El espíritu de la iniciativa 6076 que buscaba regular el uso de la fuerza pública y que fue engavetada por el rechazo social aún no desaparece del Congreso de la República, ya que el pasado 19 de octubre fue presentada una nueva iniciativa para crear la Ley para el Uso Racional y Legítimo de la Fuerza.

La nueva propuesta fue entregada a la Dirección Legislativa por los presidentes de las comisiones de Gobernación y Asuntos de Seguridad Nacional, Boris España y Vitelio Lam, respectivamente.

A mediados de septiembre se dio a conocer que la sala legislativa presidida por Lam solicitó a la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad un análisis de la iniciativa 6076, pero debido a que las modificaciones superaban el 33 % se estableció trabajar en una nueva iniciativa.

Acerca de las razones para insistir en la nueva propuesta se buscó la postura de España y Lam, pero ninguno atendió las llamadas telefónicas hechas a sus teléfonos celulares.

¿Qué regulará?

La propuesta contempla que se aplicará la ley en casos de “amenaza o vulneración del orden público”, la seguridad ciudadana y la protección del ejercicio de los derechos humanos.

El artículo 6, inciso e regula que se emplearán armas letales solo de “forma excepcional cuando exista peligro inminente de lesiones graves o muerte a las personas o a las fuerzas de seguridad”.

En tanto, el inciso h del artículo 7 señala que las armas de fuego se utilizarán para repeler y neutralizar una agresión, no teniendo otra opción para proteger su propia integridad o la de otras personas, “a sabiendas de que existe un alto riesgo de causar lesiones graves o la muerte del agresor”.

Mientras tanto la fuerza “no letal” se aplicará con armas incapacitantes para “contener y someter a una o más personas ante una agresión no letal dirigida a las fuerzas de seguridad”.

Sin embargo, establece que las fuerzas de seguridad deberán emplear y agotar de “forma gradual” los niveles de medidas, de acuerdo con las circunstancias, que van desde la presencia policial, la persuasión verbal, el uso de técnicas defensivas ante personas que tengan resistencia activa, hasta el punto de las medidas no letales y el uso de armas de fuego, como última medida.

Fuerzas de Seguridad

La normativa regula que el uso de la fuerza aplicará para la Policía Nacional Civil, la Dirección General del Sistema Penitenciario, así como al Ejército, pese a que en su momento se explicó que la intención era ya no incluir a los militares en esta normativa.

Sin embargo, a diferencia de la iniciativa 6076, en la nueva propuesta se excluye a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) entre los entes que se catalogan como fuerza de seguridad, y tampoco se incluyeron regulaciones en cuanto a las medidas sustitutivas para los agentes que resulten involucrados en un proceso penal por el uso de la fuerza pública.

Capacitaciones

La propuesta contempla que el personal de las instituciones que forman las fuerzas de seguridad reciba capacitaciones y entrenamiento para trabajar en los principios del uso de la fuerza, adiestramiento de armas no letales, actuación en caso de detenciones, primeros auxilios, traslado de detenidos, manejo de crisis, estrés y emociones, así como no discriminación y respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, sería el Organismo Ejecutivo el encargado de emitir el reglamento de la ley en un plazo no mayor a tres meses, en el cual se establecerán los procedimientos del uso de la fuerza pública en el país.

Crítica social

El pasado 23 de agosto la Junta Directiva del Congreso acordó engavetar la iniciativa 6076 que buscara aprobar la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala esto debido a la crítica social que se generó por diversos sectores, entre ellos, los 48 Cantones de Totonicapán, derivado de que supuestamente la iniciativa violaba derechos constitucionales como la libertad de emisión del pensamiento, derecho de reunión y manifestación, libertad de acción, entre otros.

En ese entonces se propuso hacer una consulta a la Corte de Constitucionalidad para determinar si era viable; sin embargo, el planteamiento fue rechazado por quienes estaban en contra de la iniciativa.

Pareciera que la iniciativa 6076, que regulaba el uso de la fuerza pública y que fue rechazada por sectores sociales, no ha desaparecido de la palestra política, pues este martes 12 de septiembre se conoció que el Congreso de la República analiza su contenido en busca de crear una ley que faculte a los agentes de la PNC a utilizar armas no letales, entre ellas pistolas de electrochoque, conocido como táser.

La Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la República solicitó a la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad un análisis de la iniciativa 6076 y todo apunta a elaborar una nueva propuesta que podría incluir el uso de armas no letales.

Aunque la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad aún está analiza el contenido, se dijo que se contempla poder sugerir una nueva iniciativa que incluiría capacitaciones a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), uso de megáfonos y táser.

El análisis fue solicitado pese a que el pasado 23 de agosto, la Junta Directiva del Congreso entregó a Los 48 Cantones de Totonicapán un oficio donde se comprometía a no agendar más la iniciativa 6076, Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala que generó críticas por considerarse represiva hacia las manifestaciones.

La sala legislativa solicitó a la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad un análisis de la iniciativa 6076, la cual ya ha sido evaluada en un 90 por ciento, y las correcciones superan el 33 % de la propuesta, por lo que todo apunta a que se sugerirá plantear una nueva iniciativa, según reconoció el coordinador de dicha secretaría, Héctor Orellana tras finalizar una reunión con la comisión.

“No es una iniciativa propia, es un requerimiento del Congreso por medio de la Comisión y realmente la ley es de interés nacional”, señaló Orellana.

Para el análisis se convocó a los directores jurídicos de las entidades que integran el Sistema Nacional de Seguridad, y aseguran que la regulación del uso de la fuerza pública no iría específicamente para manifestaciones, sino también para otros asuntos de seguridad, como los desalojos y el tema de pandillas.

La nueva iniciativa contemplaría que sea regulada la fuerza pública para la Policía Nacional Civil, y ya no para el Ejército, además, podría normar el uso de la fuerza con armas no letales, como bastones, inmovilizadores (táser) y el gas lacrimógeno, que ya se emplea en la actualidad.

“Se va practicar lo letal y lo no letal. El punto intermedio es el táser para inmovilizar personas, también van a incluir artículos donde beneficien a la policía y la ciudadanía, que tiene que ser equilibrado, no solo como la anterior iniciativa que era fortalecer a la policía, sino que se quiere fortalecer a la ciudadanía”, justificó el presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, Vitelio Lam.

La propuesta también incluiría capacitaciones para los agentes de la PNC, así como el uso de megáfonos.

Lam asegura que no hay contradicción con lo expuesto a los 48 Cantones de Totonicapán, ya que la propuesta que se está discutiendo “no es la 6076”, por tener modificaciones y asegura que la anterior iniciativa ya está “eliminada”.

“La 6076 queda totalmente eliminada, va a ser una nueva iniciativa que nos van a proponer las diferentes instituciones que tienen que ver con seguridad”, dijo el parlamentario.

La anterior iniciativa era criticada por regular el beneficio de las medidas sustitutivas para las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones; sin embargo, de momento los diputados no dejan claro si se incluirá o no este tema en la nueva propuesta. 

“Eso todavía no lo han puesto en las sesiones técnicas, pero va a ser en consenso”, agregó Lam.

Respecto a las recomendaciones que se darían, Orellana dijo que “todavía están bajo análisis y no podemos mencionarlas abiertamente, pero todo va encaminado a que esta sea una ley que favorezca no solo a las fuerzas de seguridad, sino al país como tal, a los ciudadanos para que se garantice el respeto a los derechos humanos”.

Diputados oficialistas y opositores coinciden en que la iniciativa de ley 6076, que regula la fuerza pública y ha recibido críticas de expertos que dicen que podría ser usada para reprimir protestas, aún dispone de un camino legal para ser aprobada.

La Junta Directiva (JD) del Legislativo prometió a los representantes de los 48 Cantones de Totonicapán que ninguno de sus miembros la agendará en las propuestas de las agendas de las sesiones plenarias.

A juicio de diputados consultados por Prensa Libre y Guatevisión, esto no impide que otros parlamentarios pidan incluirla a través de otros mecanismos legislativos, como mociones privilegiadas.

Ligia Hernández, diputada de Semilla, indicó que el compromiso de la JD en la carta es una “manera de quitarle peso al asunto en este momento” y “evitar la crítica”.

Mientras que Édgar Batres, diputado de Winaq, recordó que la JD del Congreso prometió no agendarla solo porque se vio acorralada por los 48 Cantones de Totonicapán.

