Gustavo Alejos Cámbara, quien fungió como secretario privado de la Presidencia de Álvaro Colom, fue juzgado y condenado en un caso de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en un proceso en el que se declaró culpable y por el que ahora debe pagar una reparación digna, reportaron este viernes 16 de junio fuentes judiciales.

El Tribunal Undécimo ordenó a Gustavo Alejos pagar Q310 mil 900 de reparación digna por los daños cometidos al haber amañado ventas de medicinas al IGSS, en una trama de corrupción que se denominó Caso Negociantes de la Salud, en la que, incluso algunos productos fueron sometidos a modificaciones irregulares, según la investigación.

La audiencia de reparación digna por dicho caso se llevó a cabo este viernes 16 de junio, días después de que Alejos y otros cuatro implicados fueran condenados a penas de prisión conmutables.

Se informó que una vez Alejos cumpla con el pago de la reparación digna obtiene los beneficios de ley por haberse sometido a procedimiento de aceptación de cargos: reducción de pena y conmuta.

Alejos fue condenado el pasado 14 de junio a ocho años y ocho meses de prisión conmutables por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo.

Por el delito de asociación ilícita Alejos fue condenado a seis años de prisión, pero rebajada en una tercera parte quedó en cuatro años de prisión conmutables a razón de Q30 diarios. Mientras que por tráfico de influencias la condena es de dos años de cárcel, que rebajada quedó en un año y cuatro meses y siempre a razón de Q30 diarios.

Por el delito de cohecho activo la sentencia es de cinco años, pero por la rebaja en una tercera parte es de tres años y cuatro meses. Además, una multa de Q33 mil 333.33.

Alejos y los otros cuatro condenados amañaron la adjudicación de contratos por medicamentos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

La sentencia fue dictada mediante la figura de aceptación de cargos por parte de Alejos y los otros implicados.

En esa audiencia del 24 de mayo en el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal también aceptaron cargos los ahora sentenciados Alejandro Enrique Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt y Juan Pablo Muralles Morán, empresario del sector salud.

También José Rodolfo Barrientos Montepeque, representante de una empresa farmacéutica y César Estuardo Hernández Monroy, quien fungía como médico del IGSS.

Barrientos Montepeque fue hallado culpable de asociación ilícita y tráfico de influencias; mientras que Alejandro Enrique Toledo Paz es autor responsable de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho activo.

Juan Pablo Muralles Morán fue encontrado culpable de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencia. César Estuardo Hernández Monroy cometió los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo.

El Tribunal a Barrientos Montepeque por asociación ilícita lo condenó a seis años de prisión que rebajada en una tercera parte queda en cuatro años conmutables a razón de Q30 diarios. Por tráfico de influencia se le condenó a dos años en prisión y que rebajada corresponde a un año y cuatro meses conmutables también a razón de Q30 diarios.

Alejandro Enrique Toledo Paz por asociación ilícita fue condenado a seis años de prisión, que rebajada queda en cuatro años conmutables, también a razón de Q30 diarios. Mientras que por tráfico de influencias dos años de cárcel, pero rebajada es de un año y cuatro meses a razón de Q30 diarios.

Por cohecho activo la pena ya rebajada es de tres años y cuatro meses de prisión conmutables, siempre a razón de Q30 diarios. Además, debe pagar una multa de Q33 mil 333.33.

Juan Pablo Muralles Morán por el delito de asociación ilícita recibió condena de seis años de prisión, pero rebajada son cuatro años siempre a razón de Q30 diarios.  Por tráfico de influencia la condena rebajada en una tercera parte quedó en un año y cuatro meses, también a razón de Q30 diarios.

Mientras que por cohecho activo la pena rebajada es de tres años y cuatro meses conmutables a razón de Q30 diarios. También le impusieron multa de Q33 mil 333.33.

César Estuardo Hernández Monroy fue condenado por asociación ilícita a seis años de prisión, pero por la aceptación de cargos es de cuatro años conmutables a razón de Q30 diarios, por cohecho pasivo tres años con cuatro meses a razón de Q30 diarios. Multa de Q33 mil 333.

La condena accesoria para los cinco sentenciados es de inhabilitación especial para obtener cargos, empleos con el Estado y comisiones públicas por el periodo de cinco años.

El exsecretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos Cámbara, quien ha estado vinculado a cinco casos de corrupción en Guatemala, ya podrá movilizarse a cualquier parte del país, luego de una resolución de este miércoles 6 de octubre de la jueza e Mayor Riesgo “A”, Claudette Dominguez.

