El subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, reaccionó a los allanamientos del Ministerio Público (MP) en los que fiscales abrieron las cajas que contienen los votos de los comicios del pasado 25 de junio, en Guatemala.

Nichols, quien ha seguido diversos eventos durante el proceso electoral en Guatemala, afirmó que se trataba de “acción sin precedentes” al referirse a las actuaciones de la fiscalía, que este 12 de septiembre hizo registros en el Centro de Operaciones y la sede del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Condenamos los allanamientos del MP al Tribunal Supremo Electoral, al Registro de Ciudadanos y a los almacenes que albergan los resultados electorales. Esta acción sin precedentes socava la transición democrática y la voluntad del pueblo guatemalteco”, afirmó Nichols en la red social X —antes Twitter—.

El pasado 31 de agosto pasado, Nichols ya había expresado una condena por parte de los Estados Unidos por otra serie de acciones del MP relacionadas a investigaciones contra el partido Movimiento Semilla y la captura de exfuncionarios de justicia.

En esa ocasión, Nichols advirtió que existían “fuerzas en contra de la democracia” y que se trataba de obstaculizar la transición de Gobierno tras las votaciones en Guatemala.

.@WHAAsstSecty: Condenamos los allanamientos del @MPguatemala al Tribunal Supremo Electoral, al Registro de Ciudadanos y al Centro de Operaciones del Proceso Electoral que almacena los resultados de la elección. Esta acción sin precedentes debilita la transición democrática y la… https://t.co/HK5wIUtcsy

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) September 12, 2023

Unión Europea también se pronuncia

En torno a los allanamientos del MP este martes 12 de septiembre, además de Nichols, también se pronunció la Unión Europea en un comunicado que compartió Peter Stano, su principal portavoz de servicio diplomático.

“La Unión Europea expresa seria preocupación por los recientes allanamientos realizados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como por la incautación de material informático relacionado con la Transmisión de Resultados Preliminares de las Elecciones (TREP)”, manifestó la organización internacional.

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Además, advierte que “estas acciones injustificadas siguen al anuncio oficial de los resultados electorales por parte del TSE el 28 de agosto, y a persistentes e inaceptables intentos de socavar los resultados electorales mediante acciones legales y procesales selectivas y arbitrarias que no están en línea con los estándares internacionales y regionales que Guatemala ha suscrito”.

La UE instó a que todas las instituciones y poderes del gobierno en Guatemala respeten plenamente los resultados electorales certificados por la máxima autoridad electoral del país y eviten cualquier acción que pueda socavar dichos resultados o amenazar una transición pacífica y ordenada.

Guatemala:expresses serious concerns about the raids in the Supreme Electoral Tribunal,reiterates its call on all institutions & branches of government to fully respect the outcome of the elections &urges to refrain from actions undermining these results https://t.co/aBJwryBXqU

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) September 12, 2023

Por su parte la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) expresó su “profunda preocupación” por los allanamientos del MP y que tomó nota de que la Ley Electoral y de Partidos Políticos, es de rango constitucional, y establece que los órganos electorales son los únicos autorizados para verificar la documentación electoral.

La Misión de la OEA señaló que abrir las cajas de material electoral por parte de personas e instituciones distintas a las señaladas por la ley representaba un ataque frontal a la integridad del voto y una afrenta a la voluntad popular.

Aunado a esos pronunciamientos, la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT) también declaró que las diligencias coordinadas por la Feci, son “una muestra más de los intentos de desacreditar las elecciones” y recordó que ya han sido condenadas por la comunidad internacional.

“Las acciones de la Feci, avaladas por un juez de primera instancia penal, con la intención de ‘inspección, registro y secuestro de evidencia, extracción de información digital y análisis de datos digitales” del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Provisionales (TREP) y que se tradujeron en la apertura de cajas electorales, resultan arbitrarias, improcedentes e ilegales”, se lee en el pronunciamiento.

