La Corte de Constitucionalidad (CC) admitió para su trámite las solicitudes de amparo que fueron promovidas por la diputada Sandra Érica Jovel Polanco y Fundación Contra el Terrorismo y le otorgó 48 horas al Congreso de la República para que le remita informes del proceso de elección de la junta directiva del Congreso el pasado 14 de enero, en donde ganó la planilla encabezada por Samuel Pérez, del Movimiento Semilla.

Según señaló la CC, esto es parte del trámite normal de las solicitudes de amparo, razón por la cual se ha fijado el plazo de 48 horas para que se remitan los informes correspondientes.

La diputada Sandra Jovel, del partido Valor, encabezaba la planilla 1 que se presentó en el Congreso ese 14 de enero, pero perdió frente a la 2 que encabezaba Samuel Pérez, de Semilla.

El amparo promovido por Jovel, que fue presentado en la CC el 15 de enero, busca que la elección de la junta directiva del Congreso de la República se repita.

Según Jovel, la planilla que ganó está integrada por varios diputados independientes que tienen prohibición legal para optar a dichos cargos por no tener bloque legislativo.

Entre estos diputados está Pérez, como presidente y Andrea Villagrán, como primera secretaria, ambos de Movimiento Semilla.

Pérez Álvarez fue elegido como presidente para el período 2024-2025, tras lograr acuerdos con distintas bancadas y sumar más de los 90 votos necesarios.

El 15 de enero la Fundación contra el Terrorismo, encabezada por Ricardo Méndez Ruiz, también interpuso un amparo para que la CC ordene la anulación de la elección, que califica de ilegal, de la junta directiva del Congreso, presidida por Pérez.

Señalaban que los diputados eleigieron la junta directiva a sabiendas de la resolución de la CC que le negó un amparo a Semilla y que aún así los diputados aliados de ese partido forzaron su elección,  y con eso cometierion graves delitos.

Suspendido

El pasado 12 de enero, la Comisión Permanente del Congreso declaró independientes a los diputados del Movimiento Semilla, en cumplimiento a una orden judicial emitida por el juez penal Fredy Orellana.

Con esa decisión de la Comisión Permanente también se bloqueaban todas las posibilidades de que integrantes del bloque Movimiento Semilla integraran la Junta Directiva del Congreso e integren comisiones legislativas.

El 8 de enero, el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, envió un nuevo oficio al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el que pedía que de manera “inmediata” se le diera cumplimiento a la resolución en la que se suspende la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla.

El 14 de enero, cuando la nueva legislatura estaba eligiendo su junta directiva, Jovel, del Partido Valor, y otros diputados presentaron su planilla, pero solo obtuvieron 75 votos.

Esa planilla estaba asociada con Valor, de la excandidata Zury Ríós, en alianza con el partido Vamos, de Alejandro Giammmattei.

Una alianza de otras bancadas presentó la planilla de Pérez y esta ganó con 92 votos y por eso asumió como presidente del Congreso.

En esa sesión los diputados también revocaron la declaratoria que hizo la Comisión Permanente de que los diputados de Semilla eran independientes y por eso volvieron a ser bloque legislativo.

La medida fue presentada por la diputada Andrea Villagrán y se aprobó con 93 votos a favor y 66 en contra.

Carlos Geovanni Ruano Pineda, juez del Tribunal Noveno de Sentencia confirmó este 14 de septiembre que presentó su renuncia al cargo y que esperaba que el pasado miércoles fuera aceptada por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero no ha sido notificado.

Ruano, quien enfrenta un proceso de retiro de inmunidad, informó que presentó su renuncia al cargo el pasado 6 de septiembre, pero no ha sido notificado sobre si fue aceptada o no.

El juez Ruano enfrenta un proceso de retiro del derecho de antejuicio que presentó la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) con el argumento de que incurrió en usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y simulación de delito, al haber denunciado a la magistrada de la CSJ Blanca Stalling.

El pleno de magistrados de la CSJ le dio trámite el 8 de febrero de 2023 al retiro de inmunidad del juez Ruano, quien denunció a la magistrada de esa Corte, Blanca Stalling, por supuestamente interceder para que su hijo no fuera vinculado a un caso de corrupción.

