La relatora especial de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, instó a las autoridades guatemaltecas a tomar medidas para garantizar la seguridad de la exfiscal Virginia Laparra y el exjuez Miguel Ángel Gálvez, además de proteger la independencia de jueces y fiscales del país.

Según Satterthwaite, las acciones penales promovidas en contra del exjuez y la exfiscal “son un ataque al estado de derecho” y las calificó como represalia hacia ambos por su trabajo anticorrupción.

La experta de la ONU hizo referencia al caso en el que Gálvez dictaminó que nueve militares y policías en condición de retiro sean juzgado por delitos de lesa humanidad en el caso conocido como Diario Militar.

Debido a esa resolución, Satterthwaite reconoció que como resultado, el juez Gálvez había sido objeto de amenazas, vigilancia y hostigamiento, lo que motivaron su renuncia al cargo y su salida al exilio.

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“Se está abusando del derecho penal para atacar a los servidores públicos y operadores de justicia, quienes protegen y garantizan los derechos humanos, quienes están fortaleciendo el estado de derecho y dando grandes pasos en la lucha contra la impunidad en el país”, enfatizó Satterthwaite.

La relatora dijo que los fiscales “no deben ser criminalizados por cumplir con sus funciones en la lucha contra la corrupción”.

Relatora pide garantías

“Estoy extremadamente preocupada por estos casos en particular y por una serie de acciones recientes destinadas a debilitar el estado de derecho y la independencia judicial en Guatemala”, dijo Satterthwaite.

Sobre el caso de Laparra, exfiscal anticorrupción, las Naciones Unidas hizo mención de los dos procesos seguidos “que se han caracterizado por violaciones al debido proceso, incluyendo dilaciones indebidas y uso excesivo de la prisión preventiva”, dijo la experta.

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Satterthwaite instó a las autoridades a garantizar la protección e independencia de los operadores de justicia para que “no sufran ataques”.

Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, renunció a su cargo el pasado martes 15 de noviembre, días después de haber abandonado el país en medio de un proceso en su contra que buscaba quitarle la inmunidad para así ser investigado por el Ministerio Público por la supuesta comisión de cuatro delitos.

La salida de Gálvez del país se confirmó el 5 de noviembre pasado, luego que él mismo denunciara que es víctima de persecución a consecuencia de sus fallos judiciales.

Este 16 de noviembre, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), emitió un comunicado para respaldar el trabajo del juez Gálvez, quien está en Costa Rica a donde había ido durante su período vacacional.

La AGJI, dijo que “manifiesta su respaldo al juzgador Miguel Ángel Gálvez Aguilar, fundador de esta asociación, en su decisión de renunciar a la judicatura y salir del país , por los ataques en su contra y la imposibilidad de continuar ejerciendo la judicatura en Guatemala”, se lee en el documento.

Añade que dicha asociación refrenda su compromiso por la defensa de la independencia y la integridad judicial.

Comunicado AGJI 11-2022.

La AGJI manifiesta su apoyo a Miguel Ángel Gálvez Aguilar @Miguelgalvezag

https://t.co/tg4koQUwIC pic.twitter.com/pjVPQmZfWz

— Asociación Guatemalteca Jueces por la Integridad (@asoc_juecesAGJI) November 16, 2022

Por su parte, la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia (FECAJUD), publicó también este 16 de noviembre un comunicado en el que “Manifesta su enorme preocupación al observar el rápido y grave deterioro del sistema de justicia en Guatemala. El uso del derecho penal para criminalizar operadores de justicia es un ataque directo al Estado de derecho, sobre todo cuando no se garantizan las condiciones mínimas del debido proceso”.

Afirma que las instituciones que deberían ser las primeras garantes y protectoras de la independencia judicial son las mismas que facilitan la estrategia de criminalización que afecta a personas en lo particular, pero genera un efecto intimidatorio en jueces y juezas en el cumplimiento de sus funciones.

