La jueza Yadira Barrios, suplente del juzgado de turno de femicidio grupo “A” resolvió a favor de Alejandra Carrillo, exdiputada y actual directora del Instituto para la Victima.

Dichas medidas son en contra de Óscar Clemente Marroquín y Pedro Pablo Marroquín, propietarios del medio de comunicación Diario La Hora, quien durante los últimos meses ha publicado investigaciones periodísticas que cuestionan el buen trabajo de Carrillo al frente de la institución gubernamental.

Por la resolución judicial y por espacio de seis meses, a partir del pasado 16 de diciembre, los periodistas no pueden “perturbar” a la agraviada o a ninguno de sus familiares; Carillo es esposa del diputado Felipe Alejos, tachado en la lista Engel como un actor a favor de las elites de la corrupción.

Tampoco puede acercarse al domicilio o lugar de trabajo de Carrillo, pese a que por ser funcionaria su cargo se desempeña en un edificio público; si los comunicadores incumplen dichas restricciones podrían cometer el delito de desobediencia.

Las medidas de seguridad a favor de Carrillo fueron posibles gracias a un amparo otorgado por una sala de femicidio, debido a que en un primer intento legal la judicatura no había aceptado los argumentos legales que señalaban un presunto casi de violencia psicológica.

MP desestimó denuncia de Carrillo

En octubre de este año la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público (MP) desestimó una denuncia que Carrillo presentó contra los periodistas, afirmando que no existían las causas legales de tal cargo.

Nuevamente Carrillo señaló a Diario La Hora de violencia psicológica por una serie de publicaciones periodistas, que a criterio de la unidad fiscal se encontraban bajo el marco legal de la Ley de Emisión del Pensamiento.

Incluso en la resolución del MP destacan que aunque hubiese existido algún tipo de abuso de los periodistas dicho proceso se tendría que haber ventilado de otra manera, en un órgano especial. Las denuncias contra periodistas se ventilan ante un Tribunal de Imprenta y no ante un juzgado especializado en femicidio.

Sigue los pasos de Baldetti y Torres

No es la primera vez que una funcionaria utiliza la ley para evitar la fiscalización, en 2014 la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti utilizó la misma táctica para evitar cuestionamientos de El Periódico.

Unos años después, en 2019, la misma herramienta fue utilizada por Sandra Torres, exprimera dama y excandidata presidencial, en contra de El Periódico.

Baldetti ya fue condenada en un caso por corrupción y tienen otros juicios pendientes; mientras que Torres mantiene una causa abierta por supuestas anomalías para financiar su campaña.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa su preocupación por una reforma del Congreso de Guatemala que podría debilitar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.

Este derecho se encuentra amparado por una ley que la organización promovió y respaldó desde su promulgación en 2008, por considerarla “una herramienta esencial para exigir al gobierno debida transparencia y rendición de cuentas”.

Señala que la iniciativa 5792 para reformar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) crea la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública, organismo que estaría subordinado al Congreso.

El actual organismo encargado de velar por el cumplimiento de la referida ley es la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, expresaron que desde que la organización empezó a fines de la década de 1990 un movimiento para incorporar leyes de acceso a la información pública en los países latinoamericanos, distinguió que deberían tener las siguientes características de implementación.

Entre estas organismos autónomos, para evitar intereses políticos o de los funcionarios de turno; principios de apertura y transparencia; régimen de excepciones previamente establecidas; proceso expedito de entrega de información; infraestructura necesaria, y responsables con independencia para hacer cumplir la ley.

Hace énfasis que aquellos lineamientos de la SIP quedaron establecidos en una conferencia internacional con líderes de congresos nacionales, en la que se interpretó y se fundamentó, entre otros temas, el tercer principio de la Declaración de Chapultepec, que establece que “las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público”.

Para leer más: Estas son las entidades que menos cumplen con la Ley de Acceso a la Información

Canahuati, presidente del Grupo OPSA de Honduras, y Jornet, director de La Voz del Interior, Córdoba, Argentina, remarcaron la importancia de que las solicitudes de los ciudadanos sean tramitadas por organismos autónomos que puedan dar garantías de ecuanimidad.