La mencionada denuncia causó que Stalling perdiera su inmunidad y ordenaran su captura, por lo que permaneció prófuga durante un tiempo, hasta que fue ubicada disfrazada con una peluca roja y anteojos en una abarrotería de la zona 9 capitalina el 8 de febrero de 2017.

El 4 de agosto, el juez Ruano presentó pruebas de descargo ante el juez pesquisidor Jorge Valladares, quien tendría que elaborar un informe en el que sugiere a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) si se viable o no retirar el derecho de antejuicio.

Ruano dijo ante el pesquisidor que la denuncia que interpuso la FCT era una “venganza política”.

Esa Fundación argumenta que la denuncia que presentó el juez fue espuria porque “la magistrada Stalling habló con un juez que no tenía el caso de su hijo, además habló en su calidad de madre, no de funcionaria, no pidió ninguna medida sustitutiva sino un proceso objetivo”.

Stalling estaba vinculada al caso Tráfico de Influencias, por supuestamente aprovecharse de su posición para presionar al juez del Tribunal Noveno de Sentencia, Carlos Ruano, que conocía el caso en el que está involucrado su hijo, Otto Molina Stalling, acusado de asociación ilícita y cobro de comisiones en el Seguro Social.

Juez premiado por Estados Unidos

El 8 de diciembre de 2022 Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, publicó en su cuenta de Twitter los nombres de las personas que fueron premiadas por su lucha contra la corrupción y entre ellos está el juez Ruano Pineda.

“Trabajando juntos, evitaremos que los actores corruptos operen con impunidad. @StateDept reafirma nuestro compromiso con todos aquellos que trabajan para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en todo el mundo. Felicitaciones a nuestros campeones anticorrupción 2021”, destacó Blinken en esa oportunidad.

“¡Felicitaciones a Carlos Giovanni Ruano Pineda de Guatemala, uno de los Campeones Anticorrupción 2021 de @StateDept!”, resaltó en Twitter la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.

Destacó que Ruano Pineda se ha desempeñado en el sector de la justicia guatemalteca durante más de 13 años y ha sido un firme defensor de la independencia judicial y las normas democráticas.

Congratulations to Carlos Giovanni Ruano Pineda of Guatemala, one of @StateDept’s 2021 Anticorruption Champions! pic.twitter.com/kn6rcT43mt

— US Dept of State INL (@StateINL) December 8, 2021

El Ministerio Público (MP) informó este martes 14 de marzo que a solicitud de la Fiscalía de Asuntos Internos, el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, declaró la rebeldía contra Rootman Estivens Pérez Alvarado y Mayra Yojana Véliz López.

Pérez Alvarado es sindicado por la posible comisión de los delitos de usurpación de funciones y tráfico de influencias.

Mayra Yojana Véliz López, sindicada por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Según el MP, la rebeldía fue declarada debido a que hasta el momento no se han podido hacer efectivas las órdenes de aprehensión ordenadas por ese juzgado.

Las órdenes de captura fueron giradas el pasado 13 de marzo debido a una investigación relacionada a la posible manipulación de un expediente mientras Rootman Estivens Alvarado fungió como secretario de Política Criminal y Mayra Véliz como secretaria general del MP.

En abril de 2017, el Juzgado Décimo Penal ordenó a la entonces fiscal general, Thelma Aldana, nombrar un fiscal especial para que realizara una investigación en contra de Mayra Véliz y Roottman Pérez, derivado de una denuncia presentada por la Fundación contra el Terrorismo.

En esa ocasión, Véliz y Alvarado fueron denunciados por supuestamente haber ordenado a una exfiscal y a otra persona que presentaran la acusación del caso Cambray 2 y que se pidiera juicio para el entonces alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes, y el ex jefe edil Antonio Coro.

El Ministerio Público (MP) informó que este lunes 13 de marzo  a solicitud de la Fiscalía de Asuntos Internos, el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, giró orden de aprehensión en contra de Rootman Estivens Pérez Alvarado, por la posible comisión de usurpación de funciones y tráfico de influencias.

También en contra de Mayra Yojana Véliz López por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Además, este lunes investigadores efectuaron tres diligencias de allanamiento en las que secuestraron indicios útiles en la investigación y hechos que se les atribuyen.

El ente investigador amplió que las diligencias fueron por una investigación relacionada a la posible manipulación de un expediente mientras Rootman Estivens Alvarado fungió como secretario de Política Criminal y Mayra Véliz como secretaria general del MP.

