Han pasado casi 5 años desde que 41 niñas y adolescentes murieron en un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, y aunque el inicio del juicio ha sido programado en varias ocasiones, este no ha empezado.

Por ejemplo, para este jueves 19 de enero se tenía previsto que el juicio diera inicio en una audiencia en la Mega Sala de Torre de Tribunales, pero de nuevo fue suspendido, lo que causó inconformidad a parientes de las víctimas, que exigen justicia.

La razón en esta oportunidad fue fallas en el sistema de audio, por lo que la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes Arrivillaga reprogramó la audiencia para el jueves 26 de enero a 8:30 horas.

 La audiencia de esa fecha se llevará a cabo en la sala del Tribunal, aunque abogados y parientes de las víctimas temen que también sea suspendida porque el espacio no será suficiente para los asistentes.

En este caso son señalados los exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) Carlos Rodas, exsecretario; Anahí Keller, exsubsecretaria de Abrigo; y Santos Torres, exdirector de la Casa Hogar, por supuestamente haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, homicidio culposo, lesiones culposas y maltrato contra personas menores de edad.

El día de la tragedia, el 8 de marzo de 2017, las 56 menores (41 muertas y 15 heridas) estaban bajo llave en un aula del recinto que se ubicaba en el kilómetro 25 de la carretera a San José Pinula.

La Fiscalía contra el Femicidio y otros tipos de violencia contra la mujer tendrá a su cargo la acusación y cuenta con 918 medios de prueba con los que busca sustentar los señalamientos contra los acusados.

En el juicio serán expuestos 790 documentos, así como los informes de 44 peritos y testificarán ante el Tribunal Séptimo de Sentencia 84 personas. El expediente está integrado por 15 mil folios.

Sindicados

• Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social
• Anahí Keller, exsubsecretaria de Abrigo (Tribunal Séptimo deberá definir si la excluye)
• Santos Torres, exdirector de la Casa Hogar
• Harold Augusto Flores Valenzuela, exprocurador de Niñez
• Brenda Jullissa Chaman Pacay, exjefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato
• Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, ex subinspectora de la PNC
• Luis Armando Pérez Borja, exsubcomisario de la PNC
• Gloria Castro, exdefensora de la Niñez

Todo estaba listo para que este lunes 9 de enero empezara el juicio contra los acusados de la muerte de 41 niñas y adolescentes en un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el 8 de marzo de 2017; sin embargo, la audiencia fue suspendida.

En este caso son señalados los exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) Carlos Rodas, exsecretario; Anahí Keller, exsubsecretaria de Abrigo; y Santos Torres, exdirector de la Casa Hogar, por supuestamente haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, homicidio culposo, lesiones culposas y maltrato contra personas menores de edad.

La jueza del Tribunal Séptimo Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes Arrivillaga, asignó una nueva fecha para el inicio del juicio, el cual será el martes 17 de enero próximo a las 8:30 horas.

La suspensión de la audiencia se debió a que uno de los abogados defensores, Julio Rendón, padece covid-19.

El día de la tragedia, las 56 menores (41 muertas y 15 heridas) estaban bajo llave en un aula del recinto que se ubicaba en el kilómetro 25 de la carretera a San José Pinula.

La Fiscalía contra el Femicidio y otros tipos de violencia contra la mujer tendrá a su cargo la acusación y cuenta con 918 medios de prueba con los que busca sustentar los señalamientos contra los acusados.

En el juicio serán expuestos 790 documentos, así como los informes de 44 peritos y testificarán ante el Tribunal Séptimo de Sentencia 84 personas. El expediente está integrado por 15 mil folios.

Sindicados

• Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social
• Anahí Keller, exsubsecretaria de Abrigo (Tribunal Séptimo deberá definir si la excluye)
• Santos Torres, exdirector de la Casa Hogar
• Harold Augusto Flores Valenzuela, exprocurador de Niñez
• Brenda Jullissa Chaman Pacay, exjefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato
• Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, ex subinspectora de la PNC
• Luis Armando Pérez Borja, exsubcomisario de la PNC
• Gloria Castro, exdefensora de la Niñez

La noche del pasado sábado 7 de mayo ocurrió un incendio en el interior del centro para el Programa Especializado para Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, ubicado en la zona 2 capitalina, que dejó 13 menores de edad intoxicadas y una con quemaduras menores.  

