El relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, visitó este lunes 12 de febrero al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín en una prisión de Guatemala, donde se encuentra detenido desde el 29 de julio de 2022.

De acuerdo con la CIDH, el relator Vaca se encuentra en Guatemala por invitación del gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León, para constatar la situación de libertad de expresión en el país.

Vaca ingresó este lunes a la prisión ubicada en el cuartel de Mariscal Zavala, en el norte de la capital guatemalteca, para constatar la situación en la que se encuentra Zamora Marroquín, quien fue beneficiado con medidas cautelares de la CIDH en julio de 2023.

La misión de la CIDH que ingresó a la celda del periodista está encabezada por la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum, y durante su estadía en Guatemala sostendrán distintas reuniones con funcionarios gubernamentales.

El 29 de julio de 2022, Zamora Marroquín, de 67 años, fue detenido tan solo cinco días después de lanzar fuertes acusaciones de corrupción en su medio de comunicación, elPeriódico, al círculo más cercano del entonces presidente, Alejandro Giammattei (2020-2024).

El periodista se encuentra a la espera de que un juzgado penal de Ciudad de Guatemala inicie la repetición del juicio por lavado de dinero en su contra, debido a que la sentencia de 6 años de prisión que le fue impuesta en 2023 fue anulada por una sala de apelaciones, al considerar que se habían cometido errores en el proceso anterior.

Durante su tiempo en prisión, Zamora Marroquín ha denunciado diversas violaciones a sus derechos, entre ellos destaca que en el juicio al que fue sometido se le impidió presentar documentos de descargo, así como testigos.

La semana pasada, Zamora Marroquín aseguró a periodistas que, desde la llegada del nuevo Gobierno, el pasado 14 de enero, sus condiciones en prisión han mejorado con garantías mínimas como acceso a agua caliente y más horas al aire libre.

En 2023, la familia del periodista denunció que el Gobierno del expresidente Alejandro Giammattei retrasó la aprobación de permisos para posibilitar visitas de observadores internacionales a Zamora Marroquín en prisión.

Una fuente del Ejecutivo confirmó a EFE que esta tarde el relator Vaca y la secretaria Reneaum serán recibidos por Arévalo de León en una reunión en el Palacio Nacional de la Cultura.

Además, durante el día la delegación de la CIDH se reunió con el canciller, Carlos Ramiro Martínez, para discutir sobre cooperación en temas relacionados a derechos humanos.

Otra visita

El subsecretario de Estado adjunto de EE. UU. para América Central, Eric Jacobstein, también visitó a Zamora en la prisión, un encuentro que asegura es parte del compromiso de Washington con el periodismo independiente y la libertad de expresión.

“Me siento honrado de haber podido reunirme con el respetado periodista José Rubén Zamora, quien está en prisión desde hace 563 días. Un momento crucial que reafirma el compromiso de #EEUU con el periodismo independiente y la libertad de expresión en #GUA”, escribió Jacobstein en X, antes Twitter, en un mensaje publicado por la Embajada de EE. UU. en Guatemala.

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, informó el 25 de enero, que la  Secretaría General de la Presidencia presentó una desestimación de la denuncia que la anterior administración hizo en contra de un grupo de personas que se expresaba en la red social X, antes Twitter.

Arévalo publicó que el Gobierno de Guatemala está comprometido con el respeto y promoción del derecho a la libre emisión del pensamiento y la libertad de prensa y por eso ese día habían tomado dos acciones.

La primera fue la acción que la Secretaría General de la Presidencia hizo al presentar la desestimación de la denuncia que la anterior administración hizo en contra de un grupo de personas que publicaban sus expresiones en X.

“En nuestro Gobierno junto a @KarinHerreraVP, ninguna persona será perseguida por sus opiniones. La libertad de expresión es un pilar fundamental de toda democracia”, publicó en parte del hilo que hizo en X el presidente Arévalo.

