El juez Miguel Ángel Gálvez abandonó el país y renunció a su cargo denunciando ser víctima de persecución por sus resoluciones en casos de alto impacto, sumándose a una amplia lista de funcionarios y jueces anticorrupción que están en el exilio.

Gálvez, quien denunció amenazas tras ordenar enviar a juicio a los implicados en el caso “Diario Militar”, por un crimen de lesa humanidad que ocurrió en los años ochenta, confirmó su renuncia en un video que publicó en sus redes sociales.

Recordó que durante su carrera como juez conoció procesos de estructuras criminales, de grupos del crimen organizado, señalados de corrupción y especialmente casos del conflicto armado.

“Conforme conocí los procesos, traté de transparentarlos y prueba de eso es que la población le dio seguimiento a cada uno de ellos, especialmente a las audiencias y las resoluciones”, dijo Gálvez.

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“En estos momentos la independencia judicial está siendo manipulada y no se está garantizando los procesos como corresponde, especialmente las garantías constitucionales y el debido proceso”, advirtió Gálvez en su mensaje.

El mensaje se da luego que el juez denunciara ataques, hostigación e incluso persecuciones ilegales. Amenazas que aseguró, se intensificaron tras ordenar en mayo de 2022, que se juzgara a nueve militares y policías retirados por cargos de tortura, asesinato y desaparición forzada entre 1983 y 1985.

Denuncia amenazas

Gálvez, reiteró en varias ocasiones que consideraba vulnerable su derecho de defensa por múltiples procesos en su contra. El Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, negó que existiera una persecución contra operadores de justicia y aseguró que seguía una “ruta objetiva e imparcial”.

El juez cobró notoriedad en 2013 por enviar a juicio al ex dictador Efraín Ríos Montt por genocidio. El general retirado fue condenado por un tribunal a 80 años de cárcel, pero la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir el juicio.

Ríos Montt falleció el 1 de abril de 2018, a los 91 años, mientras se desarrollaba el nuevo juicio a puerta cerrada, al ser diagnosticado de demencia y otros padecimientos.

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Casos de alto impacto

Como titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, Gálvez conoció diversos casos de alto impacto.

• Diario Militar

Los militares que Gálvez ligó a proceso y envió a juicio a exmiembros del Ejército de Guatemala y de la Policía, implicados en el caso conocido como “Diario Militar”. Están acusados del asesinato y desaparición de 183 personas, durante el conflicto armado interno.

A raíz de la decisión de enviarlos a juicio, Gálvez denunció que existía una campaña de desprestigio en su contra. Justo cuando se solicitó el retiro de antejuicio promovido por el MP, por una denuncia que presentó la Fundación Contra el Terrorismo.

• La Línea

El juez Gálvez también envió al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti a juicio por cargos de corrupción por el caso La Línea. La fase final del proceso judicial está próximo a iniciar y la sentencia podría dictarse en los primeros días del 2023. 

• Cooptación del Estado

El caso surgió del caso La Línea. Según la investigación, Pérez Molina y Baldetti, junto con exfuncionarios de su Gobierno, acordaron adjudicar contratos a determinadas empresas, a cambio del pago de comisiones ilícitas.

Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, declaró como colaborador eficaz por este caso y reveló la trama en que se acordaron los tratos ilícitos.

Monzón dijo que en su caso se le nombró “operador del Ejecutivo en la Empresa Portuaria Quetzal, y debía encargarse de las comisiones por los contratos”.

Entre otros acusados, en Cooptación del Estado figuran el exsecretario de la presidencia Gustavo Adolfo Martínez Luna, también yerno del exmandatario Pérez Molina; así como el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.

Tras diversas acciones legales que frenaron el avance del proceso penal, el caso entraría a la etapa intermedia.

• Sepur Zarco

En junio de 2015, el juez Gálvez aceptó las pruebas presentadas por el caso Sepur Zarco, marcado por la violencia sexual durante el conflicto armado que enfrentaron 15 mujeres Q’qchi’. El juez envió el expediente al Juzgado A de Mayor Riesgo para que llevara el debido proceso.

El juicio finalizó en febrero de 2016 dictando una sentencia condenatoria.

¿Cómo nacieron los juzgados de Mayor Riesgo?

Estas judicaturas nacieron luego de propuestas realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual estuvo vigente entre 2007 y 2019 en Guatemala. Lo que se proponía era concentrar los casos de alto impacto en juzgados de la capital.

