La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), solicitó a la Interpol desactivar la alerta roja internacional que se había girado para detener al exembajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría. 

Según se informó, Ligorría aún tiene orden de captura vigente por su implicación en el caso denominado Construcción y Corrupción. 

El 13 de enero de 2022, la Feci había pedido que la orden de captura contra del exembajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría, fuera anulada y se analizaba la posibilidad de pedir que el caso por el cual es investigado fuera desestimado. 

La Feci solicitó anular la orden de captura en contra de Julio Ligorría, quien es señalado de lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito, delitos que habría cometido para beneficiar al desaparecido Partido Patriota (PP) que llevó a la Presidencia a Otto Pérez Molina, preso por actos de corrupción. 

En esa oportunidad, Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, confirmó que se hizo la petición a la jueza Aifán, cuando ella estaba al frente del Juzgado de Mayor Riesgo D, luego de haber sometido a un análisis la investigación y determinar que esta no debe continuar. También se solicitó que la persecución penal en contra de Ligorría fuera desestimada. 

Curruchiche señaló que las investigaciones que se hacen en la Feci son objetivas e imparciales y que no deben estar sesgadas ni con fines ideológicos o mediáticos, por lo que luego del análisis “hemos concluido que lo que procede es revocar la orden de aprehensión por los dos delitos y solicitar la desestimación”. 

El caso contra Ligorría 

Ligorría tiene orden de captura por lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito. 

El caso comenzó en 2016 y en ese momento se presentó el caso por la posible vinculación de Ligorría en la entrega de dinero para la campaña electoral del entonces PP de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. 

Ligorría fue señalado por el Ministerio Público (MP) y la inhabilitada la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de haber organizado reuniones para lograr el financiamiento electoral ilícito que llevó a la Presidencia al Partido Patriota en el 2011. 

Según la investigación de la Feci, Ligorría implementó una estrategia que involucran a dos empresas de telecomunicaciones y una de ellas trasladó Q15 millones para financiar la campaña electoral del cancelado Partido Patriota en el proceso de elecciones de 2011. 

La empresa que habría entregado el dinero al partido político lo hizo para solucionar una diferencia monetaria que tenía con la otra compañía de telecomunicaciones. 

Según la Feci, Ligorría y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, fueron quienes idearon la estrategia. 

El exdiplomático es un consultor político internacional con más de 25 años de experiencia. Durante la administración del PP, fue nombrado como embajador de Guatemala ante Washington DC en septiembre de 2013 y en noviembre, 2015, dejó el cargo. 

Julio Ligorría se encuentra prófugo desde 2017 y el Ministerio Público sospecha que se encuentra en España. 

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) solicitó este jueves 13 de enero que la orden de captura contra del exembajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría, sea anulada y se analiza la posibilidad de pedir a la jueza Erika Aifán que el caso por el cual es investigado sea desestimado.

La Feci solicitó anular la orden de captura en contra de Julio Ligorría, quien es señalado de lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito, delitos que habría cometido para beneficiar al desaparecidos Partido Patriota (PP) que llevó a la Presidencia a Otto Pérez Molina, preso por actos de corrupción.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, confirmó que se hizo la petición a la jueza Aifán luego de haber sometido a un análisis la investigación y determinar que esta no debe continuar.

También se solicitó que la persecución penal en contra de Ligorría sea desestimada.

Curruchiche señaló que las investigaciones que se hacen en la Feci son objetivas e imparciales y que no deben estar sesgadas ni con fines ideológicos o mediáticos, por lo que luego del análisis “hemos concluido que lo que procede es revocar la orden de aprehensión por los dos delitos y solicitar la desestimación”.

Agregó que en todo caso será la jueza Aifán la que decida sobre los planteamientos del MP.

Ligorría tiene orden de captura por lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.

El caso se inició en 2016 y en ese momento se presentó el caso por la posible vinculación de Ligorría en la entrega de dinero para la campaña electoral del entonces Partido Patriota.

Las peticiones serán resueltas en audiencia pública por la jueza Aifán, aunque no se ha fijado fecha para la diligencia judicial.

Julio Ligorría se encuentra prófugo desde 2017 y el Ministerio Público sospecha que se encuentra en España.

Dinero para el PP

Ligorría fue señalado por el Ministerio Público (MP) y la inhabilitada la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de haber organizado reuniones para lograr el financiamiento electoral ilícito que llevó a la Presidencia al Partido Patriota en el 2011.

Según la investigación de la Feci, Ligorría implementó una estrategia que involucran a dos empresas de telecomunicaciones y una de ellas trasladó Q15 millones para financiar la campaña electoral del cancelado Partido Patriota en el proceso de elecciones de 2011.