Las 13 menores afectadas, de entre 14 y 17 años, fueron dadas de alta del Hospital General San Juan de Dios donde les dieron atención y posteriormente fueron dadas de alta.  

En ese lugar permanecían 52 menores víctimas de ese tipo de delitos y que están bajo resguardo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y aunque el Ministerio Público todavía está en investigación, las primeras informaciones que surgieron tras el incidente podrían determinar que la causa del siniestro habría sido un corto circuito.  

La SBS informó este lunes 9 de mayo que de las 52 menores que estaban en el lugar fueron escuchadas en el Juzgado de Paz con competencia para la Protección en Materia de Violencia Intrafamiliar, y de Niñez y Adolescencia Amenazada o Violada en sus Derechos, en donde la jueza determinó el destino de las jóvenes.  

Según la SBS, la jueza determinó que cuatro de las menores fueron restituidas con su recurso familiar idóneo, que quiere decir volvieron con un familiar o una persona que pueda cuidarlos en un entorno seguro. 

Agregaron que muchas más niñas fueron reclamadas por su familia, pero la jueza decidió que no, poque no todas las familias están en condiciones de darle esa seguridad por el perfil que ellas tienen, pues son adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual, de violación, de trata, y explotación sexual entonces no pueden regresar al mismo entorno – en donde muchas veces han ocurrido los abusos-. 

También se informó que 16 menores fueron llevadas a resdidencias de protección privadas, por orden de juez, mientras que 32 siguen en resguardo de SBS, que las trasladó a otros hogares.  

Qué pasa con la casa 

La SBS confirmó que como institución no pueden determinar qué originó en el incendio, pero que el Ministerio Público (MP) ya está a cargo del caso para determinarlo.  

Afirmaron que la residencia no fue clausurada por el MP, solo el área afectada por el fuego que era un área que era utilizada como zona de cuarentena para menores que pudieran llegar de primer ingreso.  

Comentaron que ahora están a la espera que los investigadores y fiscales terminen con la recolección de evidencias para determinar qué hacer en el inmueble.  

Confirmaron que por seguridad y comodidad de las niñas no las llevarían de nuevo a esa residencia pues no quieren que sientan que van a regresar a un inmueble en el que no se sientan seguras.  

Explicaron que cuando el MP termine las diligencias, la SBS hará una evaluación de la casa para ver si se hacen las reparaciones o si no se va a continuar utilizando ese inmueble.  

Vianney Hernández recuerda lo impotente que se sintió ese día de diciembre de 2016 cuando una pandilla llegó para llevarse a su hija Ashly de 13 años.

El líder de la pandilla, que tenía una relación con Ashly, amenazó con matar a la familia entera si no la dejaban que se fuera a vivir con él.

Ashly había conocido al chico en la escuela de un barrio pobre de Ciudad de Guatemala, donde vivían.

“Era guapo, algo mayor que ella”, recuerda Hernández, añadiendo que su hija era rebelde y con un apetito de aventura.

Vianney estaba determinada a arrebatar a Ashly de las manos de la pandilla, y luego de que la policía la halló, decidió enviarla a un hogar estatal para niños en riesgo, para que estuviese lejos del chico y de su entorno.

Ashly ya había estado una vez ahí y su madre sabía bien que la descripción del juzgado de familia sobre las bondades del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en San José Pinula, estaba muy lejos de la realidad.

Antes de que Ashly entrase al hogar, a Vianney le habían dicho que su hija tendría comida, ropa, educación y atención psicológica.

En cambio, “las monitoras mandaban a las internas que ya llevaban un tiempo allí a pegarle. Pero como ella no se dejaba, la castigaban”, dice Vianney, recordando lo que le contaba su hija.

El hogar estaba sobresaturado y sucio, y la comida a menudo estaba “en mal estado”.

Pero como era poco probable que la pandilla dejase en paz a Ashly, Vianney pensó que enviar su hija al Hogar Seguro Virgen de la Asunción sería el menor de dos males.

De lo contrario, “la descuartizan y la dejan en la puerta de mi casa”, dice Vianney sobre sus temores de ese momento.