La segunda acción que tomaron fue la reunión que sostuvieron con directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité para la Protección de los Periodistas que cumplen una misión en el país, para verificar la situación de los periodistas en Guatemala en el ejercicio de sus funciones.

Según Arévalo, el encuentro fue para reafirmar mi compromiso con la libertad de prensa.

“El periodismo es pilar de nuestra democracia y jamás debe ser perseguido o intimidado”, expresó en las redes sociales el presidente Arévalo.

El @GuatemalaGob está comprometido con el respeto y promoción del derecho a la libre emisión del pensamiento y la libertad de prensa. Por ello hoy tomamos dos acciones. Abro hilo. #GuatemalaAvanza pic.twitter.com/3vAiscIOO2

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) January 26, 2024

Integrantes de la misión conjunta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) se reunieron este jueves 25 de enero con el presidente Bernardo Arévalo para “evaluar” la situación de la prensa en el país y destacaron el compromiso del Ejecutivo por respetar la libertad de prensa y de expresión.

En el encuentro, tanto la SIP como el CPJ destacaron la criminalización a la que han sido sometidos varios periodistas en Guatemala, destacando el caso de Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, quien lleva 18 meses en prisión por un caso que, de acuerdo con su percepción, fue encausado por la Fiscalía.

El mexicano Roberto Rock, presidente de la SIP, dijo que la reunión con Arévalo fue “muy estimulante” en tres sentidos, pues aparte de la apertura que demostró el mandatario también se comprometió a analizar la declaración de Chapultepec para evaluar si la firma o no.

Uno de los sentidos que destacan como positivo es que Arévalo haya recibido a la misión conjunta a pocos días de su toma de posesión, pues, de acuerdo con Rock, eso “habla del compromiso del nuevo gobierno de Guatemala con la libertad de expresión y la libertad de prensa”.

“En estos tiempos se necesita este tipo de voluntad política en favor de las libertades en general, y en particular de la libertad de prensa y la libertad de expresión”, agregó el presidente de la SIP.

“Tuvimos una larga conversación con el presidente Arévalo, donde se habló de todos los temas, él fue muy sincero, fue muy abierto, mostró distintas preocupaciones, y lo vimos cómo alguien muy convencido de sus propósitos, muy comprometido con el tema de libertades y muy comprometido también con la necesidad de una Guatemala más libre, más unida y justa”, señaló Rock.

También destacó que la perspectiva, las definiciones y los compromisos de Arévalo generan expectativa, principalmente “El compromiso expreso de que su gobierno no tendrá ninguna acción orientada a la judicialización, se ha comprometido a no realizar ningún acto en contra del ejercicio de la libertad de prensa o la libertad de expresión”.

“Le expresamos la preocupación de lo qué está ocurriendo con distintos colegas como Chepe Zamora, por ejemplo, que está en prisión desde hace 18 meses, cuando no debió haber pisado la cárcel, debió haber enfrentado los cargos que se le enderezaron en libertad y le dijimos que esperemos que los jueces que llevan la causa, que el ámbito judicial y la Fiscalía que le enderezó estas acusaciones le permitan regresar con su familia y con sus colegas lo antes posible”, señaló Rock.

También señaló que le mostraron su preocupación por los periodistas que han salido del país “por temor a procesos de judicialización amañada, tanto por parte de la Fiscalía como de jueces y él mostró preocupación en este tema”.

Además, Rock dijo que saben que no está en manos del mandatario tomar acciones para liberar a Zamora, pero “él mostró, sin duda, simpatía con este tema”.

“Le hicimos llegar la declaración de Chapultepec, que es un decálogo en temas de libertad de prensa y expresión, y la declaración de Salta, que está orientada a cómo se expresan estas libertades en el ámbito digital, en el nuevo mundo digital y él ofreció estudiarlos, ofreció que con su equipo consultor jurídico iba a analizar que se conciliara con el marco jurídico del país, y mostró el interés de que eventualmente firmaría ambas declaraciones”, detalló el presidente de la SIP.

