La misión de funcionarios de Estados Unidos de la administración Joe Biden que arribarían a Guatemala este miércoles 24 de marzo pospuso su viaje debido a las condiciones que existen en el país derivado de la erupción del volcán Pacaya.

Juan González Román, asistente especial del presidente Biden y director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que sugería que la misión ya no llegaría a Guatemala.

González, quien encabezaba la misión del Gobierno de EE. UU., escribió: “Frustrado por Pacaya. Volveremos” y acompañó el mensaje de Twitter con una bandera de Guatemala.

Foiled by Pacaya. We will be back

— Juan S. Gonzalez (@Cartajuanero) March 24, 2021

En un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala se confirmó que la delegación del Director Principal del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González; el Enviado Especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga; y la Subsecretaria Adjunta

del Departamento de Estado, Martha Youth, no pudo volar hoy hacia Guatemala.

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La causa es la cancelación del vuelo de la delegación debido a la ceniza de la erupción volcánica en Guatemala.

El comunicado refiere que el viaje se pospone hasta nuevo aviso y que el trabajo de la administración Biden-Harris continuará enfocado en abordar las principales causas de la migración irregular.

Estado del viaje de la delegación estadounidense a Guatemala: https://t.co/rQz97F7rVq

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) March 24, 2021

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala confirmó que “la misión decidió posponer su llegada a Guatemala por las condiciónese que mantiene el Volcán de Pacaya”.

Agregó que por el momento no se tiene prevista una nueva fecha para la visita de los funcionarios de Estados Unidos, y que serán ellos los que verifiquen su agenda y reprogramen el viaje.

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Los funcionarios arribarían este 24 de marzo a Guatemala para participar en distintas reuniones con autoridades gubernamentales de Guatemala y sociedad organizada.

El viaje surge de la preocupación por la alta migración de los últimos meses que está a punto de convertirse en una crisis humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos.

Esta misión no ha ocultado su preocupación por las condiciones de vida en Guatemala y creen que la corrupción, junto con el crimen organizado, se ha convertido en el principal motor de la migración forzada hacia Estados Unidos.

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También coinciden en que el desarrollo de las economías depende de que exista un pleno respeto al estado de derecho y un sistema de justicia funcional.

En una conversación que tuvo González con periodistas de Guatemala el 23 de marzo, este destacó que es “importantísimo” que los países cuenten con sociedades civiles “robustas” y declaró que el apoyo de EE. UU. a estas “no es un tema ideológico”.

“Aquí no importa si es de izquierda, derecha o del centro. La sociedad civil demanda de los gobiernos transparencia, objetividad, respeto a los derechos humanos y un sistema judicial que responda a todos, eso es algo fundamental”, subrayó González.

González y Zúñiga recalcaron en la conversación la importancia de que los recién electos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que tomarán posesión de sus cargos el próximo mes, estén comprometidos con los intereses de la nación y no con los de “pequeños grupos de personas”.

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“Nos pueden criticar por tratar de involucrarnos en los temas internos, pero cuando el sistema judicial de Guatemala funciona los EE. UU. se beneficia porque eso quiere decir que los ciudadanos tienen acceso a la justicia y que la inseguridad está siendo combatida”, apuntó González.

Zúñiga dijo que es necesario que los países del Triángulo Norte sean más prósperos e indicó que “lo que es bueno para Centroamérica, es bueno para EE. UU.”. Señaló que si no cambian las condiciones en estas naciones no se detendrá la migración irregular.

“El combate a la corrupción será el eje central de la política de Biden hacia Centroamérica” ya que el crimen organizado y la corrupción son elementos fundamentales que han causado el deterioro de las condiciones de vida en los últimos años, expuso Zúñiga.

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Fuerza anticorrupción regional

Dentro de este esfuerzo por frenar la migración irregular hacia Estados Unidos, ese país plantea una fuerza de tarea regional anticorrupción en los países del Triángulo Norte de Centroamérica.

González mencionó que como parte del funcionamiento de dicha fuerza de tarea, EE. UU. cuenta con herramientas dentro de su sistema financiero, así como de sanciones individuales las cuales “buscaremos manejar en colaboración con el Gobierno de Guatemala” al momento que identifiquen a individuos que estén involucrados en corrupción.

“Nuestros recursos para que nuestros investigadores del departamento del tesoro están listos y dispuestos a sancionar individuos involucrados en actos corruptos”, añadió.

Sin embargo, González reconoció que las medidas que puede adoptar EE. UU. no son suficientes.

“Sabemos que es difícil, no se puede arreglar o fortalecer un sistema judicial a través de sanciones”, enfatizó. “Se tiene que trabajar con los gobiernos para fortalecer la capacidad doméstica” para que los sistemas de justicia sean transparentes y no protejan a quienes están involucrados en actos de corrupción.

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“Estamos interesados en que el Gobierno —de Guatemala— tenga éxito y que avance en apoyar y crear trabajos y oportunidades para los guatemaltecos”, dijo el funcionario.

