La Fiscalía de Extinción de Dominio entregó este martes 22 de agosto a la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) un inmueble, ubicado en condominio La Residence, Vista Hermosa, zona 15 de la capital, que está vinculado a Ana Sofía Castañeda Deras, alias “la Sirenita”, reportaron fuentes judiciales.

De acuerdo con el Ministerio Público, el inmueble está valorado en US$400 mil -unos 3 millones 136 mil al tipo de cambio de este martes 22 de agosto-, aproximadamente.

“El 13 de junio pasado, el Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio declaró con lugar acción de extinción de dominio promovida por el Ministerio Público, derivado de actividades ilícitas como lavado de dinero u otros activos”, señaló el MP.

“La Sirenita” cumple dos condenas por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.

La primera fue dictada el 24 de febrero de 2017, cuando Castañeda fue condenada a ocho años de prisión.

La segunda condena contra Castañeda Deras se dictó en febrero de 2018. En esa ocasión, la mujer fue condenada a seis años de prisión inconmutables más una muta de US$1 millón 91 mil y Q1 millón 592 mil.

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos estableció en ese momento que, durante el periodo del 2010 al 2012, la sentenciada y otras personas efectuaron la compra de 15 bienes inmuebles por la cantidad de US$2 millones 250 mil, para lo que utilizaron empresas de cartón.

Dichos inmuebles pasaron a propiedad del Estado y estaban valorados en Q24 millones. Algunos de estos eran apartamentos, parqueos, oficinas y bodegas en lugares como la zona 10, Sacatepéquez, Santa Catarina Pinula y Escuintla.

La jueza Carmen Acú Recinos resolvió ligar a proceso a la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, y dictó que deberá seguir guardando prisión preventiva, señalada de haber revelado información confidencial, en un segundo caso que presentó el Ministerio Público (MP) en su contra.

Virginia Laparra es ligada a proceso por segundo caso que el MP presentó en su contra

Acú Recinos, a cargo del Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, emitió el fallo durante la audiencia de primera declaración que se llevó a cabo, sin acceso a la prensa, desde el pasado 3 de enero.

La jueza, que mantiene el caso bajo reserva, dio un plazo de tres meses para que el MP desarrolle la investigación correspondiente.

Caso bajo reserva

Acú Recinos dictó la reserva por 10 días a petición de Noé Rivera, jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos del MP, quien, entre sus argumentos, expuso que los medios de comunicación “vulneran los derechos de los detenidos y tergiversan la información”.

Lea también: Caso Génesis Ixcajop: padres revelan que habría una riña de por medio antes de la desaparición de la niña

Al declarar bajo reserva el caso, se prohíbe que se conozcan los detalles del proceso, pues las audiencias son a puerta cerrada y las partes tienen prohibido hablar al respecto.

La defensa de Laparra recusó a la jueza al dudar de su imparcialidad, al considerar que ha sido condescendiente con las argumentaciones del exjuez Lesther Castellanos, pero Acú Recinos lo rechazó.

Sentencia contra Laparra

El pasado 16 de diciembre, un tribunal condenó a Laparra a 4 años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios, luego de haber sido hallada culpable del delito de abuso de autoridad en forma continuada.

Laparra fue procesada luego de que el exjuez Lesther Castellanos la denunciara, pues cuando era fiscal ella quiso investigarlo en cuatro ocasiones por presuntamente filtrar información reservada.

El juicio duró apenas 18 días y todos los que testificaron eran policías o funcionarios, además de Castellanos, quien fue investigado por la acusada antes de ser detenida, el 23 de febrero de 2022.

Los únicos testigos que declararon en este juicio fueron dos policías que la arrestaron, un abogado designado por la parte acusadora, un perito grafológico (para autenticar su firma) y el exjuez Lesther Castellanos, a quien Laparra denunció en cuatro ocasiones por presuntamente filtrar información reservada.

Lea también: Quién es alias “Smaily”, el supuesto jefe de una clica de la mara 18 capturado luego de denuncia de vecinos en San Jose Pinula

Revés para el MP

El tribunal también inhabilitó a Laparra para ocupar cargos públicos mientras cumpla su condena, pero podrá ejercer como abogada, un revés para la Fiscalía que había pedido inhabilitarla del todo y que fuera condenada a ocho años de prisión inconmutables.

Laparra afirmó que los cargos en su contra eran “una venganza” de una polémica entidad de derecha, querellante en el juicio.