“La renuncia de Miguel Ángel Gálvez, juez de carrera de reconocida trayectoria a nivel internacional y nacional, es clara evidencia del desgaste del Estado de derecho y retrocesos del sistema democrático”, se lee en el documento.

La organización reiteró  “su respaldo a juezas y jueces independientes, como el juez Miguel Ángel Gálvez, lamentando su renuncia, consecuencia de ataques sistemáticos en su contra”.

La @FECAJUD respecto a la renuncia del Juez Miguel Ángel Gálvez @Miguelgalvezag

Comunicado 09/22: https://t.co/ArGHr6E7BF pic.twitter.com/RMb78qvk2u

— FECAJUD (@FECAJUD) November 16, 2022

“Dejo Guatemala en condiciones lamentables”

Desde Costa Rica, Gálvez explica a Prensa Libre y Guatevisión, las razones que lo llevaron a presentar su renuncia.

Gálvez menciona que no existen condiciones de seguridad en Guatemala que le garanticen su integridad física y la de su familia.

Expuso que su salida responde a “la constante sistematización y criminalización” que se ha emprendido contra jueces, fiscales, abogados defensores, periodistas y defensores de derechos humanos, lo que da “una impresión de que uno deja peor el país”.

El juez Miguel Ángel Gálvez no se presentó este viernes 4 de noviembre a la audiencia en la que presentaría las pruebas de descargo en el proceso de antejuicio en su contra y en sus redes sociales justificó que se debió a que, a su criterio, se viola el debido proceso.

El abogado del juez Gálvez, Herbert Pérez, si se presentó a la audiencia y entregó las pruebas por escrito. Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, enfrenta un proceso para ser despojado de su inmunidad por señalamientos del Ministerio Público (MP), por una denuncia que promueve la Fundación contra el Terrorismo.

A su vez, Gálvez señaló en un video que publicó en su cuenta de Twitter, que no compareció a la audiencia porque esperaba que esta fuera pública para garantizar la transparencia del proceso. No obstante, indicó que “se dictó una resolución en la que se aduce que la ley no reconoce la publicidad y que este tipo de procedimiento no lo permite”.

“Eso me llama la atención porque se evidencian las violaciones constantes al proceso de antejuicio, en ese sentido consideré prudente comparecer por escrito y que él (juez pesquisidor) tome la decisión”, dijo Gálvez. Además, señaló que en la denuncia en su contra se hacía referencia a cinco procesos penales, pero tres procesos no le corresponden.

Postura del juez Gálvez

El juez de mayor riesgo agregó que le dará seguimiento al proceso que, desde su punto de vista, “está atentando en contra de uno de los principios fundamentales que corresponde a la independencia judicial, especialmente al debido proceso”.

Su abogado defensor explicó este viernes que Gálvez presentó sus argumentaciones de descargo por escrito, pero el juez resolvió suspender la audiencia por ese motivo, pese a que existía esa facultad.

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Ante la ausencia de Gálvez a esta audiencia, Pérez explicó que ya se tenía conocimiento de que el juez pesquisidor del caso, Roaldo Chávez, resolvió que la audiencia no sería pública. El defensor dispuso entonces presentarse individualmente a la Sala Segunda de Apelación y presentó los razonamientos por escritos resguardados en una memoria USB, porque eran muy extensas.

Supuesta salida del país

A las 15:50 horas del viernes 4 de noviembre, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) aseguró que Gálvez abandonó el país. “Se registró la salida del Sr. Miguel Ángel Gálvez de territorio guatemalteco a las 6 horas de este día”, comunicó por mensaje Stuard Rodríguez, ante la consulta de periodistas.

Sin embargo, el juez descartó su salida del país, tal como indicó el IGM. En consulta que Prensa Libre hizo al juez sobre su supuesta salida, Gálvez indicó que se encontraba en Guatemala. “No, yo estoy en Guatemala (…) la posibilidad esa está cerrada y por otro lado, estoy de vacaciones”.