Julio César Longo, diputado de FCN-Nación y segundo secretario de la JD, reconoció que cualquier diputado puede retomar la iniciativa en el pleno.

Boris España, diputado de Todos y presidente de la Comisión de Gobernación (que le dio dictamen favorable), afirmó que aunque el proyecto se pueda retomar, lo ve “difícil” porque “no hay consensos”.

Añadió que es complicado cuando no existen consensos de jefes de bloques o JD o que alguien quiera tomar la palabra y agendarla porque los más probable es que no existan los votos para ello.

“Entonces sería descabellado sacar una moción privilegiada en el Hemiciclo cuando no hay consensos previos con los entes del Congreso para poder que avance una agenda”, manifestó.

Agregó: “Creo yo que no es adecuado de parte de ningún diputado poder hacer una propuesta de esa naturaleza”.

La presidenta del Congreso de la República, Shirley Rivera, afirmó este miércoles 24 de agosto que la iniciativa 6076, que regula el uso de la fuerza pública, pasó en segundo debate.

Esto significa que, si los diputados deciden agendarla para discusión, solo necesitaría ser tramitada en su tercera lectura y redacción final para recibir aprobación y cobrar vigencia.

Rivera mencionó que la iniciativa pasó en su segundo trámite durante la sesión plenaria, luego de que el diputado Wálter Félix, de la bancada URNG- Maíz, pidió que se corrigiera el acta la reunión del 10 de agosto.

Según el parlamentario, este documento es “ilegal” porque indica que la 6076 pasó la segunda lectura a pesar de que “faltaban las argumentaciones de algunos diputados” en la discusión.

Para leer más: Ley contra la ciberdelincuencia: Diputados aprueban objeciones y esta queda archivada y no será enviada al Ejecutivo

La Dirección Legislativa, a través del Departamento de Comunicación Social del Congreso, confirmó a Noticiero Guatevisión y Prensa Libre el estatus de la 6076. En un mensaje, explicó que los diputados pidieron la palabra segundos después de que la Junta Directiva le diera trámite a la segunda lectura.

Dos caminos

La normativa legislativa contempla dos caminos para el futuro de la iniciativa 6076:

• Que el pleno no la apruebe en tercer debate y redacción final y se mande a archivo
• Que vuelva a la comisión y esta le otorgue un dictamen desfavorable (el regreso a la comisión podría ser por los votos del pleno o por la decisión de los propios integrantes de la comisión)

Los 48 Cantones de Totonicapán consideraban que esta iniciativa violaba derechos constitucionales, como derecho de reunión y manifestación, libertad de emisión del pensamiento, derecho a la vida, libertad de acción entre otros y por eso no debía ser aprobada, o de lo contrario la población tomaría medidas correspondientes.

Los miembros de esta organización comunitaria llegaron al Congreso de la República a eso de las 13 horas del pasado miércoles 17 de agosto, fecha en la que estaba agendada una sesión plenaria en donde los diputados votarían para determinar si la iniciativa 6076 debía ser enviada a la Corte de Constitucionalidad para una consulta sobre posibles inconstitucionalidades y exigían que la normativa fuera eliminada por completo.

Félix pide corregir el acta, pero la presidenta @ShirleyRiveraGt responde que sí se revisó. Según la diputada, la iniciativa 6076 sí pasó en 2do. debate.

¿Qué significa esto? La polémica 6076 tiene un paso más: solo le queda la aprobación en 3er. debate y redacción final. pic.twitter.com/NRGKpMoGUs

— Carlos Kestler (@CKestler_GTV) August 24, 2022

La iniciativa de ley 6076, o Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala fue engavetada por decisión de la junta directiva del Congreso de la República, según lo confirmó este martes 23 de agosto el diputado Marvin Estuardo Alvarado, quinto secretario de dicha junta.

Explicó que para este martes la junta directiva se había comprometido con Los 48 cantones de Totonicapán para informarles qué ocurriría con la iniciativa 6076, puesto que esa organización comunitaria había exigido que dicha iniciativa no se conociera más.

Los 48 cantones consideraban que esta iniciativa violaba derechos constitucionales, como derecho de reunión y manifestación, libertad de emisión del pensamiento, derecho a la vida, libertad de acción entre otros y por eso no debía ser aprobada, o de lo contrario a población tomaría medidas correspondientes.