Añadió que los pueblos de Centroamérica tienen derecho a gobiernos “libres de la influencia del crimen organizado u otra influencia nefasta” y EE. UU. “como socio y amigo de los pueblos estamos dispuestos a ayudar a ver maneras de sacar esas influencias de cualquier forma posible”.

Lucha contra corrupción es la prioridad

González añadió que el combate a la corrupción e impunidad es el eje de la política de EE. UU. hacia el Triángulo Norte, y en ese sentido aseveró que una de las razones por las que Biden estuvo de acuerdo en conformar esta fuerza de tarea es porque los gobiernos decidieron poner fin a la Maccih (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) y la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala).

“La falta de esas comisiones han dejado que el Ministerio Público y la sociedad civil —de estos dos países— no tengan herramientas suficientes para formar casos y combatir estos temas”, subrayó.

Zúñiga añadió que el enfoque de lucha contra la corrupción de Biden es precisamente porque esas dos misiones fueron removidas. “Entendemos que con todos sus defectos se han atribuido a esos organismos, vimos que no eran los actores internacionales, sino los fiscales e investigadores de los propios países los que llevaban investigaciones importantes”, remarcó.

No obstante, agregó que en estos países como en toda Latinoamérica hay fiscales comprometidos con la justicia, pero trabajan solos, por lo cual, parte de las funciones de la fuerza de tarea es apoyarlos en su trabajo; además, crear capacidades en el Ministerio Público que a veces no cuenta con lo necesario para avanzar en los casos.

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Mencionó, por ejemplo, las contribuciones ilícitas a las campañas electorales.

“Lo importante aquí, es el reconocimiento de que EE. UU. va a tener una relación preferencial con actores comprometidos con los esfuerzos contra la corrupción”, dijo González, quien mencionó que estos actores están no solo dentro de los gobiernos de la región, sino en la sociedad civil y el sector privado.

El subsecretario adjunto interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Hugo Rodríguez, dijo este jueves 4 de febrero que el presidente Joe Biden está comprometido a luchar contra las causas estructurales de la pobreza en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, pero estos deben tener una agenda anticorrupción comprometida.

“Los gobiernos de —la región— deben tener una agenda anticorrupción comprometida, con procesos transparentes e instituciones que respondan y sean activas, así van a tener a Estados Unidos de su lado”, dijo Rodríguez en un foro virtual de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en Latinoamérica y el Caribe (AACCLA).

“El Gobierno de Biden quiere fortalecer las instituciones, mejorar el estado de Derecho, la seguridad, disminuir la impunidad y la corrupción”, lo cual hará posible “llevar vidas dignas” para los ciudadanos de estos países, remarcó.

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Los invitados al foro coincidieron en que las sociedades más transparentes y menos corruptas mejoran el entorno de la economía, hace posible atraer más inversiones y en consecuencia, más empleos.

“Hay que extraer de raíz la corrupción en áreas claves como el presupuesto y las compras y las empresas deben exigir procesos de transparencia adecuados”. Hugo Rodríguez, alto funcionario de Washington para América Latina.

El subsecretario indicó que Estados Unidos está dispuesto a invertir hasta US$4 mil millones para atacar las causas estructurales de la migración en Centroamérica y reiteró que el enfoque será combatir la corrupción y aumentar la seguridad lo cual, considera, disminuirá la desesperanza que esto ha generado en las poblaciones de estos países.

Empresas

Durante la actividad, el funcionario del Departamento de Estado aprovechó para hacer un llamado al sector empresarial que “puede y debe ser un participante clave” en la recuperación económica, mediante soluciones innovadoras, aumento de la digitalización y la atracción de más inversiones que harán florecer las medianas y pequeñas empresas.

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Rodríguez saludó la intención de las cámaras empresariales de querer enfocarse este año en Centroamérica a la vez recordó que “la corrupción trae incertidumbre, ineficiencias y no permite hacer negocios a las empresas”.

Destacó que estos países tienen ventajas competitivas, como la democracia y la posibilidad promover el comercio con EE. UU. “pero hay muchos episodios de corrupción que mitigan estas ventajas”.

“En muchos casos la corrupción no se castiga y son como grandes incendios forestales que se expanden rápidamente”, por lo cual, la idea es crear un suelo fértil para atraer más inversiones.

“Hay que extraer de raíz la corrupción en áreas claves como el presupuesto y las compras y las empresas deben exigir procesos de transparencia adecuados”, remarcó Rodríguez.

El funcionario expuso que el gobierno de EE. UU. está en disposición de alentar al sector privado estadounidense para que invierta en estos países si “vemos que nuestros pares toman acciones concretas en pro del estado de Derecho”.

Aseveró que EE. UU. quiere que “nuestras empresas combatan las reglas de corrupción que se expanden en muchas” de estas, y que, en tal sentido, están llamadas a “ser el ejemplo de esos altos estándares —de transparencia— que los gobiernos también deben promover”.

