El juez B del Juzgado Décimo Penal, Jimi Bremer, resolvió aceptar una querella penal que plantearon el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval y la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Leily Santizo, para que se inicie una investigación contra la fiscal de la Feci que solicitó una orden de captura en su contra.

La resolución es sobre el expediente 01070-2022-00503, Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, y es de fecha 25 de noviembre de 2022.

La querella fue presentada por Juan Francisco Sandoval Alfaro, por medio de su abogada Claudia González Orellana, y Leily Indira Santizo Rodas y va en contra de Leonor Eugenia Morales Lazo, fiscal de la Feci, por la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica, revelación de secretos y colusión.

En la resolución, el juez indica que se traslada el expediente al Ministerio Público (MP) para que se designe una fiscalía y se comience una investigación por las presuntas irregularidades en el trámite de la orden de aprehensión que solicitó la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo, en un Juzgado de Diligencias Urgentes.

El caso

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), informó el miércoles 19 de octubre en la cuenta de Twitter del Ministerio Público (MP) acerca de órdenes de captura contra Leily Santizo, exmandataria de la Cicig, y el exfiscal Juan Francisco Sandoval.

Curruchiche explicó que como parte de la investigación desarrollada en seguimiento al caso Cooptación y Corrupción Judicial, fue girada la orden de aprehensión contra Santizo por la posible comisión de obstaculización a la acción penal.

Añadió que el juez también giró una nueva orden de captura nacional e internacional contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro al “advertir indicios suficientes de la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal”.

Según la Feci, el 10 de enero de 2022 por medio de una red de mensajería se reveló la existencia de un mensaje en el que Santizo habría indicado a Sandoval que le envió el memorial de conexión de causa vía correo electrónico.

En ese sentido, Sandoval el 12 de enero habría manifestado por mensaje de texto que tenía conocimiento que el 5 de febrero citarían a los abogados y fiscales del Caso Odebrecht, “lo cual denota que posiblemente sostenían comunicación con personal del Juzgado de Mayor Riesgo D”.

Presumen que había comunicación entre ambos, ya que previo a notificar a las partes procesales, Sandoval ya tenía conocimiento de una audiencia, la cual solicitó fuera corroborada por Santizo.

El 1 de febrero del 2022, Sandoval le habría informado a Santizo de forma literal que la juez cuarto no quería enviar el proceso y que “hay que ir a procurar a que lo mande”.

Según Curruchiche, el exfiscal Sandoval “tiene conocimiento de una carpeta judicial que se encuentra bajo reserva, a pesar de haber sido emitidas tres órdenes de aprehensión en su contra”.

Afirmó que el 1 de febrero, Santizo se comunicó con Sandoval y aunque el caso está bajo reserva y el exfiscal no es sujeto procesal, le habría informado acerca de apercibimiento presentado ante la juez para que no entregara el expediente y le solicitó se pudiera publicar que la jueza se negaba a entregarlo.

Luego Sandoval habría enviado un mensaje para indicar que en el Caso Odebrecht el Juzgado Cuarto Penal no envió al Juzgado de Mayor Riesgo D el expediente del proceso iniciado por el MP por la supuesta aprobación de acuerdos de colaboración eficaz.

Curruchiche señaló que Sandoval emitió recomendaciones en un proceso penal en el cual hay una orden de captura en su contra y le envió a Santizo el texto que tenía que publicar para hacer intimidación mediática contra la juez A del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal.

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), informó este miércoles 19 de octubre en la cuenta de Twitter del Ministerio Público (MP) acerca de órdenes de captura contra Leily Santizo, exmandataria de la Cicig, y el exfiscal Juan Francisco Sandoval.

Curruchiche explicó que como parte de la investigación desarrollada en seguimiento al caso Cooptación y Corrupción Judicial, fue girada la orden de aprehensión contra Santizo por la posible comisión de obstaculización a la acción penal.

Añadió que el juez también giró una nueva orden de captura nacional e internacional contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro al “advertir indicios suficientes de la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal”.

Según la Feci, el 10 de enero de 2022 por medio de una red de mensajería se reveló la existencia de un mensaje en el que Santizo habría indicado a Sandoval que le envió el memorial de conexión de causa vía correo electrónico.