Los miembros de esta organización comunitaria llegaron al Congreso de la República a eso de las 13 horas del pasado miércoles 17 de agosto, fecha en la que estaba agendada una sesión plenaria en donde los diputados votarían para determinar si la iniciativa 6076 debía ser enviada a la Corte de Constitucionalidad para una consulta sobre posibles inconstitucionalidades.

Los líderes comunitarios estuvieron en el palco diplomático del Congreso y tuvieron que esperar hasta la madrugada del jueves 17 para ser escuchados por la junta directiva del Congreso, que les ofreció que este martes 23 les informarían de qué ocurría con dicha iniciativa.

El diputado Alvarado, informó este 23 de agosto que de 8.00 a 10.00 horas tuvieron reunión de junta directiva y que por un consenso absoluto y mayoritario decidieron que la iniciativa 6076 quedara fuera del conocimiento y que por eso se había engavetado para que no se vuelva a conocer.

Señaló que luego de la decisión que tomaron como directiva del Congreso, esta fue enviada a la instancia de Jefes de Bloques y ellos dieron el aval total para que esta iniciativa sea archivada.

Carlos López Maldonado, primer vicepresidente de la junta directiva del Congreso, comentó que la semana pasada esa iniciativa de ley generó discusión y mucho debate en el pleno, por lo cual se consideró que lo mejor era no incluirla en la agenda y “básicamente, pues que se quede ahí en el proceso, ya no avanzar y con eso atendiendo la petición de los 48 cantones… No, ya no se tiene previsto enviarla a la Corte de Constitucionalidad para que evalúe la inconstitucionalidad”, comentó.

Afirmó que la decisión fue tomada en conjunto entre junta directiva y la instancia de Jefes de Bloques, pues era lo más sensato para no crear conflictividad social.

Añadió que la mayoría de jefes de bloques coincidieron en que lo mejor era no agendar la iniciativa en las en las sesiones de esta semana.

El @CongresoGuate da marcha atrás y engaveta la controversial iniciativa 6076, que regula el uso de la fuerza pública y ha recibido críticas de expertos y sectores por facilitar la represión de protestas ciudadanas.

¿Está de acuerdo con la decisión?

@CongresoGuate pic.twitter.com/g1xGdNX5aE

— Carlos Kestler (@CKestler_GTV) August 23, 2022

Integrantes de la junta directiva del Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, tuvieron que esperar hasta la madrugada de este jueves 18 de agosto para ser recibidos por una comitiva de la directiva del Congreso de la República para conocer qué ocurriría con la iniciativa de ley 6076, o Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala.

Los miembros de esta organización comunitaria llegaron al Congreso de la República a eso de las 13 horas del pasado miércoles 17 de agosto, fecha en la que estaba agendada una sesión plenaria en donde los diputados votarían para determinar si la iniciativa 6076 debía ser enviada a la Corte de Constitucionalidad para una consulta sobre posibles inconstitucionalidades.

Los líderes comunitarios de los 48 cantones habían manifestado su rechazo a esa iniciativa de ley porque consideran que viola preceptos constitucionales, donde se consagran derechos fundamentales de los guatemaltecos, como derecho de reunión y manifestación, libertad de emisión del pensamiento, derecho a la vida, libertad de acción entre otros.

La organización había emitido un comunicado ese mismo día en el que exigía que la iniciativa de ley 6076, o Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, no fuera enviada a la CC y que en la sesión plenaria de ese miércoles los diputados votaran para que esta se desconozca inmediatamente, se elimine y se impruebe de una vez por todas.

Los líderes de 48 cantones llegaron al Congreso a eso de las 13 horas de miércoles, para participar en la plenaria, pero trabajadores del Congreso les impidieron el ingreso al palco de visitas. Les argumentaron que para permitirles el acceso, la Presidencia del Legislativo tenía que enviar una carta.

Luego de la negativa para entrar al palco de visitas, las autoridades indígenas ingresaron al palco de prensa, pero minutos después, personal del Congreso los trasladó al palco de diplomáticos, donde hablaron con la presidenta Shirley Rivera.

Allí, Rivera les dijo que el “análisis jurídico” que les prometió sobre la 6076 es la solicitud de opinión a la CC, pero la agrupación exige que esta se desconozca definitivamente.

