El Congreso de la República integró este miércoles 8 de noviembre la comisión pesquisidora que conocerá el expediente por medio del cual se busca retirar la inmunidad al vicepresidente Guillermo Castillo, a quien se pretende investigar por un supuesto nombramiento ilegal de una funcionaria, acción que el vicemandatario calificó de “espuria” y de tener “fines políticos”.

Por medio de un comunicado, Castillo explicó que la denuncia interpuesta en su contra en junio de 2020, por un supuesto nombramiento ilegal de Ángela Figueroa como titular de la Secretaría de Bienes de Extinción de Dominio, carece de fundamentos; sin embargo, el expediente fue enviado al Congreso, donde este miércoles se integró la pesquisidora.

La comisión pesquisidora quedó integrada por la diputada Andrea Villagrán, de la bancada BIEN, como presidenta; Napoleón Rojas, de UCN, secretario; Rudy Pereira, de FCN, vocal; Julio César Longo, de FCN, vocal; y Rudy González, de Viva, vocal.

Esta comisión tiene en sus manos el destino los fueros de Castillo, pues sus integrantes deben analizar el proceso contra el vicemandatario y definir si debe perder su inmunidad para ser investigado en un proceso penal regular.

Se pronuncia

Castillo por su parte detalló que la Contraloría General de Cuentas analizó el nombramiento de Figueroa y no encontró anomalías.

Castillo concluyó que entregó sus pruebas de descargo al poder Legislativo y que espera que el proceso en su contra sea detenido por considerarlo de índole “político”.

Desde 2020, el vicepresidente Castillo tomó distancia del presidente, Alejandro Giammattei, y exhibió sus diferencias con él al solicitarle una renuncia conjunta por señalamientos de corrupción contra su Administración.

El próximo 14 de enero, Giammattei y Castillo entregarán sus cargos a Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, elegidos presidente y vicepresidente, respectivamente, en las elecciones celebradas este año para el periodo 2024-2028.

Con información de EFE

La Vicepresidencia de Guatemala publicó este 8 de noviembre un comunicado en el que señala que la denuncia que originó el proceso de retiro de inmunidad al vicemandatario de la República, Guillermo Castillo, es espuria, ilegítima y política.

En el comunicado de la Vicepresidencia, en el cual nunca aparece el nombre de Guillermo Castillo, se señala que el 10 de julio de 2020 se originó la denuncia penal contra el vicemandatario, pero sin ninguna prueba ni medio de convicción atendible.

En la denuncia se menciona que el funcionario “efectuó un nombramiento ilegal en la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), por cuanto la persona designada no llenaba los requisitos establecidos en la Ley”.

Señalan que la mencionada denuncia es espuria, ilegitima y política, por las razones siguientes.

• La Contraloría General de Cuentas en revisión efectuada al Ejercicio Fiscal 2020 de la Senabed, analizó el nombramiento en referencia, solicito informes, corrió audiencias y como resultado final no confirmó hallazgo alguno, lo que significa que ésta es una acción administrativa juzgada y de ninguna manera una acción penal, como pretenden calificarlo quienes han intervenido en el proceso de antejuicio. Con ello se dejaría sin materia la denuncia planteada.
• No obstante lo anterior, es oportuno señalar que tanto el denunciante como las autoridades que han sustanciado el expediente no advirtieron lo siguiente:

1. Que el nombramiento -temporal, se efectuó conforme a lo establecido en la Ley de Extinción de Dominio que señala: Por ausencia definitiva del Secretario General, se designará una persona para completar el periodo original de tres años. Ese nombramiento temporal tuvo lugar, debido a que en el mes de junio de 2020, el secretario general de Senabed, presentó su renuncia al cargo faltando dos meses del periodo para el que fue elegido en 2017.
2. Que la profesional nombrada sí llenaba las calidades y requisitos que exige el Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio -pruebas documentales obran en el expediente- y fue únicamente por dos meses para completar el periodo original del anterior secretario general.
3. Que previo al nombramiento en referencia, se inició en abril de 2020 el proceso público de concurso por oposición (convocatoria, integración de comisión revisora, entrevista de candidatos, etc.) que finalizo con el nombramiento de un nuevo secretario general para el periodo de 3 años, contados a partir del 7 de agosto del 2020, quien ocupó en definitiva ese cargo.