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Postura del MP

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), explicó que el secuestro de evidencia en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (Cope) en el Parque de la Industria, eran en seguimiento a la denuncia de un ciudadano sobre los resultados de los comicios del pasado 25 de junio.

“Esta denuncia consiste en un ciudadano, quien derivado de los resultados del 25 de junio, pero no de ningún partido en específico, presentó la denuncia correspondiente, derivado de algunas inconsistencias que se pudieron haber generado ese día”, declaró Curruchiche en un video que publicó el MP en sus redes sociales.

“La Feci realiza hoy esta diligencia con el objeto de, aparte de obtener indicios, poder acceso a las cajas electorales, que para nosotros es un indicio aunque para el TSE constituye la voluntad del pueblo de Guatemala”, agregó el fiscal.

Lic. Rafael Curruchiche, Fiscal de Sección de la FECI, se refiere al propósito de la diligencia de allanamiento que se realiza en las instalaciones del Parque de la Industria donde se encuentra el Centro de Operaciones del Proceso Electoral COPE del Tribunal Supremo Electoral. pic.twitter.com/4iY3wPHjQn

— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 12, 2023

Amnistía Internacional, organización de derechos humanos, publicó este lunes 28 de noviembre un comunicado de prensa en el que menciona que la exfiscal Virginia Laparra, quien fuese jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en Quetzaltenango, “es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueves meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala”, por lo que exige su liberación.

La petición la hace el día que se prevé que inicie el juicio contra la exfiscal Laparra en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el medio ambiente de la ciudad de Guatemala.

Laparra está acusada de abuso de autoridad en forma continuada, delito por el cual podría enfrentar una pena de hasta nueve años de cárcel.

“Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal Virginia Laparra presenta serias deficiencias, además de múltiples irregularidades en el manejo del caso”, mencionó Erika Guevara Rosas, directora para la Américas de Amnistía Internacional.

“No solo no hay pruebas sólidas de que haya cometido delito alguno, sino que queda claro que los motivos señalados por el juzgado para rechazar sus solicitudes de continuar el proceso en libertad son arbitrarios”, dijo Guevara Rosas.

La información explica que como parte de la Feci, Laparra lideró investigaciones sobre corrupción y criminalidad a gran escala y que la persecución penal en su contra inició en 2018, después de haber reportado ante la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial posibles conductas inapropiadas de un juez señalado de filtrar información confidencial de un caso en el cual trabajaba.

Añade que como represalia, este mismo juez presentó dos denuncias penales contra ella, por los mismos hechos: la primera en julio de 2018 en Quetzaltenango y la segunda en agosto de 2019 en la ciudad de Guatemala.

“Virginia Laparra fue detenida el 23 de febrero de 2022 al salir de su trabajo en Quezaltenango y desde este momento ha permanecido injustamente en detención preventiva”, se lee en el comunicado.

“Amnistía Internacional manifiesta su honda preocupación por estas deficiencias e irregularidades en el proceso en contra de Virginia Laparra, que incluyen la falta de fundamentación sobre el presunto ilícito, la persecución penal contra la exfiscal por los mismos hechos ante dos jueces distintos y la instrumentalización del proceso penal para mantenerla privada de la libertad sin razón fundada, entre otros”, se lee.

Añade que “la organización concluye que se han violado los derechos de la exfiscal Laparra a al debido proceso y un juicio justo, lo que además constituye una detención arbitraria motivada por su labor de investigación de casos de corrupción. Estos elementos, junto con las virulentas campañas de estigmatización en redes sociales, son muestra característica de los patrones de criminalización que Amnistía Internacional ha documentado por años en el país”.