La sesión del Congreso fue suspendida, porque no se aprobó el orden del día, pero Miguel Gutiérrez, vicepresidente de los 48 Cantones, advirtió de que permanecerían allí hasta que la junta directiva los atendiera y les informara sobre el estado de la iniciativa de ley 6076.

Los reciben pasada la media noche

Los dirigentes de los 48 cantones se quedaron dentro del Congreso y no fue hasta las 0.15  horas de este jueves que fueron atendidos por una comitiva de la junta directiva de ese organismo.

En una trasmisión en Facebook, los líderes comunitarios informaron que a esa hora llegaron representantes del Congreso para platicar con ellos e informarles la situación de dicha iniciativa de ley.

Les informarán el martes

El presidente de los 48 cantones, Giovanni Rosales Tzoc, explicó que la comitiva les indicó que el próximo martes les tendrán una respuesta sobre la solicitud de anulación de la iniciativa que pretende regular el uso de la fuerza pública y por eso abandonaron el Congreso para retornar a Totonicapán.

“Como pueblo y como representantes del mismo estamos vigilantes. La postura nuestra sigue siendo la misma… porque la lucha continúa”, dijo Rosales en la transmisión.

“Nosotros seguimos pidiendo y exigiendo a los señores diputados y a la junta directiva del Congreso de la República de Guatemala la anulación completa de esta iniciativa 6076, que atenta directamente contra la vida de los guatemaltecos que hacemos uso de este recurso constitucional como lo es la manifestación”, expresó Rosales.

“Aquí está el poder del pueblo de Totonicapán, porque la lucha, señores, está basada en las consignas claras que nos enseñaron los abuelos; velar por el bien común y hoy queremos hacer valer nuestra voz, a través de esta petición para que se le dé de baja a esta iniciativa 6076 que trata d combatir directamente a los manifestantes, utilizando la fuerza del Estado para poder reprimir las manifestaciones”, señaló.

Trabajadores del Congreso impidieron este miércoles 17 de agosto el paso al palco de visitas a los representantes de los 48 Cantones de Totonicapán, que exigen que se archive la iniciativa 6076, que regula el uso de la fuerza pública.

Los representantes de los 48 Cantones de Totonicapán no pudieron ingresar al palco de visitas del Congreso de la República, desde donde tenía previsto observar la discusión sobre el futuro de la iniciativa 6076, que regula el uso de la fuerza pública y que hace unos días esa organización pidió a la presidenta del Legislativo, Shirley Rivera, que fuera archivada.

De acuerdo con los líderes indígenas, los trabajadores del Congreso que les impidieron el acceso les informaron que para poder pasar debían enviar una nota a la Presidencia del Congreso.

Luego de la negativa para entrar al palco de visitas, las autoridades indígenas ingresaron al palco de prensa, pero minutos después, personal del Congreso los trasladó al palco de diplomáticos, donde hablaron con la presidenta Shirley Rivera.

Rivera les dijo que el “análisis jurídico” que les prometió sobre la 6076 es la solicitud de opinión a la CC.

La junta directiva del Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán publicó este miércoles un comunicado en el que exige que la iniciativa 6076, que daría vida a la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, no sea enviada a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que imita opinión respecto a posibles inconstitucionalidades y que en la sesión plenaria el Congreso de la República los diputados voten para que se desconozca inmediatamente, se elimine y se impruebe de una vez por todas.

Añaden que el 11 de agosto pasado la junta directiva del 48 Cantones y las Cinco Juntas, en representación del pueblo de Totonicapán, presentaron un oficio a Rivera, en el que manifestaron su “repudio y rechazo total” a la iniciativa de ley 6076, ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala.

Además, refieren que la presidenta del Congreso “asumió la responsabilidad por medio de un documento, escrito firmado y sellado por su persona” y se comprometió en no agendar más la iniciativa 6076 desde la instancia de Jefes de Bloques. 

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Así fue como el personal del @CongresoGuate le negó la entrada al palco de visitas a los @48CantonesToto.

Las autoridades indígenas exigen que los diputados archiven la iniciativa 6076 y no le pidan opinión jurídica a la @CC_Guatemala sobre su viabilidad.

Escuchen: pic.twitter.com/f37i05dRrZ

— Carlos Kestler (@CKestler_GTV) August 17, 2022

greso “asumió la responsabilidad por medio de un documento, escrito firmado y sellado por su persona” y se comprometió en no agendar más la iniciativa 6076 desde la instancia de Jefes de Bloques.