Argumentos

“El juez pesquisidor debió de haber escuchado al querellante y al funcionario afectado, en este caso al juez Miguel Ángel Gálvez”, dijo Pérez al asegurar que la obligación legal es que se realicen todas las diligencias pertinentes, ante la suspensión de la audiencia.

Pérez sostuvo que “no existe veracidad” de los hechos de la querella contra Gálvez y explicó que, como parte del proceso el pesquisidor deberá emitir su informe para que se remita a la Corte Suprema de Justicia. El plazo, establecido en ley, es de 60 días para que pesquisidor pueda disponer del expediente.

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Gobierno reacciona

En torno al caso, el congresista demócrata, Albio Sires, representante de New Jersey, se pronunció y expresó su preocupación por el proceso judicial que Gálvez enfrenta, al hacer un señalamiento contra el Gobierno.

“Los esfuerzos del juez Gálvez de hacer responsable a los funcionarios por sus delitos, su corrupción y sus abusos lo han convertido en un blanco del gobierno guatemalteco y las organizaciones extremistas en el país”, indicó Sire en Twitter.

https://twitter.com/RepSires/status/1588573757664526336

Por su parte el Gobierno rechazó el señalamiento del congresista estadounidense.

“El Gobierno rechaza categóricamente los comentarios vertidos por el congresista Albio Sires sobre una supuesta persecución contra operadores de justicia, lo cual carece de todo fundamento”, se indicó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

es respetuoso del Estado de Derecho y la independencia judicial. En la Constitución prevalece la separación de poderes, lo cual implica la inadmisibilidad de su atribución a otras autoridades públicas, ya sea el Organismo Legislativo o Ejecutivo.

— MINEX Guatemala (@MinexGt) November 5, 2022

Organizaciones anticorrupción expresaron su respaldo a Gálvez y solicitaron que se cumpla con las medidas de protección que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a favor del juez. A través de un comunicado, solicitaron que cese lo que califican como una persecución en contra del juzgador.

Organizaciones internacionales exhortamos al Estado de #Guatemala cumplir con las órdenes de la @CorteIDH y cesar la persecución contra el Juez Miguel Angel Gálvez. @lanegrisgt @hsanchezgt @jlsanz @JLobo2011 @jczamora @JLFont001 @concriteriogt @crfger @EmisorasUnidas pic.twitter.com/UOkgPhz3Jw

— Dr. Jo-Marie Burt (@jomaburt) November 4, 2022

Este martes 4 de octubre, el juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, entregó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un memorial en el que se detalla la ratificación de las medidas de protección urgentes a su favor.

Gálvez informó por medio del memorial respecto de la protección, esto con la finalidad de que los magistrados conozcan sin excusa alguna la resolución.

Las medidas de resguardo para el juez también incluyen a su familia. En la ratificación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que Gálvez está en peligro y el juez asegura que hay persecución judicial en su contra por su labor.

El juez afirmó que según la resolución que entregó, el relator hace referencia de que Guatemala “debe dejar inmediatamente de abusar de la ley”.

También dejar de acosar a los jueces, quienes deben gozar de cierto grado de inmunidad en materia civil y penal.

Añadió que en 2021 y 2022, la CIDH constató la injerencia sistemática contra la independencia del sistema de justicia y advirtió sobre la intensificación de la criminalización y estigmatización contra los operadores de justicia.

Añadió que la Comisión recomendó proteger a los operadores de justicia contra ataques de intimidación, amenazas y hostigamiento e investigar quienes lo cometen.

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El 19 de septiembre recién pasado, mediante una teleconferencia  el juez  Miguel Ángel Gálvez y la Fundación contra el Terrorismo expusieron alegatos ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por un amparo que interpuso el juzgador, con el que busca anular el trámite que buscar retirarle del derecho de antejuicio y ser investigado por supuesto uso indebido de la prisión provisional.

En la audiencia, Gálvez justificó que no abusó del uso de la prisión provisional y que esta se puede aplicar, y como parte de su defensa expuso el caso Cooptación del Estado, en el que había 56 detenidos y sesionó de manera ininterrumpida.