Por su parte,Carlos Martín de La Serna, director de Programas en el Comité para la Protección de los Periodistas, dijo que “Guatemala viene de un periodo muy oscuro, de ataques a la prensa, de ataques a periodistas y de criminalización del periodismo, pero con el cambio de Gobierno considera que se abre una oportunidad.

“Es una administración que se compromete con la libertad de prensa, con los derechos humanos, con la libertad de expresión. Nuestro trabajo tiene que consistir en monitorear que las medidas que se toman en el país, que el estado de la prensa en el país mejora y no se repitan las situaciones que se han vivido, al menos con las dos últimas administraciones”, refirió De La Serna.

Además, dijo que hay muchas cosas que se pueden hacer para proteger a la prensa en distintos ámbitos, por ejemplo, protegerla de la “acción excesiva y punitiva del Ejecutivo”, pero también frente a otros riesgos, como la violencia del crimen organizado a la que están expuestos los periodistas por la naturaleza de su de su trabajo.

“Para que los periodistas en el exilio y cualquier periodista que hace una labor muy crítica, especialmente los periodistas que hacen periodismo de investigación puedan primero volver y continuar ejerciendo su trabajo tiene que haber certeza de que no existe ninguna reacción punitiva ante eso.

Una misión conjunta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) está en Guatemala y durante esta semana evaluará la situación de la libertad de prensa en el país, luego de que Bernardo Arévalo tomó la Presidencia del país.

Según información de la SIP, la delegación la encabeza el presidente de la esa entidad, Roberto Rock, y el director de programa del CPJ, Carlos Martínez de la Serna.

Se informa que la delegación se reunirá con el presidente Arévalo la tarde de este 25 de enero  en el Palacio Nacional de la Cultura.

La delegación está integrada, además, por otras autoridades de la SIP, incluyendo al vicepresidente primero de la entidad, José Roberto Dutriz, la presidenta del Comité Ejecutivo, Gabriela Vivanco, y el director ejecutivo, Carlos Lauría.

“El objetivo principal de la misión es abordar la compleja situación que enfrentan los periodistas guatemaltecos en el ejercicio de su labor informativa. Los delegados sostendrán encuentros con representantes de los medios locales, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia Oscar Cruz Silva. También tienen previsto visitar a José Rubén Zamora, presidente y fundador de elPeriódico, encarcelado desde julio de 2022 en represalia por su trabajo de investigación periodística”, se lee en un comunicado de la SIP.

La SIP expresó, en octubre de 2023, su satisfacción por la decisión de la Segunda Corte de Apelaciones de Guatemala de anular la condena de seis años de prisión de Zamora y ordenar un nuevo juicio, el cual comenzará el 5 de febrero.

El CPJ instó a las autoridades guatemaltecas que respeten el derecho de Zamora a un juicio justo en su nuevo proceso. Como consecuencia de las presiones políticas y económicas elPeriódico cesó sus operaciones el 15 de mayo de 2023.

“Tanto la SIP como el CPJ y otras organizaciones internacionales han documentado la persecución judicial contra los periodistas críticos por parte del Ministerio Público (MP) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad que, además del encarcelamiento de Zamora, ha obligado a huir del país a un grupo de periodistas por temor a las represalias y detenciones arbitrarias”, se lee en la información.

Agrega el comunicado que el MP ha acusado a seis periodistas y tres columnistas de elPeriódico de obstrucción de justicia por opinar sobre el caso, incluido el expresidente de la SIP Gonzalo Marroquín Godoy, primo de José Rubén Zamora.

El 8 de enero una jueza dio cierre al caso penal y lo trasladó a un Tribual de Imprenta como requiere la legislación sobre libertad de prensa, el que fue apelado por el Ministerio Público.