Recuerdan que si bien es cierto que el documento está firmado por Rivera como diputada al Congreso, “eso no la exime de la responsabilidad por el alto cargo que ostenta”, al ser presidenta del Organismo Legislativo, de conformidad a los artículos 17 y 18 de la ley Orgánica del Organismo Legislativo, que establece que ella ejerce la dirección, ejecución y representación de dicha entidad.

En el comunicado de este miércoles, los 48 Cantones señalan que la iniciativa 6076 para la quincuagésima sesión ordinaria del Congreso de la República de Guatemala, en el punto cuatro del orden del día y que en ella se pretende que los diputados voten para que esta se remita a la Corte de Constitucionalidad en el proyecto de decreto número de registro 6076.

Agregan que esto es un medio dilatorio con el que quieren darle curso a la iniciativa “que a todas luces es inconstitucional”, se lee en el documento.

Exigencias

Los  48 Cantones “exigen que la iniciativa 6076 no se remita a la Corte de Constitucionalidad y que en esta sesión los diputados al Congreso de la República voten para que se desconozca inmediatamente, se elimine y se impruebe de una vez por todas la Iniciativa 6076, es innecesario hacer incurrir en gastos y tiempo al Estado de Guatemala, al remitir una iniciativa de ley para una opinión consultiva a todas luces inconstitucional”, dice el comunicado.

Añade que los 48 Cantones sigue agotando el diálogo, pero que si sus exigencias son ignoradas por los diputados, se opondrán a “la creación de leyes que atentan contra nuestros derechos fundamentales establecidos en la Constitución e instrumentos Internacionales”.

“Desde ya responsabilizamos a la presidenta, junta directiva y a los diputados al Congreso de la República de Guatemala, de las consecuencias de las medidas de hecho que el pueblo va a tomar en su momento, por la necedad de querer seguir dándole curso a tal aberrante iniciativa”, se lee en el escrito.

También sugieren a los diputados no poner a prueba la determinación de los pueblos de Guatemala.

La iniciativa

El martes 9 de agosto el Congreso de la República dio el primer paso para aprobar la iniciativa de ley 6076, denominada Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y el Ejército, la cual regula el uso de la fuerza pública. La propuesta fue tramitada en su primer debate y le restan dos lecturas más para que sea aprobada.

La propuesta de ley regula el uso de la fuerza pública de “forma proporcional” y además concede medidas sustitutivas a los elementos de las fuerzas públicas que resulten involucrados en el legítimo uso de sus funciones.

La iniciativa 6076 se encuentra actualmente en un impase administrativo ante el envío por parte de Shirley Rivera, Presidente del Organismo Legislativo, de la iniciativa hacia la dirección de asuntos jurídicos del Congreso para que dictamine sobre la petición de inconstitucionalidad planteada por parte de los 48 cantones de Totonicapán.

Rivera se comprometió a realizar las gestiones pertinentes ante la instancia de jefes de bloques y no agendarla hasta conocer el dictamen respectivo y que en el pleno se conozca el futuro de este proyecto de ley que ha causado diversas reacciones.

Los jefes de bloques acordaron discutir en el pleno si se pedirá a la Corte de Constitucionalidad opinión sobre posibles inconstitucionalidades de la iniciativa 6076, que regula el uso de la fuerza pública y será el punto cuatro de la agenda de este 17 de agosto.

Los diputados del Congreso de la República tienen en sus manos una papa caliente, pues por un lado los jefes de bloque acordaron discutir en el pleno si se pedirá a la CC opinión sobre posibles inconstitucionalidades de la iniciativa 6076, que regula el uso de la fuerza pública, y por otro, deben conocer las objeciones en contra del decreto 39-2022, conocido como Ley contra la Ciberdelincuencia.

De acuerdo con la agenda aprobada, el debate sobre la opinión de la Corte de Constitucionalidad será el cuarto punto de la sesión plenaria del miércoles 17 de agosto.

Los jefes de bancada llegaron a ese acuerdo seis días después de que representantes de los 48 Cantones de Totonicapán acudieran al Legislativo y demandaran que se anulara la iniciativa.

Según los líderes indígenas, el proyecto facilitaría la represión de las manifestaciones ciudadanas.