La Fundación contra el Terrorismo también expuso sus argumentos por los que promovió la solicitud del retiro de inmunidad para Gálvez. Ellos afirman que el juez se inventó a la figura de prisión provisional.

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ha cuestionado la designación del pesquisidor, Roaldo Chávez, para conocer la petición del retiro de su derecho a antejuicio y lo recusó porque justifica que tiene intereses en común con la Fundación contra el Terrorismo y procesados por corrupción en el caso Cooptación del Estado.

Gálvez, en la recusación expone que Chávez fue asesor del Ministerio de Gobernación cuando Mauricio López Bonilla lo dirigía, eso durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

En el documento, el juez señala que él ha conocido procesos de corrupción en contra de Bonilla.

Asimismo, Gálvez advierte que Chávez ya se conocía con el querellante, Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, debido a que estableció que se graduaron en la misma promoción y universidad.

Las inconsistencias de haber designado a Chávez que señala Gálvez no terminan, pues señala que Roaldo es hermano de Luis Chávez, quien fue diputado al Congreso de la República por el partido Líder y que el exvicepresidenciable de esa organización, Édgar Barquín, fue condenado por corrupción por él en el Juzgado de Mayor Riesgo B.

Rechazo

La recusación la conoció Chávez y no la aceptó, por lo que esos alegatos serán conocidos por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En su argumento el pesquisidor, Chávez, expuso: “Yo no tengo ningún tipo de interés directo o indirecto en las diligencias y tampoco tengo relaciones de amistad íntimas con el abogado Raúl Amílcar Falla Ovalle como lo quiere hacer ver el interponente, pues, la amistad y el profesionalismo son cuestiones totalmente independientes”.

En el documento en el que se rechaza la recusación, Chávez no se refiere a la relación de su hermano que mantuvo con el cancelado partido Líder y su relación con el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

Mediante una teleconferencia este lunes 19 de septiembre, el juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, y la Fundación contra el Terrorismo expusieron alegatos ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por un amparo que interpuso el juzgador, con el que busca anular el trámite que buscar retirarle del derecho de antejuicio y ser investigado por supuesto uso indebido de la prisión provisional.

En la audiencia, Gálvez justificó que no abusó del uso de la prisión provisional y que esta se puede aplicar, y como parte de su defensa expuso el caso Cooptación del Estado, en el que había 56 detenidos y sesionó de manera ininterrumpida.

“El último proceso de Mauricio López Bonilla que fue procesado dentro de lo que el Ministerio Público lo denominó Cooptación del Estado fue detenido el 11 de junio de 2016 e inicié la audiencia con 56 sindicados y se realizó la audiencia en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, porque en la sala de audiencia -del Juzgado- no cabían, allí estaban Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, se inició el día hábil siguiente el 13 de junio, día lunes. Luego de iniciarse la audiencia de forma ininterrumpida el día 27 de junio se dictó el auto de procesamiento y el día 4 de agosto se dictó la prisión preventiva”, explicó Gálvez.

El juez luego señaló que “la resolución del 15 de junio no se afirma categóricamente que el abogado Miguel Ángel Gálvez no cumplió con la normativa legal, lo cual no se encuentra dentro de las funciones propias de la Corte Suprema de Justicia al responder el antejuicio planteado ya que únicamente le es permitido hacer referencia al antejuicio y no prejuzgar si existe una violación a la normativa jurisdiccional”.

La Fundación contra el Terrorismo también expuso sus argumentos por los que promovió la solicitud del retiro de inmunidad para Gálvez. Ellos afirman que el juez se inventó a la figura de prisión provisional.

“El juez prevaricador a sabiendas de que este es el único acto por medio del cual una persona ingresa a un centro de detención decidió arrogarse facultades legislativas y crear su propio procedimiento legal, su propia reglamentación por virtud de la cual no escuchó a las personas sindicadas, no escuchó a los abogados y, violentando los más elementales derechos de un ser humano decide remitirlos a prisión provisional”, criticó Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo.

