Por Roni Pocón y Manuel Hernández Mayén

La resolución de beneficiarlo con arresto domiciliario fue oficializada por Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, quien dictaminó que por motivos de salud, también se ordenaba su inmediata libertad.

La medida sustitutiva incluye una prohibición para salir del país.

“Debe notificarse a la Dirección General de Migración y la obligación de comparecer a efectuar el control biométrico al Ministerio Publico cada ocho días”, aseveró Aifán.

Por su lado, la defensa de los Bitkov pidió a la juzgadora que también dictaminara medidas sustitutivas para Anastasia e Irina Bitkova, argumentando que también padecen de problemas de salud.

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La jueza Éricka Aifán otorgó arresto domiciliario y prohibición de salir del país al ruso Igor Bitkov. También ordenó su libertad inmediata por cuestiones de salud. pic.twitter.com/lig4ArQwiL

— Manuel Hernández (@mhernandez_gt) May 28, 2018

El caso

El pasado 18 de enero, el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a 39 implicados en el caso Migración, los cuales estaban procesados por la existencia de una red dentro del registro Nacional de las Personas (Renap) y la Dirección General de Migración.

Igor, Irinia y Anastasia fueron sentenciados por uso de documentos falsos y supresión al estado civil, las penas fueron entre 14 y 19 años de prisión (a Igor también se le condenó por usurpación al estado civil).

El pasado 26 de abril, una resolución de la Corte de Constitucionalidad anuló la condena y ordenó que el proceso regresara a la etapa intermedia.

La CC avaló la sentencia de la Sala Tercera de Apelaciones emitida el pasado 19 de octubre de 2017, que amparaba a Igor Bitkov contra la jueza de etapa intermedia del Juzgado de Mayor Riesgo D, Éricka Aifán, por lo que dejaba sin efecto su resolución del 20 de febrero de 2017 en la que enviaba a juicio a la familia rusa, junto a la red de falsificadores.

El juicio siguió su curso pese a la apelación de Igor Bitkov en la Sala Tercera, debido que la Cicig y la Fiscalía buscaron ampararse ante la CC, algo que el máximo tribunal declaró “sin lugar”, por lo que mandó a retrotraer el proceso hasta la audiencia del 20 de febrero.

Los magistrados ordenaron a la jueza fundamentar su decisión en la repetición de la audiencia para determinar o no la apertura a juicio, con base en lo explicado por las Sala Tercera de Apelaciones.

El fallo califica de migrantes a los Bitkov, por lo que no podrían ser perseguidos por falsificación de documentos de acuerdo con la Convención de Palermo y la Ley de Migración.

Nuevo juicio

Después de conocida la resolución de la CC, Aifán, resolvió el 9 de mayo que Igor Bitkov debía volver a ser juzgado.

“Este juzgado con base en lo considerado y leyes citadas resuelve admitir la acusación y solicitud de apertura a juicio en contra del señor Igor Bitkov (…) por los delitos de usurpación del estado civil, supresión y alteración del estado civil, y uso de documentos falsificados”, explicaba la resolución escrita.

El 22 de mayo, la Sala Tercera de Apelaciones, constituida en tribunal de amparo, anuló la resolución en la que la jueza Éricka Aifán envió a nuevo juicio al ruso Igor Bitkov.

Los jueces de la Sala consideraron que Aifán no dio fiel cumplimiento a la sentencia que esa misma instancia dictó en octubre de 2017 en favor del ruso y que a su vez avaló la CC en la resolución del 26 de abril.

Además, los magistrados señalaron que ellos no son quienes deben determinar si se debe cerrar el caso contra Igor Bitkov, Irina Bitkova y Anastasia, sino que corresponde a la misma jueza Éricka Aifán.

Rusia pedirá la extradición de Igor Bitkov y su esposa Irina al considerar que incurrieron en varios delitos, indica una carta de la embajada enviada a la redacción del diario Prensa Libre.

“Las acciones planteadas contra ellos se basan únicamente en las sospechas bien fundadas que estas personas cometieron crímenes especialmente graves en el territorio de Rusia, y no tienen ninguna motivación política”, aclara la misiva de la embajada.

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En la carta, la embajada acusa a los Bitkov de fraude y quiebra o insolvencia intencional en su país y solicitará la extradición sobre la base de reciprocidad, toda vez que no existe un acuerdo sobre ese tema entre las dos naciones.