“Vale la pena resaltar que el 20 de julio de 2020, según Acta 07-2020, el vicepresidente de la República informó al Pleno del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed), sobre el nombramiento temporal, que por 2 meses se había realizado. No obstante ser esta una facultad vicepresidencial, no se recibió alguna objeción, recomendación u opinión en contrario. Asimismo, en esa sesión se informó a Conabed sobre el estado del concurso por oposición para la designación del nuevo secretario general para el periodo 2020-2023”, se lee en el comunicado.

El documento agrega que por esos motivos se concluye que el nombramiento se realizó con fundamento en normas vigentes y recayó en un profesional que cumplía los requisitos necesarios para optar a ese cargo.

Es por eso que esta situación ha sido calificada como un juicio político “que es a todas luces espurio e ilegitimo”.

El comunicado agrega que el expediente de retiro de inmunidad está en el Congreso de la República para que continúe su trámite.

La Vicepresidencia afirma que el Congreso ya tiene conocimiento de los hechos antes descritos, dadas las acciones ante ellos planteadas, las que deben ser resueltas antes de que se instale la comisión pesquisidora.

Conocerá el caso

El Congreso de la República conocerá en la plenaria de este miércoles 8 de noviembre dos solicitudes de retiro de derecho de antejuicio en contra de funcionarios del Organismo Ejecutivo. La primera denuncia es en contra de Guillermo Castillo, vicepresidente de Guatemala, y la segunda contra Javier Maldonado, ministro de Comunicaciones.

Mediante sorteo, usando una tómbola, la Junta Directiva deberá de seleccionar a los cinco integrantes de la Comisión Pesquisidora, en donde la única persona que queda fuera del sorteo es el presidente del Congreso, los otros 159 diputados son elegibles.

Rechaza denuncia

El vicepresidente de la República Guillermo Castillo aseguró el martes pasado que la solicitud de retiro de inmunidad en su contra es una situación política, pues la denuncia planteada que dio pie al proceso no se sostiene jurídicamente.

“Se refiere a un nombramiento que se hizo por dos meses en el año 2020 en consecuencia de que el secretario general de esa época renunció para irse a otra posición” refirió el vicemandatario.

Además, en su defensa explicó que el nombramiento del secretario general de la Senabed debe llevar un proceso de comisión de postulación según su ley orgánica en el artículo 15, pero debido a que se quedó sin vacante ese puesto por dos meses, la ley establece que por ausencia definitiva se puede nombrar a una persona solamente para terminar el período.

Castillo añadió que de ser citado al Congreso asistirá para informar y hacer los descargos respectivos.

Durante una reunión este jueves 26 de octubre en la que participó el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, y la vicepresidente electa, Karin Herrera, 17 organizaciones de comunidades indígenas pidieron la creación de un nuevo ministerio de pueblos indígenas.

El documento fue entregado a Castillo y a Herrera y será trasladado a Bernardo Arévalo, presidente electo, para que lo incluya en su plan de gobierno que comienza en enero de 2024.

El proyecto presentado se desglosa del plan de gobierno que planteó el partido Movimiento Semilla durante la campaña electoral y en cada punto se agregó la participación de los pueblos indígenas que representan más del 60% de la población en el país, informó Telma Suchí, de la Red de Organizaciones de Mujeres Indígenas.

Mientras que el vicepresidente Castillo indicó que durante su gestión no hubo ninguna propuesta para la creación de un nuevo ministerio y el planteamiento deberá ser analizado por el gobierno entrante.

Añadió que las organizaciones indígenas hicieron un planteamiento con 10 puntos para pedir que se apoye la educación, la salud, que se den nombramientos a población indígena y otros temas que son importantes que Herrera conozca.

Dijo que el planteamiento de las organizaciones es que se siga considerando la creación del ministerio para asuntos específicamente de pueblos indígenas.

Añadió que durante su gestión han sido escuchadas las necesidades de los pueblos indígenas, que son más de 6.5 millones de la población guatemalteca y al menos 3.5 millones son mujeres.

Amplió que cuando se habla de pobreza, de desnutrición y falta de acceso a oportunidades, “pues tiene rostro, tiene apellido y en estos casos son de mujeres, mayoritariamente mujer rural indígena, pues todo el sentido del mundo que se les siga dando la atención que ellos requieren”.