“Virginia Laparra está siendo perseguida únicamente por el ejercicio independiente de su función como fiscal, por lo que Amnistía Internacional considera se trata de una presa de conciencia que debe ser liberada inmediata e incondicionalmente. Es intolerable que las más altas autoridades guatemaltecas hayan permitido la instrumentalización de este caso por partes de los detractores de la lucha contra la impunidad y la corrupción. La persecución penal infundada de operadores de justicia que han tenido un rol destacado en esta lucha debe cesar de inmediato” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional afirma que estará siguiendo el desarrollo del juicio en contra de la exfiscal Virginia Laparra en los próximos días. La organización solicita al Ministerio Público que desista de los cargos en su contra y que requiera su inmediata e incondicional libertad.

El Ministerio Público informó este martes 20 de septiembre que la Fiscalía especial contra la Impunidad solicitó el retiro de inmunidad contra Mirna Yarakia Ovando Arias, juez de paz quinto, del Juzgado de Paz de Escuintla.

Según un comunicado del MP, la petición para retirarle el derecho de antejuicio a la jueza es en virtud de la posible comisión del delito de cooperación en la evasión, pues se menciona que del 2013 al 2020, Ovando ejerció como secretaria de instancia en el Juzgado Pluripersonal de Ejecución Penal en el departamento de Guatemala, pero en el desarrollo de sus funciones presuntamente no observó la debida diligencia favoreciendo la evasión de tres reclusos.

Los reclusos fueron identificados como Jessica Alexandra Magno Guerra, Ramón Antonio Yáñez Ochoa y Luis Alejandro Vargas.

El MP detalla que las diligencias de investigación establecieron que las funciones que desempeñaba Ovando consistían en llevar control de custodia de los formularios de órdenes de libertad en dicha judicatura, pero que posiblemente al no tener la debida diligencia compartió formularios de notificación a los que se insertaron datos falsos e información que no correspondía al estado real en que se encontraban los procesados, plasmando las firmas reales y simuladas con el objeto de permitir la evasión de dichas personas.

El MP añade que la solicitud de retiro de antejuicio se realiza de conformidad con lo que establece la ley en materia par que un órgano jurisdiccional determine la formación de causa, si hubiera la posible comisión de actos delictivos.

Aliss Noemí Morán Mejía, exauxiliar fiscal II de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), se puso a disposición del Juzgado Tercero este jueves 17 de febrero, luego de señalamientos del Ministerio Público.

Según la Fiscalía de Asuntos Internos, en un informe presentado el miércoles último, Morán Mejía es señalada de haber participado en un procedimiento “arbitrario e ilegal” de parte de personal de la Feci contra un sindicado en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Además de Morán Mejía, son señalados Willy Roberto Recanac López, auxiliar fiscal I, y Paola Mishelle Escobar Quiñónez, auxiliar fiscal II, quienes fueron aprehendidos el miércoles durante operativos de la Policía Nacional Civil.

En la acusación también se indica que se encuentra activa una orden de captura contra Rudy Manolo Herrera Lemus, exagente fiscal.

En el informe presentado por la Fiscalía de Asuntos Internos, se argumenta que, el 20 de julio de 2021, Herrera Lemus, con “apoyo y acuerdo previo” de Racanac López, Morán Mejía y Escobar Quiñónez, habría violado principios de debido proceso, derecho de defensa y certeza jurídica al haber formulado un interrogatorio sobre hechos ajenos a la investigación que se tramitaba dentro del expediente en el cual está sindicado el denunciante, en el caso Comisiones Paralelas 2020.

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La Fiscalía de Asuntos Internos indica que, “por medio de amenazas, violencia o procedimiento intimidatorio pretendieron obligar al denunciante para que suscribiera un convenio de colaboración eficaz y prestara información testimonial de hechos falsos”.

Añade que le indicaron al sindicado que, de no suscribir el convenio y no manifestar lo que se le requería, se solicitaría que fuera revocada la medida sustitutiva que gozaba y sería enviado a prisión preventiva.

Morán Mejía emitió un comunicado en el que señala que, desde el Ministerio Público se ejecuta una “política de represión” y criminalización por la labor que trabajadores efectuaron.