“La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1 mil 300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos. El CPJ es una organización independiente, sin fines lucrativos, que trabaja para salvaguardar la libertad de prensa alrededor del mundo”, cierra el comunicado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) indicaron este 18 de noviembre, por medio de un comunicado, que “rechazan el ejercicio abusivo del poder por parte del Ministerio Público (MP) de Guatemala, mediante incesantes acciones e injerencias indebidas”.

De acuerdo con la CIDH y y la RELE las acciones “atentan contra el orden democrático, el proceso de transición presidencial en curso y el ejercicio individual y colectivo de las libertades civiles y políticas en el país”.

De acuerdo en comunicado emitido por CIDH y RELE, “el 16 de noviembre, el MP anunció la apertura de una investigación por hechos relacionados con las movilizaciones estudiantiles y la ocupación de la Universidad de San Carlos (USAC), ocurridas entre el 19 de mayo de 2022 y el 9 de junio de 2023, en las que la comunidad universitaria denunciaba irregularidades en el proceso de elección del rector de esa casa de estudios”.

Según la CIDH “el MP indicó que la USAC tuvo un daño de 90 millones de quetzales en su estructura física”.

Además, señaló que el objeto real de la toma de esa Universidad “fue la comisión de delitos para postular y apuntalar a personas candidatas de partidos políticos a los máximos cargos de elección popular, Presidente y Vicepresidente de la República, diputados al Congreso de la República, entre otros”.

La secretaría seneral de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que “estas decisiones del MP constituyen acciones de carácter político que distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo, por lo cual resultan absolutamente improcedentes e inaceptables para un sistema político democrático”.

Por otra parte, la CIDH advierte con preocupación que la solicitud del retiro de inmunidad del presidente y vicepresidenta electos “ocurre en un contexto ampliamente documentado sobre reiteradas acciones injerencistas del MP en las elecciones generales y en el proceso de transición en curso, mediante la instrumentalización del derecho penal”.

Asimismo, añaden, “alerta sobre el riesgo de esas injerencias respecto de la toma de posesión del presidente electo, conforme la voluntad soberana expresada en las urnas, lo que socava gravemente el principio de separación de poderes y profundiza la inestabilidad política en Guatemala”.

El mismo 16 de noviembre, el MP informó sobre la presentación de solicitudes de retiro de inmunidad de cinco diputados integrantes de los partidos Movimiento Semilla, VOS y Winaq; así como del binomio presidencial electo.

La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación del MP anunció la solicitud de 31 órdenes de allanamiento y 27 órdenes de aprehensión en contra de líderes y lideresas universitarias, personal académico, el exjefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, entre otras.

A estos los sindican de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada y asociación ilícita.

Hasta el 16 de noviembre, cinco personas habían sido detenidas, Rodolfo Chang Shium, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Alfredo Beber Aceituno, Javier Alfonso de León Gómez y Marcela Blanco Fuentes, excandidata a diputada del partido Semilla.

El respeto a los derechos humanos; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; y la separación e independencia de los poderes públicos, son elementos esenciales de la democracia representativa, según el Artículo 3 de la Carta Democrática, citan en el comunicado.

La CIDH recuerda que “el régimen democrático no se agota en los procesos electorales, sino que se expresa también en el ejercicio legítimo del poder dentro del marco del Estado de derecho que incluye el respeto a los elementos, componentes y atributos de la democracia”.

La CIDH y su RELE reiteran en este informe el llamado a cesar las acciones injerencistas del MP “que atentan contra el orden democrático y la voluntad soberana de la población, y de esta forma cumplir con las obligaciones internacionales que emanan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana”.

Urgen al Estado “garantizar y respetar el proceso de transición presidencial”.

Por segundo año consecutivo, Guatemala ocupa el puesto 19 de una lista de 22 países de América, incluidos en el índice de Chapultepec, un barómetro que publica cada año la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para medir los niveles de la libertad de expresión y prensa en el continente.

Con esa posición, Guatemala está entre las naciones que llegan a su nivel más bajo en el promedio de libertad global de libertad de prensa, de acuerdo con las estimaciones de la SIP, que celebra su asamblea general anual en la Ciudad de México.