Actualmente, hay seis juzgados de mayor riesgo, para conocer los delitos como crimen organizado, violaciones de derechos humanos y los relacionados a la corrupción. 

Miguel Ángel Gálvez renunció este martes 15 de noviembre al cargo de juez de Primera Instancia Penal, días después de que abandonara el país en medio de un proceso en el que se buscaba retirarle la inmunidad para ser investigado por el Ministerio Público (MP) por la supuesta comisión de cuatro delitos.

La salida de Gálvez del país se confirmó el sábado 5 de noviembre, luego de que el extitular del Juzgado de Mayor Riesgo “B” denunciará ser víctima de persecución por sus fallos judiciales.

“Comparto este mensaje a mi querido pueblo de Guatemala, de parte de un servidor que ha dedicado su vida a la defensa de una justicia independiente y el imperio del Estado de Derecho en el país. ¡Florecerás Guatemala!”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Quisiera poner de conocimiento que el día de hoy presenté mi renuncia al cargo de juez de primera instancia del ramo penal, (…) durante el tiempo trabajado en el Organismo Judicial (OJ) conocí procesos de estructuras criminales, crimen organizado y lo que corresponde a corrupción y especialmente los procesos del conflicto armado, y durante el tiempo que conocí los proceso traté de transparentarlos”, dijo en un video publicado en Twitter el ex juez Gálvez, quien no reveló en dónde se encuentra.

Agregó que “en estos momentos la independencia judicial está siendo manipulada y no se está garantizado los procesos como corresponde, especialmente las garantías constitucionales y el debido proceso”.

“Durante el tiempo que he laborado (en el OJ) se ha cumplido con todas las garantías y voy a estar a la expectativa de todo lo que está pasando en Guatemala para que podamos vivir el anhelo de justicia”, agregó el profesional.

Además, dijo que solicita “al pueblo de Guatemala que haya organización para que no se roben las posibilidades de una justicia que añoramos todos los guatemaltecos”.

“No había entendido que la justicia es cuestión de poder y no control de poder”, concluyó Gálvez.

De momento el OJ no ha confirmado la renuncia de Gálvez.

Garantías

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó el día que se confirmó la salida de Gálvez del país que el Estado de Guatemala que debía garantizar la seguridad del ahora exjuez de mayor riesgo, quien salió del país el 4 de noviembre por una persecución penal en su contra.

“El Estado debe proteger la integridad personal del juez Miguel Ángel Gálvez y su independencia judicial”, recordó en esa oportunidad la CIDH en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La CIDH explicó que Gálvez fue beneficiado con medidas cautelares desde 2016 debido a amenazas en su contra.

Gálvez, de 64 años, fue acusado por la Fundación Contra el Terrorismo de ordenar “detenciones ilegales” contra militares retirados, acusados de crímenes de guerra.

Los militares que Gálvez envió a juicio son 10 exmiembros del Ejército de Guatemala y de la Policía, implicados en el caso conocido como “Diario Militar” y acusados del asesinato y desaparición de 183 personas, durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Gálvez, que durante 20 años de carrera judicial ha condenado a militares, corruptos, pandilleros y narcotraficantes, advirtió en reiteradas ocasiones que consideraba que se estaba vulnerando el derecho de defensa en el proceso en su contra.

Además, en 2015 fue el encargado de procesar por corrupción al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, quien podría recibir una sentencia condenatoria en un caso de defraudación aduanera este año.

Durante 2022, la CIDH entregó un informe donde asegura que “existen graves injerencias sistemáticas contra la independencia judicial del país centroamericano”.

Gálvez es el segundo juez anticorrupción que sale de Guatemala en medio de una persecución penal en su contra en 2022, junto a la jueza Erika Aifán, quien era titular del juzgado de mayor riesgo “D”.

Comparto este mensaje a mi querido pueblo de Guatemala, de parte de un servidor que ha dedicado su vida a la defensa de una justicia independiente y el imperio del Estado de Derecho en el país. ¡Florecerás Guatemala! pic.twitter.com/EVj2ttUa1M

— Miguel Ángel Gálvez Aguilar (@Miguelgalvezag) November 15, 2022

Estados Unidos acusó este domingo al Gobierno de Guatemala de “debilitar” el sistema judicial del país e intentar “obstruir las investigaciones sobre corrupción” con su petición de que se retire la inmunidad de la jueza guatemalteca Erika Aifán.