De acuerdo con la embajada, las investigaciones en el marco de las acciones penales en Rusia determinaron que el matrimonio, como copropietarios y gerentes de una empresa de papel, recibieron préstamos en varios bancos rusos bajo garantía de otra firma.

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Sin embargo, los directores generales de ambas compañías las declararon insolventes, es decir, que la mayoría de los créditos quedaron sin pagar, agrega.

La embajada asegura que el fraude supera los 30 millones de dólares y que 500 personas perdieron su empleo por el mismo.

En enero pasado, un tribunal guatemalteco condenó a 19 años de prisión a Igor, mientras que su esposa, Irina, y su hija, Anastasia, fueron sentenciadas a 14 años por adquirir pasaportes falsos.

El pasado 26 de abril la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial de Guatemala, anuló la condena de prisión contra Igor.

El reclamo principal del ciudadano ruso aceptado por la corte es que cuando la jueza decidió llevarlo a juicio se obviaron tratados internacionales sobre protección a migrantes.

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Lioman Lima

BBC Mundo

Todo comenzó como otro escándalo de corrupción, uno más en Guatemala.

En enero de 2015, los medios locales se hicieron eco de la captura de una presunta red de falsificación de pasaportes, que implicaba a funcionarios del gobierno, presuntos traficantes de personas, taxistas, “facilitadores”… y a tres ciudadanos rusos que habían utilizado los documentos con identificaciones falsas, una familia de apellido Bitkov.

El caso, conocido como “Migración”, ya se investigaba desde hacía unos años. Varios funcionarios y unos ciudadanos colombianos fueron condenados por esa causa en 2013.

Pero en la nueva redada, en 2015, los Bitkov fueron los únicos acusados que no tenían ningún vínculo directo con la estructura de la red.

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Casi dos años después, a inicios de enero pasado, se conoció la sentencia: los principales responsables y los otros implicados en el caso recibieron penas entre 8 y 22 años de cárcel, mientras Igor Bitkov, cabeza de la familia rusa, fue condenado a 19 y su esposa Irina y su hija Anastasia, a 14.

Este miércoles, luego que la Corte Constitucional anulara la condena en abril, una jueza dictaminó que Igor Bitkov será juzgado nuevamente la próxima semana.

Sin embargo, antes de conocerse esta nueva disposición, ya la captura y fallo contra los tres rusos había trascendido el ámbito local y alcanzado dimensiones internacionales por los testimonios de la familia sobre la supuesta persecución política en Rusia y su huida a América Latina, donde -según su abogado- continuó la persecución de Moscú a través de un banco estatal

Así, lo que parecía ser un escándalo más de corrupción dejó de serlo.

A nivel interno, el caso revivió las profundas diferencias entre el gobierno y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el organismo internacional que investiga casos de corrupción en el país y que fue uno los principales actores en la detención de los rusos.

Mientras, a nivel internacional, una campaña liderada por el empresario estadounidense Bill Browder, conocido como el “enemigo número 1 de Putin” e influyente cabildero en el Congreso estadounidense, comenzó a presentar el encarcelamiento de la familia como una nueva manifestación de la larga mano del Kremlin.

Según esta versión, de la que no se había hablado hasta la entrada de Browder en la historia, Moscú logró penetrar en el Ministerio Público de Guatemala y en la CICIG para conseguir la captura y la elevada condena de los tres rusos, algo que los dos organismos niegan y de lo que no se han presentado pruebas fehacientes.

La denuncia de Browder causó tanto revuelo que el caso llegó a finales de abril ante una comisión del Senado de Estados Unidos.

Pero ¿cómo se llegó a este punto?, ¿quién son los Bitkov y cómo su caso se convirtió en un pulso político tanto dentro como fuera del país centroamericano?

Guatemala, 2009

El primer rastro de los Bitkov en Guatemala se registró en 2009, cuando Igor e Irina arribaron procedentes de Turquía.

Se cree que su hija llegó dos años después, aunque no existen registros de su entrada.

Poco después, los Bitvok dejaron de llamarse así, o al menos no eran esos los nombres que se leían en sus pasaportes e identificaciones guatemaltecos.

Igor e Irina tuvieron otro hijo en Guatemala, que tras ser capturados sus padres, fue internado un orfanato y luego, tras evidenciarse algunos maltratos allí, fue devuelto a su niñera, quien tiene actualmente su tutela.