El deterioro de esas libertades se ha incrementado en los últimos cuatro años, según se evidencia en el índice de Chapultepec, que en el 2020 situó a Guatemala en el puesto 15; en el 2021, en el 17; en el 2022, en el 19; y en el 2023 en la misma posición. Los datos corresponden del 2 de agosto del 2022 al 1 de agosto de este año.

Esos cuatro años coinciden con la administración del presidente Alejandro Giammattei y donde se han dado casos como el procedimiento judicial del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, quien fue detenido en 2022 y condenado en julio pasado a seis años de prisión por un supuesto caso de lavado de dinero, un proceso que, según la SIP, alcanzó a ocho reporteros y columnistas de elPeriódico, “quienes se vieron obligados a exiliarse fuera de Guatemala, ante la posibilidad de ser procesados por sus publicaciones periodísticas”.

El Índice Chapultepec hace un llamado de alerta en cuanto a la percepción que se tiene en 22 países de las Américas sobre las políticas comunicacionales, leyes y comportamientos judiciales que, en su conjunto, afectan los derechos comunicacionales y garantías a la prensa, “pilares fundamentales de todo sistema democrático”.

El llamado de alerta del Índice de Chapultepec se da porque el promedio global de la región descendió a su nivel más bajo desde la primera edición de esa medición, publicada en 2020. “Solo 47.84 puntos (Guatemala acumula 32.07 puntos) de 100 posibles, la primera vez que se coloca por debajo de los 50 puntos”, señala el documento, que agrega que una de las razones de esto, respecto a la respecto de la vida y seguridad de los periodistas, “es su bajo nivel promedio en la dimensión de violencia e impunidad, cuya media general es 16.15 puntos (Guatemala tiene 5.67 puntos), de un máximo teórico de 42 unidades”.

“La situación del barómetro evidencia que en nuestra América son constantes las regresiones en perjuicio de derechos comunicacionales en Nicaragua, Venezuela y Cuba, calificadas como naciones sin libertad de prensa ni de expresión, así como tendencias importantes de deterioro de estos principios democráticos en Honduras, El Salvador, Bolivia y Guatemala”, dice la SIP, que además destacó que estos últimos países están incluidos en la franja de “alta restricción”.

Informe

Un informe basado en la medición del Índice de Chapultepec de este año señala que “la libertad de expresión agoniza en Guatemala”, donde entre 2022 y 2023 “se consolidó la regresión autoritaria y el régimen autocrático” y que el proceso electoral “propició el incrementó de la violencia contra el gremio periodístico, en el marco de un aumento generalizado de la violencia política y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos”.

“El exilio se ha incrementado debido a que, para algunos periodistas, es la única salida posible ante los embates de quienes detentan el poder político. La libertad de expresión ha sido profundamente afectada, debido a prácticas tales como el silenciamiento impuesto, el cierre de fuentes y la opacidad en cuanto al acceso a información pública”, refiere el informe.

Agrega que “lo que se demuestra en el período de medición del índice -de Chapultepec- es que en Guatemala se hace uso del sistema de justicia y del aparato represivo del Estado para silenciar medios, periodistas y voces disidentes y, de esta forma, tomar por asalto la libertad de expresión”.

“Este silenciamiento de la prensa genera un efecto inhibidor de la democracia y, por lo tanto, la empobrece. La violencia contra periodistas y comunicadores se sostiene como un continuum, pero tuvo un incremento durante el proceso electoral”, refiere el informe, que añade que “de persistir la tendencia de agresiones se alcanzará un récord en el país” y que la “libertad de expresión agoniza en Guatemala”.

“Tragedia autoritaria”

Durante la presentación del Índice, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Carlos Hugo Jornet, dijo que América padece una “auténtica tragedia autoritaria”.

“Es cada vez más difícil hablar de democracias plenas y el impacto sobre el ejercicio periodismo es directo y esto lo refleja claramente la nueva edición del índice”, estableció.