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite el 15 de junio recién pasado a la solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez Gálvez, la cual fue presentada por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) el pasado 11 de mayo.

La CSJ le dio trámite a la solicitud de antejuicio identificada con el numeral 111-2022 y señaló que “por mayoría se admite para trámite”, y se nombra juez pesquisidor a la vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Sonia Santizo.

La solicitud de antejuicio fue presentada, según un tuit de Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT, por el delito de “prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal”.

Denunció amenazas a su función

Haber enviado a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), le habría costado al juez Gálvez enfrentarse a algún tipo de intimidaciones, lo que lo llevó a señalar pasividad de parte de los magistrados de la CSJ para atender el tema, lo que a su criterio es el reflejo de la pérdida de credibilidad y confianza hacia el Organismo Judicial (OJ).

En una entrevista con Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, el juez Gálvez señaló que con esas acciones lo que se busca es sacarlo de la jugada, como lo han hecho con otros administradores de justicia independientes que, incluso, han tenido que exiliarse en otras naciones.

En esa oportunidad Gálvez Agregó que, aunque tiene cierto temor, no se doblegará y continuará trabajando con apegó la ley, aunque asegura que, de acuerdo con los antecedentes de la persecución de sus colegas, ahora el tueno es suyo.

“A mí no se me está amenazando como Miguel Ángel Gálvez, a mí se me está amenazando en mi función de juez”, señaló Gálvez.

“Se deja en riesgo a toda la comunidad que está esperanzada en que haya jueces imparciales, que haya jueces probos, entonces ese es el problema. Lo que está pasando es que se está perdiendo la credibilidad y la confianza del OJ”, reiteró.

Los abogados defensores de Toribio Acevedo, señalado en el caso Diario Militar, este lunes 22 de agosto plantearon un recurso de actividad procesal defectuosa por la inclusión del psicólogo Jorge de La Peña Martí, porque él ha participado en peritajes de otros procesados en el mismo caso y ha emitido opinión.

“Todo está dicho por mis abogados; sin embargo, quiero ratificar que, en ningún momento me voy a oponer que me hagan esos peritajes, pero quiero que lo hagan con personal que vayan a actuar objetivamente, nadie va a permitir que alguien que ya externó opinión como el señor De La Peña me haga examen, porque estoy seguro de que se va a parcializar”, criticó Acevedo.

El 17 de agosto último, De La Peña Martí se presentó al penal de Mariscal Zavala con aval del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, para practicar un análisis psicológico a Acevedo, pero este se negó a salir de su celda.

En la audiencia el juez rechazó el recurso de la defensa de Acevedo, pero la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público aceptó la participación del psicólogo que fue propuesto por querellantes y justificó su inclusión en el proceso “porque para el Ministerio Público es útil, pertinente, no era abundante ni ilegal”.

Gálvez resolvió que había discrepancia entre las partes procesales por la participación de De La Peña Martí y que se cambiara al psicólogo que analizará a Acevedo, ese peritaje es propuesto por querellantes y recabar una prueba científica de la actitud e ideas del sindicado.

El Ministerio Público (MP) informó que el 23 de mayo pasado fue ligado a proceso Acevedo Ramírez por delitos contra los deberes de la humanidad, desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

“El sindicado está vinculado a hechos ocurridos durante el conflicto armado interno que se registraron en un documento de inteligencia denominado Diario Militar”, dice el MP.

El documento registra a 195 personas, entre sindicalistas, estudiantes de nivel medio, universitario, docente y niños.

Varios militares y policías retirados son señalados de haber participado en asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales de al menos 195 hombres y mujeres, según el caso conocido como “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”.

Los hechos, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

El magistrado Roaldo Isaías Chávez Pérez, vocal I de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, citó el miércoles 24 de agosto a las 11 horas al juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, para presentar sus pruebas de descargo en el antejuicio que se tramita en su contra promovido por la Fundación contra el Terrorismo (FCT).