La vicepresidenta electa, Karin Herrera, aseguró que la creación del ministerio dependerá del presupuesto que apruebe el Congreso para los próximos años.

“Se va a promover el diálogo y producto de ese diálogo esperamos que se pueda tener como resultado lo que es posible realizar durante este tiempo con el presupuesto que sea aprobado con el Congreso. Del Congreso va a depender mucho lo que se pueda realizar en favor de las poblaciones desatendidas por décadas y años”, resaltó.

Agregó que los pueblos indígenas han estado desatendidos durante décadas y la propuesta que ahora hacen es válida.

Lea también: Bernardo Arévalo pide a PDH y a Mingob asegurar integridad de manifestantes y llama a sectores a buscar una solución

Destacó que los pueblos deben ser escuchados en las mesas de diálogo y analizar las propuestas.

Telma Suchí, de la Red de Organizaciones de Mujeres Indígenas, amplió que han revisado el plan de trabajo que el Movimiento Semilla presentó en la campaña electoral.

“Consideramos importante la implementación de un ministerio de pueblos indígenas, porque este sería un ente que estaría en el mismo nivel de los demás ministerios, lo que pretendemos es que para los pueblos indígenas realmente se tenga un presupuesto que responda a las necesidades”, expresó.

Esta propuesta se basa en los conocimientos en el ámbito comunitario y las necesidades de la población indígena.

Añadió que los pueblos seguirán en la lucha para que realmente se concretice la igualdad, pues no hay justicia social. Dijo que las manifestaciones son para expresarse contra la corrupción.

Tema de la transición de mando

En otro tema, el vicemandatario resaltó que siguen avanzando con el proceso de transición en la Vicepresidencia.

Dijo que lo que tiene que ocurrir el 14 de enero de 2023 es lo que manda la Constitución.

“El 14 de enero fue la voluntad popular que haya un nuevo binomio que está electo, que tome posesión y para eso es que se está dando el proceso de transición, así que mi deseo como ciudadano y funcionario es que en esa transición democrática y en esa alternabilidad de autoridades, el 14 de enero asuma don Bernardo Arévalo y Karin Herrera en los puestos para los que el pueblo los eligió”, indicó.

Agregó que las manifestaciones son parte de las exigencias y planteamientos populares. “Estoy convencido que el 14 de enero hay una transición y que ellos tomarán posesión, no esperaría otra cosa”, añadió.

Agregó que más que respaldar las manifestaciones, “lo que nos corresponde a nosotros es requerir que se de el cumplimiento a nuestro mandato constitucional y lo que se ha solicitado en manifestaciones; en algunos planteamientos es que se respete esa voluntad popular, entonces yo lo que creo es que la Constitución debe prevalecer y que se tome posesión el 14 de enero”.

Respecto de la solicitud de las organizaciones indígenas de pedir la renuncia de la fiscal Consuelo Porras, el funcionario dijo que “ha sido muy respetuoso, posiciones de la Vicepresidencia que forma parte de uno de los poderes del Estado, pues no deja de alterar los ánimos y de las situaciones que se estén dando. Yo lo que estoy haciendo con mi equipo de trabajo es cumplir con lo que la Constitución me manda y en eso seguiremos trabajando y soy muy respetuoso de la independencia de las distintas instituciones de Estado”.

Le preguntaron si hay una persecución contra el equipo de Arévalo y Herrera, respondió que no sabe y lo que más desea que ellos tomen posesión el 14 de enero.

Karin Herrera dijo que la transición se lleva a cabo en la parte técnica y se va avanzando; sin embargo, “no podemos obviar estos obstáculos que nos presentan estos actores, este pequeño grupo que se aferra al poder y que estamos viviendo una serie de ataques a través de net centers  que desinforman, comparten parcialmente la información con el fin de confundir a la población o dar difamaciones y mentiras, esto es otra parte de los obstáculos que estamos viviendo además de toda la parte legal y en el Organismo Judicial que nos roba tiempo para dedicarnos al cien por ciento en este avance en el proceso de transición”.

“Ahora que el 14 a las 14 horas del 2024 nos entreguen el poder, pues será que cumplan con la palabra ofrecida por el presidente Alejandro Giammattei”, indicó.