En ese sentido, Sandoval el 12 de enero habría manifestado por mensaje de texto que tenía conocimiento que el 5 de febrero citarían a los abogados y fiscales del Caso Odebrecht, “lo cual denota que posiblemente sostenían comunicación con personal del Juzgado de Mayor Riesgo D”.

Presumen que había comunicación entre ambos, ya que previo a notificar a las partes procesales, Sandoval ya tenía conocimiento de una audiencia, la cual solicitó fuera corroborada por Santizo.

El 1 de febrero del 2022, Sandoval le habría informado a Santizo de forma literal que la juez cuarto no quería enviar el proceso y que “hay que ir a procurar a que lo mande”.

Según Curruchiche, el exfiscal Sandoval “tiene conocimiento de una carpeta judicial que se encuentra bajo reserva, a pesar de haber sido emitidas tres órdenes de aprehensión en su contra”.

Afirmó que el 1 de febrero, Santizo se comunicó con Sandoval y aunque el caso está bajo reserva y el exfiscal no es sujeto procesal, le habría informado acerca de apercibimiento presentado ante la juez para que no entregara el expediente y le solicitó se pudiera publicar que la jueza se negaba a entregarlo.

Luego Sandoval habría enviado un mensaje para indicar que en el Caso Odebrecht el Juzgado Cuarto Penal no envió al Juzgado de Mayor Riesgo D el expediente del proceso iniciado por el MP por la supuesta aprobación de acuerdos de colaboración eficaz.

Para leer más: Sala de Apelaciones rechaza apelación de la Feci y confirma falta de mérito a favor de Siomara Sosa y Leily Santizo

Curruchiche señaló que Sandoval emitió recomendaciones en un proceso penal en el cual hay una orden de captura en su contra y le envió a Santizo el texto que tenía que publicar para hacer intimidación mediática contra la juez A del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal. 

Sandoval se pronuncia

Por medio de su cuenta de Twitter, el exfiscal Juan Francisco Sandoval se pronunció e indicó que se enteró de la cuarta orden de captura en su contra y de la orden de aprehensión contra Santizo, con quien se solidariza.

Añadió que el anuncio de la Feci está acompañado por una serie de mensajes “que lo único que denotan es que estoy ejerciendo la defensa en mis casos y que tenía una comunicación con una de las bogadas que forman parte del equipo”.

Señaló que el mensaje que brinda la Feci “es que ni siquiera podemos ejercer la defensa”.

“Se habla de un caso que está reservado, pero obviamente el caso no estaba reservado para mí, porque el mismo fiscal anuncian que yo tenía una orden de captura en una de esas causas”, afirmó.

Dijo que con estas acciones no se puede ejercer la libertad de expresión.

Los mensajes que envía la nueva acción en mi contra: 1) No puedo ejercitar mi defensa; 2) No puedo tener acceso a los procesos en los que me han señalado; 3) No puedo tener acceso a los medios de comunicación. Solidaridad con Leily Santizo. pic.twitter.com/AGOKFEZ1EV

— Juan Francisco Sandoval (@JSandoval1982) October 19, 2022

La Sala Cuarta de Apelaciones rechazó apelación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y confirmó falta de mérito a favor de las abogadas anticorrupción Siomara Sosa y Leily Santizo, por supuesta obstrucción de justicia.

Además, negó la apelación solicitada por la Fundación contra el Terrorismo que pidió que volvieran a prisión preventiva.

También anuló fallo que había otorgado ampliación de plazo al Ministerio Público (MP) para la investigación y ahora solo tendrán un mes.

El 7 de marzo 2022, Leily Santizo, exmandataria de la desaparecida Cicig, y Siomara Sosa, exfiscal de la Feci, fueron ligadas a proceso penal a petición del MP por el delito de colusión.

Ambas abogadas fueron parte de procesos de alto impacto que tienen tras las rejas a políticos, empresarios y narcotraficantes que fueron detenidos durante operativos coordinados por dichas instituciones, que marcaron un hito en la lucha contra la corrupción en Guatemala.

