Milton Francisco Guerra Calderón, de 48 años, exdiputado guatemalteco por la Unión del Cambio Nacional (UCN) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) entre 2012 y 2020, murió en forma violenta este 26 de agosto en el interior del aserradero Petén, ubicado en aldea Cerro Gordo, kilómetro 115 de la ruta CA-1 Oriente, en Jutiapa, confirmaron fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Una persona más, identificada como Anselmo García de La Rosa, de 50 años, resultó herido tras el ataque armado que perpetraron dos sujetos que llegaron a bordo de un vehículo. De acuerdo con las primeras averiguaciones el incidente fue en forma directa contra el exlegislador que es originario de Izabal, pero desde hace años residía en en el barrio La Esperanza, Jalapa, donde hizo su vida y se convirtió en diputado distrital.

Quien lo identificó fue su hermano Elmer Leónidas, de 53 años. La persona herida, originaria de Escuintla, fue trasladada hacia la emergencia del Hospital Nacional de Jutiapa abordo de una unidad de los Bomberos Voluntarios donde fue atendido por disparos en el cuerpo.

De acuerdo con trabajadores del aserradero dos sujetos abordo de una camioneta cortina ingresaron en el lugar y dispararon a Guerra Calderón, quien era cliente frecuente y De La Rosa, guardián del lugar que intentó repeler el ataque. Los sujetos luego de disparar a matar huyeron en dirección de la Ciudad de Guatemala.

En el lugar las autoridades hallaron una pistola Glock negra, casquillos de diferentes calibres, posiblemente arma larga y pistola y una tolva negra para pistola.

Guerra Calderón fue encargado de proyectos de la Dirección General de Caminos Rurales de Jalapa y fue contratista del Estado con una empresa constructora y una de trasporte con las que obtuvo contratos por Q152.2 millones entre 2005 y 2014. También fue presidente del Club Atlético de fútbol en Jalapa. Sus seguidores repudian el crimen.

A pesar de haber sido contratista, delegó el manejo de la empresa en otros familiares, y en alguna oportunidad con su yerno, Jairo Danilo Orellana Sandoval, diputado electo por el distrito de Jalapa con el partido Cabal en las recién pasadas Elecciones Generales 2023.

Perfil

Guerra Calderón nació en Izabal el 29 de octubre de 1974 y creció en Jalapa. Fue allí donde estudió la educación primaria.

De acuerdo con la hoja de vida que aparece en el sitio web del Congreso de la República la primera instrucción la desarrolló en 1988 en la escuela oficial tipo federación Luis Martínez Mont en la cabecera municipal de Jalapa.

En el 2004 estudió en el instituto mixto Diéguez Olaverri, en Boca del Monte, Villa Canales, Guatemala y en el 2016  en el instituto de educación diversificada por madurez Pedro Arriaza Matta en la Ciudad de Guatemala.

Su perfil laboral revela que de 1990 a 1996 fue encargado de proyectos de la Dirección General de Caminos Rurales en la sede regional de Jalapa.

Entre 1997 y 2004 se dedicó al comercio. Compraba y vendía ganado en engorde. Entre 2004 y 2013 fue representante legal de la empresa Proyectos Samaria, la cual controlaba con su familia.

En 2015 se postuló como candidato a diputado por la UCN, y a pesar de que era contratista del Estado con la empresa familiar, logró un escaño con esa agrupación. Más tarde se unió a las filas de FCN-Nación.

La empresa Samaria estuvo inactiva durante cinco años, debido a las críticas que generó que fuera diputado y se beneficiara del erario. En 2019, le concedieron Q60.7 millones por el Ministerio de Comunicaciones (CIV) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), según una nota del diario elPeriódico.

“Proyectos Samaria fue contratada para hacer la reposición de carretera del tramo La Ceibita-Atescatempa-San Cristóbal, Jutiapa (RD-Jut-05, Tramo: Bifurcación RN-23) por Q42 millones 942 mil 198.94”, cita la investigación.