Agregan que “tal como está” el sistema actual es eficiente, como lo demostró un informe reciente de la Procuraduría que situó en 86 mil 715 los pedidos de información pública en 2019, muy superior a las 11 mil 289 solicitudes del primer año de funcionamiento.

“La ley está funcionando –dijeron los directivos de la SIP– y una reforma debería estar destinada a hacerla más operativa y eficiente, nunca a debilitarla”.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

El miércoles 18 de noviembre, el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, escribió en su cuenta de Twitter que el acceso a la información pública es la herramienta que garantiza la fiscalización y apuesta por la transparencia.

Resaltó que ninguno de los tres poderes del Estado debe tomar decisiones sobre su funcionamiento. “Fortalezcamos la institucionalidad ya existente de ese necesario contrapeso”, enfatizó.

El acceso a la información pública es la herramienta que garantiza la fiscalización y apuesta por la transparencia. Ninguno de los 3 poderes del Estado debe tomar decisiones sobre su funcionamiento. Fortalezcamos la institucionalidad ya existente de ese necesario contrapeso. pic.twitter.com/j9oHXEDkTt

— Willy Castillo Reyes (@GuilleCastilloR) November 18, 2020

La autoridad tributaria anunció que hará inteligencia fiscal, ya que detectó, en palabras del superintendente Marco Livio Díaz Reyes, “una gran cantidad de empresas (formales e informales) las cuales no están facturando y que tendrán que registrarse y emitir documento contable obligatoriamente a sus clientes, y en todo caso, regularizarse”.

En los análisis de riesgo del administrador tributario se identificaron varios casos, y el funcionario citó, por ejemplo, que hay importadores de mascarillas en grandes escalas, que son comercializadas, pero evaden -al no facturar- los impuestos al valor agregado (IVA), sobre la renta; (ISR) y de solidaridad (ISO), aunque las mercancías pagan el IVA importación al nacionalizarse.

Además, que utilizan a otros distribuidores micros y pequeños para hacer la colocación de sus productos que no tributan.

Díaz Reyes explicó el caso de una empresa que facturó Q300 mil en combos de productos covid-19 como mascarillas, termómetros, caretas, vitaminas y otros bienes relacionados, utilizando las redes sociales, pero al revisar su facturación no tenía registros de ventas, pero si el ingreso de estos al cotejar la información en las aduanas.

La fiscalización más cercana a las ventas que se realizan en redes sociales se ejecutará en los siguientes 90 días, y abarca en un gran porcentaje a los productos que se están ofertando por la pandemia, confirmó el superintendente.

Más comercios por fiscalizar

El funcionario explicó que también detectaron que el comercio que se realizaba en las tiendas físicas en los centros comerciales, que están cerradas por las disposiciones presidenciales, migró a las redes sociales.

“El consumo ha disminuido porque la economía está deprimida, pero muchas de esas ventas que se hacían en los centros comerciales, se están pasando a las redes sociales. Lo que consideramos es que se puede recuperar el IVA doméstico, que no está ingresando de las tiendas de los centros comerciales, pero alguien está comercializando esos productos”, enfatizo.

El superintendente insistió en que el programa de fiscalización a estas empresas que venden en esas plataformas es recuperar parte del IVA doméstico -que registra el consumo- que por la misma crisis sanitaria no se está cobrando en los comercios físicamente, pero que están haciendo las ventas. El potencial de recaudo del IVA doméstico puede conducir a llegar a la meta.

Planes de fiscalización

En un período no mayor a seis meses la SAT estaría consolidando los programas de fiscalización a las ventas que están utilizando los canales de redes sociales.

El programa de control abarca dos ámbitos, uno a largo plazo que requerirá una norma específica de registros y otro que busca fiscalizar a las empresas que están comercializando productos covid-19 y que están importando grandes volúmenes.

El superintendente confirmó que se estarán realizando las auditorias de fiscalización a las empresas importadoras, las cuales añadió que ya están identificadas dentro de las cuales hay contribuyentes formales e informales.

Aclaró que, para las empresas formales que envían sus facturas con los suministros requeridos por los consumidores, no habrá problema cuando reciban pedidos por estos medios.

Aparte, insistió, son aquellas personas individuales o emprendedores que tienen, por ejemplo, un cafetal, lo preparan para comercializar, o comida dentro de sus vecinos.