Como Vianney, muchas familias enviaron a sus hijos al hogar con la mejor de las intenciones, sin tomar en cuenta las críticas que el lugar había recibido por parte de organizaciones en Guatemala y el extranjero, incluyendo Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Escape frustrado

Algunos padres sospechaban que algo andaba mal en el hogar pero no sabían el alcance total del abuso.

Mirsa, de 16 años, era una de las chicas que estaban demasiado asustadas como para hablar.

“Ella nunca me pudo decir nada de lo que sucedía allí”, recuerda su madre, Roxana.

“Una vez me dijo: ‘No voy a decir nada más porque me pegan, me cierran en un cuarto oscuro y no me dan comer'”.

Mirsa había sido enviada al hogar por un juez después de que ella escapase de la banda que había intentado reclutarla por la fuerza. El juez pensó que estaría más segura allí que en los barrios controlados por las pandillas de Ciudad de Guatemala.

Demasiado asustadas para contarles a sus padres las condiciones en el hogar, Mirsa, Ashley y otros más elaboraron un plan.

El 7 de marzo de 2017, estuvieron entre los alrededor de 100menores que escaparon del hogar.

Pero la policía no tardó en localizarlos y llevarlos de regreso a Virgen de la Asunción, donde 56 niñas fueron encerradas en un salón de clase diseñado para albergar a 26 personas.

Muerte y desolación

Una investigación posterior reveló que a las niñas ni siquiera se les permitió salir del salón para ir al baño. Si querían hacer sus necesidades, tenían que hacerlo en una esquina.

Por la mañana, le dieron el desayuno en el mismo salón sucio.

Desesperada por salir, una de las niñas encendió un fósforo. Las llamas se esparcieron rápidamente.

Las niñas golpearon la puerta presas del pánico. Pero esta permaneció cerrada por nueve minutos.

“Que se quemen esas hijas de la gran puta, a ver si como son buenas para fugarse son fibrudas para salir”, dijo la subinspectora de policía que tenía las llaves, según el testimonio de sus subordinadas.

41 niñas murieron. Otras 15 sufrieron heridas que le cambiaron la vida.

Roxana Tojil corrió al hospital.

Todas las niñas se veían iguales: vendadas, con la piel carbonizada, contó.

“Y gritaban (…) ‘Auxilio, auxilio. Vengan echarme agua’, decían. ‘Me estoy quemando’. Ya no tenían fuego pero ellas sentían que se estaban quemando”.

Eventualmente, Roxana encontró a Mirsa. Estaba en la morgue, muerta.

Ashly también estaba en la morgue, pero Vianney se rehusó a reconocer el cuerpo quemado de su hija.

“Yo no voy. Yo no voy a ver a mi hija como el Estado me la entregó”, recuerda Vianney. “Yo la voy a tener aquí en mi corazon como ella era de linda”.

En el funeral, Vianney abrazó el ataúd.

“Solo abracé la cajita y le prometí que voy a llegar hasta el final, si Dios me lo permitía y ella también, para buscar justicia, porque lo que le habían hecho, no se iba a quedar impune”.

Sin condenas

Doce funcionarios públicos están siendo juzgados y enfrentan cargos que van desde homicidio culposo hasta abuso de la autoridad. Pero las familias de las víctimas dicen que los procesos legales han sido lentos y frustrantes.

Las audiencias fueron suspendidas repetidamente incluso antes de que ocurriese la pandemia por covid.

El juez del caso le dijo a la BBC que las razones de las demoras eran variadas, incluyendo los recursos de apelación de ambas partes, la ausencia temporal de un abogado defensor y una sobrecarga de trabajo generalizada que hacía que, en ocasiones, las audiencias de diferentes casos se programaran a la misma hora, haciendo que el juez tuviese que cancelar una de ellas.

Vianney dice que está furiosa porque solo tres de los acusados están bajo prisión preventiva y los otros nueve disfrutan de las comodidades de sus hogares después de haber sido puestos bajo arresto domiciliario.

Mientras tanto, está tratando de encontrar un trabajo lo suficientemente flexible que le permita asistir a la corte.

Las audiencias han sido dolorosas para las madres, ya que la defensa ha tratado de culpar a las niñas de las muertes, argumentando que ellas iniciaron el incendio.

También las propias madres recibieron críticas en Guatemala por haber enviado a sus hijas a un hogar como ese.