“La constructora Proyectos Samaria fue creada en el Registro Mercantil el 2 de febrero de 2004 por Milton Francisco Guerra Calderón, según el formulario de inscripción. La empresa inició con un capital de Q15 mil y registró como su dirección comercial la 1a. avenida 2-19 zona 1, barrio La Esperanza, Jalapa, la misma de residencia que reportó su propietario”.

El Ministerio Público (MP) coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC) la aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos de Mario Rigoberto Ascencio Tejada, también conocido como “Rigo”.

La detención de Ascencio Tejada se ejecutó en la aldea Los Pinos, calle principal de Salamá, Baja Verapaz.

“Rigo” participó en 2019 como candidato a alcalde municipal de Salamá por el partido de Jimmy Morales, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nacion), y obtuvo el segundo lugar.

Durante aquellos comicios fue criticado porque junto con el expresidenciable Estuardo Galdámez, también de FCN-Nación, se adjudicaron la entrega de ayuda para los pobladores, pero se trataba de un bono gubernamental.

Cargos en su contra

En la orden de aprehensión se lee que “Rigo” es  requerido para comparecer a juicio en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

El documento señala que en 2015 las autoridades estadounidenses identificaron una organización de tráfico de drogas que operaba a través de Sur, Centro y Norteamérica desde por lo menos el año 2008. La estructura es responsable de traficar grandes cantidades de cocaína hacia los EE.UU.

Para lograr su cometido utilizaban lanchas, embarcaciones sumergibles, buques de pesca, aeronaves, camiones, para transportar cocaína por tierra, mar y aire.

Según la investigación, la droga provenía de Colombia y era distribuida por Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y México.

La investigación identificó al requerido como un miembro de la organización desde aproximadamente el año 2011 hasta por lo menos junio de 2020, fue responsable de dirigir, administrar y facilitar algunas de las actividades del tráfico de drogas de la organización en Guatemala y otros lugares.

Ascencio Tejada  tiene una acusación en el caso número 4:20CR126 de la corte antes mencionada y se le imputan los siguientes delitos:

Cargo uno: Conspiración para manufacturar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia EE.UU..

Cargo dos: Manufacturar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia los Estados Unidos.

Las sanciones contra los diputados del Congreso de la República están reguladas en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que establece que solo se emitirá una amonestación cuando el parlamentario “faltare” a la ética y luego de una investigación, siempre y cuando no sea por la comisión de un delito o falta que dé lugar a un antejuicio. En todos los casos será la Junta Directiva la que determine que sanción se aplicará.

El diputado Javier Hernández, de la bancada FCN-Nación, se presentó el pasado miércoles al Hemiciclo del Congreso de la República, donde se aprobada el Presupuesto 2023, en aparente estado de ebriedad y fue expuesto en una serie de videos en los que se le observa tratando de ingresar por la fuerza.

Este jueves 10 de noviembre, Hernández, actual jefe de bancada, se excusó con los diputados, el personal e incluso con los periodistas que cubren la fuente del Congreso. Además, se puso a disposición de la Junta Directiva, la cual debe analizar este tipo de casos y podría sancionarlo conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Legislativo.

El diputado Javier Hernández finalmente externó una disculpa a sus votantes y su familia. No obstante, el congresista no aclaró si llegó o no en estado de ebriedad, tal como lo señalaron otros diputados y visitantes, quienes le gritaron en los pasillos del recinto.

La Ley Orgánica del Congreso establece que los diputados pueden ser sancionados con:

• Una amonestación privada, si la falta es leve.
• Amonestación pública si es una falta grave.
• Voto de censura, que se da cuando se cataloga como una falta grave que comprometa al Organismo legislativo.

En todos los casos, el artículo establece que se otorgará audiencia por 10 días para que pueda defenderse (posterior al inicio de las diligencias) y la sanción que se aplique puede ser apelable en un plazo de cinco días.

El secretario de la Junta Directiva del Congreso, Aníbal Rojas, declaró a los medios un día después del incidente, que primero se verificarán los videos que circulan en las redes sociales. “Creo que tenemos que empezar por eso para ser objetivos con la información y para el análisis”, indicó.