“[La iniciativa] viene a perjudicar, precisamente, a un derecho que tenemos los guatemaltecos, y como ustedes sabrán, 48 Cantones ha hecho valer ese derecho cuando ve injusticias. Nosotros alzamos la voz”, manifestó en ese entonces Geovani Rosales, presidente de los 48 Cantones.

Luego de la reunión, que duró varias horas, el Congreso publicó un comunicado en el que Rivera aseguró que respondió las exigencias de los representantes indígenas.

“Me comprometo a realizar las gestiones pertinentes ante la instancia de Jefes de Bloque y no agendar la iniciativa 6076, así mismo, en ese sentido ya se instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos elaborar un análisis sobre las inconstitucionalidades que pudiera tener la misma, una vez recibido el análisis jurídico, procederé a comunicarme con su persona para discutir la misma”, expresaba el texto.

Buscan frenar ley a través de amparo

Mientras los jefes de bloque estaban en sesión, los congresistas del Grupo Parlamentario de Oposición (GPO) interpusieron un amparo en la CC para frenar el trámite de la iniciativa 6076 en el pleno, que solo ha pasado el primero de los tres debates.

En el documento, firmado por los diputados Orlando Blanco, Carlos Barreda y Aldo Dávila, el grupo pide que la ley se archive y que atenda en contra de “los derechos humanos y los principios democráticos de Guatemala”.

“Prácticamente la ley da una licencia para matar y reprimir con violencia a los ciudadanos que manifiestan de forma libre. […] Creemos que es un grave retroceso que se quiere imponer al país, como ocurre en naciones dictatoriales como Nicaragua y Venezuela”, opinó Blanco.

Esta iniciativa ha sido criticada por varios sectores y expertos que consideran que la disposición redunda en la normativa de instituciones que proveen seguridad pública y que, al no distinguir entre las atribuciones de la PNC, el Ejército, la SAAS y el Sistema Penitenciario podría facilitar que las fuerzas de seguridad repriman protestas.

Ley de ciberdelitos no ha sido enviada al Ejecutivo

Los jefes de bloque también acordaron este martes 16 de agosto que el pleno de diputados conocerá las objeciones que el Grupo Parlamentario de Oposición (GPO) presentó en contra del decreto 39-2022, conocido como la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia.

Este será el quinto punto de la sesión ordinaria del miércoles 17 y determinará si el decreto se publicará en el diario oficial o si se archivará.

Cinco diputados presentaron las objeciones el miércoles 10 de agosto a la Presidencia del Congreso, que aún no envía el decreto al Ejecutivo para que sea sancionado y cobre vigencia. Podrá hacerlo solo si el pleno descarta las observaciones con la mayoría de los votos.

En el documento oficial, el GPO dice que el decreto 39-2022 presenta “graves amenazas a la libre emisión del pensamiento”. Los diputados critican cómo se tipifica el delito de acoso por medios cibernéticos.

Según el decreto, este delito ocurre cuando una persona o grupo intimida o asedia a otros “afectando su honor, dignidad o salud, con contenido falso o cruel, mediante mensajes de texto, aplicaciones o redes sociales, foros o juegos, participa o comparte contenido o cualquier otro medio electrónico digital, actuando o no de forma anónima”.

También podría suceder cuando una persona divulgue “información confidencial o contenido sexual de otra persona que afecte su honor, dignidad o su salud o psicología, actuando o no de forma anónima y por cualquier sistema informático o cualquier medio de comunicación electrónico”.

De acuerdo con Blanco, la ley “abre la puerta para que denuncie cualquier funcionario que se sienta aludido por publicaciones, chistes o memes sobre su trabajo en redes sociales”. 

“Como no lo prohíbe, deja la posibilidad. Esto vulnera el derecho de libertad de expresión de la población, porque la Constitución nos garantiza que podemos criticar a los funcionarios en el ejercicio de su labor y ellos no pueden tomar represalias”, puntualizó.

De acuerdo con el decreto, quien cometa acoso cibernético recibirá con una pena de prisión de uno o dos años, y si la víctima es menor de edad, la cárcel será de 6 a 12 años.