Esta semana se presentó el plan operativo 2020-2025 que incluye un programa de fiscalización a los sectores económicos.

Registro obligatorio

El funcionario aprovechó para informar que el otro eje del plan es hacer un registró o padrón de las empresas que hacen comercio digital que estará listo en un período de 180 días -seis meses- en el cual participará con el apoyo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).

La SAT instalará un módulo de control, pero también necesitará normativa para el registro de las empresas que hacen comercio digital, y a aquellas que no estén inscritas no podrán ejercer, advirtió.

Evitar sanciones

El consultor fiscal Juan Carlos Paredes resaltó que, en parte, la SAT está cumpliendo con sus funciones en detectar aquellas actividades que pueden ser objeto de fiscalización ante la falta de cumplimiento ante las leyes tributarias, como emitir facturas, pagar el IVA, ISR, y sobre todo si son actividades comerciales en redes sociales, deben estar inscritos y cumplir con sus obligaciones.

El mensaje es que las empresas o contribuyentes se puedan inscribir o se formalicen, ya que, si sus actividades son importantes, lo mejor es que no vayan a ser detectados por el administrador tributario, incurrir en sanciones, multas, probable cierre de actividades.

“Si están realizando actividades comerciales, no están inscritos, no emiten facturas y los detectan, puede ser un acto de defraudación tributaria y es un tema más serio hasta de denuncias penales”, enfatizó el consultor.

En general, si la SAT empieza a focalizar este tipo de actividades para poder mejorar la recaudación y regular a estas personas, está en un proceso de ley, enfatizó Paredes.

Estimación de brecha

Durante la última sesión de las jornadas de Presupuesto Abierto, Álvaro González Ricci, el ministro de Finanzas y presidente del directorio de la SAT, informó que la nueva proyección de brecha fiscal estimada para 2020 será de Q8 mil 500 millones, pero se puede ampliarse.

A un inicio de la pandemia, la estimación era de Q7 mil millones, pero fue ajustada esta semana.

“Estos datos son bien dinámicos y casi cada semana están cambiando y actualizándose, pero lastimosamente pensábamos que no entraríamos en negativo en el crecimiento económico, pero se fue empeorando y lo mismo está pasando con la recaudación”, destacó el ministro.

Dijo que este nuevo ajuste se realizó con la base de datos del Banco de Guatemala (Banguat), que esta semana informó que el PIB trimestral de enero a marzo, la economía fue de 0.7% influida por los efectos de la pandemia.

Reiteró que se mantienen las normas de contención del gasto público, en varios rubros.

Esquemas:

Estas son las medidas de fiscalización en las ventas por medio de redes sociales:

• Se hace énfasis en las ventas de productos covid-19 que ofrecen combos, empresas que pueden ser formales o informales, pero no entregan factura a sus clientes.
• Establecimientos de centros comerciales que migraron a redes sociales, pero que no emiten facturas.
• La SAT creará un módulo para que las empresas que hacen comercio digital deberán registrarse obligatoriamente.

Este viernes vence el plazo para que los partidos políticos entreguen a la Unidad de Fiscalización del Tribunal Supremo Electoral el segundo informe financiero de gastos de campaña y de funcionamiento correspondiente a abril.

Al recibir los informes, la Unidad verifica los datos proporcionados y otorga un período de tiempo para que corrijan los datos. Hasta ahora, han detectado que en los informes de marzo, los partidos presentaron informes incompletos, en cero o con datos inciertos.

Además, los partidos políticos también deben empezar a utilizar la aplicación de cuentas claras, una herramienta que permitirá tener mayor fiscalización a las organizaciones políticas.

Por Isaías Morales / Ojoconmipisto.com

La alcaldía de San José Pinula, el Codede de Guatemala y el Ministerio de Finanzas han demorado en desembolsar el tercer pago a la constructora Soluciones Ingeniería y Arquitectura S.A, para la construcción de la escuela Santa Sofía. Hasta ahora, han cancelado Q1.3 millones de Q5 millones cuando falta un mes para que venza el contrato.

El primer desembolso que realizó la municipalidad a la proveedora fue el 23 de noviembre de 2017 por Q879,967, el equivalente al 20 por ciento del anticipo del proyecto. Los trabajos comenzaron al día siguiente día.