En el tema del diálogo con sectores, resaltó que van con paso firme de cara a lo que hay hacer para reconstruir el país y el desarrollo. Reconoce el liderazgo de las autoridades ancestrales y por el momento no ha socializado el resultado del diálogo.

El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) no le otorgó un amparo al vicepresidente Guillermo Castillo, quien buscaba dejar sin efecto una resolución de la Corte Suprema de Justica (CSJ) que, en julio del 2020, le dio trámite a una solicitud de retiro de antejuicio, informaron este miércoles 27 de septiembre fuentes judiciales.

Con la resolución de la CC, el fallo de la CSJ queda en firme y ahora le corresponde al Congreso de la República conocer el expediente del vicemandatario para hacer un análisis y determinar si debe o no retirarle la inmunidad que goza por su cargo.

Fuentes de la CC señalaron que “respecto del expediente 2519-2020, este Tribunal resolvió denegar el amparo solicitado por César Guillermo Castillo Reyes, en calidad de vicepresidente de la República de Guatemala, contra la Corte Suprema de Justicia y como consecuencia, revoca el amparo provisional oportunamente otorgado”.

Agregan que “lo anterior en virtud que del estudio de las constancias procesales, este Tribunal establece que la Corte Suprema de Justicia, al emitir el acto reclamado, no ocasionó vulneración alguna a los derechos del postulante, en tanto que al admitir para su trámite las diligencias de antejuicio, se limitó, conforme al correcto ejercicio de sus atribuciones, a establecer la existencia o no de motivaciones espurias, políticas o ilegítimas en el planteamiento de la denuncia presentada en su contra”.

La CSJ dio trámite el 31 de julio de 2020 a una solicitud de retiro de inmunidad contra Castillo, la cual fue promovida por el abogado Nimrod Estévez González.

En esa oportunidad Castillo dijo que la acción legal tenía que ver con el nombramiento que hizo de una abogada para que, de forma interina, ocupara la jefatura de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) por renuncia de su titular, Óscar Conde, para ocupar uno de los viceministerios de Gobernación a partir del 7 de agosto de 2020.

En esa fecha, el vicemandatario dijo a Prensa Libre que la solicitud de retiro de inmunidad era espuria y política, de lo cual da cuenta que, según información que poseía, hubo cuatro magistrados de la Suprema que votaron en contra.

Por lo anterior, el 2 de agosto de 2020, Castillo presentó una acción de amparo en contra de la resolución de la CSJ que dio trámite a la solicitud de retiro de antejuicio.

Trámite

El proceso de retiro de inmunidad está regulado por la Ley en Materia de Antejuicio.

El artículo 17 establece que el Congreso de la República debe conocer los antejuicios promovidos contra un dignatario o funcionario que, por razón del cargo goce de ese derecho, después de haberse inhibido un órgano judicial de continuar instruyendo proceso por tal razón y habiéndose recibido los autos para su conocimiento, como señala el artículo 16 de esta Ley, la Junta Directiva lo deberá hacer saber al pleno del Congreso que en próxima sesión ordinaria, que se celebrará no más de ocho días después de su recepción, iniciará el trámite.

El Congreso procederá de la manera siguiente:

• El pleno del Congreso será informado de todos los detalles del asunto.
• En esa misma sesión el pleno del Congreso integrará una comisión pesquisidora, formada por cinco miembros por sorteo que se realizará entre todos los diputados, salvo el presidente del Congreso.
• El primer diputado sorteado será el presidente de la comisión y el segundo actuará como secretario. Los restantes actuarán como vocales.
• Las decisiones de la comisión pesquisidora se adoptarán por mayoría de votos y ningún diputado puede excusarse o dejar de participar, salvo que el pleno acepte la excusa encontrando fundadas las razones argüidas. Si alguno de los miembros de la comisión pesquisidora se resistiere a actuar en ella esto constituirá falta grave y los demás miembros lo harán del conocimiento de la Junta Directiva del Congreso de la República para la sanción que corresponda.
• La comisión pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.
• Emitida la resolución que declara con lugar el antejuicio, deberá retornarse el expediente a la Corte Suprema de Justicia al fin que lo turne al tribunal del orden común que proceda.

El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon, encabeza la delegación internacional de ese organismo que este jueves 8 de diciembre se reunió con el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, para analizar la situación de la libertad de prensa en Guatemala.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales de la Vicepresidencia, la reunión fue “con el objetivo de abordar la situación sobre libertad de prensa en el país”.