El trámite del antejuicio ha tenido dos cambios de juez pesquisidor. En un inicio la CSJ nombró a la magistrada Zonia Santizo para hacerse cargo de esta diligencia, pero presentó una excusa aduciendo que tenía amistad con Gálvez.

En lugar de Santizo, la CSJ designó a la vocalía I de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, la cual era ocupada de forma interina por el magistrado Eduardo Galván Casasola, quien originalmente ocupa la vocalía II. Esto, debido a que el presidente de la sala, Gustavo Dubón, tenía licencia para ausentarse por temas de salud.

De tal cuenta, en un inicio se informó que sería Galván Casasola el pesquisidor de Gálvez, sin embargo, la licencia de Dubón finalizó el 1 de agosto. Con ello, el magistrado Chávez Pérez, quien ocupaba la presidencia interina, regresó a la vocalía I, por lo que deberá encargarse de las pesquisas del antejuicio.

Chávez Pérez también fue pesquisidor del antejuicio contra la exjueza de Mayor Riesgo “D”, Érika Aifán, quien salió al exilio tras denunciar persecución. En este proceso, el togado fue cuestionado ya que dispuso que las audiencias se realizaran a puerta cerrada, sin acceso a la prensa.

La denuncia

El juez Gálvez fue denunciado por la FCT por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y detenciones ilegales con circunstancias agravantes en forma continuada por aplicar prisión provisional contra varios sindicados de corrupción a partir de 2015.

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite el  15 de junio a la solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, la cual fue presentada por la FCT el pasado 11 de mayo.

El caso ha encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos, quienes ven un intento por atacar la independencia judicial de Gálvez y una persecución política.

De igual forma, múltiples organizaciones internacionales han manifestado su preocupación ya que ven que los ataques, hostigamientos, amenazas y acciones judiciales contra operadores de justicia en Guatemala han incrementado.

A partir de 2015, el juez Gálvez ha ligado a proceso y enviado a juicio a múltiples exfuncionarios y empresarios sindicados por actos de corrupción, incluidos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. También a militares acusados por violaciones de derechos humanos durante el Conflicto Armado Interno.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó este miércoles 27 de julio que por unanimidad rechazó una solicitud de retiro de antejuicio contra el juez Miguel Ángel Gálvez.

La solicitud la presentó Jerzi Natael Velásquez Alvarado, contra el juez de Mayor Riesgo “B”.

El interponente era sindicado en el caso Cancerbero y señalado de ser parte de una estructura criminal liderada por Haroldo Mendoza Matta.

Había denunciado al juez Gálvez por supuestamente de haber incurrido en prevaricato y abuso de autoridad por emitir dos resoluciones en el mismo caso.

En septiembre del 2018, el caso Cancerbero ya contaba con 15 personas detenidas y estaban a la espera de la apertura a juicio.

Una de las señaladas estaba prófuga desde 2014 y fue detenida en una revisión de rutina en Morales, Izabal.

La detenida estaba señalada de ser parte de la supuesta estructura criminal del supuesto narcotraficante Mendoza Matta, cuya investigación, denominada Cancerbero, incluía secuestros y asesinatos en Izabal y Petén.

Según la investigación, la organización se dedicaba a realizar patrullajes, control de entrada y salida de personas, vigilancias periféricas, y delitos como homicidios, quema de cosechas, robo y matanza de semovientes, allanamientos a domicilios, matanzas y desapariciones de personas y despojo de tierras en los departamentos de Izabal y Petén.

 Juez Gálvez

En otro caso, el 25 de julio recién pasado la Corte de Constitucionalidad (CC) denegó un amparo provisional contra la CSJ solicitado por el juez de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez.

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La máxima corte resolvió no conceder la protección solicitada por el juez de Mayor Riesgo “B”, quien buscaba que se suspendiera la decisión asumida por la mayoría de los magistrados, quienes tramitaron el antejuicio que presentó la Fundación contra el Terrorismo (FCT).

Dicha fundación argumenta que el togado ha abusado de la medida de prisión provisional, razón por la que presentó la solicitud.