Después de ello, el segundo pago se realizó hasta el 23 de mayo de este año (Q529,119). Mientras, el tercero por el mismo monto tiene cinco meses de retraso. La obra registra un avance del 60 por ciento, según registros de la alcaldía.

La empresa tuvo que suspender labores cerca de 20 días a mediados de año, a consecuencia de que el ministerio de Finanzas (Minfin) y la alcaldía no le desembolsaron los fondos. Pese a la falta de pago, decidió continuar con los trabajos “con fondos propios mientras la municipalidad pagaba”, confirmó Migdalia Yesenia Beltrán Canté, representante legal de la compañía.

Teddy Castro, director ejecutivo del Codede, indicó que lo sucedido se debe a que Finanzas tardó cinco meses en aprobar esos fondos, los cuales prevé entregar a finales de este mes.

El origen del problema, de acuerdo al Codede, es porque la cartera de Finanzas opera con el mismo presupuesto desde 2017. Esto provocó que los proyectos municipales, con fuente de financiamiento de IVA-Paz, se reprogramarán por falta de fondos. Los que no mostraron avances terminaron en el fondo común.

El Congreso aprobó el 30 de abril de este año una ampliación presupuestaria para las obras municipales, financiadas por el Gobierno. Sin embargo, los mismos siguen sin ser traslados a los alcaldes. Entre las obras afectadas por este atraso figura el edificio de San José Pinula.

El entrevistado aseguró que la demora también se debe a que varias instituciones como la Contraloría General de Cuentas, la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), el supervisor del Codede, el de la propia comuna y la empresa tuvieron que constatar los avances antes de aprobar o no los fondos.

Por su parte, el alcalde Miguel Ángel Solares atribuye lo sucedido a las actuales leyes de Presupuesto y Contrataciones, las cuales a su criterio, demoran la ejecución del proyecto.

“Para empezar este proyecto, se requirieron como mínimo ocho meses de gestión. Este es más un tema de burocracia porque los procesos solo impiden ejecutar esta y otras obras, en lugar de agilizarlos. En la ANAM hemos pedido que se reforme la ley de Contrataciones, pero no hemos tenido respuesta del Congreso”, aseguró.

El Codede de Guatemala es presidido por Sadin Iván Díaz, Gobernador y síndico II de San José Pinula. Fue multado por la Contraloría General de Cuentas con Q6,608 por ejercer dos cargos simultáneos. El funcionario permanece en ambos cargos.

Mejorar condiciones

Este atraso afecta al menos a 1,630 estudiantes de nivel pre-primario y primario que reciben clases en aulas deterioradas. La escuela Víctor Ordoñez lleva 20 años de funcionar, y los trabajos terminarían a finales de 2019, según el cronograma de la municipalidad.

De acuerdo con Edgar Reyes, presidente del Cocode de la comunidad, el proyecto se comenzó a gestionar cuando un grupo de padres de familia de la colonia Santa Sofía solicitó en enero de 2016 al alcalde Miguel Ángel Solares, reelecto con Líder, construir una nueva escuela para que sus hijos estudiaran en mejores condiciones.

La actual sede “se encuentra en un estado deficiente en su estructura y por los diferentes climas se presentan problemas de goteras, paredes rajadas y lodo, lo que no permite tener un óptimo aprendizaje para los niños”, se lee en la solicitud presentada por el jefe edil ante el Concejo y aprobada el 27 de diciembre de ese año.

Dos fases

La nueva sede consiste en un edificio que tendrá dos módulos de dos niveles, con 18 aulas eles, servicios sanitarios, bodega, cocina, direcciones, laboratorio de computación, biblioteca y salón de usos múltiples para albergar no menos de 1,600 estudiantes.

En la primera fase se construirá la estructura por Q5 millones. Mientras, en la segunda parte se prevé levantar las paredes, instalar tubería, ventanas, puertas, acabados y pintura, en la cual se planea invertir otros Q4.5 millones.

Para ello se publicó una licitación en el portal de Guatecompras. El plazo para que las empresas interesada vence el próximo 13 de noviembre y la alcaldía prevé que a principios de 2019 comiencen estos trabajos para finalizar en junio.

Costos extras

Ojoconmipisto visitó en noviembre de 2017 y junio de 2018 la obra para constatar los avances. Al lugar solo pueden acceder picops de doble tracción, motocicletas o personas a pie, ya que el camino es ondulado y de terracería. Por ahora, es una ruta intransitable.