El Tribunal Quinto de Sentencia Penal declaró culpables a 13 integrantes de una estructura criminal denominada “Motoladrones” y les impuso penas que van desde 6 a 32 años de prisión, dependiendo del delito cometido.

Las pesquisas estuvieron a cargo de por la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, en la que se logró “determinar que los condenados se dedicaban a cometer robos a bordo de motocicletas y a mano armada a quienes circulaban a horas pico de tráfico en sus vehículos”, detalló el Ministerio Público (MP) a través de sus redes sociales.

El ente investigador puntualizó que los sentenciados cometieron los hechos delictivos en las diferentes calzadas principales del departamento de Guatemala, especialmente en hora de intenso tráfico para actuar a bordo de sus vehículos y mediante el uso de la violencia despojaban de teléfonos celulares a sus víctimas para luego vender lo arrebatado.

Los lugares donde operaba la red criminal era en la Calzada Roosevelt, Aguilar Batrés y Periférico. 

Fueron declarados culpables de cometer los delitos de asociación ilícita, homicidio, robo agravado y comercialización de teléfonos reportados como robados, según detalló el MP.

De los responsables, delitos y las penas

• Kevin Rodrigo Castro recibió la pena máxima de 32 años de prisión por el delito de asesinato
• Julio Armando García Solórzano deberá cumplir una pena de 7 años de prisión, tras haber sido declarado culpable del delito de robo agravado
• José David González Sical se le impuso una pena de 7 años de prisión por el delito de robo agravado
• Guillermo Antonio Morales García, alias “Yemo loco”, un castigo de 10 años de prisión por el delito de robo agravado
• Jonathan Raúl Ibarra Pérez, alias “Fiona”,  pena de 9 años de prisión por el delito de robo agravado
• Mario Efraín Oliva Juárez, alias “Baraco, una pena de 8 años de prisión por el delito de robo agravado
• Mario René Rosales Gamarro, alias “Fat”, pena de 8 años de prisión por el delito de robo agravado
• Tácito Pinto Samayoa, alias “Diez”, pena de 7 años de prisión por el delito de robo agravado
• Luis Gustavo Borrayo, alias “Diez”, pena de 7 años de prisión por el delito de robo agravado en forma continuada
• Miguel Ángel Cuin Macario, alias “Chiki”, pena de 6 años de prisión y una multa de Q100 mil por el delito de comercialización de equipos terminales móviles denunciados como robados, hurtados, extraviados o alterados
• Melvin Omar Yus Flores, pena de 6 años de prisión y una multa de Q100 mil por el delito de comercialización de equipos terminales móviles denunciados como robados, hurtados, extraviados o alterados
• Mario Alexánder Mejía Monroy, alias “Cuso”, pena de 7 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y robo agravado
• Gerson Estuardo Ramos Lemus alias “Colocho”, pena de 7 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y robo agravado

La relatora especial de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, instó a las autoridades guatemaltecas a tomar medidas para garantizar la seguridad de la exfiscal Virginia Laparra y el exjuez Miguel Ángel Gálvez, además de proteger la independencia de jueces y fiscales del país.

Según Satterthwaite, las acciones penales promovidas en contra del exjuez y la exfiscal “son un ataque al estado de derecho” y las calificó como represalia hacia ambos por su trabajo anticorrupción.

La experta de la ONU hizo referencia al caso en el que Gálvez dictaminó que nueve militares y policías en condición de retiro sean juzgado por delitos de lesa humanidad en el caso conocido como Diario Militar.

Debido a esa resolución, Satterthwaite reconoció que como resultado, el juez Gálvez había sido objeto de amenazas, vigilancia y hostigamiento, lo que motivaron su renuncia al cargo y su salida al exilio.

Lea también: Miguel Ángel Gálvez y los casos que marcaron su carrera como juez de alto impacto

“Se está abusando del derecho penal para atacar a los servidores públicos y operadores de justicia, quienes protegen y garantizan los derechos humanos, quienes están fortaleciendo el estado de derecho y dando grandes pasos en la lucha contra la impunidad en el país”, enfatizó Satterthwaite.

La relatora dijo que los fiscales “no deben ser criminalizados por cumplir con sus funciones en la lucha contra la corrupción”.

Relatora pide garantías

“Estoy extremadamente preocupada por estos casos en particular y por una serie de acciones recientes destinadas a debilitar el estado de derecho y la independencia judicial en Guatemala”, dijo Satterthwaite.