Además, señala que “se trataron temas relacionados con el próximo proceso electoral, la situación de defensores de derechos humanos en el país, protección social a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad e independencia judicial y procesos que actualmente se siguen”.

Agrega que, además, “se compartió el trabajo que se realiza desde los Gabinetes Económico y Social y otros mecanismos de coordinación interinstitucional a cargo de la Vicepresidencia.

La SIP, con sede en Miami, Florida, EE.UU., anunció en un comunicado que la misión permanecerá en Guatemala los próximos jueves y viernes, en una iniciativa que sigue a un mandato de la institución aprobado durante su Asamblea General de octubre pasado.

Además, los representantes de la organización se reunirán con la fiscal general y jefe del Ministerio Público, Consuelo Porras, y el director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), Ramiro Alejandro Contreras Escobar.

La comitiva de la SIP, que incluye a Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la organización, y a Ricardo Trotti, director ejecutivo de la misma, asistió a la audiencia pública donde el periodista Jose Rubén Zamora, encarcelado desde julio pasado bajo la acusación de supuestos delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, fue enviado a juicio.

La agenda de la SIP incluye un encuentro con un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, representantes de medios, de grupos de defensa de los derechos humanos y diplomáticos, entre otros.

En su último informe sobre la libertad de prensa en Guatemala, la SIP había denunciado un “ambiente de animadversión contra la prensa”, además de aprobar una resolución en la que se subrayaba que “se está atacando en forma sistemática a los periodistas y medios que no se pliegan a los intereses del gobierno”.

La SIP se refirió a los casos de Zamora y Flora Silva, presidente y gerente financiera de elPeriódico, respectivamente, detenida como parte del proceso en su contra; Juan Luis Font, de “Con Criterio”, y Carlos Choc, de Prensa Comunitaria, víctimas, según la organización, de acoso judicial.

La lista de denuncias en Guatemala incluye ataques a la credibilidad del periodismo vía redes sociales, amenazas y riesgos para ejercer periodismo en provincias, intentos de aprobar leyes para limitar la libertad de expresión y prensa, además de limitación a las fuentes de información.

La organización señala respecto a la entrevista solicitada con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, que ésta fue denegada con el argumento de tratarse de un caso judicial y bajo investigación fuera de su competencia.

El vicepresidente del país, Guillermo Castillo, emitió un comunicado durante el mensaje de Alejandro Giammattei a la nación este viernes en el que expresa su inconformidad con las medidas adoptadas por el Ejecutivo, entre ellas el estado de Calamidad, porque no fueron analizadas a profundidad. 

En un mensaje a la población, el mandatario informó que, debido al alza de casos de coronavirus en el país, se decretaban nuevas restricciones en el país, entre ellas el estado de Calamidad. 

Sin embargo, Castillo explicó que fueron convocados este mismo viernes a sesión de Consejos de Ministros para requerir la aprobación de un estado de Calamidad, pero que votó en contra.

“Ha sido una preocupación de mi parte privilegiar la salud y la vida de los guatemaltecos. Mi voto fue en contra de dicha disposición”, expresa Castillo.

Agregó que las disposiciones decretadas hoy fueron conocidas mediante lectura “sin dar tiempo a que se realizara un análisis de las mimas y conocer sus implicaciones y efectos”.

“En consecuencia, no podemos avalar normativas que se desconocen a profundidad; prueba de ellos las diversas interrogantes que fueron expuestas durante la sesión”, agregó.

El vicepresidente explica en el texto que en otras ocasiones ha manifestado que “no es necesario decretar regulaciones como las establecidas en la Ley del Orden Público, para definir restricciones que pueden ser aprobadas a nivel presidencial o por el Ministerio de Salud”.

Dijo que las medidas como un estado de Calamidad conllevan a la limitación de una serie de garantías constitucionales, que incluso pueden ser “utilizadas en forma indebida para otros propósitos”.

Criticó que de marzo de 2020 a la fecha se han decretado estados de Prevención, de Sitio y de Calamidad “sin que ello advierta una mejoría en la contención de la pandemia o la adecuada y oportuna dotación de más hospitales, insumos, equipos y vacunación masiva para la población.