Añadió derivado de la fase en la que se encuentra la investigación, habrá que esperar el avance el proceso para conocer mayor información.

En abril de 2017, el Juzgado Décimo Penal ordenó a la entonces  fiscal general, Thelma Aldana, nombrar un fiscal especial para emprender una investigación en contra de Mayra Véliz, secretaria general, y Rottman Pérez, secretario de Política Criminal, derivado de una denuncia presentada por la Fundación contra el Terrorismo.

En esa ocasión, Véliz y Alvarado fueron denunciados por supuestamente haber ordenado a una exfiscal y a otra persona que presentaran la acusación del caso Cambray 2 y que se pidiera juicio para el entonces alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes, y el ex jefe edil Antonio Coro.

https://twitter.com/MPguatemala/status/1635421065227935744?s=20

La ruta penal es la que ha tomado la Fundación contra el Terrorismo (FCT) para denunciar aparentes irregularidades en la eventual participación de algunos candidatos a cargos de elección popular en las elecciones generales 2023 en Guatemala.

El martes 17 de enero, la FCT interpuso una acción de amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que advierte al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que la participación en las elecciones generales de Jordán Rodas con el partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) sería ilegal debido a que “hay un hecho notorio” por supuestos “malos manejos en el presupuesto” de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Las denuncias

Rodas en asamblea nacional del MLP fue proclamado como vicepresidenciable y acompañará a Thelma Cabrera, quien fue confirmada como candidata presidenciable de esa organización política.

Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, explicó: “El señor Jordán Rodas no puede gozar de finiquito y no puede recibir la solvencia para optar a un cargo de elección popular. Esto porque es evidente que Rodas habría manejado de forma opaca los fondos de la  PDH mientras estuvo al frente de esa institución”.

Los asesores legales de Rodas explicaron que en la Contraloría General de Cuentas (CGC) hubo reparos durante la auditorías que se le practicaron a la PDH durante se gestión, pero se resolvieron.

En cuanto a nuevas denuncias, el equipo legal ha conocido que recién se presentaron dos denuncias penales y no han sido notificados aún.

La FCT también presentó acción de amparo en la CSJ en contra de Romeo Guerra quien fue proclamado como vicepresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza en asamblea y que también se presentó a Sandra Torres como la presidenciable.

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Según Méndez Ruiz “habría fraude de Ley si participa Romeo” y justifica que él renunció a su cargo de pastor evangélico para poder participar en las elecciones generales.

“Es lo mismo que hizo Sandra Torres cuando se divorció de Álvaro Colom para poder participar en las elecciones, es lo mismo, es un fraude de Ley”, criticó Méndez Ruiz.

Romeo ha sido de la Misión Cristiana Sion y la legislación electoral prohíbe la participación a los líderes religiosos, según la referida Fundación.

Se consultó a la UNE para conocer su postura sobre la acción de amparo impuesta, pero se está a la espera de respuesta.

Posible campaña anticipada

La carrera electoral inició ya con sospechas de propaganda anticipada. El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene investigaciones abiertas en contra de cinco personas. En ese grupo, figuran cuatro precandidatos presidenciales que podrían quedar fuera de la contienda si el TSE los sanciona.

Tres de esas investigaciones por posible campaña anticipada están en manos del Registro de Ciudadanos. Esta entidad podría sancionar a los señalados al impedir sus inscripciones como candidatos a puestos públicos en las elecciones generales 2023 en Guatemala.

Los investigados son Roberto Arzú, precandidato presidencial de Podemos; Edmond Mulet, precandidato presidencial de Cabal; y Oliver Omar Rodas Montenegro, quien hasta ahora no figura en ningún partido.

Los otros tres expedientes están en la mesa de los magistrados del Tribunal, quienes los recibieron luego de que los señalados apelaran las resoluciones del registro de ciudadanos.

Estas pesquisas van en contra de Arzú; Thelma Cabrera, precandidata presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el MLP; y Neto Bran, actual alcalde de Mixco que busca la reelección con el partido Popular Guatemalteco.

Según el calendario oficializado por el TSE, los candidatos inscritos podrán realizar propaganda política solo a partir del 27 de marzo y hasta el 23 de junio.

Sergio Jiménez, secretario del Registro de Ciudadanos del TSE, afirmó que el criterio que seguirán para definir si un candidato incurre en campaña anticipada es el llamado al voto.