Las dos fueron ligadas a proceso en el Juzgado Tercero y fueron beneficiadas con arresto domiciliario y se les impuso pagar una caución económica de Q10 mil.

El 19 de mayo recién pasado, el Juzgado Tercero Pluripersonal Penal levantó la reserva del caso, lo cual impedía conocer los detalles de la investigación.

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Ambas son señaladas por el MP por supuestas ilegalidades en procedimientos como trabajadoras de la Feci y Cicig.

También en marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró preocupación por los casos que, según su percepción, son parte de un plan de persecución judicial en contra de jueces y fiscales que lucharon contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.

Foto principal Hemeroteca PL: Leily Santizo, representante de la Cicig, durante audiencia del caso Manipulación de Justicia en el Juzgado de Mayor Riesgo B el 13 de febrero de 2019.

El Juzgado Tercero Pluripersonal Penal levantó la reserva del caso contra la exsubjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Siomara Sosa, y la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) Leily Santizo, la cual impedía conocer los detalles de la investigación.

Ahora al expediente judicial podrán acceder todas las partes involucradas en la investigación; además, las audiencias que se desarrollen serán públicas y con presencia de medios de comunicación.

Este caso estuvo con reserva judicial desde febrero pasado, cuando fueron detenidas las exfiscales contra la corrupción.

El Ministerio Público (MP) no dio detalles del proceso y únicamente fueron cuentas anónimas de Twitter que anticiparon los allanamientos y los hechos que la Fiscalía indagaba.

Las abogadas Leily Santizo y Siomara Sosa fueron ligadas a proceso penal el siete de marzo pasado a petición del Ministerio Público (MP) por el delito de colusión, informaron fuentes judiciales.

Ambas fueron parte de procesos de alto impacto que tienen tras las rejas a políticos, empresarios y narcotraficantes que fueron detenidos durante operativos coordinados por dichas instituciones, que marcaron un hito en la lucha contra la corrupción en Guatemala.

Las profesionales fueron ligadas a proceso en el Juzgado Tercero y fueron beneficiadas con arresto domiciliario, pero pagaron una caución económica de Q10 mil.

“Nos ligaron a proceso con un delito menos grave, puesto que el Ministerio público había pedido obstrucción de justicia, pero el juez consideró que no se llenaban los requisitos para este delito tan grave que está tipificado en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y nos han dejado únicamente por colusión, un delito menos grave, también nos han otorgado medidas sustitutivas para que nos podamos defender en libertad durante este proceso”, señaló Santizo al concluir la audiencia de esa fecha.

Días antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró preocupación por los casos que, según su percepción, son parte de un plan de persecución judicial en contra de jueces y fiscales que lucharon contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.

El Gobierno de EE. UU. volvió a mostrar este martes 8 de marzo su preocupación por la ola de capturas de exfiscales anticorrupción, así como por los procesos encaminados por parte del Ministerio Público (MP) en contra de jueces independientes, mediante una serie de “ataques descarados” en contra de la administración de justicia.

El pronunciamiento de Washington se da en momentos en que dos exfiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y una exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) fueran ligadas a proceso penal por casos que, en principio, el MP mantuvo bajo reserva judicial.

“Estados Unidos está profundamente preocupado por los continuos y descarados ataques de la procuradora -Fiscal- general de Guatemala, Consuelo Porras, contra el sistema de justicia de Guatemala a través de arrestos y detenciones por motivos políticos de servidores públicos actuales y anteriores que luchan contra la corrupción”, señaló Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU.

El comunicado agrega que “los informes de retrasos repetidos y poco comunes en las audiencias de lectura de cargos, la retención de información a los abogados defensores, la negativa a celebrar audiencias públicas y la filtración de detalles de casos sellados a entidades en línea plantean serias preocupaciones con respecto a la imparcialidad de estos procedimientos”.

Agrega que, “además del arresto de al menos seis fiscales anticorrupción anteriores y actuales, otros fiscales se han visto obligados a huir del país y continúan los esfuerzos para eliminar la inmunidad de jueces y fiscales anticorrupción adicionales”.