Alejos recobró su libertad en julio pasado, pero quedó bajo arresto domiciliario luego que la jueza Erika Aifán declarara la clausura provisional en el caso “Red de poder, corrupción y lavado de dinero”; sin embargo, con la nueva resolución en el caso “Financiamiento UNE” podrá desplazarse a cualquier parte del territorio nacional.

La resolución de la jueza Domínguez determina que Alejos deberá presentar un informe mensual sobre sus ubicaciones.

Alejos también está vinculado en los casos de corrupción “Red de Poder”, “Transurbano”, “Cooptación del Estado”, “Negociantes de la Salud” y “Comisiones Paralelas 2020”.

El exfuncionario recobró su libertad, pero la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (Feci) trata de incorporar al caso otros medios de prueba que fueron solicitados fuera del país.

También se informó que Alejos Cámbara logró la libertad debido a que en los otros procesos que se le siguen también había sido beneficiado con medida sustitutiva.

Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, quien fue secretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, fue incluido en la Lista Engel que el Departamento de Estado de EE. UU. publicó el jueves 1 de julio del 2021. Esa lista es uno de los instrumentos que Washington utiliza en su lucha contra la corrupción, principalmente en Guatemala, El Salvador y Honduras.

En el caso Financiamiento UNE la jueza de Mayor Riesgo "A", Claudette Dominguez, este miércoles resolvió permitir que Gustavo Alejos pueda movilizarse a cualquier todo el territorio nacional y debe presentar un informe mensual sobre sus ubicaciones.|

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) October 6, 2021

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) por mayoría resolvió mantener la inmunidad a la jueza del Tribunal de Mayor Riesgo “B”, María Eugenia Castellanos, y el Ministerio Público (MP) no podrá investigarla por el caso Comisiones Paralelas2020.

El miércoles 8 de septiembre, la jueza pesquisidora, Anabella Cardona, recomendó a la CSJ no retirarle el derecho de antejuicio a Castellanos, quien ha sido implicada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) en el referido caso.

El 16 de julio 2020, el MP presentó denuncias contra operadores de justicia que figuran como candidatos a ocupar magistraturas para la próxima administración del Organismo Judicial (OJ).

Todos ellos señalados por los cargos de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita.

Las sospechas del MP ubican a un grupo de jueces y magistrados en una serie de reuniones no oficiales con Gustavo Alejos, cuyo fin, según investigadores, sería pactar la lista de candidatos que en ese momento trabajaban las comisiones de postulación para las Cortes de Apelación y la CSJ.

El 5 de agosto 2021, el pleno de la CSJ resolvió que diez magistrados señalados por la Feci, en el caso Comisiones Paralelas 2020, continuarán con inmunidad, según una resolución.

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Según la acusación de la Feci, los señalados también habrían influido en elección de cortes de Apelaciones y CSJ.

Con esta resolución, el MP no podrá investigar a los magistrados por este caso.

La jueza pesquisidora, Anabella Cardona, ha recomendado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no retirarle el derecho de antejuicio a la jueza, María Eugenia Castellanos, quien ha sido implicada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) en el caso Comisiones Paralelas 2020.

El 16 de julio 2020, el Ministerio Público (MP) presentó denuncias contra operadores de justicia que figuran como candidatos a ocupar magistraturas para la próxima administración del Organismo Judicial (OJ).

Todos ellos señalados por los cargos de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita.

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Las sospechas del MP ubican a este grupo de jueces y magistrados en una serie de reuniones no oficiales con Gustavo Alejos, cuyo fin, según investigadores, sería pactar la lista de candidatos que en ese momento trabajaban las comisiones de postulación para las Cortes de Apelación y la CSJ.

Los jueces y magistrados denunciados gozan de inmunidad, por lo que cualquier sospecha tuvo que haberse presentado respetando las garanticas del funcionario.

Una primera fase de este caso llevó a prisión a Roberto López Villatoro, alias “El Rey del Tenis”, pero la manipulación para las cortes nacionales se extendieron a tal punto que una investigación mantiene detenidos a varios integrantes de las comisiones de postulación que integraron las nóminas, de las que se espera sean las próximas autoridades de la CSJ.

#AHORA | La jueza pesquisidora, Anabella Cardona, ha recomendado a la Corte Suprema de Justicia no retirarle el derecho de antejuicio a la jueza, María Eugenia Castellanos, quien ha sido implicada por la Feci en el caso #ComisionesParalelas2020. pic.twitter.com/1vRjtNAHhF

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) September 8, 2021

Gustavo Alejos, preso y procesado en cinco casos de corrupción, aportó información a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) como testigo en el caso Comisiones paralelas 2020.

