada a un Tribunal de Imprenta.

Por ahora, el caso continúa en lo Penal y no ha sido trasladado a Tribunal de Imprenta.

Este caso se trata de la investigación que pidió la fiscal Cinthya Monterroso en febrero de este año, y que fue autorizada por el juez Jimi Bremer, luego de publicaciones efectuadas por periodistas y columnistas que trabajaron en elPeriódico.

El 28 de febrero recién pasado, el juez Décimo Penal, Jimi Bremer, a solicitud de la fiscal Monterroso ordenó investigar a periodistas y columnistas de elPeriódico, así como a otros medios de comunicación, como parte del proceso que se sigue en contra de Jose Rubén Zamora Marroquín, quien el 14 de junio pasado fue hallado culpable de lavado de dinero y condenado a seis años de prisión inconmutables.

Según el MP, los comunicadores habrían incurrido en el delito de obstrucción a la justicia. En esa ocasión, la fiscal Monterroso solicitó al juez que se investigue a otros periodistas que, de acuerdo con su criterio, colaboraron con Zamora.

Esa solicitud en febrero se hizo durante la audiencia en la que Zamora, presidente de elPeriódico, también fue ligado a proceso penal por conspiración para la obstrucción de la justicia, en un segundo caso que el MP le imputa al periodista.

Monterroso, en su argumentación en esa oportunidad para solicitar que se investigue a otros periodistas, dijo que Zamora montó una campaña de desprestigio por medio publicaciones en elPeriódico y que para ello habría contado con la colaboración de otras personas.

Señaló Monterroso en la audiencia de febrero: “No solo se dio a la tarea el señor Jose Rubén de indicar que esto es una persecución política, que esto es un montaje, sino que se dio a la tarea de mentir reiteradamente porque, por poner uno de tantos ejemplos y como parte de mi labor fiscal es documentar todas las incidencias en los casos, y en portada (de elPeriódico) el 30 de julio de 2022 se dijo por parte del señor Alexander Valdez que se había detenido al señor Zamora Marroquín y que en las diligencias a Aldea Global se detuvo al personal”.

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La investigación que fue ordenada por el juez en contra de periodistas y columnistas de elPeriódico ha originado reacciones de organizaciones locales e internacionales, ante la preocupación de que en Guatemala se atente contra la libertad de prensa.

Se consultó al MP respecto de su incomparecencia a la audiencia e informó que “no fue posible asistir a la audiencia ya que por el bloqueo que un grupo de personas tiene frente al Edificio Gerona no se puede acceder a la fiscalía en donde está el expediente”.

Añadió que “estos bloqueos no solamente perjudican a las personas que intentan poner denuncias, sino también el desarrollo de las audiencias”.

El ente investigador afirmó que se presentó memorial de excusa.

El periodista guatemalteco Jose Rubén Zamora Marroquín cumplió este sábado un año en prisión desde su detención el 29 de julio de 2022, solamente cinco días después de lanzar fuertes críticas de corrupción al Gobierno que preside Alejandro Giammattei.

“Ha sido un año sumamente difícil y complicado, pero sabemos que mi papá es inocente y que el Estado lo ha tenido secuestrado por 365 días”, contó el hijo de Zamora Marroquín, Jose Zamora.

“El caso fue fabricado, y encima de eso le hicieron pasar por un proceso donde se violaron todos sus derechos”, añadió.

Zamora Marroquín fue detenido el 29 de julio de 2022 cuando se encontraba en su residencia, solamente cinco días después de lanzar fuertes críticas a Giammattei y su círculo más íntimo por corrupción en las páginas del medio de su propiedad, elPeriódico.

La detención del periodista estuvo a cargo del Ministerio Público (Fiscalía) guatemalteco, cuya cúpula ha sido sancionada por Estados Unidos bajo acusaciones de “socavar” la Justicia en el país centroamericano

El periodista fue acusado en tres procesos judiciales distintos y condenado en uno de ellos a seis años de prisión por supuesto lavado de dinero, en un caso donde tuvo que cambiar de abogados en ocho ocasiones y cuatro de ellos fueron imputados.

El medio de Zamora Marroquín, que publicó más de un centenar de denuncias de casos de corrupción en el Gobierno de Giammattei, tuvo que cerrar este año tras la detención de su propietario.