El presidente estadounidense Joe Biden oficializó el 2 de febrero medidas adicionales para reformar el sistema migratorio de su país, “deshacer la vergüenza” heredada de Donald Trump y abrir un sendero hacia la legalización de 11 millones de indocumentados.

El plan contempla acciones en el gobierno federal y también con aliados regionales, gobiernos y organizaciones sin fines de lucro, entre los cuales menciona a Centroamérica, y el envío de una propuesta al Congreso que establece una vía para la obtención de la ciudadanía para los casi 11 millones de indocumentados.

Para la Casa Blanca, las acciones descritas a continuación servirán para “reconstruir y fortalecer nuestro sistema inmigratorio”, y que se basan en las primeras acciones adoptadas por Biden a favor de los “dreamers”, terminar la prohibición relativa a personas musulmanas y africanas, detener la construcción del muro y proteger a ciudadanos liberianos que viven y trabajan en ese país. Además, agrega, el envío al Capitolio de la ley sobre ciudadanía de Estados Unidos (United States Citizenship Act), “que procura modernizar nuestro sistema inmigratorio y gestionar de manera inteligente nuestras fronteras, a la vez que se abordan las causas fundamentales de la inmigración”.

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Creación del grupo especial de reunificación de familias

Este grupo trabajará en todas las áreas del gobierno estadounidense, con actores clave y representantes de las familias afectadas, como así también con socios en todo el hemisferio, para encontrar a padres e hijos que fueron separados por el gobierno de Trump. El grupo recomendará medidas orientadas a evitar que esas tragedias vuelvan a ocurrir.

Formular una estrategia para abordar la migración irregular en la frontera sur y crear un sistema de asilo compasivo

La nueva administración sostiene que las políticas de Trump en la frontera han provocado una situación de caos, crueldad y confusión que socavan la seguridad de las comunidades, penalizan a los solicitantes de asilo que huyen de contextos de violencia y desestabilizado la seguridad en el hemisferio occidental.

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Causas de la migración y enfoque a Centroamérica

Derivado del punto anterior, la administración trabajará sobre tres ejes “para lograr una migración segura, lícita y ordenada en la región”.

1. El Gobierno analizará las causas que subyacen a la migración a través de una estrategia para confrontar la inestabilidad, la violencia y la inseguridad económica que actualmente impulsan a los migrantes a irse de su país.
2. El Gobierno se propone colaborar con socios regionales, incluidos gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales y organizaciones sin fines de lucro para reforzar la capacidad de otros países de brindar protección y oportunidades a los solicitantes de asilo y a los migrantes en puntos más próximos a su lugar de origen.
3. El Gobierno se cerciorará de que los refugiados y solicitantes de asilo centroamericanos tengan acceso a vías legales hacia Estados Unidos. El Secretario de Seguridad Nacional también ha asumido la tarea de revisar el programa de Protocolos de Protección de Migrantes (PPM).

Biden cree que los inmigrantes son una parte esencial de quienes somos como nación y resultan críticos para las aspiraciones que albergamos con respecto al futuro. Hoja informativa de la Casa Blanca sobre las acciones presidenciales en migración.

“El presidente -Biden- está decidido a adoptar un enfoque que mantenga la seguridad, fortaleza y prosperidad de nuestro país, y que también sea acorde con nuestros valores”, dice la declaración. A través de esta Orden Ejecutiva, también se instruyen una serie de acciones para restablecer el sistema de asilo de EE.UU., entre otras cosas, al rescindir y ordenar que se revisen institucionalmente una variedad de proclamaciones, normas y documentos de orientación del gobierno de Trump que han significado, en la práctica, el cierre de la frontera de EE.UU. a los solicitantes de asilo” dice la hoja informativa de la Casa Blanca.

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La nueva administración reflexiona que “restablecer la fe en nuestro sistema de inmigración legal y promover la integración de los nuevos estadounidenses” y critica que Trump promulgó “cientos de políticas que contravienen nuestra historia y socavan el espíritu estadounidense como tierra de oportunidades, que está abierta y recibe con beneplácito a todas las personas que vienen aquí en busca de protección y oportunidades”.

No obstante, la orden ejecutiva asigna un rol más preponderante a la Casa Blanca en la coordinación de la estrategia del gobierno federal para promover la integración e inclusión de los inmigrantes, que comprende el restablecimiento de un Grupo Especial sobre Nuevos Estadounidenses, y medidas orientadas a que el sistema para la inmigración legal funcione de manera justa y eficiente.

Para el cumplimiento de esa orden ejecutiva se exigirá que los organismos “realicen un análisis descendiente de las reglamentaciones, políticas y orientaciones recientes que han interpuesto obstáculos a nuestro sistema de inmigración legal”. Por otra parte, deja sin efecto el memorándum de Trump que exigió que los patrocinantes familiares devuelvan los fondos al gobierno si sus familiares reciben beneficios públicos, ordena a los organismos que revisen la norma sobre carga pública y otras políticas conexas, y optimiza el proceso de naturalización.