“Ellos entran al país legalmente, pero luego comienzan a utilizar documentos falsos”, explica a BBC Mundo Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, a cargo del caso.

“Igor, por ejemplo, obtuvo aquí una cédula guatemalteca con otro nombre y para ello utilizó una partida de nacimiento falsa. Sacó pasaporte con ese nuevo nombre e hizo negocios”, añade.

Los documentos oficiales lo presentaban como Gregorio Igor Benítez García, originario de Taxisco, un pueblo en el municipio de Santa Rosa, en el sudeste Guatemala; mientras, su esposa comenzó a llamarse María Irina Rodríguez Germanis.

“Como por su físico ese nombre latino generaba sospecha, Igor tomó otra identidad y falsearon otra partida de nacimiento. Sacó entonces un nuevo documento de identificación, creó otra sociedad, contrajo matrimonio, sacó licencia de conducir, compró vehículo y sacó nuevamente pasaporte”, explica el fiscal.

Igor comenzó a llamarse a partir de entonces Leonid Zaharenco.

Auténticos

Pero Rolando Alvarado, abogado defensor de la familia, tiene una visión diferente de lo que sucedió.

“En realidad, no eran documentos de identificación falsos, eran documentos reales, auténticos, y los peritajes así lo dicen“, asegura en conversación con BBC Mundo.

“Ellos desde Europa hicieron contactos con una firma de abogados llamada Cotino International y les aseguraron que todo sería por la vía legal. Luego les dan aquí estos pasaportes con los nombres latinos, que ellos los utilizaban para realizar sus viajes a Europa sin ningún problema, eran legítimos”, añade.

De acuerdo con la versión del abogado, Bitkov realizó los contactos por internet con la supuesta firma, de la que nada se sabe y cuyo dominio desapareció de la red tras la difusión del caso.

Pagaron por sus pasaportes, según la versión de la familia, unos US$50.000, aunque no existen registros de la transacción.

De hecho, según Alvarado, uno de los principales puntos que demuestran lo que considera arbitrariedades en el juicio contra sus clientes es que la CIGIS nunca investigó a la supuesta empresa que estuvo detrás de la venta de pasaportes con identidades falsas.

Matías Ponce, vocero de la Comisión, asegura a BBC Mundo que nunca se demostró el papel potencial de la firma vinculado a la red durante el proceso judicial y, como los Bitkov no presentaron pruebas de que contrataron a la compañía, no se investigó este vínculo.

En opinión del abogado defensor, esto constituye una irregularidad, ya que la CICIG y el Ministerio Público pasaron por alto la investigación de lo que, en su criterio, era un factor clave en la red de falsificación, dado que era a través de este oficina que se vendían los pasaportes, según la versión de los Bitkov.

“Ellos compran estos documentos a esta firma porque los Bitkov son perseguidos políticos, víctimas de una venganza del gobierno ruso y lo primero que hace un perseguido político es buscar un cambio de nombre, porque su vida está en peligro. Entonces ellos no querían falsear su identidad, sino salvar sus vidas”, sostiene.

Durante el juicio, la familia aseguró que habían llegado a Guatemala buscando refugio de Rusia donde, según su relato, fueron acosados por el gobierno.

Rusia, en el origen

En 1997, Igor Bitkov fundó en San Peterburgo la North-West Timber Company, una empresa papelera, que, según dijo, llegó a valer unos US$700 millones.

De acuerdo con su testimonio en el juicio, al que tuvo acceso BBC Mundo, los Bitkov afirman que su caída en desgracia comenzó nueve años después, cuando se negaron a colaborar con Georgi Boos, el entonces nuevo gobernador de Kaliningrado, donde la empresa tenía una de sus fábricas.

La versión indica que Irina Bitkova fue invitada entonces a ser representante regional de Rusia Unida, el partido al que pertenece el presidente Vladimir Putin, a lo que se negó.

“Fueron perseguidos a partir de entonces, incluso llegaron a secuestrar y violar a su hija y también intentaron destruir y apoderarse de su negocio”, asegura a BBC Mundo Bill Browder, el empresario estadounidense que lidera la campaña internacional para la liberación de la familia.