“Estados Unidos hace un llamado al Gobierno de Guatemala para que respete los derechos humanos de todas las personas, incluso garantizando juicios justos y asegurando la seguridad personal y el trato justo y transparente de todos los actores del sector de la justicia”, enfatiza el comunicado del Departamento de Estado.

El documento concluye que “los esfuerzos de la fiscal general -Consuelo Porras- para atacar a los fiscales anticorrupción y otros fiscales siguen una tendencia preocupante de corrupción y el debilitamiento de las instituciones y los procesos democráticos en Guatemala”.

Preocupación generalizada

Hace unos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró preocupación por los casos que, según su percepción, son parte de un plan de persecución judicial en contra de jueces y fiscales que lucharon contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.

Entre los casos que enumera la CIDH en su pronunciamiento está la captura de Willy Racanac López y Paola Mishelle Escobar Quiñónez, auxiliares fiscales de la Feci por el supuesto delito de abuso de autoridad, un hecho ocurrido el 16 de febrero pasado.

Agrega que, además, “se giró una orden de captura en contra de Rudy Antonio Herrera Lemus, exagente fiscal, y Aliss Noemí Morán, exauxiliar fiscal, quien el 17 de febrero se presentó ante el Juzgado Tercero Penal y se encuentra bajo prisión provisional”. Estas personas participaron en la investigación del Caso Comisiones Paralelas 2020.

Recuerda el caso de Eva Siomara Sosa, exfiscal de la Feci, quien el 15 de febrero recién pasado fue detenida luego de presentarse “voluntariamente” ante el Juzgado Tercero Penal tras conocer que existía una orden de captura en su contra.

Refiere que el 10 de febrero último “se tuvo conocimiento de la detención de Leily Santizo, exmandataria de la Cicig. Según la información, ambas se encontrarían detenidas sin que hasta la fecha se haya llevado a cabo la audiencia de primera declaración y, según lo indicado, las investigaciones serían una represalia por su trabajo”.

“Tanto Eva Siomara Sosa como Leily Santizo lideraron casos de alto impacto y anticorrupción durante el mandato de la Cicig”, refiere el pronunciamiento que agrega que “la detención de Leily Santizo también estaría relacionada con la labor que actualmente desempeña como defensora de operadores y operadoras de justicia reconocidos por su desempeño independiente”.

“La información disponible indica que las abogadas no habrían sido informadas de las acusaciones en su contra ya que el expediente se encuentra bajo reserva judicial. Al respecto, el Estado indicó que no resultaba “posible ahondar en detalles”, pero que las órdenes de aprehensión solicitadas “se basaron en indicios suficientes que el juez analizó para autorizarlas”.

Además, menciona que el 9 de febrero recién pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró procedente una solicitud de antejuicio y retirar la inmunidad de Pablo Xitumul de Paz, juez de Mayor Riesgo C, al tiempo que se ordenó continuar con las diligencias de antejuicio en contra de Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, quienes son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

“Por su parte, el Estado de Guatemala señaló que no se criminaliza a funcionarios, jueces o abogados, sino que se pretende el estricto cumplimiento de la ley y del debido proceso. Asimismo, informó que a toda persona acusada se le permite una defensa apropiada”, dice el pronunciamiento; sin embargo, la Corte señala que el antejuicio en Guatemala se está utilizando como un mecanismo de intimidación.

“Si bien el antejuicio constituye una garantía constitucional a favor de las y los operadores de justicia a fin de que no sean indebidamente sometidos a proceso penal, la CIDH ha observado que, en el contexto guatemalteco, dicho procedimiento es empleado como mecanismo para intimidar, amedrentar y/o eventualmente retirarles de sus cargos”, pero ante eso el Estado señaló que, “a través de los procedimientos establecidos en su legislación, resguarda plenamente la estabilidad en el desempeño de los cargos, así como su independencia judicial”.

Postura del MP

En tanto, la Fiscalía señaló que “el Ministerio Público tiene la obligación de investigar todas las denuncias que se presentan, el no hacerlo representaría corrupción. En ese sentido, todas las investigaciones se realizan con estricto apego al principio de legalidad, de forma objetiva, imparcial y garantizando el respeto a los derechos humanos de las partes procesales”

Añade que  “realizar una investigación y cumplir con la función del Ministerio Público jamás puede catalogarse como criminalización pues ninguna persona es superior a la la ley y es a través de la investigación que se establece la posible responsabilidad en la comisión de un delito y es un juez de garantías quien resuelve”.