El pasado jueves, el Ministerio Público de Guatemala anunció que había solicitado un retiro de inmunidad contra Aifán, en un caso de alto impacto que analiza los amaños en la elección de la Corte Suprema de Justicia entre 2019 y 2020.

Dicha solicitud “es un intento flagrante de obstruir las investigaciones sobre corrupción y una afrenta a la integridad de los tribunales de mayor rango en Guatemala”, dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.

“La independencia de los jueces para revisar los casos y emitir sentencias libres de la amenaza de represalias o de influencias externas es fundamental para el Estado de derecho”, subrayó Price.

“Esta acción contra una jueza independiente e internacionalmente reconocida debilita un pilar vital de la democracia y el sistema judicial de Guatemala”, añadió.

El portavoz recordó que el año pasado, Aifán fue galardonada con el premio internacional Mujer de Coraje, otorgado por el Departamento de Estado estadounidense, “por sus esfuerzos para fortalecer el Estado de derecho en Guatemala”.

La jueza Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, de fase intermedia, denunció el año pasado que ha sido víctima de procesos espurios en su contra, con casos sin base legal y que han permanecido vigentes pero inmóviles en diversas agencias fiscales durante al menos nueve años.

Junto a otros jueces, Aifán pidió a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, que desestime las denuncias en su contra, que son usadas como pretexto de hostigamientos y acoso cibernético, aunados a seguimientos en la vía pública y persecuciones, dentro y fuera de las instituciones estatales.

Las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala se enfriaron en septiembre pasado, cuando Washington sancionó a la fiscal general guatemalteca precisamente por acusarla de obstruir la justicia en casos de alto impacto.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no invitó ni a su homólogo guatemalteco, Alejandro Giammattei, ni a los líderes de Honduras y El Salvador a una cumbre virtual sobre la democracia que organizó en diciembre.

La semana pasada, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llamó por teléfono a Giammattei y le pidió garantizar “que los actores corruptos rindan cuentas, al subrayar que la corrupción erosiona la confianza del público y socava la capacidad de gobernar de forma efectiva y responsable”, según la Casa Blanca.

Postura de Presidencia

Sobre el tema, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin Lopez, dijo que: “Aclaramos enfáticamente que no hay señalamiento ni acusación hacia el Organismo Ejecutivo”.

López aseguró que el Ejecutivo “mantiene una buena relación de cooperación con el gobierno de los EE.UU. a través  de sus distintas agencias y programas”.

Además señaló que el Ejecutivo “es totalmente respetuoso del debido proceso, la presunción de inocencia y del derecho a la defensa y sobre todo la independencia de poderes establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala”.

El secretario también aseguró que el Ejecutivo no interviene en asuntos relacionados al sistema de justicia ni de los órganos encargados de la investigación criminal.

“Cualquier pronunciamiento corresponde al Ministerio Público y al Organismo Judicial”, dijo López.

Postura del MP

Prensa Libre consultó al Ministerio Público sobre el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos y respondió:

“Al Ministerio Público, conforme a su mandato constitucional, le corresponde la investigación y persecución penal, la cual desarrolla siempre de forma objetiva, imparcial y técnica. En el caso de la solicitud de retiro de antejuicio, esta se realiza de conformidad con la ley en la materia, para que sea el órgano competente quien resuelva si ha lugar o no a la formación de causa, en cuanto a la posible comisión de un acto constitutivo de delito e iniciar la investigación, ya que nadie es superior a la ley.”

Guatemala cumplió el miércoles último dos años sin renovar a 251 magistrados de su Organismo Judicial, incluida la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos magistrados revalidaron este jueves 14 de octubre su continuidad en el cargo, informaron en un comunicado.

Los 26 nuevos magistrados titulares y suplentes de la CSJ y 225 de Salas de Apelaciones debían haber sido electos en 2019 y tomada posesión el 13 de octubre de ese año por un período de cinco años, pero por una serie de ilegalidades, amparos e investigaciones de amaño, el proceso está detenido y sin solución a la vista.

Es por ello que la actual CSJ sigue siendo la misma que fue elegida en 2014, pese a que su periodo de cinco años finalizó en 2019, el mismo caso que se presenta con los 225 magistrados de las Salas y Cortes de Apelaciones del Organismo Judicial.