Dijo que, ante el declive democrático, es imprescindible promover “más y mejor democracia” y que lejos de bajar los brazos hay que redoblar la lucha por la libertar, los reclamos país por país y la búsqueda de alianzas con organismos internacionales y otras organizaciones que defienden la libertad de expresión.

“Unamos fuerzas para que no haya más opresión y censura en el continente”, concluyó.

Con información de EFE

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicó este 14 de agosto un mensaje en su cuenta de Twitter, ahora X, en el que condena el crimen contra dos periodistas en Guatemala, y pide que se investigue el caso y que se haga justicia.

Almagro escribió: “El asesinato de periodistas es uno de los crímenes más aberrantes contra la libertad de expresión y la democracia. Nuestras condolencias a sus familias. Se debe de investigar y hacer justicia”.

El mensaje va acompañado de un tuit de Pedro Vaca V., relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

Vaca escribió en sus redes sociales: “#Guatemala Condeno y rechazo el asesinato de los periodistas Edin Alonso y Hugo Gutiérrez. Las autoridades deben investigar los crímenes de manera efectiva y sancionar a los responsables.  Preocupan los reportes sobre periodistas enterrados, desterrados y encerrados”.

El asesinato de periodistas es uno de los crímenes más aberrantes contra la libertad de expresión y la democracia. Nuestras condolencias a sus familias. Se debe de investigar y hacer justicia. https://t.co/1tBWiNN9Ri

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) August 14, 2023

El ataque

El pasado viernes 11 de agosto, los primos Edin Frangely Alonzo López, de 32 años  y Hugo Rolando Gutiérrez Alonzo, de 33, fueron ultimados a balazos cuando retornaban de hacer una transmisión en vivo.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 21 horas en la calle de terracería que conduce hacia el sector La Montaña, en el Parcelamiento Caballo Blanco, Retalhuleu en donde ambos residían.

Los primos eran conocidos en el lugar donde residían por la labor informativa que realizaban, además brindaban servicio social, cobertura a eventos deportivos, sucesos y publicidad de comercios de la localidad.

La publicidad les permitía agenciarse de ingresos para el sustento diario.

Desde agosto de 2021,  Edin Alonzo se dedicó por completo a la página de Facebook Noticias Caballo Blanco y junto a su primo Hugo.

Edin y Hugo realizaron una transmisión en vivo desde una taquería en Caballo Blanco, en donde cenaban y publicitaban el negocio.

Edin se despidió de los seguidores de su página, al salir de lugar condujo la motocicleta acompañado de Hugo.

Autoridades manejan como hipótesis que desconocidos los seguían en motocicleta, al llegar a un área deshabitada y a menos de 500 metros de donde residían, fueron alcanzados y les dispararon en repetidas ocasiones mientras ellos iban en ruta.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados junto a La motocicleta por vecinos, minutos después de escuchar los múltiples disparos y dieron aviso a las autoridades.

No hubo testigos del crimen, agentes de la Policía Nacional Civil aseguran que se trata de un ataque directo y han descartado que sea por asalto.

La iniciativa, titulada “#FreeZamora”, recuerda que el fundador del diario elPeriódico, uno de “los nombres más importantes del periodismo en Guatemala”, fue detenido hace casi un año y en junio pasado fue condenado a seis años de prisión por “cargos falsos” de lavado de dinero, resalta RSF, tras haber cubierto la presunta corrupción del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

RSF explicó que, durante una visita el pasado mayo, constató que Zamora, de 66 años y pionero del periodismo de investigación en su país, había perdido 16 kilos durante su detención.

También denunció haber sido sometido a “tortura psicológica” y que “su celda estuvo infestada de insectos durante el primer mes de detención y las autoridades penitenciarias le han sometido a menudo a privación de sueño”.

“Su condena y la persecución judicial contra su periódico son inaceptables”, resaltó este jueves Christophe Deloire, secretario general de RSF, al compartir esta petición, que en pocas horas sumaba ya algo más de 2 mil firmas de apoyo.

