Agustín salió desde la remota aldea de Yalambojoch en el municipio indígena occidental de Nentón, colindante con la frontera de México, donde, según familiares, escuchó rumores sobre mayores oportunidades para quedarse en Estados Unidos si entraba con el niño.

Sin embargo, la ilusión se vio truncada con la muerte de Felipe la noche de Navidad bajo custodia en un hospital de Nuevo México, casi una semana después de que ambos fueran detenidos en Texas al cruzar ilegalmente la frontera.

El niño falleció tras presentar síntomas de gripe, según las autoridades estadounidenses que investigan el caso.

Dos semanas antes, Guatemala ya se había visto sacudida por la muerte de la niña indígena Jakelin Caal, de siete años, internada en un centro médico de Estados Unidos en condiciones similares.

La menor viajó con su padre Nery, de 29 años, desde el poblado maya de Raxruhá, en el norte guatemalteco, y habría fallecido por deshidratación en su intento por alcanzar “el sueño americano”.

Aunque la migración de padres y niños e incluso familias completas tiene su origen en los problemas estructurales del país como la pobreza y violencia, Roxana Palma, activista de la Casa del Migrante de Guatemala, explicó que circulan mensajes de que llevar menores da mayores “garantías” de establecerse en Estados Unidos.

Palma indicó que en muchas ocasiones las personas que guían a los migrantes, conocidos como “coyotes”, no brindan la información completa sobre el proceso migratorio y solo informan de “lo bonito” de estar en Estados Unidos.

“Lamentablemente son los que informan mal a las personas sobre cómo poder llegar a Estados Unidos de una forma segura, entre comillas”, agregó.

Promesas de un mejor futuro

Otra fuente en temas migratorios que prefirió el anonimato señaló que en la administración del presidente Barack Obama “había un trato especial para los padres que entraban con niños” a Estados Unidos, pero eso se acabó con la llegada de Donald Trump.

De hecho, un centenar de hombres y mujeres con niños pequeños de los cerca de 1 mil 500 centroamericanos que permanecen en la mexicana Tijuana intentaron cruzar la valla fronteriza durante la noche de Año Nuevo hacia Estados Unidos, pero debieron retroceder ante una fuerte movilización de los oficiales que lanzaron bombas de humo.

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“Los guías van diciendo que con niños pueden entrar y ya no es válido”, refirió la fuente.

“Como mecanismo vemos también a las redes de traficantes de migrantes y coyotes que ofrecen, cobran y están engañando también a las personas para que migren”, agregó por su lado Danilo Rivera, coordinador del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (Incedes).

Rivera mencionó que conocen de casos en el occidente indígena de Guatemala donde redes usan radios locales para hacer ofrecimientos falsos de visas y viajes a Estados Unidos de una forma “inmediata y segura”.

El experto señaló que no existe “mucho trabajo” desde el Estado guatemalteco para demostrar que esa no es la realidad, y tampoco hay un esfuerzo estatal para atacar las causas de la migración forzada.

El empobrecido occidente

De acuerdo con estudios de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la mayor parte de los guatemaltecos deportados de Estados Unidos y México provienen de poblaciones del occidente del país, que presenta altos índices de pobreza y falta de oportunidades de trabajo.

Esa carencia de empleo llevó al padre y dos hermanos de Pascual Domingo, de 24 años, a emigrar de Yalambojoch a Estados Unidos desde donde ayudan a la familia con el envío de remesas.

“Todo los aldeanos que se van para allá es por la misma necesidad de dinero, por falta de oportunidades de trabajo”, indicó Pascual sobre el poblado donde la pobreza alcanza al 73.8% de sus habitantes.

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Mientras que María Lucas, de 40 años, señaló que su hijo Juan viajó a Estados Unidos hace tres años y, desde entonces, con el dinero enviado, lograron construir una casa de concreto. “Mi hijo se fue por la pobreza, tenemos necesidad, por eso decidió irse”, declaró.

Aunque la pobreza es el principal impulso de los guatemaltecos que migran con niños, también existen otras causas como el reclutamiento de menores para las pandillas.

El éxodo forzado de familias también ocurre por conflictos de tierras a causa de megaproyectos y el cambio climático que daña cultivos, entre otros factores, coincidieron los expertos.

El niño de origen guatemalteco falleció poco antes de la medianoche del 24 de diciembre tras haber presentado síntomas de una enfermedad infecto contagiosa -que no fue especificada- durante la jornada.