La relatora especial de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, instó a las autoridades guatemaltecas a tomar medidas para garantizar la seguridad de la exfiscal Virginia Laparra y el exjuez Miguel Ángel Gálvez, además de proteger la independencia de jueces y fiscales del país.

Según Satterthwaite, las acciones penales promovidas en contra del exjuez y la exfiscal “son un ataque al estado de derecho” y las calificó como represalia hacia ambos por su trabajo anticorrupción.

La experta de la ONU hizo referencia al caso en el que Gálvez dictaminó que nueve militares y policías en condición de retiro sean juzgado por delitos de lesa humanidad en el caso conocido como Diario Militar.

Debido a esa resolución, Satterthwaite reconoció que como resultado, el juez Gálvez había sido objeto de amenazas, vigilancia y hostigamiento, lo que motivaron su renuncia al cargo y su salida al exilio.

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“Se está abusando del derecho penal para atacar a los servidores públicos y operadores de justicia, quienes protegen y garantizan los derechos humanos, quienes están fortaleciendo el estado de derecho y dando grandes pasos en la lucha contra la impunidad en el país”, enfatizó Satterthwaite.

La relatora dijo que los fiscales “no deben ser criminalizados por cumplir con sus funciones en la lucha contra la corrupción”.

Relatora pide garantías

“Estoy extremadamente preocupada por estos casos en particular y por una serie de acciones recientes destinadas a debilitar el estado de derecho y la independencia judicial en Guatemala”, dijo Satterthwaite.

Sobre el caso de Laparra, exfiscal anticorrupción, las Naciones Unidas hizo mención de los dos procesos seguidos “que se han caracterizado por violaciones al debido proceso, incluyendo dilaciones indebidas y uso excesivo de la prisión preventiva”, dijo la experta.

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Satterthwaite instó a las autoridades a garantizar la protección e independencia de los operadores de justicia para que “no sufran ataques”.

El titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, informó este sábado 5 de noviembre que se encuentra fuera del país; aunque, el viernes 4, había indicado que permanecía en Guatemala, mientras autoridades de Migración informaron sobre su salida.

Gálvez, quien goza de un periodo de vacaciones desde el 2 de noviembre, no detalló los motivos de su salida ni el lugar donde se encuentra.

El viernes último, se tenía programada una audiencia en la que presentaría pruebas de descargo por el antejuicio promovido en su contra por la Fundación contra el Terrorismo, pero fue su abogado, Herbert Pérez, quien entregó la información ante la Sala Segunda de Apelaciones.

El proceso contra Gálvez es promovido por la referida fundación que lo señala de “haber abusado de la prisión provisional” durante su labor de juez en el caso Diario Militar, en el que el Ministerio Público señala a exmandos del Ejército de haber cometido asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales entre 1982 y 1986.

Gálvez y su defensor indicaron que se esperaba que la referida audiencia fuera pública para garantizar la transparencia del proceso; sin embargo, señalaron que se dictó una resolución que aduce que “la ley no reconoce la publicidad y que este tipo de procedimiento no lo permite”.

El juez pesquisidor del proceso de antejuicio contra Gálvez es Roaldo Chávez.

“Eso me llama la atención porque se evidencian las violaciones constantes al proceso de antejuicio, en ese sentido consideré prudente comparecer por escrito y que él (juez pesquisidor) tome la decisión”, aseguró Gálvez en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Para que la opinión pública evalúe la tramitación de mi proceso pic.twitter.com/tuSKBMLc8p

— Miguel Ángel Gálvez Aguilar (@Miguelgalvezag) November 4, 2022

El Instituto Guatemalteco de Migración informó que la salida de Gálvez se registró a las 6 horas del viernes último; mientras, su abogado defensor, Herbert Pérez, indicó que su representado “puede viajar a donde quiera como cualquier ciudadano” y que goza de un periodo vacacional.

La salida de Gálvez al extranjero toma relevancia debido a que ha denunciado ser víctima de persecución por sus fallos judiciales.

Al ser consultado sobre si en algún momento se exiliaría, indicó que debía analizarlo.

El juez Miguel Ángel Gálvez no se presentó este viernes 4 de noviembre a la audiencia en la que presentaría las pruebas de descargo en el proceso de antejuicio en su contra y en sus redes sociales justificó que se debió a que, a su criterio, se viola el debido proceso.