Sobre el caso de Laparra, exfiscal anticorrupción, las Naciones Unidas hizo mención de los dos procesos seguidos “que se han caracterizado por violaciones al debido proceso, incluyendo dilaciones indebidas y uso excesivo de la prisión preventiva”, dijo la experta.

Otros usuarios también leyeron: Abogados de exfiscal Virginia Laparra recusan a jueza en Xela y queda suspendida audiencia de primera declaración

Satterthwaite instó a las autoridades a garantizar la protección e independencia de los operadores de justicia para que “no sufran ataques”.

El juez Miguel Ángel Gálvez no se presentó este viernes 4 de noviembre a la audiencia en la que presentaría las pruebas de descargo en el proceso de antejuicio en su contra y en sus redes sociales justificó que se debió a que, a su criterio, se viola el debido proceso.

El abogado del juez Gálvez, Herbert Pérez, si se presentó a la audiencia y entregó las pruebas por escrito. Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, enfrenta un proceso para ser despojado de su inmunidad por señalamientos del Ministerio Público (MP), por una denuncia que promueve la Fundación contra el Terrorismo.

A su vez, Gálvez señaló en un video que publicó en su cuenta de Twitter, que no compareció a la audiencia porque esperaba que esta fuera pública para garantizar la transparencia del proceso. No obstante, indicó que “se dictó una resolución en la que se aduce que la ley no reconoce la publicidad y que este tipo de procedimiento no lo permite”.

“Eso me llama la atención porque se evidencian las violaciones constantes al proceso de antejuicio, en ese sentido consideré prudente comparecer por escrito y que él (juez pesquisidor) tome la decisión”, dijo Gálvez. Además, señaló que en la denuncia en su contra se hacía referencia a cinco procesos penales, pero tres procesos no le corresponden.

Postura del juez Gálvez

El juez de mayor riesgo agregó que le dará seguimiento al proceso que, desde su punto de vista, “está atentando en contra de uno de los principios fundamentales que corresponde a la independencia judicial, especialmente al debido proceso”.

Su abogado defensor explicó este viernes que Gálvez presentó sus argumentaciones de descargo por escrito, pero el juez resolvió suspender la audiencia por ese motivo, pese a que existía esa facultad.

Lea también: Juez Miguel Ángel Gálvez informa a la CSJ que la CIDH ratificó medidas de protección a su favor

Ante la ausencia de Gálvez a esta audiencia, Pérez explicó que ya se tenía conocimiento de que el juez pesquisidor del caso, Roaldo Chávez, resolvió que la audiencia no sería pública. El defensor dispuso entonces presentarse individualmente a la Sala Segunda de Apelación y presentó los razonamientos por escritos resguardados en una memoria USB, porque eran muy extensas.

Supuesta salida del país

A las 15:50 horas del viernes 4 de noviembre, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) aseguró que Gálvez abandonó el país. “Se registró la salida del Sr. Miguel Ángel Gálvez de territorio guatemalteco a las 6 horas de este día”, comunicó por mensaje Stuard Rodríguez, ante la consulta de periodistas.

Sin embargo, el juez descartó su salida del país, tal como indicó el IGM. En consulta que Prensa Libre hizo al juez sobre su supuesta salida, Gálvez indicó que se encontraba en Guatemala. “No, yo estoy en Guatemala (…) la posibilidad esa está cerrada y por otro lado, estoy de vacaciones”.

Argumentos

“El juez pesquisidor debió de haber escuchado al querellante y al funcionario afectado, en este caso al juez Miguel Ángel Gálvez”, dijo Pérez al asegurar que la obligación legal es que se realicen todas las diligencias pertinentes, ante la suspensión de la audiencia.

Pérez sostuvo que “no existe veracidad” de los hechos de la querella contra Gálvez y explicó que, como parte del proceso el pesquisidor deberá emitir su informe para que se remita a la Corte Suprema de Justicia. El plazo, establecido en ley, es de 60 días para que pesquisidor pueda disponer del expediente.

Lea también: Magistrados de la CSJ confirman continuidad en el cargo y se cumplen tres años sin renovación de cortes en Guatemala

Gobierno reacciona

En torno al caso, el congresista demócrata, Albio Sires, representante de New Jersey, se pronunció y expresó su preocupación por el proceso judicial que Gálvez enfrenta, al hacer un señalamiento contra el Gobierno.

“Los esfuerzos del juez Gálvez de hacer responsable a los funcionarios por sus delitos, su corrupción y sus abusos lo han convertido en un blanco del gobierno guatemalteco y las organizaciones extremistas en el país”, indicó Sire en Twitter.

https://twitter.com/RepSires/status/1588573757664526336

Por su parte el Gobierno rechazó el señalamiento del congresista estadounidense.