Además, exigió el respeto y cumplimiento del debido proceso y garantías procesales, que se imparta justicia pronta, que se respeten sus derechos humanos fundamentales, que se le de acceso al expediente judicial por el que es sindicada, que se cumpla con el principio de objetividad por parte del MP y que se garantice el respeto a su vida e integridad.

“Está en peligro debido a que en el cargo en el que me desempeñé existen varias personas con quienes podría encontrarme en cualquier prisión del país y quienes se vieron involucradas dentro de los procesos investigados”, señaló Morán.

Exauxiliar fiscal de Feci, Aliss Nohemí Morán Mejía, se presenta a juzgado luego de conocer su implicación por aparente coacción a un sindicado en el caso Comisiones Paralelas 2020. pic.twitter.com/CD94x7fKPR

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) February 17, 2022

El caso Comisiones Paralelas 2020 fue presentado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad el 16 de julio del 2020, en el que se señalaron a jueces, magistrados, abogados y particulares de haber sido parte de una red de tráfico de influencias en el proceso de selección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones.

El miércoles último, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, se refirió a la persecución penal contra exinvestigadores y jueces, y aseguró que no existe una intención de venganza.

También se refirió a otros casos recientes en los que representantes de la comunidad internacional y sectores de la sociedad civil han señalado su gestión frente al Ministerio Público, a quienes invitó a acercarse a conocer los procesos de la institución.

El Ministerio Público informó este miércoles 16 de febrero que fueron capturados dos auxiliares fiscales de la Feci sindicados de abuso de autoridad, luego de señalamientos de un sindicado en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Los operativos fueron coordinados por la Fiscalía de Asuntos Internos y la Policía Nacional Civil, “en seguimiento a una denuncia por posible coacción y presiones en contra de una persona, con el fin de declarar hechos falsos”, señaló el Ministerio Público.

La Fiscalía de Asuntos Internos “analizó el caso” y efectuó los “medios de investigación”, según informa el MP, y solicitó las órdenes de aprehensión contra cuatro personas, auxiliares fiscales y exagentes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).

Durante las diligencias efectuadas hoy, el MP reporta la aprehensión de Willy Roberto Recanac López, auxiliar fiscal I, y Paola Mishelle Escobar Quiñónez, auxiliar fiscal II.

Además, están pendientes de efectuarse las aprehensiones de Rudy Manolo Herrera Lemus, exagente fiscal, y Aliss Noemí Morán Mejía, exauxiliar fiscal II.

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Según el Ministerio Público, el 20 de julio de 2021, los referidos trabajadores de la Feci habrían participado en “un acto arbitrario e ilegal contra un denunciante, sindicado en el caso Comisiones Paralelas 2020, al violar los principios de debido proceso, derecho a defensa, así como la seguridad y certeza jurídica al formular un interrogatorio sobre hechos ajenos a la investigación que se tramitaba dentro del expediente ministerial en el cual está sindicado el denunciante”.

El Ministerio Público indica que, “por medio de amenazas, violencia o procedimiento intimidatorio pretendieron obligar al denunciante para que suscribiera un convenio de colaboración eficaz y prestara información testimonial de hechos falsos”, asegura.

Añade que, los sindicados habrían indicado al denunciante que, “de no suscribir dicho convenio y no manifestar lo que se le requería, se solicitaría que fuera revocada la medida sustitutiva de la cual gozaba y en consecuencia sería enviado a prisión preventiva”.

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El comunicado del Ministerio Público indica que las acciones “fueron cometidas en perjuicio de la administración pública, atentando contra el derecho de defensa, el principio jurídico del debido proceso, la seguridad jurídica y la humanidad del denunciante, teniendo pleno conocimiento de que su actuar era ilegal”.