Esta es la razón por la cual la comuna contrató al constructor Hermegildo Marroquín Ruano por Q3.7 millones. Según, el supervisor Manuel Neftalí Tun García, supervisor municipal, la calle de seis kilómetros será pavimentado para mejorar el acceso a la nueva escuela.

Con estos costos adicionales, la escuela costaría alrededor de Q13.2 millones en total y se prevé que esté lista para ser utilizada antes de finalizar el próximo año.

Las autoridades locales prevén que la nueva sede funcionará con un presupuesto mensual de Q15,600 mensuales, de los cuales Q7,000 serán cubiertos por el Mineduc para pagarle a maestros. Mientras suba la demanda de estudiantes que se inscriban, aumentarán los costos de mantenimiento, según el estudio de factibilidad.

Por Isaías Morales / Ojo con mi pisto

La municipalidad de Guatemala incumplió con La ley de Acceso a Información Pública (LAIP) al no entregar las fotografías del proceso para construir el Munitec de zona 18. El recurso de revisión presentado al Concejo venció el pasado 21 de septiembre.

De acuerdo con la Unidad, el expediente se encuentra desde hace dos semanas en el Concejo a la espera de que este lo apruebe. “Nosotros no podemos presionarlo porque ellos son la autoridad superior”, responde uno de los encargados. Sin embargo, los plazos para entregar la información los establece la LAIP, en su artículo 58.

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Imágenes borrosas

Ojoconmipisto solicitó el archivo fotográfico que registra los avances de la obra, luego de que se conociera que los trabajos se encuentran suspendidos ante la negativa de la constructora de continuar con el contrato.

La respuesta municipal fue enviar fotos en blanco y negro, borrosas. Por esta razón se planteó un recurso de revisión ante el Concejo Municipal. Hasta el cierre de esta no se había obtenido respuesta.

La Unidad de Acceso a Información sostiene que no está obligada a dar la información en el formado que se le requirió (imágenes JPG) porque el artículo 45 de la ley no lo obliga.

El artículo 80 de la Ley del Presupuesto 2017 establece que los contratos superiores a Q900,000 deben contar con cámaras que transmitan en vivo los avances de la obra. Proporcionarlas es responsabilidad de la empresa. El valor del Munitec-18 es de Q10.8 millones.

Intervención del PDH

La negativa de la municipalidad a entregar lo solicitado podría considerarse retención de información (artículo 66-LAIP), según Silvio Gramajo, experto en el tema. A su criterio la Secretaria Ejecutiva de Acceso a Información (Secai) del Procurador de Derechos Humanos debe dar seguimiento al caso e indagar sobre lo sucedido.

Al consultar a Violeta Mazariegos, titular de la Secai, indicó que contactará a la municipalidad para que entregue la información. En caso contrario, podría denunciar penalmente a la alcaldía ante el Ministerio Público.

La ley señala que se considera retención de información cuando “un funcionario o servidor público en forma arbitraria o injustificada obstruya al solicitante el acceso a la información requerida”. De comprobarse este delito el o los responsables pueden ser condenados con hasta tres años de prisión, inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y una multa de un máximo de Q50 mil.

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Por Isaías Morales / Ojo con mi pisto

La municipalidad de Guatemala se rehusa a entregar copia del registro fotográfico que muestre los avances en la construcción del Instituto Tecnológico de la zona 18 (Munitec-18), la cual debió estar concluida a principio de este mes. Sin embargo, los trabajos, que se limitan a movimiento de tierras, se encuentran suspendidos.

Ojoconmipisto solicitó a la Unidad de Acceso a Información pública (UAIP) las grabaciones del 17 de noviembre de 2017 al 21 agosto de 2018. La oficina entregó imágenes en blanco y negro que no son legibles.

Se pidió copia de las grabaciones para constatar los avances. La petición se fundamenta en el artículo 80 de la Ley de Presupuesto 2017 que obliga a todo proyecto mayor de Q900,000 contar con cámaras que transmitan en directo los trabajos. Instalarlas, así como guardar un archivo electrónico, es responsabilidad de la empresa.