La empresa que habría entregado el dinero al partido político lo hizo para solucionar una diferencia monetaria que tenía con la otra compañía de telecomunicaciones.

Según la Feci, Ligorría y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, fueron quienes idearon la estrategia.

La audiencia de reparación digna para dos personas que eran colaboradores eficaces del Ministerio Público en caso Construcción y Corrupción deberá repetirse luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) le otorgó una apelación a la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La PGN se opuso a esa parte del proceso ya que consideró que se había dejado al Estado en indefensión al no haber sido tomados en cuenta y por eso presentó una apelación a la CC, que finalmente le fue otorgada.

La CC le ordena a la jueza Érika Aifán que repita la audiencia de reparación digna y deberá llevar a cabo una nueva diligencia en la que se discutirá el resarcimiento que deben pagar Jesús María Ordóñez Jop y Julio Carlos Porras Zadik por el daño causado al estar vinculados al caso Construcción y Corrupción.

El 29 junio de 2017, Ordóñez Jo y Porras Zadik fueron condenados, mediante procedimiento abreviado, por lavado de dinero y otros activos y financiamiento electoral ilícito.

Porras Zadik, exgerente de una empresa de telefonía, fue condenado a tres años de cárcel por el delito de financiamiento electoral ilícito, pero goza de la suspensión de la ejecución de la condena.

Además, se le impuso una multa de Q500 mil y como reparación digna debía pagar la construcción de dos salas de videoconferencia en el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ).

Porras, quien era colaborador eficaz del MP en el Caso Construcción y Corrupción, admitió a investigadores la entrega de Q15 millones a través de 12 cheques a seis empresas vinculadas a Alejandro Sinibaldi, ex ministro de Comunicaciones del Partido Patriota (PP).

El dinero llegó a Impresos Urbanos, Arqco Outsourcing, Inversiones ASA y Seguridad ASA.

Esos pagos fueron parte del acuerdo en 2011 al que Porras, en nombre de la empresa, llegó con Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en Estados Unidos y exasesor del gobierno del PP, que ideó la estrategia para que esa empresa telefónica llegara a un acuerdo con la compañía rival quien tenía a su favor resoluciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y que significaban el pago de US$400 millones.

Según la justicia española considera que el caso que el Ministerio Público y la CICIG presentaron contra Julio Ligorria no son viables para su extradición ya que no ven delito de blanqueo en los hechos por los que se le reclama, relacionados con la financiación ilegal de la campaña presidencial de 2011.

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#Ahora | Julio Ligorría fue detenido en Madrid en septiembre de 2017. Hoy la justicia de España considera que no cometió delito de blanqueo. pic.twitter.com/tDhyOzFTzT

— Prensa Libre (@prensa_libre) June 13, 2018

En enero y por segunda ocación le fue rechazado a Julio Ligorría un recurso presentado ante la justicia guatemalteca por sus abogados con el que buscaba no ser extraditado al país luego de su captura en España.

La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio rechazó provisionalmente el amparo presentado el pasado 11 de diciembre de 2017 por el exembajador de Guatemala en Washington Julio Ligorria para evitar la extradición que pesa en su contra por el delito de financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero durante la campaña electoral del 2011 cuando fue asesor del Partido Patriota (PP) y el entonces candidato Otto Pérez Molina.

Arresto domiciliario

Ligorría de 61 años se encontraba bajo arresto domiciliario en Madrid, España, después de ser detenido el pasado 26 de septiembre de 2017  por tener una orden de captura internacional solicitada por el MP a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Julio Carlos Porras Zadik, exgerente de Telgua, sindicado en el caso Construcción y Corrupción, admitió a investigadores la entrega de Q15 millones a través de 12 cheques a seis empresas vinculadas a Alejandro Sinibaldi. El dinero llegó a Impresos Urbanos, Arqco Outsourcing, Inversiones ASA y Seguridad ASA.

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Esos pagos fueron parte del acuerdo que en 2011 Porras, en nombre de Telgua, llegó con Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en Estados Unidos y exasesor del gobierno del Partido Patriota (PP), que ideó la estrategia para que esa empresa telefónica llegara a un acuerdo con Tigo, quien tenía a su favor resoluciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y que significaban el pago de US$400 millones.

¿Qué planteaba la estrategia de Ligorría?

Según las investigaciones, los entonces candidatos Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti mostraran fuertes acercamientos con Carlos Slim, dueño de América Móvil y de Telgua, para “asustar” a Tigo. Así fue como Slim, Pérez Molina, Roxana Baldetti, Alejandro Sinibaldi y Ligorría se reunieron en México en agosto de 2011, y un mes después Telgua y Tigo llegaron a acuerdos.