El menor fue identificado por las autoridades guatemaltecas como Felipe Gómez. Tenía ocho años y había salido junto a su padre, Agustín Gómez, de la localidad indígena maya-chuj de Nentón, en el departamento de Huehuetenango, en el oeste del país, cerca de la frontera con México.

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El comisionado del servicio de vigilancia de fronteras de Estados Unidos (CBP), Kevin K. McAleenan, dijo que la agencia es incapaz de gestionar la llegada de miles de personas y que sus recintos fueron construidos hace décadas pensados para albergar a hombres que cruzaban solos la frontera.

Pedido de ayuda

“Necesitamos ayuda del Congreso. Necesitamos un presupuesto para cuidados médicos y mentales para los niños que están en nuestras instalaciones”, dijo McAleenan a la cadena CBS News.

El funcionario indicó que espera que para el final del año 25.000 niños migrantes estén detenidos en instalaciones estadounidenses, un nivel sin precedentes.

“Es un flujo enorme, esto es muy diferente de lo que hemos visto antes“, afirmó el comisionado, y agregó que la epidemia estacional de gripe supone un desafío con respecto a la capacidad de las autoridades para velar por el bienestar de los menores.

Las últimas horas de Felipe, el segundo niño que muere en custodia

Según información del ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, el niño y su padre fueron detenidos el 18 de diciembre tras haber cruzado clandestinamente la frontera hacia Estados Unidos por la ciudad de El Paso, en Texas.

El día 23 habían sido trasladados a la estación de Alamogordo, en el estado vecino.

El lunes 24, Felipe Gómez fue transferido a un centro hospitalario tras mostrar síntomas de enfermedad.

El personal le diagnosticó un resfriado común y más tarde descubrió que tenía fiebre. Fue dado de alta a mitad de la tarde, con recetas de ibuprofeno y amoxicilina.

Más tarde, tuvo que volver al centro de salud tras presentar nauseas y vómitos y finalmente murió poco antes de la medianoche.

Controles a todos los niños

Esta muerte se suma al fallecimiento el 8 de diciembre de la niña guatemalteca Jakelin Caal en el hospital de El Paso, Texas, por causas todavía no esclarecidas, tras haber sido detenida junto a su padre el 6 de diciembre luego de cruzar ilegalmente la frontera desde México.

Tras la muerte del segundo menor, McAleenan anunció que la agencia estaba “realizando controles médicos secundarios a todos los niños bajo el cuidado y custodia de CBP” y “revisando sus políticas con especial atención al cuidado y custodia de niños menores de 10 años”.

El funcionario agregó que el CBP estaba considerando buscar apoyo médico de otras agencias, entre ellas la Guardia Costera y el Departamento de Defensa estadounidenses.

“El CBP también está coordinando con los Centros para el Control de Enfermedades el número de niños bajo custodia”, señaló.

El caso de Jakelin Caal generó indignación en Estados Unidos y una delegación de congresistas que visitó las instalaciones donde estuvo detenida la niña denunciaron “fallos sistémicos” en el proceso y condiciones de higiene deplorables.

“Rendir cuentas”

Martin Heinrich, el senador demócrata de Nuevo México, el estado donde murió el menor, exigió explicaciones al gobierno de Donald Trump.

“Yo exijo de manera urgente que se conozcan más detalles. Pero el gobierno de Trump debe rendir cuentas por la muerte de este niño y por todas las vidas que han sido puestas en peligro con este caos intencional y con su menosprecio por la vida humana“, dijo en Twitter el legislador.

Heartbroken and sickened by this news. I am urgently demanding more details, but the Trump administration must be held accountable for this child’s death and all the lives they have put in danger with their intentional chaos and disregard for human life. https://t.co/kx3RtPAlLJ

— Martin Heinrich (@SenatorHeinrich) December 25, 2018

Al Green, representante por Texas a la Cámara de Representantes, quien formó parte de una delegación que visitó las instalaciones donde murió Jakelin Caal, se expresó en contra de la construcción del muro en la frontera con México.

“Señor presidente, ¿cuántas vidas deben perderse antes de que reconozcamos la magnitud de esta crisis humanitaria. Un muro no va a arreglar esta tragedia humana“, dijo.

Para contener la inmigración, Trump quiere construir un muro en la frontera con México cuyo presupuesto de unos 5.000 millones de dólares es objeto de pugna con la oposición demócrata que ha provocado un cierre parcial del gobierno federal desde el sábado. El presidente prometió que no cederá hasta que consiga los fondos para el muro.