La actual Junta Directiva del Congreso se ha caracterizado por dar marchar atrás, retirar de la agenda o pedir opiniones jurídicas sobre propuestas que han generado controversia, como el caso de la iniciativa de ley 6076, denominada Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y el Ejército, la cual regula el uso de la fuerza pública, pero que detuvo su avance hasta tener una opinión y conocer si tiene alguna inconstitucionalidad.

Lo anterior se dio como resultado de las exigencias hechas por los 48 Cantones de Totonicapán, cuyos representantes pidieron que esta fuera anulada.

Anteriormente, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, también tomó la decisión de pedir una opinión jurídica sobre una serie de ascensos y aumentos que se hicieron por la anterior Junta Directiva, pero que siguen vigentes, ya que aún está pendiente el informe de una auditoría de la Contraloría General de Cuentas.

Además, también fue sacada de la agenda en mayo pasado la iniciativa que buscaba crear la Ley para el Rescate del Patrimonio Prehispánico, la cual debe ser discutida con varios sectores.

Opiniones

Luego de la decisión de suspender el avance de la iniciativa 6076 se consultó a algunos jefes de bloque del Congreso y fueron distintas las interpretaciones en cuanto a la decisión.

A criterio de la jefa del bloque Semilla, Ligia Hernández, lo que se observa en la actual junta directiva es una “práctica que se está institucionalizando”, en respuesta a las protestas ciudadanas; sin embargo; cuestiona el actuar de los diputados al tratar de aprobar estas leyes.

“Lo que hacen con esta actitud, la Junta Directiva y la presidenta (Shirley Rivera), es poner en evidencia que están actuando a espaldas de la población sin escuchar ni evaluar la conveniencia social de las leyes y únicamente obedecer a la agenda del Ejecutivo”, manifestó Hernández.

A decir de la jefa del bloque Winaq, Sonia Gutiérrez, a su criterio, este tipo de decisiones lo único que hacen es desgastar de forma innecesaria al Congreso, ya que no se debió llegar a estos extremos, considerando que desde un inicio se han planteado los argumentos que a su criterio no hacen “viable” la iniciativa.

“Preocupa en lo particular, sí, porque se han tenido los argumentos legales políticos con los cuales no es viable, pero ahí la insistencia cuando quieren quedar bien con algunos de sus miembros diputados. Nosotros vamos a estar muy de cerca para velar que se cumpla el compromiso”, dijo Gutiérrez.

Mientras tanto, el jefe del bloque Creo, Óscar Chinchilla, aseguró que, a su criterio, la decisión fue “prudente” en este momento para hacer una revisión de la iniciativa; sin embargo, cuestiona que hace poco más de dos años se recibió en el Congreso una iniciativa para liquidar a la SAAS y ahora se le incluya en la iniciativa 6076 para fortalecerla.

“Nos llama la atención ese tema, que creería yo que lo deberían de considerar las personas que fueron delegadas para hacer el análisis (de la iniciativa 6076)”, dijo Chinchilla.

En tanto de la jefatura de Vamos se indicó que comparten los criterios de la presidenta del Congreso, Shirley Rivera.

El jueves pasado, Rivera dijo a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión: “He dado la instrucción a la Dirección de Asuntos Jurídicos que analice si existen las inconstitucionalidades que manifiestan los 48 Cantones, por lo que esperaremos tener el dictamen respectivo para que la instancia de jefes de bloque y el honorable pleno, como órgano máximo del Congreso de la República tomen la decisión”.

La iniciativa que recibió dictamen la semana pasada por la Comisión de Gobernación, que dirige el diputado Boris España, fue agendada para el martes pasado por la Instancia de Jefes de Bloque, pero ese día el diputado Bernardo Arévalo, de la bancada Semilla, propuso una moción verbal para que la iniciativa regresara a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional; sin embargo, 93 diputados votaron en contra, 33 a favor y 34 estaban ausentes.

Arévalo expuso que la propuesta tiene errores de “concepción” que confunden en la interpretación en cuanto a las funciones de las fuerzas de seguridad, por lo cual era necesario que se hiciera una nueva revisión.

“Lo que busca es callar a la población que con mucho derecho legítimo hoy está actuando. Diputados, no seamos los enemigos del pueblo”, dijo ese día Gutiérrez.

Mientras tanto, otros diputados cuestionaron la viabilidad legal si se aprueba, y aseguran que la intención de la propuesta es contrarrestar las manifestaciones.