La empresa de los Bitkov reportó pérdidas y comenzó a pedir créditos, lo que los llevó a una deuda por unos US$6 millones con el banco estatal VTB, dirigido por Andrei Kostin, un economista muy cercano a Putin.

Según la versión de la familia, el banco empezó a presionarlos para que vendieran su negocio y pagaran así su crédito.

En respuesta a un cuestionario enviado por BBC Mundo, VTB afirmó que en realidad se trató de un “procedimiento estándar para resolver disputas comerciales financieras serias a través de los canales legales disponibles“, dada la enorme deuda que tenía la familia.

“Igor e Irina Bitkov fueron garantes de préstamos por un crédito otorgado en 2007 por VTB a la empresa Nemansky Pulp and Paper Mill (núcleo industrial de North-West Timber Company). Después de que la compañía dejó de pagar su deuda, en 2009 se lanzó un caso criminal en Rusia contra los Bitkov, acusados de fraude a gran escala”, señala el banco.

De acuerdo con VTB, la deuda no pagada de los Bitkovs asciende actualmente a más de US$42 millones.

En unas circunstancias poco claras, la pareja huyó de Rusia finalmente en abril de 2008.

Tiempo después VTB, junto a los también bancos estatales Sberbank y Gazprombank (que igualmente habían realizado préstamos a la compañía) se hicieron cargo de la empresa y vendieron la mayor parte de los activos, según el testimonio de la familia.

De acuerdo con Browder, la forma de accionar de estas instituciones financieras son “típicas” estrategias que ha utilizado en los últimos años el gobierno de Vladimir Putin para controlar a empresarios que no siguen sus líneas, mientras el banco defiende que se trata de un procedimiento regular.

El fiscal, por su parte, asegura que, durante el proceso legal, no hubo ningún elemento que pudiera demostrar este hecho.

“No lograron probar tal persecución y llamó también la atención el elemento que estuvieron durante siete años en Guatemala y nunca pidieron protección o asilo. La solicitud de asilo se hace cuando ya estaban acusados en este proceso”, explica el fiscal.

BBC Mundo le preguntó al abogado por las evidencias de la persecución, pero Alvarado se limitó a remitir a una carta de un senador de Estados Unidos.

“Para demostrarlo hemos incorporado la carta de un senador republicano, Roger Wicker. Que un senador estadounidense diga que usted es perseguido político, tiene mucho peso y creo que es una prueba muy clara“, afirma, sin aportar otro dato.

¿Influencia rusa?

Uno de los elementos que más dio que hablar del caso y que utiliza Browder como argumento de la supuesta influencia del gobierno ruso en la condena es que fue VTB quien denunció a la familia ante las autoridades guatemaltecas.

“Nos enteramos de esta situación de los rusos porque ese banco interpuso una denuncia contra ellos ante el Ministerio Público”, indica el fiscal.

Para el abogado defensor, la denuncia del banco y su posterior participación en una de las audiencias contra los Bitkov como querellante son también muestras de la influencia de Moscú en el Ministerio Público y la CICIG.

“Aquí la mayor prueba de la interferencia es que un banco estatal ruso, sancionado por Estados Unidos, trató de encausar un procedimiento de un supuesto cobro de saldo, sin pruebas y a través de la vía penal, lo cual es notoriamente ilegal”, considera Alvarado.

Sandoval, si bien acepta que el banco participó en parte del proceso legal, asegura que esto se dio acorde a las legislaciones guatemaltecas y niega cualquier influencia de VTB o del gobierno ruso en la investigación.

Tras un recurso presentado por la defensa, el banco no pudo seguir participando en el juicio, aunque reconoció a BBC Mundo que tiene en curso nuevos procesos legales relacionados con la demanda, de los que declinó ofrecer más información.

VTB asegura que las acciones no tienen nada de extraordinario y que han efectuado procesos similares ante tribunales de Reino Unido, EE.UU. y países de Europa continental.

“Las actividades para localizar a nuestros prestatarios y sus propiedades, así como las reclamaciones actuales sobre tales casos en jurisdicciones internacionales, de conformidad con los acuerdos concluidos y las disposiciones regulatorias vigentes de estos países, son parte del procedimiento regular del banco para recuperar préstamos incobrables y se ajusta a la ley”, indica la institución financiera.

Más allá las dudas que deja el caso, no existe ninguna evidencia conocida deuna influencia directa del gobierno ruso en la condena de los Bitkovni de ningún pago a los organismos encargados de la investigación.