“Admiro mucho a mi padre como persona y profesional, porque no conozco a nadie que sea tan comprometido con sus valores, principios y convicciones. Mi padre sigue haciéndole frente a esta injusticia y él lo ve como consecuencia del buen periodismo que hizo durante 30 años”, expuso el hijo de Zamora Marroquín.

Exigen su libertad

El viernes pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa reiteró su reclamo para que sea puesto en libertad Zamora Marroquín, condenado tras un “proceso viciado”.

El organismo hemisférico recordó en un comunicado que el pasado 14 de junio Zamora fue sentenciado a seis años de prisión y al pago de una multa de Q300 mil, tras ser hallado culpable de lavado de dinero “en un juicio caracterizado por irregularidades”.

“La SIP y numerosas organizaciones internacionales criticaron la falta de garantía de debido proceso y la afectación de su derecho a la defensa”, señaló la organización en un comunicado, en alusión al proceso judicial contra el periodista.

Actualmente Zamora Marroquín se encuentra en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala, en Ciudad de Guatemala, junto a docenas de exfuncionarios que el mismo periodista denunció en las páginas de elPeriódico.

El hijo del periodista explica que su padre se encuentra “aislado en una pequeña celda precaria” dentro de una prisión donde algunas personas condenadas por casos millonarios de corrupción “viven bien y con muchas comodidades”.

“Mi padre no tiene nada más que su litera donde duerme, sus libros, una libreta y un bolígrafo. Eso es todo lo que tiene”, recalcó.

“El polvo de la celda donde está ha afectado su vista, está perdiendo la voz, sus cuerdas vocales se han deteriorado, perdió 30 libras, ahora pesa apenas 100 libras”, añadió.

De igual forma, el último año ha afectado a toda la familia del periodista, quienes se vieron obligados a salir del país “había temor de que el Gobierno capturara a mi hermano y a mi mamá”.

Zamora asegura que los fiscales y el juez que condenaron a su padre por lavado de dinero son “la misma estructura que ha perseguido jueces, activistas, periodistas y ahora a los candidatos (presidenciales) que no son parte del sistema corrupto”.

elPeriódico surgió en 1996 bajo el liderazgo de Zamora, ingeniero de profesión y de 66 años de edad, quien ha sido distinguido con premios como el International Press Freedom Awards de 1995, el Premio María Moors Cabot en ese mismo año y el International Press Institute World Press Freedom Heroes en el 2000.

La iniciativa, titulada “#FreeZamora”, recuerda que el fundador del diario elPeriódico, uno de “los nombres más importantes del periodismo en Guatemala”, fue detenido hace casi un año y en junio pasado fue condenado a seis años de prisión por “cargos falsos” de lavado de dinero, resalta RSF, tras haber cubierto la presunta corrupción del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

RSF explicó que, durante una visita el pasado mayo, constató que Zamora, de 66 años y pionero del periodismo de investigación en su país, había perdido 16 kilos durante su detención.

También denunció haber sido sometido a “tortura psicológica” y que “su celda estuvo infestada de insectos durante el primer mes de detención y las autoridades penitenciarias le han sometido a menudo a privación de sueño”.

“Su condena y la persecución judicial contra su periódico son inaceptables”, resaltó este jueves Christophe Deloire, secretario general de RSF, al compartir esta petición, que en pocas horas sumaba ya algo más de 2 mil firmas de apoyo.

Para RSF, con Zamora detenido y su diario cerrado, el “periodismo” y la expresión de cualquier crítica están ahora “fuertemente comprometidos por la autocensura de los medios de comunicación en un momento políticamente crucial en la historia de Guatemala”.

“Tras ocho años de retroceso de las libertades democráticas, se impidió a varios candidatos presentarse a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y el Ministerio Público solicita ahora la disolución del partido de uno de los dos favoritos de la primera vuelta, para impedirle participar en la segunda vuelta, el 20 de agosto”, resalta RSF en la petición.

La onenegé considera “claro” que Zamora es un “chivo expiatorio” y que su condena es un “mensaje” para toda la profesión, sometida a acoso judicial.

En 2021, Zamora recibió de manos del rey de España, Felipe VI, el premio al medio destacado de Iberoamérica, por la labor de investigación que El Periódico realizó durante casi 30 años, hasta su cierre el pasado 15 de mayo.

La criminalización del periodismo, según cifras de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) citadas por RSF, ha llevado a al menos 20 periodistas al exilio.

Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) expresaron este lunes 24 de julio su alarma ante el “agravamiento de los ataques a la libertad de expresión y prensa” en la región.