Rojas insistió en que la directiva solo dispone de las imágenes y que los señalamientos de Hernández estaba bajo efectos de licor, son solo suposiciones.

Decoro

El 1 de agosto la Junta Directiva del Congreso emitió el acuerdo 6-2022 en el cual conmina a los diputados para que guarden la conducta “coherente” con el orden público, además que guarden el decoro.

Como parte del acuerdo, se instruyó a las direcciones administrativas del Congreso para dar asesorías e inducciones sobre el tema a los diputados.

Antecedente

En 2016 la Junta Directiva del Congreso determinó sancionar con el voto de censura a Juan Manuel Giordano, quien era diputado de FCN Nación, por una serie de mensajes que se filtraron en los que se refería a “poner de rodillas” al gobernador de San Marcos en aquel entonces, Carlos Cardona.

En ese momento Giordano fue suspendido por 15 días sin goce de sueldo, pero por petición propia.

El Juzgado de Mayor Riesgo D, presidido por Erika Aifán, ligó a proceso penal este jueves 21 de enero al exdiputado de FCN y excandidato presidencial, Estuardo Ernesto Galdámez Juárez, detenido por sus vínculos con el caso Aalto al Ministerio de Salud.

Con base a los indicios presentados por la Fiscalía Contra la Corrupción (Feci), Galdámez fue ligado a proceso por los delitos de tráfico de influencias en forma continuada y asociación ilícita, “al considerar que la imputación formulada por el MP/FECI está sustentada con indicios racionales suficientes para que se inicie la investigación en su contra”.

La audiencia fue suspendida para discutir si el exdiputado debe ir a prisión preventiva o no.

Galdámez, quien fue detenido el 23 de diciembre en un retén policial, dijo a periodistas que esclarecerá su situación y que espera que se haga justicia.

El exparlamentario es sindicado por la FECI de haber “negociado” la construcción de un hospital en Ixcán, Quiché, -distrito que representaba- para adjudicar el contrato a una empresa por unos Q80 millones, de los cuales él habría recibido una comisión.

Entre las sindicaciones que se le hacen también figura haber influido en la contratación personal en la cartera de Salud.

De acuerdo con la Feci, entre 2012 y 2014, durante el gobierno del Partido Patriota y la gestión de Jorge Villavicencio como ministro de Salud, se formó una red de exfuncionarios y exdiputados para cobrar dinero por proyectos de remoción y reparación de hospitales.

La trama se armó con gestiones durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos y por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el Ministerio de Salud y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por legisladores y funcionarios.

El caso implicaba a unas 18 personas y la Fiscalía estimó en julio de 2019 que los sobornos fueron de unos Q50 millones.

Correos electrónicos, registros documentales, eventos de compras, análisis criminalísticos, un colaborador eficaz involucrado en la recolección del dinero y complementado con otros dos colaboradores eficaces con conocimiento del método de cobro de la estructura son parte de los indicios de la fiscalía.

En contratos de remozamiento o reparación de hospitales, a raíz del terremoto de San Marcos en 2012, se habrían cobrado Q17 millones en la construcción de nuevos centros en Quiché, Baja Verapaz, Sacatepéquez y Villa Nueva se habrían cobrado sobornos por Q36 millones. Mientras que preliminarmente se estima en Q900 mil el cobro de sobornos por contratos de bienes para el Ministerio de Salud.

#CasoAsaltoAlMinisterioDeSalud
Tras los indicios presentados por MP/FECI, el Juzgado de Mayor Riesgo "D" dictó auto de procesamiento en contra del exdiputado al Congreso de la República Estuardo Ernesto Galdámez Juárez. pic.twitter.com/HQK88nbTad

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 21, 2021

La Contraloría General de cuentas nombrará a auditores para que  fiscalicen la entrega  de cupones  para contrarrestar el hambre estacional. Ante las denuncias de politización de la ayuda social.

El subcontralor del gasto público, Cesar Elías, aseguró que algunos hechos le resultan extraños por la temporalidad en la que se entrega la ayuda. “El propósito es establecer si  efectivamente estaba contemplado en el plan operativo anual, la distribución de estos beneficios en esta época y quienes fueron los que decidieron que se diera en esta semana la distribución de los cupones”, dijo al ser cuestionado.