Sin embargo, las acusaciones han puesto peligro el trabajo de la CICIG, que desde el año pasado se encuentra en la mira del gobierno de Guatemala.

La CICIG, en el ojo de la polémica

Tras la sesión del Congreso de Estados Unidos para analizar el caso de los Bitkov, el senador republicano Marco Rubio decidió congelar un monto de los fondos que Washington debía entregar a la CICIG, de la cual es su principal contribuyente.

El motivo, según alegó Rubio sin proveer ninguna prueba, era que la Comisión había sido “manipulada y utilizada por elementos radicales y por la campaña de Rusia en contra de la familia Bitkov”.

El futuro de la CICIG, una organización respetada por la independencia que ha mostrado del gobierno guatemalteco en la investigación de la corrupción en el país, pende nuevamente de un hilo.

El año pasado, se supo que la Comisión investigó la presunta de corrupción de un hijo y un hermano del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, mientras el propio mandatario y su partido están también en la mira por un presunto financiamiento ilícito en la pasada campaña electoral.

En ese contexto, Morales solicitó a la ONU la revisión del mandato de la CICIG y la salida de su jefe, Iván Velásquez, quien incluso fue declarado persona non gratapor el gobierno.

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Ahora, el caso de la familia rusa constituye, en opinión del gobierno, una muestra de la “injerencia de la CICIG”.

“Hemos visto que se ha exagerado y violado el mandato que tiene la CICIG en Guatemala a través de su representante, el señor Iván Velásquez, ya que anteriormente con otros comisionados no había habido esa exageración en términos del mandato”, asegura a BBC Mundo el portavoz del gobierno Heinz Hiemann.

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Para el vocero de CICIG, el caso de los rusos se ha convertido en una herramienta de una “campaña de difamación” contra el organismoy el trabajo que realizan.

“La CICIG actúa en función de su mandato, que surge de un acuerdo entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas”, asegura.

Entretanto, el caso de los Bitkov tendrá la próxima semana un nuevo capítulo en los juzgados.

Por Roni Pocón y Manuel Hernández Mayén

Aifán, no se presentó en la judicatura y envió la resolución del caso a las partes procesales que esperaron cuatro horas conocer la decisión de la jueza.

Ante la ausencia de la jueza, José Rolando Alvarado Lemus, uno de los abogados de la familia rusa, voz alta leyó la decisión de la jueza.

El fallo menciona varios artículos de la Constitución Política de la República, Código Procesal Penal, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Ley del Organismo Judicial.

“Este juzgado con base en lo considerado y leyes citadas resuelve admitir la acusación y solicitud de apertura a juicio en contra del señor Igor Bitkov (…) por los delitos de usurpación del estado civil, supresión y alteración del estado civil, y uso de documentos falsificados”, según lo leído.

El juzgado también designó al Tribunal Primero de Mayor Riesgo A, para llevar a cabo el juicio oral y público. La audiencia se programó para el 16 de mayo a las 14 horas.

Además, declaró sin lugar al sobreseimiento del proceso.

“Esto lo que demuestra es el incumplimiento notorio al fallo constitucional que dictó la honorable Corte de Constitucional. Solo había un camino y era el de la libertad”, refutó Alvarado Lemus, quien además dijo que la resolución era ilegal y que iniciarían las acciones para que se cumpla la resolución de la CC.

El abogado también criticó que nuevamente se haya incluido a la Cicig como querellante en el caso.

“Cuántos millones de dólares pagó el estado criminal ruso a esa gente, ustedes pueden investigar y averiguar, pero eso es otra historia. Nunca debería pasar eso en un Estado de Derecho, pero aquí no hay Derecho, aquí hay una completa grabación de derechos humanos, de las leyes de Guatemala y de las leyes internacionales”, dijo Bitkov al conocer la resolución.

Juicio

El 5 de enero de este año el proceso contra la familia había llegado a su final, estando aún pendiente la resolución en definitiva de la CC.

El Tribunal de Mayor riesgo A impuso ese día condenas para los tres integrantes de la familia, con penas de entre 14 y 19 años.

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Anastasia Bitkov fue condenada a 14 años de prisión. Por Alteración y supresión del estado civil, 8 años de prisión y multa de Q100 mil; por uso de documentos falsificados, 6 años inconmutables.