Añade que “el Ministerio Público en cumplimiento a su mandato legal y constitucional debe investigar y velar por el estricto cumplimiento de la ley, siendo parte de un sistema de justicia en el cual cada institución tiene un rol específico, tal es el caso de la programación de audiencias, a la cual hace mención el pronunciamiento, situación que no depende del Ministerio Público”.

Una denuncia por violencia contra la mujer fue presentada este lunes 21 de febrero por las abogadas defensoras de Leily Santizo, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (Cigig), y de Eva Siomara Sosa, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público, contra dos representantes de la Fundación contra El Terrorismo (FCT).

Los señalados son Ricardo Méndez Ruiz, director de esa fundación, y Raúl Falla, abogado de esa entidad, quienes son sindicados de agredir verbalmente a las dos procesadas e intentar agredirlas físicamente el viernes pasado durante una audiencia.

Las dos señaladas, mediante un comunicado, expresaron que durante años, la FCT ha desarrollado campañas y ataques en medios y redes sociales para intimidar a personas con demostrada independencia dentro del sistema de justicia y en la sociedad civil.

Agregan que este tipo de esfuerzos tienen como objetivo “amedrentar, infundir temor, minar la reputación y últimamente silenciar a quienes hemos enfrentado las redes criminales y de poder en el país”.

Explica que la campaña se ha ensañado contra las mujeres, en particular, “utilizando prejuicios y acciones misóginas para atacar a las juezas, magistradas, fiscales y abogadas que hemos contribuido al proceso anticorrupción”.

“Esta semana, denunciamos que los representantes de este grupo radical pasaron de los ataques virtuales a la confrontación directa contra nosotras. En un tribunal, Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla insultaron a las firmantes y amenazaron con el uso de la fuerza. Estamos convencidas de que las mujeres y las niñas violentadas a través de redes sociales debemos exigir que se investiguen este tipo de hechos porque tenemos derecho de una vida libre de violencia de cualquier tipo”, se lee en el comunicado.

Recordaron que el sistema judicial debe garantizar que no sean doblemente agredidas las mujeres que están siendo limitadas en su libertad y mientras se dilucida su situación.

“A ambos les reiteramos que no nos intimidan. Pero elevamos la voz porque este tipo de violencia misógina y machista no puede seguir siendo utilizada para preservar la impunidad y garantizar que la corrupción de siempre continúe imperando. Hemos hecho las denuncias correspondientes y reiteramos al sistema de justicia la exigencia de garantizar la integridad de ambas”, concluye el comunicado, firmado este 21 de febrero de 2022, por Leily Santizo y Eva Siomara Sosa, a través de su abogada Flor de María Gálvez).

El viernes 18 de febrero pasado, Santizo y Sosa denunciaron que Méndez Ruiz y Falla. Ambos abogados fueron incluidos en un listado de Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado el 1 de julio de 2021, sobre personas señaladas en actos de corrupción en Guatemala.

Hoy la defensa de Leily y Siomara presentó una denuncia por violencia contra la mujer contra Ricardo Méndez Ruíz y Raúl Falla quienes agredieron de forma verbal e intentaron agredir físicamente a Leily y Siomara el viernes en la audiencia. ¡La misoginia no puede quedar impune! pic.twitter.com/0yEQBwnEkp

— #JusticiaYa (@justiciayagt) February 21, 2022

Postura de la Fundación contra el Terrorismo

Ricardo Méndez Ruiz dijo a Prensa Libre y Guatevisión que: “si bien soy enérgico y duro en mi forma de pensar, no soy un patán, ni soy un maleducado, ni soy una persona que levante una mano contra una mujer, eso no lo he hecho y no lo voy a hacer jamás”.

En cuanto a la denuncia que presentaron en su contra y en contra de Raúl Falla, Méndez Ruiz, afirmó que esta es una estrategia que lo que realmente busca es separar a la Fundación contra el Terrorismo del caso.