Para RSF, con Zamora detenido y su diario cerrado, el “periodismo” y la expresión de cualquier crítica están ahora “fuertemente comprometidos por la autocensura de los medios de comunicación en un momento políticamente crucial en la historia de Guatemala”.

“Tras ocho años de retroceso de las libertades democráticas, se impidió a varios candidatos presentarse a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y el Ministerio Público solicita ahora la disolución del partido de uno de los dos favoritos de la primera vuelta, para impedirle participar en la segunda vuelta, el 20 de agosto”, resalta RSF en la petición.

La onenegé considera “claro” que Zamora es un “chivo expiatorio” y que su condena es un “mensaje” para toda la profesión, sometida a acoso judicial.

En 2021, Zamora recibió de manos del rey de España, Felipe VI, el premio al medio destacado de Iberoamérica, por la labor de investigación que El Periódico realizó durante casi 30 años, hasta su cierre el pasado 15 de mayo.

La criminalización del periodismo, según cifras de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) citadas por RSF, ha llevado a al menos 20 periodistas al exilio.

Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) expresaron este lunes 24 de julio su alarma ante el “agravamiento de los ataques a la libertad de expresión y prensa” en la región.

En una declaración conjunta, 25 exmandatarios de Iberoamérica alertaron de estos ataques, también en su modalidad digital, y recordaron que ambas libertades son la “columna vertebral de la democracia”.

Se refirieron a las denuncias constantes expuestas por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Freedom House y Reporteros sin Fronteras y reprobaron la “proscripción total” de dichas libertades que rige en Cuba y Nicaragua, así como la censura o autocensura de contenidos en Venezuela, donde “impera una hegemonía comunicacional de Estado” y recientemente se cerró Radio Caracas Radio, tras 93 años en el aire.

Censuró Idea también al presidente mexicano, Manuel López Obrador, quien acusa al “95 % de los medios” de manipular a la población, y alertó de que hay un “debilitamiento en El Salvador de la libertad de expresión y sus periodistas (…) que deben silenciarse o emigrar ante el deterioro de las garantías constitucionales”.

En Guatemala, añadió la declaración, se impone un sistema de “intimidación, silenciamiento y restricciones” al libre ejercicio del periodismo, a través del asesinato o la criminalización de periodistas, como en el caso de El Periódico.

Alertó de que en Bolivia tuvo que cerrar Página Siete y en Costa Rica, su presidente, Rodrigo Chaves Robles, utiliza el “agravio sistemático” contra los medios de comunicación y periodistas, a los que tilda de “canallas”.

Y denunció también “el preocupante lenguaje agresivo, descalificador y estigmatizador de periodistas y medios de comunicación social usando las redes digitales por parte del Gobierno de Colombia”.

A juicio de IDEA, “se está sucediendo un punto de inflexión en la libertad de expresión en América Latina”, sobre todo en el Internet, como lo constata la Relatoría para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Recuerdan los exgobernantes firmantes de la declaración la doctrina hemisférica sobre libertad de expresión como la consagra la CIDH: La libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, “es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”.

En ese contexto, subrayaron, que no solo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, “sino también en lo que toca a las que resultan ingratas para el Estado o cualquier sector de la población”.

Lea también: Tribunal resuelve que Jose Rubén Zamora no deberá pagar los Q64 mil que la PGN pedía como reparación digna

“Tales son las demandas del pluralismo, que implica tolerancia y espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática”, concluye la declaración firmada por Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís (Costa Rica); José María Aznar y Mariano Rajoy (España), Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso (Panamá).