Igor Bitkov Alteración y supresión del estado civil, 8 años de prisión y multa de Q100 mil; uso de documentos falsificados 6 años inconmutables. Usurpación de estado civil 5 años de prisión conmutables a Q100 diarios.

Irina Bitkov sentenciada por Alteración y supresión del estado civil a 8 años de prisión y multa de Q100 mil; uso de documentos falsificados, 6 años inconmutables.

James P. McGovern y Eliot L. Engel, ambos congresistas de Estados Unidos, enviaron una carta al Presidente Jimmy Morales para hacer una petición puntual: que otorgue asilo y proteja la integridad de la familia Bitkov, actualmente presa en nuestro país por falsificación de pasaportes.

La familia, condenada recientemente por integrar una red para falsificar documentos, fue amparada por la Corte de Constitucionalidad que anuló la condena. Se trata de una familia rusa muy influyente que ha movilizado a congresistas norteamericanos y ha puesto en duda a CICIG ante la comunidad internacional.

Piden asilo y protección para los Bitkov

La carta explica los antecedentes de la familia y apela a que el mandatario, quien tiene en sus manos expulsarlos del país o darles asilo, haga lo último, es decir, no devolverlos a Rusia, porque según los congresistas, corren peligro.

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“Estamos convencidos de que los Bitkovs no deben ser devueltos a Rusia. Los factores que los obligaron a migrar en 2009 no han cambiado. El imperio de la ley es débil en Rusia y no hay garantía de la seguridad de las personas que están en conflicto con el estado. Gauatemala está obligada bajo la ley internacional a no retornar a las personas que hayan demostrado persecución en sus países de origen. Como presidente debe asegurarse que su gobierno cumpla con esta obligación.

Sabemos que ya tiene una apelación para garantizar el estado de refugiado de la familia Bitkov, lo que les daría autorización de permanecer en Guatemala ya que está claro que no pueden regresar seguros a Rusia. Creemos que darles un alivio migratorio a esta familia pro fines humanitarios, les ofrece el mejor camino para solventar la situación problemática en la que se encuentra. Así que imploramos que lo haga lo más pronto posible”, cita parte del documento.

Señor presidente, como seguramente sabrá, es responsabilidad de su gobierno garantizar la seguridad física y la integridad de todos los miembros de la familia Bitkov mientras estén bajo custodia del Estado de Guatemala. Le urgimos que instruya a los oficiales adecuados del Ministerio del Interior a tomar las medidas necesarias para proteger a la familia durante lo que queda de su encarcelamiento”.

Por Natiana Gándara, Javier Lainfiesta y Manuel Hernández Mayén

En la audiencia, titulada  “El largo brazo de la injusticia: ¿una comisión de la ONU fundada para luchar contra la corrupción ayuda al Kremlin a destruir a una familia rusa?”, la comisión Helsinki escuchó a varios testigos, que explicaron a esa instancia el caso de los Bitkov-Bitkova.

Los expositores fueron Victoria Sandoval, abogada de derechos humanos, José Rolando Alvarado, abogado de la familia, y Bill Browder, un millonario y conocido detractor del presidente ruso, Vladimir Putin.

“Fue una tortura”

La primera intervención estuvo a cargo de la abogada en derechos humanos, Victoria Sandoval, quien afirmó que se violaron los derechos de la familia rusa desde que fueron trasladados a la carceleta de Torre de Tribunales hasta la fecha, porque no se tomaron en cuenta los problemas mentales de Anastasia.

Sandoval relató con detalle los días que estuvieron retenidos previo a conocer las razones por las que habían sido capturados.

Su discurso se centró en los padecimientos mentales de Anastasia que supuestamente fueron “ignorados”, por las autoridades y que empeoraron en el transcurso de los días, hasta que autorizaron el traslado a un hospital donde no fueron aceptadas junto con su madre Irina.

La defensora afirmó que las mujeres fueron recluídas en un área anexa para hombres, donde no tenían privacidad, “lo que significa que los hombres tenían contacto directo con ellas, no tenían baño privado, fue una tortura para ellas”.

Abuso de autoridad y extralimitación de funciones

Luego fue el turno de Rolando Alvarado, abogado de la familia, quien afirmó ser testigo del caso de la familia rusa, porque conoció a Irina y Anastasia dos años antes de su captura, y desde el 2015 es tutor legal del hijo de los esposos Bitkov, quien actualmente tiene 6 años.