“El Gobierno rechaza categóricamente los comentarios vertidos por el congresista Albio Sires sobre una supuesta persecución contra operadores de justicia, lo cual carece de todo fundamento”, se indicó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

es respetuoso del Estado de Derecho y la independencia judicial. En la Constitución prevalece la separación de poderes, lo cual implica la inadmisibilidad de su atribución a otras autoridades públicas, ya sea el Organismo Legislativo o Ejecutivo.

— MINEX Guatemala (@MinexGt) November 5, 2022

Organizaciones anticorrupción expresaron su respaldo a Gálvez y solicitaron que se cumpla con las medidas de protección que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a favor del juez. A través de un comunicado, solicitaron que cese lo que califican como una persecución en contra del juzgador.

Organizaciones internacionales exhortamos al Estado de #Guatemala cumplir con las órdenes de la @CorteIDH y cesar la persecución contra el Juez Miguel Angel Gálvez. @lanegrisgt @hsanchezgt @jlsanz @JLobo2011 @jczamora @JLFont001 @concriteriogt @crfger @EmisorasUnidas pic.twitter.com/UOkgPhz3Jw

— Dr. Jo-Marie Burt (@jomaburt) November 4, 2022

Veintiséis profesionales aspiran el cargo de director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), entre los que se encuentra el actual jefe de esa entidad, Fanuel García. El cierre de recepción de expedientes fue este viernes 29 de abril a las 15.30 horas.

Con un presupuesto de Q74.6 millones y con la responsabilidad de aportar ciencia en los procesos judiciales, el Inacif se convierte en una parte importante del engranaje del sector justicia, por lo que la designación de su director es un procedimiento delicado.

La recepción de expedientes es la primera fase del proceso que concluirá el 18 de julio con la toma de posesión del nuevo director del Inacif.

Ahora el proceso está en manos del Consejo Directivo del Inacif, integrado por Silvia Valdés, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Consuelo Porras, fiscal general; David Napoleón Barrientos, ministro de Gobernación; Idonaldo Fuentes, director del Instituto de la Defensa Pública Penal; Sandra Maritza España, presidenta del Colegio de Médicos; Elly Rossana Letona Contreras, presidenta el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala; y Fernando Chacón, presidente del Colegio de Abogados.

El Consejo Directivo aprobó la exclusión de candidatos a los que se les pueda demostrar los señalamientos que se les haga. Para establecer esto aceptarán la objeción presentada que debe estar establecida de forma clara, concisa, fundamentada y no venir de un señalamiento anónimo; luego, el postulante podrá presentar sus pruebas de descargo y con base en ambos documentos el Consejo Directivo establecerá si la postulante continúa o no.

Sin embargo, se aceptó el expediente de Camilo Gilberto Morales, a quien en mayo de 2021 se le vinculó a la estructura Los Huistas, pero luego un juez los desligó y dictó sobreseimiento en su caso.

También se incluyó el expediente de Carlos Enrique Quino Pérez, secretario del Colegio de Abogados.

El Consejo Directivo del Inacif la próxima semana empezará a analizar los expedientes y dará una calificación a cada aspirante.

Aspirantes

1. Cecilia Ilusión Barrios Ortega
2. Manuel Alfonso Castellanos Alonzo
3. Victoriano Berreondo Rosales
4. Héctor Fajardo Estrada
5. Ernesto Salvador Flores Jerez
6. Marco Antonio Lima Iriarte
7. Mario Roberto Veras Pappa
8. Otto José Paz Kroell
9. Gloria Margarita López Rodas
10. Dony Winston Cardona Díaz
11. Luis Fernando Zenteno Archila
12. Carlos Enrique Quino Pérez
13. Fanuel Macbanai García Morales
14. Alejandro Arévalo
15. Ruth Oralia García Marroquin
16. Jairo Gamaliel Cermeño Morán
17. Carlos Domenico Ulban López
18. Guillermo Galindo Betancurt
19. Edwin Marino Salazar Díaz
20. Alexander Douglas Villeda Navichoque
21. Camilo Gilberto Morales Castro
22. Érick Suntecun Castellanos
23. Erwin Francisco Matul Pérez
24. Percy Alejandro Valenzuela Osorio
25. Jorge Augusto Granados Martínez
26. Ingrid Johana Romero Escribá

“Es indispensable hacer cumplir la ley para no perder la democracia. Un gran reconocimiento por sus buenas prácticas para proteger el estado de derecho”, dijo este jueves 6 de octubre el embajador de EE. UU., en Guatemala, William W. Popp, durante la inauguración del Cuarto Congreso Internacional de Jueces que se celebra en el país.