El comunicado de la CSJ señala que “al no concluirse el proceso de elección de los nuevos titulares y suplentes, se realizó una Opinión Consultiva ante la Corte de Constitucionalidad, la cual fue resuelta el 8 de octubre de 2019 (…) sobre lo preceptuado en el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial, el cual establece que ningún magistrado o juez propietario o suplente en funciones y ningún funcionario o empleado del Organismo Judicial, dejará su cargo aunque se le haya admitido la renuncia o cumplido el tiempo de su servicio sino hasta que se presente su sucesor”.

Agrega que “en la parte conducente de la Opinión Consultiva se establece que las magistradas y magistrados deben continuar ejerciendo sus funciones si aún no han sido electos sus sustitutos y que la entrega del cargo se realizará en el momento en que se encuentren legítimamente electos los profesionales que asumirán los cargos para el período 2019-2024 y se presenten a tomar posesión”.

También dice que “en observancia de lo anterior y al no haber tomado posesión de sus cargos los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, se llevó a cabo en la presente fecha la Sesión Extraordinaria del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se revalido la continuidad en el ejercicio de sus funciones a la espera que se presenten sus sucesores”.

La no renovación de las cortes en Guatemala obedece a un entrampado legal provocado por las mafias que operan a todo nivel en el país, señalan expertos.

El entrampado legal que no permite la renovación del Organismo Judicial, uno de los tres poderes del Estado guatemalteco, exhibe en “una medida exacta” y “dramática” la “profundidad de la crisis institucional que vive el país”, según dijo el jefe del Área de Justicia y Seguridad del Instituto de Problemas Nacionales (IPN) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Édgar Celada.

El analista y experto en el proceso de elección de jueces advierte que “cada día que pasa sin una renovación del Organismo Judicial disminuye la credibilidad del sistema”, y provoca que Guatemala sea visto como un país “sin certeza jurídica”.

Un proceso amañado

La elección de magistrados fue suspendida antes de la elección en 2019, luego de que la Fundación Myrna Mack interpusiera un recurso legal por irregularidades en la comisión de postulación para designar a los magistrados.

La solicitud fue avalada por la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, que ordenó repetir ciertos procedimientos en la comisión postuladora y avaló la continuidad de los funcionarios en lo que se llevaba a cabo la elección.

Posteriormente, en febrero de 2020, cuando se avanzaba en una posible designación de los jueces, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público descubrió un amplio intento de amaño del proceso con el empresario farmacéutico y exsecretario presidencial Gustavo Alejos como principal protagonista.

Alejos, sancionado este año por Estados Unidos por “corrupción”, se reunió antes de la elección con casi dos docenas de personas vinculadas a la elección, entre diputados, miembros de las comisiones de postulación, jueces y abogados, según documentó el Ministerio Público con fotografías y vídeos.

Los encuentros se llevaron a cabo en un hospital de Ciudad de Guatemala, donde Alejos, preso por varios casos de corrupción, se encontraba recibiendo atención médica con permiso de un juez.

Tras las pesquisas del Ministerio Público en 2020, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso llevar a cabo el procedimiento para la elección de jueces, obligando a los diputados a hacer públicas todas sus decisiones al respecto.

Sin embargo, hasta el momento el Congreso ha preferido no llevar a cabo la designación de los 251 magistrados.

La renovación del Organismo Judicial es trascendental para Guatemala en la lucha contra la corrupción, principalmente después de que en 2014 la magistrada Claudia Escobar denunciara que las cortes en aquel año fueron elegidas con irregularidades impulsadas por el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), actualmente preso por corrupción.

“Tengo la impresión de que estamos en un pantano, no nos movemos ni para atrás ni para adelante. El Congreso de la República no explica ni asume su responsabilidad en la elección” agregó Celada, quien no ve claridad tampoco en una reforma que dé luz al lío en que se encuentra la Justicia guatemalteca.

La única posibilidad que observa Celada es que el bloque oficialista representado en el partido Vamos, que llevó en 2019 a la presidencia a Alejandro Giammattei, y sus bancadas aliadas, pierda la junta directa del Congreso para el próximo año, y que así otros diputados procedan con la renovación del Organismo Judicial.

De lo contrario, “cerraremos el año con los mismos jueces y magistrados”, se lamentó el director del Área de Justicia y Seguridad del IPN-Usac, quien agregó que incluso esta incertidumbre se podría “prolongar los próximos dos años, hasta que los nuevos diputados de la siguiente legislatura concreten la elección”.

Para entonces, la actual Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones casi cumplirían un inconstitucional segundo mandato sin elección, pero legal por la prohibición de abandono del cargo hasta que tengan un sucesor.