El caso Comisiones Paralelas 2020 fue presentado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad el 16 de julio del 2020, en el que se señalaron a jueces, magistrados, abogados y particulares de haber sido parte de una red de tráfico de influencias en el proceso de selección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones.

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El Ministerio Públio informa: pic.twitter.com/Gw645VoEUW

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 16, 2022

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El Ministerio Público informó este martes 18 de enero que, mediante la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) ha presentado una solicitud para la tramitación de antejuicio contra la jueza Erika Lorena Aifán Dávila.

Según el comunicado, la acción fue presentada por la “posible responsabilidad en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato”.

La acción legal, según el Ministerio Público, se presentó “en virtud de que existen indicios racionales de los cuales se puede establecer que la jueza Aifán estando en funciones propias del cargo posiblemente abusó de su cargo al arrogarse una competencia que los Magistrados del a Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia no le han otorgado”.

Aifán “conexó la causa 01081-2021-00543, que era tramitada por el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal, a la causa penal 01073-2016-00353, la cual corresponde al caso Odebrecht“.

Añade que “la causa penal 01801-2021-00543 se refiere a una investigación relacionada con el señor Juan Luis Font Monzón, la cual se encuentra bajo reserva judicial”.

#ComunicadoDePrensa
Ministerio Público informa: pic.twitter.com/x6K26QXucY

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 18, 2022

Esta es la segunda acción legal que el Ministerio Público presenta contra la jueza Aifán para retirarle la inmunidad.

El 13 de enero de 2022, la Feci solicitó el retiro del derecho de antejuicio de Aifán al señalara de posible abuso de autoridad e incumplimiento de deberes al conocer el caso Comisiones Paralelas 2020.

Según indicó entonces la Feci, la solicitud de retiro de antejuicio la presentó el MP en virtud de que afirma existen indicios con los cuales se puede establecer que Aifán Dávila estando en funciones propias del cargo, de forma continuada y teniendo pleno conocimiento de la ley, posiblemente ha abusado de su cargo y ha incumplido con sus deberes en perjuicio de la administración de justicia.

Además, la señaló de arrogarse la competencia sobre los hechos de la investigación del caso “Comisiones Paralelas 2020”, toda vez que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que no existe solicitud de competencia ampliada para el expediente en mención.

El presidente Alejandro Giammattei publicó un mensaje este jueves 29 de julio respecto al anuncio de diplomáticos de EE. UU. sobre la suspensión de ayuda al Ministerio Público luego de la destitución del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) Juan Francisco Sandoval.

En las redes sociales del presidente, aseguró que “suspender el apoyo resulta contraproducente” para la lucha contra el crimen organizado y el combate a la corrupción.

“Me siento preocupado por el impacto negativo que esta medida tendrá en los esfuerzos que todo el Gobierno de Guatemala está realizando para lograr dichos objetivos”, indicó.

Añadió que considera necesario mantener la comunicación con el Ministerio Público y que se puedan discutir las razones de la medida.

También indicó que ha instruido al Ministerio de Finanzas para que busque opciones de apoyo presupuestario y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que promueva la cooperación internacional.

El mandatario Giammattei había indicado anteriormente que no le correspondía opinar acerca del retiro de apoyo al Ministerio Público, pues se trata de una institución independiente y autónoma.

Al pueblo de Guatemala informo: pic.twitter.com/OvHPz30Vde

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) July 29, 2021

La Conferencia Episcopal de Guatemala emitió un comunicado el domingo 25 de julio respecto a la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP).

El viernes 23 del mes en curso, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, dio a conocer por medio de redes sociales de la institución su decisión de remover a Juan Francisco Sandoval.

En la publicación, Porras argumentó que la destitución se basó en una serie de “vejámenes” que sufrió por parte de Sandoval.

Durante el fin de semana, diversos sectores se han pronunciado respecto a la decisión de Porras y al destino que tendrán decenas de casos que el fiscal Sandoval tenía a su cargo contra exfuncionarios señalados de corrupción.