Vianney quiere saber qué ocurrió exactamente en el hogar, no solo en el momento antes del incendio sino los años anteriores, después de que surgieran acusaciones de tráfico de personas.

• Un asesinato, violaciones, maltratos y más de 200 fugas: el espeluznante historial del Hogar Seguro Virgen de la Asuncións

Está luchando además para que se conserve la evidencia del incendio.

El 14 de junio, solicitó a un juez que se detuviera la reapertura del aula donde ocurrió el incendio, lo que habría comprometido cualquier evidencia dentro de ella.

“Las almas de nuestras hijas están allí todavía, exigiendo justicia”, dice con la voz quebrada.

Decenas de mujeres guatemaltecas clamaron por justicia este lunes al recordar el caso de 41 niñas que murieron y otras 15 que sufrieron quemaduras en un incendio hace cuatro años en un hogar bajo la tutela del Estado.

“Estamos luchando para que se haga justicia. Que la muerte de nuestras hijas no quede impune, todo lo que hicieron con ellas. Yo le pido a todos que seamos fuertes y que sigamos adelante”, aseveró en un acto público Vianney Hernández, madre de una de las menores fallecidas.

“Nosotros no nos vamos a rendir. Yo le pido por favor a todas las mamás, sigamos”, añadió Hernández durante una pequeña ceremonia en las afueras del Hogar Virgen de la Asunción, al oeste de Ciudad de Guatemala y donde fallecieron las niñas el 8 de marzo de 2017.

Los actos para recordar a las 41 menores fallecidas y a otras 15 que resultaron con quemaduras de gravedad se trasladaron posteriormente al centro de la Ciudad de Guatemala, donde fue colocado en 2018 un pequeño espacio en la Plaza de la Constitución para recordar a las víctimas.

Al menos tres madres de las fallecidas, incluida Hernández, llegaron a la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno), para acompañar los actos en memoria de las menores.

Lea más: “El cuarto de la tortura”: así castigan a las niñas del Hogar Seguro

Sin miedo al Estado

Hernández recalcó que no le tienen miedo al Estado de Guatemala y que ha acompañado constantemente el proceso judicial por la muerte de las menores, incluida su hija, Ashley Rodríguez Hernández, quien tenía 14 años al momento de su fallecimiento.

Según medios locales, al menos dos madres de las 41 menores quemadas en 2017 fueron asesinadas desde entonces: Wendy Ramírez, el 21 de febrero de 2021, en el departamento de Chiquimula (este), y Gloria Pérez, el 8 de junio de 2018, en Petén (norte).

Tras 48 meses de la muerte de las menores, el caso aún no ha llegado a juicio, por lo que la organización gubernamental Fundación Sobrevivientes exigió en un comunicado al Estado guatemalteco “una actuación efectiva” para que el caso no quede en la impunidad.

Al menos ocho personas entre policías y autoridades han sido acusadas por la muerte de las menores.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Guatemala recordó este lunes a las niñas en una nota de prensa y enfatizó que a la fecha “el Estado de Guatemala aún no cuenta con un sistema de protección de la infancia suficiente efectivo”.

Las 56 niñas se encontraban en un aula pequeña, bajo llave, cuando se originó el incendio en un hogar bajo la administración del Estado. El fuego nació dentro del aula, como protesta por el hacinamiento el maltrato y las condiciones en que se encontraban las menores.

El grupo de niñas había sido encerrado en el aula durante varias horas por autoridades del lugar y policías, tras varios incidentes el día anterior en el que participaron además docenas de adolescentes bajo la tutela estatal.

El hogar se encuentra ubicado 20 kilómetros al noreste de la Ciudad de Guatemala, en el municipio de San José Pinula, del departamento (provincia) de Guatemala.

A dos años de la tragedia de Hogar Seguro que dejó 41 niñas muertas, familiares y abogados piden que el caso continúe. Los sindicados contraatacan señalando a las menores como responsables del hecho.

Los familiares de las 41 víctimas mortales y las 15 sobrevivientes señalan que el proceso se ha atrasado, no solo por la defensa de los implicados, sino por los jueces, es por ello que piden un juez competente para el debate contra tres implicados, el cual está previsto para el martes 22 de octubre.