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La Unidad de Acceso a Información pública (UAIP) respondió con imágenes borrosas en blanco y negro. Según la dirección de Desarrollo Social, Construsa no proporcionó las grabaciones. Por ello, Tu Muni entregó “impresiones de pantalla que se realizaban como medio de monitoreo, las mismas se llevaron periódicamente sin un intervalo de tiempo definido”.

La alcaldía envió 16 fotografías con baja resolución. Estas muestran capturas de pantalla de las grabaciones de abril y mayo. No incluye el resto de meses solicitados, porque la constructora no les proporcionó el registro.

Al ser cuestionada, se limitó a responder que el artículo 45 de la Ley de Acceso a Información no le obliga a entregar las fotografías en formato JPG, como fueron solicitadas. Por estas razones, Ojoconmipisto presentó un recurso de revisión. El plazo para resolverlo vence el jueves 20 de septiembre.

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Otras municipalidades sí tienen acceso al historial de grabación administrado por la empresa. Por ejemplo, la de Santa Catarina Pinula envió 517 fotografías corresponden a seis meses de construcción de un salón.

Se intentó, sin éxito, contactar a la directora de Auditoría a Gobiernos Locales y al Contralor General de Cuentas, pero no respondieron las llamadas ni mensajes. Lo mismo sucedió con la constructora.

Los trabajos para construir el Munitec de zona 18 están suspendidos. Tu Muni intenta que la constructora retome la construcción. Según el reporte municipal se ha ejecutado solo el 13% de los trabajos planificados.

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El presidente en funciones del Congreso, Felipe Alejos, creó una comisión específica para investigar la compra de un edificio millonarios del Ministerio Público.

El acuerdo presidencial 5- 2018 establece: “Designar una comisión específica que fiscalizará específicamente los diferentes aspectos del proceso de adquisición de un bien inmueble para uso del Ministerio Público, identificado con el NOG 6970265”. Este se compró cuando Thelma Aldana era la Fiscal General.

La Comisión se creó de rango presidencial un día después que en el pleno fracasara la propuesta.

Estos diputados integran la Comisión

En estos momentos los diputados que integran la comisión se encuentran reunidos y se espera que elijan a un presidente. Entre los congresistas que harán la fiscalización esta: Fernando Linares Beltranena, Juan Ramón Lau, Edna Soto, Estuardo Galdámez y Delia Bac.

La mayoría de ellos ha criticado el trabajo del MP y CICIG o tienen personas cercanas que han sido señaladas en diferentes casos. Como el caso de Edna Soto, esposa del exdiputado Roberto Kestler vinculado al caso Negociantes de la Salud.

Comisión creada por Felipe Alejos se reunirá. Iniciarán investigación por compra de edificio millonario cuando Thelma Aldana era Fiscal General. pic.twitter.com/SGAd9XlFds

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) September 7, 2018

Según la Ley Orgánica del Congreso es competencia del Presidente del Congreso crear las comisiones específicas que consideren necesario cuando se trate de un tema urgente.

Congresistas creen que está en ley que sus colegas realicen la fiscalización, pero consideran que se debe prestar atención a la Dirección de Catastro y Avaluos de Bienes Inmuebles, DICABI, por ser la entidad que autorizó la compra.

Diputado Jean Paul Briere asegura que la compra del edificio del MP por el que se quiere investigar a Thelma Aldana fue aprobada por la DICABI. pic.twitter.com/pQ8Snc7GVr

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) September 7, 2018

La comisión aún no ha informado cuando darán los resultados de la investigación, ni las actuaciones que harán. Pero el pleno debe ser informado la próxima semana sobre la creación de la misma.

Los comunitarios de Chinique, enfrentaron al alcalde exigiéndole que los atendiera y que cumpliera su promesa de campaña de reparar las carreteras. Las cuales permanecen en mal estado.

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Manifestaron que eso no es cierto

Denunciaron que la municipalidad de Chinique reportó que se gastaron más de 700 mil quetzales en la reparación de una carretera con una compañía privada.

Además de utilizar maquinaria municipal para efectuar trabajos particulares. Al tratar de conocer el punto de vista del jefe edil este se negó muy molesto. Se encerró en el baño del despacho, custodiado en todo momento por su hijo.

El alcalde se comprometió a iniciar los trabajos en el mes de agosto.

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