El jefe de esa fiscalía, Juan Francisco Sandoval, confirmó la declaración de Alejos pese a que hubo alegatos formulados por la defensa del caso, los cuales no fueron avalados por Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D.

Según Sandoval, el testimonio de Alejos sirve para nutrir la investigación en tanto el caso se desarrolla en la etapa de primera declaración ante el juzgado.

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En este caso están implicados Mynor Moto, quien tiene orden de captura; Murphy Paiz, rector de la Universidad de San Carlos (Usac); Estuardo Gálvez, exrector de la Usac, así como abogados y exaspirantes a magistrados de Apelaciones.

Según la investigación de la Feci, los sindicados configuraron una estructura que influyeron en la lista final de aspirantes a magistrados judiciales para que una vez en el cargo pagaran mediante trueques, específicamente impunidad.

A pesar de dar testimonio en este caso, Alejos enfrenta cinco procesos penales de corrupción, Red de poder, corrupción y lavado; Negociantes de la salud, Cooptación del Estado, Financiamiento ilícito UNE y Transurbano.

El abogado de Gustavo Alejos informó este lunes 29 de marzo que su cliente tiene problemas de fibrosis, pero los síntomas han sido similares a los de covid-19.

Debido a la situación, pidió autorización para que a Alejos le practicaran la prueba en el Hospital General San Juan de Dios.

Comunicación Social del referido hospital informó que Alejos fue trasladado por orden de juez a través del Sistema Penitenciario (SP) hacia el Centro de Atención de Pacientes con Enfermedades Respiratorias Emergentes.

Añadió que el paciente fue atendido por el personal médico y paramédico. Según el expediente clínico, el paciente presentaba dolor de garganta asociado a cuadro febril, tos seca, malestar articular y diarrea.

Agregó que se le practicó una prueba de hisopado y los resultados fueron trasladados al juzgado respectivo.   El hospital confirmó que Alejos no ameritó ser ingresado.

Gustavo Alejos, quien es señalado en varios casos de corrupción, permanece en la cárcel de Mariscal Zavala.

Este lunes el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla tenía que comparecer en una audiencia por una recusación al juez Miguel Ángel Gálvez, pero no asistió.

Debido a la ausencia de Bonilla, su abogado expuso que fue por prevención por que su cliente no sabe si está contagiado debido a que tuvo interacción con otros reos de Mariscal Zavala.

El Ministerio Público (MP) informó que en el marco del caso Comisiones Paralelas 2020, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) ha solicitado el retiro de la inmunidad en contra del juez tercero de primera instancia penal, Mynor Mauricio Moto Morataya por los delitos de conspiración para la obstrucción de justicia y prevaricato.

Como antecedente recuerda que en febrero de 2020, la Feci presentó una investigación denominada “Comisiones Paralelas 2020”, en la que se expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (sindicado en varios casos de corrupción).

Según el MP, la finalidad de las reuniones fue manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República.

Esto originó la continuidad de la investigación, el otorgamiento por la Corte de Constitucionalidad (CC) de un amparo a la fiscal general Consuelo Porras, y el planteamiento de antejuicio contra 16 funcionarios judiciales involucrados en la pesquisa.

Fiscalía ha documentado

El ente investigador explica que en el marco del proceso de investigación se ha documento distintos eventos, entre estos, reuniones del hermano de quien fungió como comisionado postulador Dennis Billy Herrera Arita, Douglas Herrera, comisionado de postulación), con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (operador externo) y el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez (aspirante a magistratura de la Sala de Apelaciones, con antejuicio en trámite).

Señala que se demostró que Dennis Billy Herrera Arita, tenía comunicación telefónica y/o en redes de mensajería instantánea con Alejos Cámbara.

Apoyo a Moto

Además, el MP comprobó que Douglas Eduardo Herrera Arita participó en un evento reciente de apoyo al juez Mynor Moto en sus aspiraciones por convertirse en magistrado de la CC nominado por el Colegio de Abogados y Notarios.

Señala que “es de conocimiento que Mynor Moto pretende asumir arbitrariamente el control de la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020, a petición de Dennis Billy Herrera Arita”.

Añade que el juez Moto Morataya fue documentado unos días antes de su lanzamiento como candidato a magistrado de la CC (11 de diciembre de 2020), en reunión con el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez y con el abogado Juan Carlos Borrayo Carbajal, quien funge como abogado director de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara en el caso Negociantes de la Salud y que a su vez auxilió en gestiones al diputado Jorge Estuardo Vargas Morales en el caso Financiamiento ilícito UNE (este último también se reunió con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, en febrero de 2020), según el MP.