También la suscriben Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Iván Duque, César Gaviria y Andrés Pastrana (Colombia), Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay), Eduardo Frey y Sebastián Piñera (Chile), Osvaldo Hurtado, Lucio Gutiérrez, Lenin Moreno y Jamil Mahuad (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Mauricio Macri, (Argentina), Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga (Bolivia). EFE

Foto principal: Unsplash 

En medio de la preocupación por los constantes ataques a periodistas y La criminalización de estos y medios de comunicación la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) en conjunto con las cámaras de prensa del país presentaron un amparo en la Corte Suprema de Justicia con la que se busca se deje de criminalizar la libre expresión del pensamiento y violentar el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Las entidades de prensa APG, Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, Cronistas Deportivos Guatemaltecos, Asociación de Cronistas Deportivos, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y Red Rompe El Miedo Guatemala presentaron un amparo que va encaminado a que se respete la Constitución y que no se vulnere con una ley ordinaria.

Según las entidades de prensa, la acción de amparo fue presentada ante una sala de apelaciones, por considerar que: “a la fecha se pueda incurrir en vulnerar la Constitución con una ley ordinaria, y con ello el debido proceso y la libertad de expresión, al perseguir judicialmente a periodistas y ciudadanos que hacen uso de ese derecho establecido en la carta magna”.

El objetivo de la acción, según un comunicado, es que se respete la preminencia de la Ley de Emisión del Pensamiento, pero también solicitarle al sistema de justicia penal de Guatemala garantizar el debido proceso y al Ministerio Público, el estricto cumplimiento de las leyes constitucionales del país.

Las entidades de prensa firmantes destacan que prevalece la amenaza cierta y el riesgo inminente de que el MP se aleje de los principios de objetividad, transgreda su mandato legal de velar por el estricto cumplimiento de la ley y que se violenten los derechos de seguridad y certeza jurídica, así como la Libertad de Prensa.

“La procedencia del amparo en este caso, se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado”, se lee en el comunicado.

Preocupacion

Las entidades de prensa señalaron que les preocupa que se esté utilizando la Ley Contra la Delincuencia Organizada, específicamente en su artículo 9: Obstrucción de justicia, en contra de la preminencia de la Ley de Emisión del Pensamiento, que tiene rango constitucional y que especifica: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”.

Es por ello que estas organizaciones piden que se declare con lugar el mencionado amparo, con el objeto de que se mantengan los derechos fundamentales que se encuentran amenazados y como consecuencia se ordene al MP, que con base al principio de objetividad y velando por el estricto cumplimiento de la ley, “se abstenga de ejercitar la acción penal y se agote el procedimiento establecido en la Ley de Libre Emisión del Pensamiento”.

También resaltaron que el artículo 35 de la ley constitucional, establece que “no constituyen delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales, en el ejercicio de sus cargos, aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”.

Añadieron que esto también , situación que incumbe a la población guatemalteca en general que tiene el derecho de expresarse por el actuar de los gobernantes y autoridades de su comunidad.

“Por tal motivo, la instancia de entidades de prensa, hace un llamado para que cese el hostigamiento contra los periodistas y los medios de comunicación que, haciendo uso de su derecho a investigar y de informar, promueven la libertad de expresión en la sociedad, ya que sin periodismo critico e independiente no hay democracia”, se lee en el comunicado.

Byron Barrera, presidente de la APG, comentó que esperan que este recurso sea resuelto favorablemente y se instruya al MP y a los jueces a que respeten la ley y que cumplan con el debido proceso.

Exigen que el MP se apegue a la ley

“No estamos en contra de que el Ministerio Público cumpla sus funciones,  lo que exigimos es que se apegue a la ley, que se apegue a lo establecido, principalmente en la Constitución de la República de Guatemala. Si las autoridades no respetan la Constitución de la República creo que estaríamos ante una situación de inestabilidad y de irrespeto a la misma institucionalidad del país”, comentó Barrera.

“Cualquier ciudadano que emita una opinión en un determinado asunto corre el riesgo de ser enjuiciado por la vía penal por parte del Ministerio Público y jueces irresponsables que no conocen la Ley de Emisión del Pensamiento y que por lo tanto irrespetan la constitución”, dijo Barrera.