“Hay una continuación de audiencia prevista para para esta semana, para el día viernes, si no mal recuerdo, a las 8 de la mañana, siempre por el caso Cooptación y Corrupción Judicial y lo que ellas buscan es que se otorgue una medida de restricción para que nosotros no nos podamos acercarnos a ellas, entonces lo que lograrían con eso es que nosotros no podamos asistir a esa a esa audiencia del viernes”, señaló Méndez Ruiz.

Ricardo Méndez Ruiz, añadió que según las abogadas de las procesadas tienen fácil su denuncia, porque cayó en la Fiscalía de Delitos contra la Mujer, que está a cargo del fiscal Carlos de León, que según Méndez Ruiz, es gran amigo del exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval.

También dijo que tienen en su poder un audio en el que consta el cruce de palabras entre Eva Sosa y ellos, y explicó que Sosa dio amplias declaraciones ante la prensa, pero no mencionó nada del incidente que había habido antes de la audiencia.

Él reconoce que él estaba sentado en una esquina de la sala, cuando Sosa se le acerca a unos 20 centímetros y le gritó, porque estaba descontrolada tras un incidente que tuvo él con con el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, para que no ejerciera presión al juez, y cuando ella se vio sin esa presión, se vieron desesperadas.

Dijo que luego de hablar con Rodas, se sentó en su silla y Eva Sosa le gritó algo que no recuerda y él respondió fue “licenciada usted no solo está presa por los graves delitos que cometió, usted está presa por soberbia”, y eso fue todo lo que pasó.

Audio del incidente al que se refiere Ricardo Méndez Ruiz

La denuncia

Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo, expresó que el pasado domingo 20 de febrero se enteraron que las abogadas defensoras de Santizo y Sosa, Flor Gálvez y Claudia González se habían reunido en un restaurante de la zona 10 de la capital con un representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, un representante del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y un miembro de la comunidad internacional en la que estaban planeando presentar este lunes una denuncia contra él y Ricardo Méndez Ruiz.

La denuncia buscaba obtener medidas de seguridad para que no pudieran acercarse a ellas y de esa cuenta no se presentaran a la audiencia señalada para finales de esta semana.

“Si nosotros no vamos, que somos los querellantes adhesivos, el caso podría perder solidez en contra de ellas y de esa cuenta se podrían, en determinado momento, beneficiar al no estar el querellante adhesivo que son los que presentamos la denuncia, conocemos a cabalidad los hechos, porque somos afectados por esta resolución de conexión”.

Denunciaron a las procesadas

Falla añadió que por eso presentaron una denuncia pues claramente descubrieron un plan de concertación por parte de ellos que pretende obstaculizar el caso que está juzgando el juzgado tercero, donde están detenidas. Además, que ellas ya están detenidas por obstaculizar el caso Odebrecht.

Añade que las detenidas están desnaturalizando la Ley de Femicidio o violencia contra la mujer para poderla utilizar como herramienta de persecución y criminalización en contra los representantes de la Fundación contra el Terrorismo.

@FCTGuatemala presentó denuncia en contra de una ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA integrada por: Leidy Santizo, Eva Sosa, Claudia González, Flor Gálvez, por los delitos de obstrucción a la justicia, denuncia falsa, simulación de delito, asociación ilícita y conspiración. Justicia!! pic.twitter.com/Cvs69EZjAw

— Raúl Falla Ovalle. (@RaulFalla31) February 21, 2022

Señaló que las procesadas buscan victimizarse y buscan una medida que las proteja y les impida acercarse al juzgado, lo cual pues de un punto de vista no puede ser legal y técnico porque los juzgados son dependencias públicas.

Según Falla, si de alguna manera les notifican las medidas de seguridad, ellos ya tienen preparado también un memorial para presentarlo al órgano jurisdiccional y haciendo ver artículo 82 del Código Procesal Penal, último párrafo, tendría que suspenderse la audiencia hasta que esto se discutiera.

“No sé si en la estrategia las abogadas analizaron a fondo porque nosotros ya tenemos listo nuestro escrito, nuestros argumentos, porque no puede darse una audiencia de primera declaración si se está excluyendo al querellante adhesivo”, expresó.