Denuncia de programas clientelares

Una de las denuncias de estas entregas se dio en una citación de la bancada UNE. Los Diputados mostraron al ministro de agricultura, Mario Méndez, fotografías y videos. Los opositores aseguraron que candidatos de FCN Nación están pidiendo el voto al mismo tiempo que participan en la entregan.

Méndez aseguró que no dejarán de entregar la ayuda y pidió a la fiscalía de delitos electorales que investiguen los hechos, pues considera que no se trata de  ayuda clientelar.

Foto: Erick Ávila / Prensa Libre

Previo a su elección, varios diputados denunciaron que la elección estaba viciada porque, según aseguraron, hubo compra de votos por Q100 mil, una acusación que otros legisladores pidieron se investigue pues los señalamientos se vertían en sobre quien resultó electo.

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No obstante, Salazar tuvo el apoyo de los diputados de las bancadas Todos, FCN Nación, Movimiento Reformador, Unionista, Creo, UCN, Alianza Ciudadana e independientes.

La elección del nuevo contralor se realizó luego de la evaluación que los legisladores hicieron de la nómina de seis candidatos remitida por la Comisión de Postulación, con base al artículo 233 de la Constitución Política de la República.

¿Quién es el nuevo Contralor?

Originario de Chimaltenango, Salazar es contador Público y Auditor y en la tabla de gradación que efectuó la Comisión Postuladora, sacó 66.10 puntos. En 2014 también se postuló al cargo, donde resultó ganador Carlos Mencos.

• Nota: 66.1
• Ocupación: Docente universitario.
• Trabas: ninguna.
• Propuesta: Descentralizar en pro de las delegaciones departamentales. Sistema informático unificado. Capacitación, dentro y fuera del país. Una adecuada supervisión para prestar especial atención a cualquier situación anómala que pudiera ser ubicada. Unificación de criterios.

Francisco Rosal, nuevo director, dijo que ante los señalamientos solicitó una auditoria al Ministerio de Salud, además, abrió una investigación interna para conocer si existen suficientes elementos para colocar una denuncia en los órganos correspondientes.

El director anterior presentó una denuncia en contra de tres diputados de FCN señalándolos de estar tras su destitución, acusándolos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Aníbal Stanley confirmó que ratificó la denuncia y que por órdenes de sus abogados hasta la próxima semana emitiría una opinión.

Mientras el actual director se refirió a anomalías en contratación de personal.

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Por Manuel Hernández Mayén

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dieron con lugar los recursos de nulidad presentados por Mario Fermín de León, Inés Castillo, Patricia Sandoval y Rudy Pereira, por lo que ordena al Registro de Ciudadanos su inscripción.

También conocieron y rechazaron in limine el recurso presentado por el diputado Carlos Chavarría, debido a que no era el correcto.

El argumento de los magistrados para ordenar la inscripción de los diputados es que ellos cambiaron de bancada antes de la entrada en vigencia del artículo 205 Ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es el 2 de junio del 2016.

“Que su incorporación a la bancada fue antes que entrara en vigencia el artículo 205 Ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, tomando en cuenta que el mismo entro en vigencia el 2 de junio del 2016. Esto quiere decir que la incorporación fue antes de la entrada en vigencia de la norma anteriormente citada por lo que podemos concluir que no se puede limitar su derecho de inscripción como candidatos”, dicen las resoluciones.

En el caso de Chavarría, el rechazo sin entrar a conocer se debe a que presentó un recurso legal que no correspondía.

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¿Quienes son los diputados tránsfugas?

Mario Fermín de León fue electo por el desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (Líder) y ahora se postula por el partido Todos en la casilla 1 por el distrito de San Marcos.

Inés Castillo fue electo por el desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (Líder) y ahora se postula por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en la casilla 1 por el distrito de Santa Rosa.

Patricia Sandoval fue electa por el partido Todos y ahora se postula por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) en la casilla 1 por el distrito de Jutiapa.