En una declaración conjunta, 25 exmandatarios de Iberoamérica alertaron de estos ataques, también en su modalidad digital, y recordaron que ambas libertades son la “columna vertebral de la democracia”.

Se refirieron a las denuncias constantes expuestas por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Freedom House y Reporteros sin Fronteras y reprobaron la “proscripción total” de dichas libertades que rige en Cuba y Nicaragua, así como la censura o autocensura de contenidos en Venezuela, donde “impera una hegemonía comunicacional de Estado” y recientemente se cerró Radio Caracas Radio, tras 93 años en el aire.

Censuró Idea también al presidente mexicano, Manuel López Obrador, quien acusa al “95 % de los medios” de manipular a la población, y alertó de que hay un “debilitamiento en El Salvador de la libertad de expresión y sus periodistas (…) que deben silenciarse o emigrar ante el deterioro de las garantías constitucionales”.

En Guatemala, añadió la declaración, se impone un sistema de “intimidación, silenciamiento y restricciones” al libre ejercicio del periodismo, a través del asesinato o la criminalización de periodistas, como en el caso de El Periódico.

Alertó de que en Bolivia tuvo que cerrar Página Siete y en Costa Rica, su presidente, Rodrigo Chaves Robles, utiliza el “agravio sistemático” contra los medios de comunicación y periodistas, a los que tilda de “canallas”.

Y denunció también “el preocupante lenguaje agresivo, descalificador y estigmatizador de periodistas y medios de comunicación social usando las redes digitales por parte del Gobierno de Colombia”.

A juicio de IDEA, “se está sucediendo un punto de inflexión en la libertad de expresión en América Latina”, sobre todo en el Internet, como lo constata la Relatoría para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Recuerdan los exgobernantes firmantes de la declaración la doctrina hemisférica sobre libertad de expresión como la consagra la CIDH: La libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, “es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”.

En ese contexto, subrayaron, que no solo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, “sino también en lo que toca a las que resultan ingratas para el Estado o cualquier sector de la población”.

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“Tales son las demandas del pluralismo, que implica tolerancia y espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática”, concluye la declaración firmada por Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís (Costa Rica); José María Aznar y Mariano Rajoy (España), Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso (Panamá).

También la suscriben Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Iván Duque, César Gaviria y Andrés Pastrana (Colombia), Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay), Eduardo Frey y Sebastián Piñera (Chile), Osvaldo Hurtado, Lucio Gutiérrez, Lenin Moreno y Jamil Mahuad (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Mauricio Macri, (Argentina), Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga (Bolivia). EFE

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Entidades de prensa, por medio de un comunicado, condenaron el atentado contra el periodista Maynor Mérida, colaborador de Nuestro Diario en Huehuetenango.

De acuerdo con un comunicado de la Asociación de Periodistas de Quetzaltenango (APQ), un hombre llegó la tarde de este 17 de junio hasta la puerta de la casa del comunicador, supuestamente, para dispararle, pero debido a que el arma no accionó, salió ileso. 

En horas de la noche de este viernes, Nuestro Diario repudió en su cuenta de Twitter el ataque contra Mérida “por su trabajo periodístico”.

Este atentado, según la Asociación, se da luego de que algunos periodistas del lugar cubrieron una captura el lunes 13 de junio.

El comunicado de la APQ añade el capturado esa ocasión llegó este viernes hasta la puerta de la vivienda del periodista e intentó dispararle en tres ocasiones en el abdomen, pero el arma no accionó.

Luego, según el comunicado, el sujeto quiso dispararle en otras dos ocasiones, pero tampoco el arma se accionó, por lo que lo agredió físicamente y además le advirtió de que las represalias seguirán contra otros periodistas, señala el documento.

La víctima indicó que puso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).

Qué pasó el día de la captura

El 13 de junio, la PNC informó sobre esa aprehensión y de un vehículo recuperado por estafa.

Por tal motivo, el automotor fue trasladado hacía la subestación policial para su consignación respectiva.

Se consultó a la PNC  respecto si ya conocen del caso del atentado contra el periodista o si hay denuncia, pero no hubo respuesta.

Mientras que el Ministerio Público afirmó que la Fiscalía de Delitos contra Periodistas ya investiga el caso y se le brinda atención a la víctima.

Hasta el momento la Asociación de Periodistas de Huehuetenango no se ha pronunciado respecto del incidente.