Falla puntualizó que la Fundación contra el Terrorismo no tiene otro representante legal y si no puede participar en la audiencia, obligadamente debe haber una suspensión del proceso hasta que se resuelvan las medidas de seguridad.

La exfiscal anticorrupción guatemalteca Leily Santizo denunció este viernes 18 de febrero que fue víctima de agresiones verbales y de intento de agresiones físicas por parte de dos abogados, ambos sancionados por Estados Unidos con la prohibición de ingresar a su territorio.

Santizo, quien se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 10 de febrero por un caso bajo reserva, aseguró a periodistas que las agresiones verbales e intento de agresiones físicas fueron obra de los abogados Raúl Falla y Ricardo Méndez Ruiz, los dos sancionados en 2021 por EE. UU.

“El tema pasó de los insultos, casi a los golpes, y si no es por los policías del Sistema Penitenciario no sé hasta donde hubiera llegado el señor Méndez Ruiz”, dijo la abogada en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial guatemalteco, donde tuvo lugar el altercado según mencionó.

“No solo nos están criminalizando, sino que ahora a través de agresiones pretenden hacernos callar”, añadió la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, un ente de la Organización de Naciones Unidas que entre 2014 y 2019 empleó una histórica batalla contra la corrupción en el país centroamericano.

Santizo enfatizó ante los micrófonos de los medios de comunicación que es “necesario que se conozca” la situación que está viviendo en prisión preventiva.

Un caso “bajo reserva”

La abogada fue detenida junto a otra fiscal extrabajadora de la Cicig, Eva Sosa, por un caso que se encuentra bajo reserva y del que el Ministerio Público no ha brindado mayores detalles.

Tanto Santizo como Sosa han indicado que sus detenciones obedecen a una “persecución” judicial por su labor como fiscales anticorrupción en la Cicig y el Ministerio Público, donde imputaron entre 2014 y 2019 a más de 200 personas por corrupción, incluidos presidentes, expresidentes y miembros de la élite empresarial.

Ricardo Méndez Ruiz es el presidente de la organización de derecha extrema Fundación Contra el Terrorismo y fue sancionado en 2021 por Estados Unidos con la prohibición de ingresar a su territorio debido a su “demora y obstrucción” de procesos penales de alto impacto de acuerdo con sus intereses, al igual que Falla, también parte de la entidad.

Santizo había declarado el martes que teme por su vida pues se encuentra en la misma cárcel que docenas de personas a las que imputó penalmente.

Tanto Estados Unidos como el Reino Unido han manifestado esta semana su “preocupación” por la persecución de fiscales en Guatemala.

Estados Unidos afirmó el miércoles mediante un comunicado que está “profundamente preocupado” por lo que considera “el maltrato inaceptable y el abuso persistente” a fiscales y exfiscales por parte del Ministerio Público, bajo el liderazgo de la fiscal general y jefa de la entidad, Consuelo Porras.

La fiscal general guatemalteca también fue sancionada en septiembre pasado por Estados Unidos al señalarla de “obstruir” casos de alto impacto.

La Cicig se estableció en Guatemala en 2007 a través de un acuerdo entre el Gobierno y la Organización de Naciones Unidas para desarticular los aparatos clandestinos dentro del Estado en el país centroamericano, uno de los seis más corruptos de Latinoamérica, según diversos estudios al respecto.

Sin embargo, la entidad desapareció en 2019 después de que el presidente en aquel momento, Jimmy Morales (2016-2020), ordenara su clausura mientras dos de sus familiares eran investigados en un caso por corrupción estatal.

Al menos 13 exoperadores de justicia guatemaltecos se encuentran en el exilio debido a la persecución que enfrentan en el país centroamericano, según afirmó el miércoles uno de ellos, el exlíder de la lucha anticorrupción en Guatemala Juan Francisco Sandoval, radicado en EE. UU. desde 2021.

La Fiscalía especial contra la impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó este jueves 10 de febrero varios allanamientos para lograr la captura de personas vinculadas a un caso que las autoridades afirman que está bajo reserva.