Acciones en contra de fiscales

El MP afirma que Dennis Billy Herrera Arita ha impulsado acciones contra los fiscales del caso Comisiones Paralelas 2020. También habría promovido, bajo el tamiz de una supuesta discrepancia, que el juez Moto asumiera el control de la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020 que tenía control jurisdiccional previo de una judicatura de mayor riesgo.

Señala que el juez Moto Morataya resolvió que asumió el control jurisdiccional de la investigación de Comisiones Paralelas 2020, a sabiendas que no puede asumir el control de una investigación del MP, por petición de un particular.

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Agrega que el juez Moto sabe que el MP no ha requerido el control de la investigación del referido caso ante la judicatura a su cargo y que el juez debe saber que, ante el desacuerdo con la competencia de un órgano jurisdiccional, el interesado debiera plantear la excepción de incompetencia, ante el juez de mérito.

Explica que el juez en mención sabe que la competencia de mayor riesgo la asigna la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, y que en apelación conoce la Corte Suprema de Justicia, y que no puede suplantar dicha competencia.

Además, el juzgador sabe que no puede avocarse, el conocimiento de asuntos que están pendientes en otro órgano jurisdiccional. Afirma que aun con todo esto, el juez Mynor Moto, ha emitido actos indicativos de la asunción arbitraria del control de la investigación del caso en que están involucrados, entre otros. sus allegados Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, Dennis Billy Herrera Arita y Geisler Smaille Pérez Domínguez.

Estos eventos, evidencian que un grupo de personas se concertaron, no solo con el objeto de defender sus propios intereses o de terceros en el proceso de postulación para magistraturas de altas cortes, sino al verse descubiertos, ellos mismos están utilizando a figuras, como la del juez Moto Morataya con el propósito de intimidar a los fiscales y juez a cargo de la investigación y obstaculizar la obtención de pruebas para el proceso.

El MP señala que de esa forma, la búsqueda de la impunidad, es impulsada por poderes ocultos, que tratan de distorsionar el sistema de justicia, para mantener la intrincada red de mecanismos de control de comisiones de postulación, y que los hechos en los que se materializan, al ser detectados, no sean sometidos al sistema de justicia.

Indica que este esquema de intento permanente de cooptación de la justicia impacta particularmente un sistema afectado por la corrupción y la falta de independencia judicial.

Juez Moto se pronuncia

Recordó que “supuestamente” presentaron retiro de inmunidad en su contra la semana pasada y que lamenta que el MP en algunas fiscalías precisamente tomen esa postura cuando alguien está en búsqueda de cargos de elección popular a gremial.

Añadió que confía en el sistema de justicia de Guatemala. Dijo que desconoce el preámbulo y “no tengo nada que ver con Comisiones Paralelas” y eso lo puede asegurar.

Agregó que espera tengan evidencia suficiente y “no sea como siempre lo han hecho”, a base de injerencias o intereses sin fundamento o indicios racionales.

Señaló que todos somos responsables ante la ley y tarde o temprano la ley le llega a cualquier persona que la retuerce o tergiversa.

Dijo que desconoce el objeto del antejuicio solicitado por la Feci este lunes 4 de enero  y espera que los fiscales sean responsables de lo que están haciendo.

#ComunicadoDePrensa
El Ministerio Público informa: pic.twitter.com/Hp3yfiLAaH

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 4, 2021

La Dirección General del Sistema Penitenciario (SP) le autorizó Gustavo Alejos, el uso de la oficina administrativa de la cárcel de Mariscal Zavala para recibir a sus visitas, según consta en un oficio emitido por esa dependencia y enviado al Ministerio Público y hecho público este viernes 20 de noviembre.

Según se detalló al MP, el “privilegio” para el uso de la oficina del alcaide se basó en una petición que hizo Alejos, además aseguran que ello no es un “beneficio”, sino que únicamente se le prestó la oficina de la alcaidía de Mariscal Zavala para reunirse con sus abogados.

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Alejos podrá utilizar esta oficina administrativa durante 1 año.

Gustavo Alejos guarda prisión y está procesado en cinco casos de corrupción,  Negociantes de la Salud, caso Cooptación del Estado, caso Transurbano -evento Prepago-, caso Financiamiento Ilícito UNE, caso Red de Poder, Corrupción y Lavado).