Rudy Pereira fue electo por el partido UNE y ahora se postula por FCN-Nación en la casilla 1 por el distrito de Alta Verapaz.

Carlos Chavarría fue electo por Líder y ahora se postula por el partido Compromiso Renovación y Orden (Creo) en la casilla 1 por el distrito de Alta Verapaz.

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Lo que dice la Ley

Artículo 205 Ter. Del transfuguismo de la Ley Electoral. Se entenderá por trasfuguismo el acto por el cual un diputado, renuncia a un partido político, habiendo sido electo o cuando ya está ejerciendo el cargo, mediante sufragio universal,
para un período, y estuviere designado en uno de los órganos establecidos, automáticamente cesa en el cargo del órgano del Congreso que integrare, el cual será asumido por un diputado del partido representado; el renunciante no podrá optar a ningún cargo dentro de los órganos del Congreso de la República.

Queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso de la República, recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política.

El Registro de Ciudadanos denegó la candidatura de Samuel Morales, Manuel Giordano y Jafeth Cabrera Cortés hijo del vicepresidente Jafeth Cabrera. Los tres precandidatos fueron proclamados por el partido FCN-Nación.

¿Por qué no pueden ser inscritos?

El diputado Juan Manuel Giordano no puede ser inscrito ya que fue electo por el partido Lider en 2015 y ahora es postulado por el partido oficial.

Jafeth Cabrera Cortéz, no podrá ser electo a diputado por ser pariente en primer grado del vicepresidente Jafeth Cabrera, también fue rechazada la inscripción de Samuel Morales debido a que es pariente de primer grado del presidente Jimmy Morales.

En base al artículo 164 de la Constitución Política de la República no pueden ser inscritos familiares de primer y segundo grado de presidente y vicepresidente.

Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, fue proclamado como candidato a diputado por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN- Nación) y solicitó a la Policía Nacional Civil “limpiar” sus antecedentes policíacos, debido a que es un requisito para ser inscrito.

El Ministerio Público (MP) inició una investigación por la manera en que Samuel Morales obtuvo sus antecedentes policíacos, debido a que fue capturado y está ligado a proceso penal por el caso  Botín Registro de la Propiedad. Esto quiere decir que si él acusado no ha concluido el proceso penal los antecedentes no estarán limpios.

El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer el 15 de febrero que recibió el expediente de Samuel Morales cuando solicitó ser inscrito como candidato a diputado en la segunda casilla. Los documentos fueron remitidos por la Delegación Departamental de Guatemala que recomendó denegar la postulación del hermano del Presidente por carecer de “idoneidad” y tener prohibición constitucional.

Samuel Morales asegura que es inocente y que será inocente incluso después de una sentencia. Agrega que hay intereses en contra de su participación como candidato a diputado. pic.twitter.com/QqffWnEegn

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 12, 2019

¿Por qué no lo inscribieron?

Morales está ligado a proceso por el caso Botín Registro de la Propiedad, una estructura encabezada por Anabella de León, exregistradora del Registro General de la Propiedad. En este caso también está implicado José Manuel Morales, hijo de Jimmy Morales.

Samuel Morales dice que le preocupó cuando salieron los cheques de Fulanos Y Menganos que la primera dama habría cambiado en campaña electoral. "Me preocupo porque si siguen buscando van a encontrar unos cheques míos que talvez compre algunos productos". pic.twitter.com/3MosGAZ6pd

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 12, 2019

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Un allegado más al Presidente Jimmy Morales podría estar involucrado en el caso por financiamiento electoral ilícito al partido FCN Nación en 2015. Un correo electrónico ubica al diputado Javier Hernández en el entramado de comunicaciones entre miembros del partido que coordinaron la movilización de fiscales con fondos aportados por un grupo de empresarios, sin que se registraran esos dineros ante el Tribunal Supremo Electoral.

El correo electrónico obra en la investigación del Ministerio Publico, pero el diputado Hernández Franco, no ha sido indagado por este. Mientras que los empresarios están a la espera de una audiencia de imputación de delitos, mientras que el Presidente Morales logró que no se levantará su derecho de antejuicio por este caso.