Castillo también hace referencia al cuestionamiento que se ha hecho de los mecanismos en que se adquirió la vacuna rusa Sputnik V, lo que califica como una “errática gestión del manejo de la pandemia”.

Enfatizó que la forma de mitigar los efectos de la pandemia “no es restringiendo garantías”, sino por medio del masivo proceso de vacunación a toda la población. Criticó que la mayoría de vacunas con que el país ha contado hasta hoy se haya obtenido gracias a donaciones.

Castillo finaliza la misiva diciendo que solicitó que el presidente ordene inmediatamente la cancelación de todas las compras y preparativos para conmemoración del Bicentenario en el país.

“Las condiciones económicas, sociales y sanitarias del país en este momento no privilegian que el Gobierno distraiga atención y recursos en la celebración del mismo”.

En una citación en el Congreso de la República, el viceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Hernández, afirmó que el presidente Alejandro Giammattei decidió no incluir al vicemandatario Guillermo Castillo en las actividades de la visita de Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, entre el 6 y 7 de junio.

El vicepresidente Guillermo Castillo, quien actualmente es presidente en funciones por un viaje de Alejandro Giammattei a España, se refirió este 19 de abril sobre el estado de Prevención y las nuevas restricciones ante el repunte de casos de coronavirus, de las cuales manifestó su oposición.

En un nuevo desencuentro con Giammattei, Castillo votó en contra del estado de Prevención el 16 de abril, mismo que ahora le corresponde hacer cumplir al ostentar la Presidencia de la República.

Consultado en rueda de prensa afuera del Ministerio Público (MP), Castillo reiteró que su oposición a las disposiciones porque la única solución a la pandemia es la vacunación -solo 1 mil 826 han sido vacunados y 155 mil 974 tienen una dosis-, pero actualmente las armas contra el virus son las medidas sanitarias.

Ligan a proceso a Joselin Alejandra Castro, sindicada de haber maltratado a su hija de 4 años en Amatitlán

Señaló que, si bien hay indicadores positivos de la economía, hay sectores que la están viendo “muy difícil” por medidas como las actuales, que reducen a 25% los aforos en restaurantes, centros comerciales, supermercados y mercados, entre otras.

Ante eso Castillo dijo que buscará, una vez regrese Giammattei a Guatemala el jueves 22 de abril, que se puedan tomar medidas “para revertir -las nuevas restricciones- porque hay sectores que piden que así sea”.

Siga leyendo | Hieren a presunto delincuente en intento de asalto contra diputado Aldo Dávila

Aun cuando actualmente preside el Ejecutivo, Castillo destacó que para él es “muy difícil” derogar el estado de Prevención porque los ministros votaron a favor y solo él en contra.

El vigobernante apuntó que para él “vida y salud es prioridad”, pero resaltó que se de encontrar un balance porque de lo contrario “vamos a seguir afectando a otros sectores económicos”.

Guillermo Castillo afirma que Consejo de Ministros fue citado el miércoles 10 de marzo para comenzar proceso de designación de los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).

El vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo Reyes, publicó este martes 9 de marzo un comunicado en sus redes sociales en el que informa que el Concejo de Ministros fue citado el miércoles 10 marzo a las 9 horas para participar en el proceso de designación de magistrados titular y suplente que representarán al Ejecutivo ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Lea también: CSJ elegirá esta semana magistrados titular y suplente de la CC

En el comunicado, el vicepresidente Castillo asegura que en la convocatoria se insta a los integrantes del Consejo de Ministros a proponer, a más tardar el miércoles 10 de marzo del 2021 a las 8:00 horas, a candidatos que reúnan requisitos para ocupar dichos cargos.

Añade que está convencido y confía que el Consejo de Ministros ha tomado con seriedad y responsabilidad este llamado y hará las mejores propuestas.

Lea además: Cang elige a Nester Vásquez y Claudia Paniagua para la CC

Pide transparentar proceso

En el documento, Castillo afirma que, con el propósito de transparentar, prestigiar y legitimar el proceso, propone al Consejo de Ministros adoptar un procedimiento objetivo y público, pues considera que no riñe con la Constitución Política y tiene como único fin asumir decisiones informadas y fundamentadas.

La propuesta de Castillo contiene cuatro peticiones al Consejo de Ministros.