Extraoficialmente se sabe que los operativos van dirigidos contra extrabajadores de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

De esa cuenta, las autoridades detuvieron a la abogada Leily Santizo, quien fue exmandataria de la Cicig y quien ahora ha ejercido defensa de exfiscales de la Feci que el MP busca procesar por su rol en la persecución penal del caso Odebrecht.

Hasta el momento, solamente se ha confirmado la captura de Santizo, aunque se menciona que hay otras personas más bajo custodia de las autoridades.

Afirma que es inocente

La abogada Leily Santizo habló con periodistas cuando ingresada a la Torre de Tribunales y afirmó que su captura es una represalia en su contra.

“Son represalias que están emprendiendo, estoy tranquila que no he cometido ningún acto delictivo, no me fui, aquí estoy con la valentía de afrontar este proceso porque no he cometido hecho delictivo”, dijo la exmandataria de Cicig.

Al consultarle si conocía el motivo de su detención, respondió que no, que sería el MP el que se lo tendría que informar porque lo desconoce.

“Me imagino que tal vez porque he estado vinculada con los casos que defiendo de los fiscales exCicig, no lo sé”.

Expresó que confía en la justicia porque: “no he cometido ningún ilícito, simplemente confío y se pueden dar cuenta de mi tranquilidad y cómo afronto esto”.

Condenan la captura

La Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) publicó un comunicado en el que se refiere a la captura de Leily Santizo y afirma que las acciones del Ministerio Público son “alarmantes” y muestran que dicha institución continúa la criminalización de fiscales anticorrupción y pone en riesgo el derecho a la legítima defensa.

En el comunicado se detalla que negar el derecho a la legitima defensa es el más reciente elemento en el esfuerzo por criminalizar a las y los fiscales que expusieron la corrupción en los últimos años y eso pone en riesgo a la profesión jurídica libre y derecho a defender derechos humanos.

Explica que el MP detuvo este 10 de febrero a la abogada Leily Santizo, quien ejercía la defensa técnica de exfiscales de la Feci que el Ministerio Público busca procesar por su rol en la persecución penal del caso Odebrecht.

“En esta ocasión, se castiga además a una abogada integra, con una amplia trayectoria, por defender a actores incómodos que hoy se encuentran perseguidos, como son los fiscales de la Feci que llevaron delante los casos como Odebretch, Construcción y Corrupción, Comisiones Paralelas, entre otros”, se lee en el documento.

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Agrega que: “El patrón es claro: tras forzar al exilio a jueces y fiscales, buscan castigar a abogados y abogadas que les han defendido ante los abusos de quienes controlan el sistema de justicia actualmente. Además, destaca que el Ministerio Público aduce la reserva del caso, al mismo tiempo que actores anónimos y radicales en redes sociales filtran la Información a la opinión pública”.

En tal sentido, la agrupación señaló que:

“Condenamos al MP por este acto de intimidación y obstrucción al derecho de defensa y de hipocresía en el manejo de la reserva del caso. Coloca en riesgo el ejercicio libre de la profesión jurídica y el derecho de toda persona a defenderse ante un tribunal”.

“Solicitamos a la comunidad nacional e internacional que se pronuncie y dé seguimiento a la situación exigiendo que los tribunales resguarden el derecho de la ciudadanía a la defensa y de las y los abogados de ejercer el derecho de petición como parte de la defensa técnica”.

El Juzgado Tercero Penal le hizo saber el motivo de detención a la exmandataria de Cicig, Leily Santizo, y quedó en prisión provisional en Mariscal Zavala. La audiencia tentativa está programada para el 15 de febrero.

Defensa de Xiomara Sosa presenta un memorial

Xiomara Sosa, exintegrante de la Feci, sobre quien pesa una orden de captura, presentó un memorial por medio de su equipo de abogados para proceder con “lo que en derecho corresponda”

Los defensores indicaron que ella no está capturada.

El caso contra el antiguo personal de Feci y Cicig lo conocerá el juez Geisler Smaily Pérez, del Juzgado Tercero Penal. Este juez fue denunciado por la antigua Feci por el Caso Comisiones Paralelas 2020, y es una de las personas que se habría reunido con Gustavo Alejos.

A Sosa como se presentó y adjuntó un memorial la citaron para el 15 de febrero a su casa.