"Es una burla para nosotras las madres, que solo pongan de 5 a 10 años de prisión… no eran animalitos eran niñas… las hicieron callar" dice una de las mamás de las adolescentes que murieron en el incendio de Hogar Seguro el 8 de marzo de 2017. Vídeo: María Reneé Barrientos https://t.co/YqgemC0x0p pic.twitter.com/9iBZX7S9V7

— Andrea Domínguez (@andread_gtv) October 21, 2019

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) presentó, en un acto ostentoso, la finalización de los trabajos de restauración del Palacio Nacional de la Cultura. Para ello, decidieron quitar el monumento a las 41 niñas y adolescentes que murieron en el incendio del hogar estatal Virgen de la Asunción.

La tragedia sucedió el 8 de marzo de 2017 y el monumento conformado por 41 cruces que representan la vida da cada una de las niñas y adolescentes fallecidas llevaba más de dos años instalado en un punto de la Plaza de la Constitución.

Esto fue motivo de molestia entre grupos de mujeres que han apoyado a las familias de las niñas muertas que decidieron concentrarse en la punto donde estaba el monumento desde horas de la tarde.

[#AHORA] "¿Dónde están las cruces?" -del altar en homenaje a las víctimas de la tragedia en el #HogarSeguro– gritan a Jimmy Morales los manifestantes en la Plaza de la Constitución. | Vía: Juan Carlos Pérez y Alejandro Escobar. pic.twitter.com/BKMdXD0TTu

— Guatevisión (@Guatevision_tv) September 13, 2019

El MCD indicó que las cruces fueron removidas por orden de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), quien emitió una opinión a solicitud del ministerio diciendo que las cruces metálicas  que conforman el monumento “pueden representar un riesgo para las personas que transitan por dicha área”.

La Conred recomendó a la Municipalidad de Guatemala y al Ministerio de Cultura que “realicen las gestiones y acciones que consideren pertinentes para “reducir o eliminar la condición” de riesgo.

Sin embargo, en la carta emitida por la Conred no se especifica en ningún momento a qué tipo de riesgo se referían y acciones se tenían que realizar. Ante esto, el MCD decidió retirar el monumento, que consistía en las cruces metálicas y un espacio ceremonial indígena, sin avisar a las personas involucradas.

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación, el vocero de la Conred, David de León, respondió que “cuando hablamos de riesgo podemos abordar varios puntos, por un lado en las aceras cuando los tragantes no están bien cubiertos y las personas han caído y eso ha pasado”, sin embargo no tienen ningún reporte de alguna persona accidentada en la Plaza de la Constitución por dicho monumento.

De León también agregó que al hablar de reducir o eliminar el riesgo no es necesariamente quitar el monumento.”Reducir podría ser colocar cercas o una medida de protección, por ejemplo” explicó.

La Conred también recomendó que las medidas se mantengan mientras duren las actividades Independencia debido a que la Plaza de la Constitución debido a que el espacio es usado para actividades masivas.

Sin embargo, esta es primera vez que se retira dicho monumento pese a que la Municipalidad ya ha realizado actividades masivas como la feria navideña, entre otras.

Foto: Gobierno de Guatemala

Morales señaló que apoyan a las familias y víctimas. En su discurso de que duró 16 minutos en un acto para otorgar la “Orden de la Excelencia Laboral a Mujeres Trabajadores”, dedicó 22 segundos para hablar de la tragedia de Hogar Seguro que dejó 41 niñas muertas, la gran mayoría calcinadas y 15 con heridas que las marcaron de por vida.

VEA: Unicef pide a Jimmy Morales y a los candidatos a mejorar protección a niñez al recordar tragedia de Hogar Seguro

“Quiero aprovechar este momento para honrar la memoria de las niñas y menores de edad fallecidas en el Hogar Virgen de la Asunción hace un año” señaló en mandatario, pero la tragedia ocurrió hace dos años, “por nuestra parte hemos apoyado en el proceso de dignificación y reparación afectadas en ea lamentable tragedia y solo sí marcó la vida de nuestro país” dijo Morales y después continúo con su discurso. 

¿Qué ha hecho el gobierno para evitar otra tragedia?

Por su parte en otra actividad el vicepresidente Jafeth Cabrera indicó que el gobierno ha realizado varias acciones para proteger a los menores de estos hogares, señalando que la gran mayoría pertenece a las pandillas.