La Conferencia Episcopal de Guatemala emitió cinco “reflexiones” sobre la destitución, así como de las consecuencias que podría traer.

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Resalta la labor de la Feci para investigar hechos “que anteriormente gozaban de total impunidad, generando esperanza en la ciudadanía y aliviando a las víctimas”.

También señala que la decisión significa un daño irreparable al país y un “evidente retroceso en la lucha por un eficiente combate a la corrupción e impunidad”.

Indica que “quienes se han alegrado ante la destitución es porque se sienten seguros y cómodos cuando el régimen de impunidad se consolida”.

En cuanto a las repercusiones que podría traer la destitución en el Ministerio Público, la Conferencia Episcopal indica que causará una “pérdida de credibilidad” en la institución, que crecerá la indignación ciudadana y que aumentarán las protestas sociales y el nivel de conflictividad.

Además, hace un llamado a los operadores de justicia para que “se empeñen más en la búsqueda de justicia, construcción de la paz y ser valientes en reconocer sus errores”.

El Ministerio Público (MP) informó este viernes 19 de marzo que por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, concluyó su investigación y formuló ante el juzgado competente, acusación en contra de Roberto Antonio Robles Reyes.

En este caso denominado Seguridad y Transporte, Robles es señalado de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

El ente investigador tiene como fundamento 115 medios de investigación.

Según el MP, Robles Reyes en el 2010 integró la junta de licitación de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos -AEAU- que benefició a Protección Metropolitana, S.A.

El beneficio fue para la prestación de servicios de seguridad privada en los autobuses de la ciudad de Guatemala.

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En la época, el acusado Robles Reyes, simultáneamente, laboraba en la empresa que se benefició con la adjudicación del contrato.

Sin ninguna justificación, cobró cheques provenientes de Protección Metropolitana, S.A., por más de Q1 millón, sin que existiera justificación legal, financiera o de otra índole para dicha gestión.

Foto: Juan Carlos Pérez

Después de 7 años la construcción del Hospital de Villa Nueva concluyó. El monto original de la obra fue adjudicado por Q186.5 millones. Pero finalizó con un costo de 217 millones 584 mil 421 quetzales, cuyos fondos provinieron de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El monto se elevó debido a siete modificaciones que se realizaron durante la administración de Jimmy Morales, y los cuales no fueron publicados en el portal de Guatecompras.

A este monto se suman Q4 millones 20 mil quetzales que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social invirtió en equipo para habilitar las clínicas y centro de diagnóstico. En total el monto de la obra hasta el momento suma Q221 millones 604 mil 421.

Hallazgos que reportó la Contraloría General de Cuentas (CGC), y por los cuales según el mismo presidente, él junto a su equipo podrían ir a prisión.

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En su discurso Morales también arremetió por la lucha contra la corrupción y señaló que la misma va más allá de la  persecución penal y selectividad.

Empresa que ayudó a Morales en campaña, terminó obra

La empresa que se encargo de ejecutar la obra está vinculada a Jimmy Morales.

Una investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el MP  señaló al partido oficial FCN- Nación de recibir 2 cheques que nunca reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE), y los cuales sumaban Q229 mil 800 provenientes de una cuenta bancaria de un exgerente y el representante legal de la firma a la que el presidente Morales le adjudicó terminar el proyecto, la Compañía Constructora de Obras Civiles, Cocisa.

Y según los hallazgos de la Contraloría, la obra podría estar sobrevalorada por 14 millones de quetzales.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) mantiene una investigación abierta, pero el caso esta bajo reserva.

Este hospital público es el número 25 del país y aún falta habilitar 2 fases más, así como la contratación de más personal para las áreas pendientes. Pero ello primero deberá realizarse otra millonaria inversión para equipar las mismas.

De momento para asegurar el funcionamiento del nosocomio el Ministerio de Salud ha asignado para el 2019 un presupuesto de Q129 mil 956.64