Durante los próximos días tres días, jueces de México, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Guatemala se reúnen en el Cuarto Congreso Internacional de Jueces, organizado por la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, en el que se analizarán temas como la importancia de la independencia judicial.

“Son cuatro años consecutivos que EE. UU. han apoyado esta actividad, porque que la integridad es una práctica de ser honesto, de mostrar valores morales y éticos, es una práctica que todas las sociedades democráticas esperan tener en un sistema de justicia construido sobre el principio en que ninguna persona es superior a la ley”, agregó el diplomático.

Popp agregó que cuando los estados no tienen la capacidad para hacer cumplir la ley con igualdad surgen preocupaciones por el peligro que corre la democracia, porque “la justicia independiente es un elemento de un estado democrático”.

Reconocimientos

Durante el evento se otorgó reconocimientos a las magistradas de la Corte Suprema de Justicia Delia Dávila y María Eugenia Morales, así como a tres jueces de Mayor Riesgo, Erika Aifán, Pablo Xitumul y Miguel Ángel Gálvez, quienes recibieron una medalla dorada por parte de la Asociación de Jueces de Colombia.

En agosto pasado, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a Guatemala a priorizar la lucha contra la corrupción y garantizar la independencia judicial.

“La CIDH expresa su preocupación por acciones que debilitan la independencia judicial en Guatemala y urge al Estado a priorizar y fortalecer la lucha contra la impunidad y la corrupción, mediante el respeto a un sistema de justicia independiente e imparcial”, dijo este órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en un comunicado.

La Comisión deploró la destitución a finales de julio del titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, quien tras ser removido denunció obstáculos en su labor y dijo que se le pidió no investigar al presidente Alejandro Giammattei sin consentimiento de la fiscal general Consuelo Porras.

“Preocupa particularmente la grave y permanente situación de criminalización de jueces y juezas con competencia de alto riesgo en Guatemala”, indicó el organismo.

Entre estos mencionó a Pablo Xitumul De Paz, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Iris Yassmín Barrios Aguilar y Erika Lorena Aifán Dávila, todos beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH.

La Comisión señaló el hostigamiento de jueces y fiscales en Guatemala por investigar “estructuras criminales vinculadas con el poder político y económico” o “graves violaciones a derechos humanos”, o por apoyar a la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG).

Con la habilitación de 68 agencias fiscales, el Ministerio Público (MP) alcanzó este viernes 9 de abril el cien por cien de cobertura en los 340 municipios del país, informaron autoridades de esa dependencia.

De acuerdo con el MP, con la inauguración de las 68 agencias fiscales “se fortalece el acceso a la justicia en las comunidades”, puesto que en mayo de 2018 solo había presencia en 64 municipios -16% de cobertura-.

Se informó que tres años después y con base en el Plan Estratégico 2018-2023 del MP se logra la cobertura total, con lo que se fortalece “la respuesta frente a los delitos contra la vida, las extorsiones, la criminalidad organizada y la corrupción”; además de facilitar el acceso a la justicia y mejorar la calidad del servicio a la población.

Las nuevas agencias “tendrán competencia para conocer casos de delitos menos graves que surjan en los municipios de su jurisdicción. También recibirán denuncias verbales, escritas, prevenciones policiales, querellas y realizarán diligencias urgentes para evitar la demora en los casos”.

Un comunicado del MP agrega: “De igual forma serán competentes para recibir denuncias relativas a las Alertas Alba-Keneth y Alertas Isabel-Claudina, para garantizar el plan operativo de acciones de búsqueda inmediata de niñas, niños, adolescentes y mujeres desaparecidas”.

Las agencias estarán integradas por agente fiscal, auxiliares fiscales, oficiales de fiscalía, personal técnico y apoyo administrativo.

Lo ven positivo

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) destacó este viernes el trabajo del Ministerio Público (MP) al lograr cobertura en todos los municipios del país, al considerar que “es un logro clave para la certeza jurídica y la lucha contra la corrupción, base de confianza para aumentar la inversión en el país, facilitando la reactivación de la economía y la generación de más y mejores oportunidades que mitigan la migración”.