El caso develado por el Ministerio Público y la CICIG en 2018 sigue su curso en el juzgado de mayor riesgo D, a cargo de la jueza Ericka Aifán. Dentro del expediente que consta de 10 mil 091 folios se encuentra una copia en el que aparece un correo electrónico del congresista. Sin embargo, consultado el Fiscal de Delitos Electorales, Óscar Schaad, optó por no hablar sobre este documento o porqué no se han dictado acciones judiciales contra Hernández, actual jefe de bancada del FCN.

Javier Hernández Franco, (jhfranco9@gmail.com) envió el 5 de septiembre de 2015 a las 11:40 horas un correo electrónico a Edgar Ovalle (edgarovalle1983@hotmail.com) con el asunto: lista de fiscales con cuenta para Huehuetenango. Dentro del correo detalla los montos, las cuentas y hacia quién debía hacerse el depósito para el pago. Su nombre y su número de cuenta es lo primero en aparecer;

Javier Hernández Franco. Banrural. Mesas 102. Municipio de Barrillas. Total Q36,500, Numero de cuenta 33640 75740 (Banrural). Se logró comprobar que la cuenta está a su nombre.

En ese mismo correo aparecen los nombres de dos funcionarios del actual gobierno que también habrían recibido dinero para la campaña de FCN Nación y no lo reportaron ante el Tribunal Supremo Electoral.

Se trata del Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Juan Carlos Carias Estrada y el Gobernador de Huehuetenango, Ramiro Stuardo Barillas Castillo.

Juan Carlos Carias Estrada, Banrural, mesas 200 San Sebastián, Chiantla, Democracia, Jacaltenango, Aguacatán. Total Q60,000. Número de cuenta 32 71 00 43 37 (Banrural)

Ramiro Stuardo Barillas Castillo. Mesas 245. San Sebastian, Coatan, San Mateo Ixtatan y Huehuetenango centro. Total Q73,500,00. Número de cuenta 3445234611 (Banrural)

Este correo comprueba que Javier Hernández participó en la logística para conseguir fiscales que “defendieran el voto” y pagarles sin que se reportara el financiamiento al Tribunal Supremo Electoral.

Diputado asegura que no recibió fondos

“Si a mi se me solicitaron fiscales era porque se necesitaba fiscales en las áreas, eso es completamente legal y es lo que un partido político tiene que hacer para la defensa de partido y proteger su voto. Entonces si a mi se me solicita personas que pueda recomendar para que estén como fiscales con mucho gusto lo hago. Como no vi el correo estoy en la luna, pero si me lo muestran con mucho gusto podemos esclarecerlo”, dijo el congresista. Al mostrarle el correo ya no quiso esclarecer su participación en el caso y se limitó a decir: “bueno, no lo conozco voy a esperar a que me llamen para conocerlo bien, muchas gracias”.

La Fiscalía de Delitos Electorales lleva este caso. El jefe de la fiscalía, Oscar Schaad, dijo que no puede referirse al tema por el estado del proceso. Al preguntarle si procederán con un antejuicio contra el diputado Hernández o de por qué hasta el momento no ha sido objeto de la investigación, reiteró que la Ley no le permite dar más detalles, pese a que el caso no está bajo reserva judicial.

Por dos ocasiones se ha suspendido la audiencia en la que se imputarían los delitos. Para este jueves se tiene prevista una nueva audiencia. El MP y la CICIG señalaron que el Partido FCN Nación, que llevó al poder a Jimmy Morales, recibió al menos Q15 millones de  financiamiento durante la campaña electoral de 2015 y no lo reportó ante el Tribunal Supremo Electoral.

El financiamiento que habrían dado los empresarios sirvió para el pago de fiscales del partido y para el pago de publicidad. En este caso hay dos testigos, Paulina Paíz Riera y Olga Méndez quienes presentaron documentos, correos y facturas para respaldar su declaración. Además los empresarios aceptaron haber cometido el delito y pidieron disculpas públicas.