“Nosotros hemos hecho toda una cantidad de acciones para proteger estos jóvenes que están en estos albergues y se ha hecho una serie de actividades no solo desde el punto de vista de infraestructura sino que también desde el punto de vista conductual para atender a todos estos jóvenes que están con estos problemas, que ustedes saben lo difícil que ha sido, porque ellos ya son jóvenes que pertenecen a muchas maras y que es difícil reencontrarlos con la realidad de una sociedad que está sufriendo tanto por este problema“, enfatizó Cabrera al cuestionarle sobre los esfuerzos que ha hecho el gobierno.

Estos hogares albergan a menores víctimas de violencia física, psicológica y sexual.

El 8 de marzo de 2017 en horas de la mañana comenzó un incendio en la habitación donde fueron encerradas con llave 56 niñas, en el lugar 19 niñas murieron calcinadas y otras 22 fallecieron en los centros asistenciales por la gravedad de las quemaduras, otras 15 sobrevivieron con marcas en sus cuerpos.

El hecho se originó por una protesta de las menores que señalaron malos tratos e incluso abusos sexuales por parte de los monitores

El Fondo Internacional de Emergencia de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) llamó a acabar con el internamiento de menores que sufren de violencia y abusos.

“Llamamos a las autoridades actuales, así como a las y los candidatos a los cargos de la presidencia, el Congreso y alcaldías, a acelerar la definición e implementación de medidas concretas para que la tragedia del Hogar Seguro no vuelva a ocurrir nunca más“, señaló Unicef en un comunicado.

“Esto implica acabar con la institucionalización de niñas, niños y adolescentes como respuesta general para aquellos que sufren violencia y abusos, y reemplazar esta medida por servicios y programas orientados al fortalecimiento y preservación familiar que no requieran separar al niño de su familia y comunidad“, agregó.

El 8 de marzo de 2017, un siniestro desatado tras una protesta en el estatal Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en la periferia este de la capital, causó la muerte de 41 menores y graves lesiones en otras 15. Las niñas y adolescentes protestaban por malos tratos recibidos y violaciones.

El percance desnudó la precariedad del sistema guatemalteco de protección a los menores bajo resguardo del Estado, y varias organizaciones sociales insisten que los esfuerzos del gobierno han sido insuficientes por lo que una catástrofe similar podría volver a ocurrir.

Tres altos funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia fueron destituidos entonces y enfrentan un juicio por el incendio. En febrero pasado, un juzgado ordenó el procesamiento de cinco trabajadores de diferentes dependencias por el mismo caso.

“Las y los candidatos a la Presidencia, el Congreso y las alcaldías tienen el deber y la gran oportunidad de presentarle al país soluciones concretas para desarrollar un sistema eficaz de protección de la infancia“, sostuvo Unicef.

En ese hogar llegan menores por orden judicial para recibir abrigo y protección estatal, por lo regular atiende hasta 14 de ellos.

Socorristas confirman que no hubo heridos, pero el fuego causó pérdidas por hasta Q150 mil y dañó el techo de una casa vecina.

Cinco menores fueron señalados de provocar el siniestro y fueron trasladados a un juzgado para que solventen su situación legal.

La Secretaría de Bienestar Social afirma que hasta las 19 horas del martes no se reportó ningún incidente, pero a las 23 horas los encargados del albergue alertaron del incendio y se activó el protocolo de atención.

El subsecretario Marwin Bautista, indicó que los menores tienen conductas irruptivas, vinculadas a su anterior condición de calle y abandono de sus padres a causa de la pobreza.

Por lo general, son menores que tienen antecedentes de adicción al solvente. “Han tenido vidas complicadas”, resumió Bautista.

Tragedia en Hogar seguro

El 7 de marzo de 2017 escaparon 60 adolescentes del Hogar Seguro, lo cual hizo necesaria la presencia de las fuerzas de seguridad y se originó una protesta en el centro.

Posteriormente, un grupo de adolescentes fueron encerradas en uno de los salones que eran utilizados para impartir clases.

Con base al testimonio de una adolescente que sobrevivió a la tragedia, una de sus compañeras prendió fuego a las colchonetas que eran las que utilizaban para dormir.  Cuarenta y un menores murieron.