El abogado del juez Gálvez, Herbert Pérez, si se presentó a la audiencia y entregó las pruebas por escrito. Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, enfrenta un proceso para ser despojado de su inmunidad por señalamientos del Ministerio Público (MP), por una denuncia que promueve la Fundación contra el Terrorismo.

A su vez, Gálvez señaló en un video que publicó en su cuenta de Twitter, que no compareció a la audiencia porque esperaba que esta fuera pública para garantizar la transparencia del proceso. No obstante, indicó que “se dictó una resolución en la que se aduce que la ley no reconoce la publicidad y que este tipo de procedimiento no lo permite”.

“Eso me llama la atención porque se evidencian las violaciones constantes al proceso de antejuicio, en ese sentido consideré prudente comparecer por escrito y que él (juez pesquisidor) tome la decisión”, dijo Gálvez. Además, señaló que en la denuncia en su contra se hacía referencia a cinco procesos penales, pero tres procesos no le corresponden.

Postura del juez Gálvez

El juez de mayor riesgo agregó que le dará seguimiento al proceso que, desde su punto de vista, “está atentando en contra de uno de los principios fundamentales que corresponde a la independencia judicial, especialmente al debido proceso”.

Su abogado defensor explicó este viernes que Gálvez presentó sus argumentaciones de descargo por escrito, pero el juez resolvió suspender la audiencia por ese motivo, pese a que existía esa facultad.

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Ante la ausencia de Gálvez a esta audiencia, Pérez explicó que ya se tenía conocimiento de que el juez pesquisidor del caso, Roaldo Chávez, resolvió que la audiencia no sería pública. El defensor dispuso entonces presentarse individualmente a la Sala Segunda de Apelación y presentó los razonamientos por escritos resguardados en una memoria USB, porque eran muy extensas.

Supuesta salida del país

A las 15:50 horas del viernes 4 de noviembre, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) aseguró que Gálvez abandonó el país. “Se registró la salida del Sr. Miguel Ángel Gálvez de territorio guatemalteco a las 6 horas de este día”, comunicó por mensaje Stuard Rodríguez, ante la consulta de periodistas.

Sin embargo, el juez descartó su salida del país, tal como indicó el IGM. En consulta que Prensa Libre hizo al juez sobre su supuesta salida, Gálvez indicó que se encontraba en Guatemala. “No, yo estoy en Guatemala (…) la posibilidad esa está cerrada y por otro lado, estoy de vacaciones”.

Argumentos

“El juez pesquisidor debió de haber escuchado al querellante y al funcionario afectado, en este caso al juez Miguel Ángel Gálvez”, dijo Pérez al asegurar que la obligación legal es que se realicen todas las diligencias pertinentes, ante la suspensión de la audiencia.

Pérez sostuvo que “no existe veracidad” de los hechos de la querella contra Gálvez y explicó que, como parte del proceso el pesquisidor deberá emitir su informe para que se remita a la Corte Suprema de Justicia. El plazo, establecido en ley, es de 60 días para que pesquisidor pueda disponer del expediente.

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Gobierno reacciona

En torno al caso, el congresista demócrata, Albio Sires, representante de New Jersey, se pronunció y expresó su preocupación por el proceso judicial que Gálvez enfrenta, al hacer un señalamiento contra el Gobierno.

“Los esfuerzos del juez Gálvez de hacer responsable a los funcionarios por sus delitos, su corrupción y sus abusos lo han convertido en un blanco del gobierno guatemalteco y las organizaciones extremistas en el país”, indicó Sire en Twitter.

https://twitter.com/RepSires/status/1588573757664526336

Por su parte el Gobierno rechazó el señalamiento del congresista estadounidense.

“El Gobierno rechaza categóricamente los comentarios vertidos por el congresista Albio Sires sobre una supuesta persecución contra operadores de justicia, lo cual carece de todo fundamento”, se indicó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

es respetuoso del Estado de Derecho y la independencia judicial. En la Constitución prevalece la separación de poderes, lo cual implica la inadmisibilidad de su atribución a otras autoridades públicas, ya sea el Organismo Legislativo o Ejecutivo.

— MINEX Guatemala (@MinexGt) November 5, 2022

Organizaciones anticorrupción expresaron su respaldo a Gálvez y solicitaron que se cumpla con las medidas de protección que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a favor del juez. A través de un comunicado, solicitaron que cese lo que califican como una persecución en contra del juzgador.

