La inscripción del candidato presidencial José Mauricio Radford Hernández fue revocada debido a que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) informó que él está ligado a proceso penal desde 2010.

Según la información que recibió el ente electoral, el candidato es señalado de abuso de autoridad y goza de una medida sustitutiva. Él omitió esta información en su declaración jurada.

Además, Radford también está implicado en otro caso por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y encubrimiento propio, por el cual el Ministerio Público solicitó retirarle su antejuicio.

La fiscalía lo señala de colaborar con el diputado Claude Harmelin de León para alterar el acta con la que inscribieron en el 2015 a los candidatos a diputación por el departamento de Guatemala de esa agrupación política, debido a que Harmelin no participó en la asamblea donde se eligió a los candidatos.

No a diputados tránsfugas

El Registro de Ciudadanos también dejó vacante la candidatura de los diputados Rudy Pereida, Patricia Sandoval, Carlos Chavarría y Mario Fermín de León por ser tránsfugas.

Luis Rosales Marroquín, quien buscaba ser inscrito como candidato al Parlamento Centroamericano por el partido Valor, tampoco fue inscrito por transfuguismo.

Las reformas a la Ley Electoral aprobadas en 2016 establecieron en el artículo 205 ter un castigo severo para los tránsfugas.

“El renunciante no podrá optar a ningún cargo dentro de los órganos del Congreso de la República. Queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso, recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política”.

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Él fue proclamado como candidato a alcalde de es municipio por el partido Fuerza, hasta el momento se desconocen detalles del incidente.

Mauricio Radford, candidato presidencial de esa agrupación, lamentó el hecho y recordó la labor social de Peña.

“Trabajó mucho el tema de diálisis en el municipio y organizaba un bus que trasladaba personas de haya para la capital para que hicieran su tratamiento”, dijo.

Con este crimen suman dos víctimas que aspiraban a cargos públicos con este partido, el primero fue Arturo Juc Caal, precandidato a alcalde de La Tinta, Alta Verapaz.

A criterio de Radford, los hechos de violencia coartan la intención de los ciudadanos a participar en el sistema político. Pide a las autoridades de justicia una investigación profunda para resolver los crímenes.

“Esto no se vale. Esta no es la forma de resolver participaciones políticas. Realmente exhorto a que hagamos un pacto de no agresión, pero que realmente aquellos que tienen tanta gente mala en sus filas haga conciencia de que esto no puede seguir así”, señaló.

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La Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que desde el momento de quedan inscritos los candidatos presidenciales y vicepresidenciales no podrán ser detenidos ni procesados a menos que se les declare que ha lugar a formación de causa en su contra.

Los candidatos que obtienen inmunidad de manera inmediata son los que aspiran a la Presidencia y Vicepresidencia, diputados al Congreso de la República y alcaldes. Síndicos y concejales no tienen derecho a esta prerrogativa.

Radford Hernández es señalado de falsedad material, falsedad ideológica y encubrimiento propio.

Según el Ministerio Público señala que él habría colaborado con el diputado Claude Harmelin de León para alterar el acta con la que inscribieron en el 2015 a los candidatos a diputación por el departamento de Guatemala de esa agrupación política, debido a que Harmelin no participó en la asamblea donde se eligió a los candidatos.

La fiscalía también solicitó la primera declaración del secretario general del partido Líder, Roberto Villate, quien fue notificado por medio de auditorías del Tribunal Supremo Electoral sobre “el incumplimiento de normas relativas al financiamiento de partidos políticos en la cual se recibieron recursos dinerarios de forma anónima destinados a actividades de campaña electoral del partido, sin haber dilucidado los hallazgos de auditoría electoral que no fueron reportados al TSE”.

Además, requirió la primera declaración de Mario Roberto Chu Catalán, secretario de la organización política Corazón Nueva Nación, por no informar al TSE sobre la identidad y origen de fondos destinados para gastos de campaña del 2015.

Las solicitudes de antejuicio contra alcaldes fueron presentadas por la Fiscalía de Derechos Humanos. Los señalados son:

•  Raúl Gutiérrez Ardón de Playa Grande, Ixcán, Quiché: señalado de abuso de autoridad, retención de información y amenazas cometidas contra dos periodistas.
• José Luis De León Villatoro de Pueblo Nuevo, Suchitepéquez: por los delitos de coacción, amenaza y abuso de autoridad contra dos periodistas.
• Moisés Castro Miza de San Lucas Tolimán, Sololá: por discriminación, desobediencia, resistencia, abuso de autoridad y coacción. Los agraviados son 15 trabajadores del sindicato de la comuna que no fueron reinstalados.
• Edgar José García Monroy de Patulul, Suchitepéquez: por el delito de desobediencia cometido contra una trabajadora municipal que no fue reinstalada.