#EmbPopp participó en inauguración de 68 nuevas Agencias Fiscales departamentales @MPguatemala, que gracias al apoyo @USAIDGuate, alcanzan cobertura total del MP en todo el país. Esfuerzo que contribuirá a mejorar acceso y eficiencia sistema de justicia para #Prosperidad de #GUA. pic.twitter.com/cxHw1S0tBT

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) April 9, 2021

“Felicitamos al Ministerio Público y a la Fiscal General Dra. María Consuelo Porras por el importante hito de haber logrado en tres años de gestión, presencia en los 340 municipios y cobertura del 100% del territorio nacional”, señala un comunicado de la CIG.

Agregó: “estas acciones aseguran acceso a la justicia para un mayor número de ciudadanos, lo cual fortalece el Estado de Derecho, indispensable para cubrir las necesidades de las comunidades de los departamentos con altos índices de conflictividad”.

Ministerio Público alcanza cobertura total en los 340 municipios de Guatemala

Lea la nota https://t.co/DnSr1ykHyF

— MP de Guatemala (@MPguatemala) April 9, 2021

El 25 de julio último, la CC dictó un amparo en definitiva contra la CSJ, que dio trámite a un antejuicio contra cuatro magistrados de ese tribunal y le ordenó emitir un nuevo fallo.

La CC cuestionó lo hecho por la CSJ el 26 de junio, cuando el pleno se integró por magistrados suplentes para darle luz verde al trámite de antejuicio contra los magistrados Gloria Porras, Neftalí Aldana, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela.

Los cuatro magistrados son señalados en la solicitud de retiro de antejuicio por el abogado José Roberto Guzmán Hernández, quien considera que es ilegal el amparo definitivo que esos magistrados dieron al Ministerio Público (MP) el 6 de mayo último y ordenó al Legislativo que la elección de magistrados de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cumpla con el requisito de idoneidad, capacidad y honradez, algo que posteriormente se tradujo en un informe de la Fiscalía al Legislativo que enumera por qué 20 candidatos no cumplen con esos requisitos, y 10 diputados deberían abstenerse de votar por tener posibles conflictos de interés.

Además, expresó que esa decisión es “nula de pleno derecho”, pues el pleno, integrado por suplentes, es “arbitrario e ilegal” porque incumple el orden de prelación de los magistrados llamados a ocupar esos cargos, según la Ley del Organismo Judicial.

Por lo anterior, la CSJ rechaza la afirmación de la CC de que el pleno se integró de forma “arbitraria e ilegal”, pues se basaron a lo dispuesto en los artículos 77 y 132 de la Ley de Organismo Judicial.

Además, critican que la CC haya calificado de “nula”, “invalida” y  “notoriamente ilegal” la resolución que traslada las diligencias de antejuicio al Congreso.

También la CSJ lamenta que se haga alusión a que los magistrados suplentes que integraron el pleno sean objeto de investigación por parte del Ministerio Público y que, condenado al pago de costas procesales a los 13 magistrados, sin antes haber sido citados, oídos y vencidos, en lo que califican como una imputación de mala fe.

También le hace ver viola los artículos 167 y 43 de la Ley de Amparo, sobre la prohibición de iniciar persecución contra los magistrados de la CC por sus resoluciones, así como la obligación de que todo órgano debe respetar la doctrina de la CC.

Incluso le hace ver que esa “viciada” conformación del pleno, contradice resoluciones de la propia CSJ de 2014, 2019 y 2020 respecto a diligencias de antejuicios.

En su momento, la CC dijo: “de haberse materializado la orden de la CSJ se habría lesionado la institucionalidad y finalidad de la CC, más allá de la esfera personal de los actuales magistrados, cuya función es la defensa del orden constitucional”.

No hubo discusión

Luego del comunicado emitido por la CSJ con respecto a los señalamientos hechos por la CC, las magistradas titulares Delia Marina Dávila Salazar y María Eugenia Morales Aceña señalaron que no fueron consultadas al respecto, pues en la agenda que se aprobó en el pleno de este viernes no estaba incluido el tema del pronunciamiento.

En un comunicado firmado por las dos magistradas dice que fueron convocadas por el pleno de magistrados de la CSJ para integrar la sesión de pleno extraordinario y que en la agenda no figuró el tema del pronunciamiento con respecto a la sentencia de la CC.

“Manifestamos que, sobre su contenido y publicación, como integrantes de esta corte, no fuimos consultadas. Por lo que rechazamos totalmente el mismo, y solicitamos no relacionarnos con lo expresado en este”