Organizaciones internacionales exhortamos al Estado de #Guatemala cumplir con las órdenes de la @CorteIDH y cesar la persecución contra el Juez Miguel Angel Gálvez. @lanegrisgt @hsanchezgt @jlsanz @JLobo2011 @jczamora @JLFont001 @concriteriogt @crfger @EmisorasUnidas pic.twitter.com/UOkgPhz3Jw

— Dr. Jo-Marie Burt (@jomaburt) November 4, 2022

Mediante una teleconferencia este lunes 19 de septiembre, el juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, y la Fundación contra el Terrorismo expusieron alegatos ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por un amparo que interpuso el juzgador, con el que busca anular el trámite que buscar retirarle del derecho de antejuicio y ser investigado por supuesto uso indebido de la prisión provisional.

En la audiencia, Gálvez justificó que no abusó del uso de la prisión provisional y que esta se puede aplicar, y como parte de su defensa expuso el caso Cooptación del Estado, en el que había 56 detenidos y sesionó de manera ininterrumpida.

“El último proceso de Mauricio López Bonilla que fue procesado dentro de lo que el Ministerio Público lo denominó Cooptación del Estado fue detenido el 11 de junio de 2016 e inicié la audiencia con 56 sindicados y se realizó la audiencia en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, porque en la sala de audiencia -del Juzgado- no cabían, allí estaban Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, se inició el día hábil siguiente el 13 de junio, día lunes. Luego de iniciarse la audiencia de forma ininterrumpida el día 27 de junio se dictó el auto de procesamiento y el día 4 de agosto se dictó la prisión preventiva”, explicó Gálvez.

El juez luego señaló que “la resolución del 15 de junio no se afirma categóricamente que el abogado Miguel Ángel Gálvez no cumplió con la normativa legal, lo cual no se encuentra dentro de las funciones propias de la Corte Suprema de Justicia al responder el antejuicio planteado ya que únicamente le es permitido hacer referencia al antejuicio y no prejuzgar si existe una violación a la normativa jurisdiccional”.

La Fundación contra el Terrorismo también expuso sus argumentos por los que promovió la solicitud del retiro de inmunidad para Gálvez. Ellos afirman que el juez se inventó a la figura de prisión provisional.

“El juez prevaricador a sabiendas de que este es el único acto por medio del cual una persona ingresa a un centro de detención decidió arrogarse facultades legislativas y crear su propio procedimiento legal, su propia reglamentación por virtud de la cual no escuchó a las personas sindicadas, no escuchó a los abogados y, violentando los más elementales derechos de un ser humano decide remitirlos a prisión provisional”, criticó Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo.

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite el 15 de junio recién pasado a la solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez Gálvez, la cual fue presentada por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) el pasado 11 de mayo.

La CSJ le dio trámite a la solicitud de antejuicio identificada con el numeral 111-2022 y señaló que “por mayoría se admite para trámite”, y se nombra juez pesquisidor a la vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Sonia Santizo.

La solicitud de antejuicio fue presentada, según un tuit de Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT, por el delito de “prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal”.

Denunció amenazas a su función

Haber enviado a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), le habría costado al juez Gálvez enfrentarse a algún tipo de intimidaciones, lo que lo llevó a señalar pasividad de parte de los magistrados de la CSJ para atender el tema, lo que a su criterio es el reflejo de la pérdida de credibilidad y confianza hacia el Organismo Judicial (OJ).

En una entrevista con Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, el juez Gálvez señaló que con esas acciones lo que se busca es sacarlo de la jugada, como lo han hecho con otros administradores de justicia independientes que, incluso, han tenido que exiliarse en otras naciones.

En esa oportunidad Gálvez Agregó que, aunque tiene cierto temor, no se doblegará y continuará trabajando con apegó la ley, aunque asegura que, de acuerdo con los antecedentes de la persecución de sus colegas, ahora el tueno es suyo.

“A mí no se me está amenazando como Miguel Ángel Gálvez, a mí se me está amenazando en mi función de juez”, señaló Gálvez.

“Se deja en riesgo a toda la comunidad que está esperanzada en que haya jueces imparciales, que haya jueces probos, entonces ese es el problema. Lo que está pasando es que se está perdiendo la credibilidad y la confianza del OJ”, reiteró.