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El lunes 8 de junio el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo una designación pública contra Alejos en la que lo señala de haber cometido actos de corrupción en el gobierno de Álvaro Colom, y como consecuencia, lo declaró no elegible para ingresar al territorio estadounidense. La medida también aplica para su familia en primer grado.

“En su capacidad oficial como Jefe de Gabinete del ex Presidente de la República de Guatemala Álvaro Colom, Alejos estuvo involucrado en actos corruptos que socavaron el estado de derecho y la fe del público guatemalteco en las instituciones democráticas, los funcionarios y los procesos públicos de su gobierno”, señala Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, en un comunicado.

“Además del Sr. Alejos, el Departamento designa públicamente a su esposa, Beatriz Jansa Bianchi; su hijo, José Javier Alejos Jansa; su hijo, Gustavo Andrés Alejos Jansa; y su hija menor”, añade.

Pompeo afirma que “esta designación reafirma el compromiso de los Estados Unidos de combatir la corrupción en Guatemala”.

Alejos Cámbara permanece en prisión preventiva por el caso de financiamiento electoral no registrado del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y es investigado en el caso Comisiones Paralelas 2020, en el cual supuestamente manipuló el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones.

Former Guatemalan Presidential Chief of Staff Gustavo Adolfo Alejos Cambara's corrupt actions undermine the rule of law in Guatemala. As a result, I am publicly designating him as ineligible for entry into the U.S. We stand #UnitedAgainstCorruption with the people of Guatemala.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 8, 2020

Gustavo Alejos, señalado de influenciar en la elección de cortes judiciales, reprochó este 20 de febrero que tener carnes, cervezas y licores en el anexo del sanatorio privado Ciudad Nueva, zona 2, donde estaba internado por supuesta enfermedad, “no es pecado”, pero su argumento no sirvió y fue ligado a un proceso más.

Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, lo ligó por el delito de evasión y lo dejó en prisión preventiva.

La juzgadora aclaró que el permiso de prisión preventiva en el hospital es para la sede central y no para el anexo, que está enfrente.

Aifán recordó que hay contradicciones en las evaluaciones médicas que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) intentó hacer a Alejos porque cada vez que los médicos de esa institución se presentaron a evaluarlo no asistió.

La jueza recibió los informes médicos del Inacif y leyó la conclusión: “su condición clínica estable y no presenta signos clínicos que sugieran que está peligro su vida”.

Además, Aifán expuso que los análisis médicos del Inacif concluyeron que puede “recibir su tratamiento en un ambiente no hospitalario”.

Alega que no escapó

El exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom rechazó en la audiencia que el Ministerio Público (MP) utilizó fotos de aquellos productos durante la audiencia para señalarlo cuando el caso debe obedecer únicamente a la supuesta evasión del centro hospitalario.

Más adelante en la indagatoria, Alejos se refirió a las cervezas que fueron encontradas porque fueron un regalo del día del cariño.

Esa refrigeradora con bebidas gaseosas, carnes, embutidos y cervezas fue documentada por el MP cuando detuvo a Alejos el 18 de febrero en el anexo del sanatorio privado Ciudad Nueva, por supuesta evasión. Y fue precisamente allí que jueces, comisionados de postulación de cortes y aspirantes a magistrados lo visitaron entre el 12 y 16 de febrero.

Alejos dijo que en ningún momento tomó un vehículo para huir del hospital y que el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) lo detuvieron en ese mismo lugar, con lo cual, según él, no cuadra el delito.

Sobre las fotos en las que se le ve cruzando la calle entre el hospital y el anexo sin custodia del Sistema Penitenciario, Alejos dijo que eso obedeció a que iba a una clínica de control de peso, porque necesita bajar 20 libras, y que si fue fotografiado afuera de ese centro fue porque salió a despedirse de sus visitas.

Asimismo se quejó de la cárcel de Matamoros, donde guardaba prisión provisional y que calificó de inhumana, porque está junto a personas que han cometido “delitos muy graves” y mencionó a Eduardo Guayo Cano, condenado a 372 años por la muerte de policías en Salcajá en 2013, y personas sindicadas por la muerte del Marino. Dijo que pasa 24 horas encerrado, sin luz ni baño y hoy tuvo que bañarse con un garrafón de agua pura.

¿Y las visitas?

En rueda de prensa, Alejos dijo que no se referirá sobre las reuniones que tuvo entre el 12 y 16 de febrero en el anexo de Ciudad Nueva, donde supuestamente hubo manipuleo para definir listas de magistrados judiciales, porque la indagatoria de hoy no se refiere a esos hechos que le señalan.