• a). Que la sesión del Consejo de Ministros programada para mañana miércoles a las 9:00 horas, sea pública y se transmita por medios de comunicación del Gobierno, como sucede en la mayoría de los actos en los que participa el presidente.

Según Castillo, el artículo 30 de la Constitución Política establece: “Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”.

Lea también: Gloria Porras es elegida por la Usac y continuará como magistrada titular en la CC

El comunicado del vicemandatario añade que el artículo 4o. de la Ley del Organismo Ejecutivo establece: “Principios que rigen la función administrativa. El fin supremo del Estado es el bien común y las funciones del Organismo Ejecutivo han de ejercitarse en orden a su consecución y con arreglo a los principios de solidaridad, subsidiariedad, transparencia, probidad, eficacia, eficiencia, descentralización y participación ciudadana.”.

• b). Que se publique los nombres de los candidatos y quienes los han propuesto.

• c). Dar el plazo prudencial de una semana para que el Consejo de Ministros se tome el tiempo de conocer los perfiles de los candidatos y se les convoque a próxima sesión pública para entrevistarlos y escuchar sus planes de trabajo.

El documento agrega que el artículo 13 de la Constitución Política establece: “Derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.”.

Lea también: Rony López Contreras será magistrado suplente de la CC designado por la Usac

Añade que la sola presentación de la hoja de vida no es garantía suficiente para formar criterios sobre los candidatos. Es necesario contar con más información de sus credenciales y compromiso con el Estado de Derecho, por ello, es oportuno realizar las consultas pertinentes.

• d). Realizar la votación correspondiente. Este proceso público deberá desarrollarse al terminar las entrevistas respectivas.

Finalmente, el vicepresidente Castillo hace un llamado a los integrantes del Consejo de Ministros a solicitar y respaldar el procedimiento que él plantea para designar magistrados independientes que respondan únicamente al Estado de Derecho y a los mandatos constitucionales.

Lea también: Estados Unidos: “Elección es una oportunidad para mantener la integridad de la CC y proteger el estado de Derecho”

“Este es un compromiso con Dios, con nuestras familias, con la Patria y en especial con toda la ciudadanía que nos demanda la más alta conducta de transparencia basada en ética y principios”, finaliza el comunicado.

Presidencia responde

En relación a la propuesta del vicepresidente Castillo, la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Patricia Letona, informó que “no está contemplado ningún cambio en el proceso ya que podría provocar alteración de la norma constitucional. Se cumplirá con la designación según lo estable la ley”.

El vicepresidente Guillermo Castillo visitó Huehuetenango este 23 de febrero y se refirió al caso de pruebas falsas por Q7.3 millones el cual fue detectado inicialmente en ese departamento y demandó separar del cargo a los funcionarios implicados.

“Es un atentado contra la salud y contra la vida de las personas que adquisiciones de esa naturaleza se esté realizando”, señaló Castillo sobre la compra de 30 mil test de covid-17 que el Ministerio de Salud compró a la empresa Kron Científica e Industrial SA, de lo cual el fabricante, Atila Biosystems, asegura que no le vendió y que cree que las pruebas fueron falsificadas en Guatemala.

Fue justamente en Huehuetenango donde se activó la primera alerta sobe las anomalías en las pruebas, desde lo cual empezó la averiguación que terminó con una denuncia en la Fiscalía contra la Corrupción.

¿Cómo va el proceso compra de vacunas contra el covid-19 en Guatemala?

Castillo agregó que este caso “es un crimen de Estado” y que la justicia pueda dar información verídica que esclarezca los hechos.

Asimismo, y sin mencionar al presidente Alejandro Giammattei, con quien mantiene un distanciamiento, expuso que los funcionarios que estén implicados deben ser separados de los cargos, al tiempo que, en aras de la transparencia, las compras del ministerio deben tener un proceso de saneamiento.

Hasta ahora Salud no ha destituido personas, pero sí denunció a Ronaldo Estrada Rivera, exgerente financiero de Salud y actual viceministro del Deporte y la Recreación; Claudia Fuentes Estrada, jefa del Departamento Administrativo de Salud; Byron Echeverría Ochoa, supervisor de bodega y suministros, así como a Juan Pablo Arocha Urbina y Luis Alfredo Arocha Bermúdez, gerentes de Kron Científica e Industrial, SA.