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Relató que la familia fue condenada en enero de 2018 por uso de documentos y pasaportes falsos que fueron emitidos por el estado de Guatemala, pero la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) argumentaron que fueron emitidos ilegalmente.

Sin embargo, esas acciones no constituyen delito, y la Cicig y el MP iniciaron una persecución penal, “notoriamente desproporcionada, como si se tratara de delitos de alto impacto como narcotráfico o terrorismo”, enfatizó Alvarado.

El defensor agregó que la Cicig canalizó su persecución penal a tribunales especiales que conocen crímenes de mayor riesgo, lo cual constituye una falta de derecho migratorio.

“Cicig no debía ser querellante en este caso porque el mandato dice que la comisión tiene competencia para investigar delitos por integrantes de aparatos clandestinos de seguridad y no fue acusada por ese tema, por lo tanto, no encuadra en ninguna de las funciones de la Cicig, extralimitándose en sus facultades e incurrió en abuso de autoridad”, destacó el abogado.

Además de violar el acuerdo de su creación, violó la convención de Palermo porque deliberadamente acusó a los migrantes y no a los victimarios, en este caso los representantes de la firma Cutino International, reiteró Alvarado.

¿Quién es Browder?

Browder conoció el caso de la familia rusa desde 2015 y en octubre de ese año envío una carta al entonces presidente, Alejandro Maldonado, en la cual muestra su solidaridad y respalda la versión de los Bitkov-Bitkova de que se vieron obligados a escapar de Rusia debido a que, supuestamente, funcionarios cercanos a Putin les robaron sus empresas.

En la misiva, Browder afirmó que se identificó con el caso porque él también fue víctima.

“Mi abogado ruso, Sergei Magnitsky, fue encarcelado, torturado y asesinado luego de que expuso el robo de US$230 millones de oficiales corruptos del gobierno ruso”,aseguró.

Browder en su intervención resaltó que la Cicig en Guatemala es bien aceptada y que consideraba que muchas personas “no estarán de acuerdo con él”, pero argumentó que el caso evidencia faltas graves por parte de la comisión, por lo tanto, presentaron las pruebas correspondientes ante la comisión Helsinki.

Vuelven a vincular a Mayra Véliz

El nombre de Mayra Véliz volvió a relucir, porque según los abogados de la familia Bitkov, Veliz firmó la extradición porque ella trabajaba en departamentos de extranjería.

Alvarado comentó que recientemente un abogado visitó a Igor a prisión y le dijo que el gerente de la empresa confesó que emitió miles de pasaportes falsos y señaló que la Dirección General de Migración emitía entre uno y cuatro pasaportes ilegales por semana.

El abogado comentó a Igor que durante el tiempo que Véliz trabajó en Migración firmó documentos para extranjeros árabes, de Pakistán, y le dijo también que firmó documentos de ISIS del estado Islámico.

El abogado dejó su nombre y teléfono, pero no quiere ser testigo en Guatemalaporque corre peligro su vida, por lo que solicita que EE. UU le brinde seguridad y pueda hablar de esa estructura criminal.

Los congresistas, luego de escuchar los testimonios, indicaron que este es el primer paso de una serie de escuchas, y analizarán todas las pruebas para verificar su fundamento, “porque el caso es cruel y denigrante”, puntualizó el congresista Smith.

La CC anuló la condena contra familia rusa Bitkov, es decir dejan sin efecto la condena dictada en su contra por el Tribunal de Mayor Riesgo a en el caso denominado Migración.

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Igor, Irina y Anastasia Bitkov, habían recibieron penas de entre 14 y 19 años en enero de este año tras haber sido hallados culpables de comprar documentos falsos en Guatemala.

Según el abogado Rolando Alvarado, la @CC_Guatemala resolvió en definitiva que los Bitkov son catalogados como Migrantes por lo que no pueden ser juzgados penalmente. Según el profesional la sentencia emitida quedaría sin materia por lo que sus defendidos quedaría en libertad. pic.twitter.com/vf3tfv1oVC

— Manuel Hernández (@mhernandez_gt) April 26, 2018

Según su abogado defensor Rolando Alvarado, esta resolución implicaría la libertad inmediata para las tres ya que la alta corte resolvió en definitiva que los Bitkov son catalogados como migrantes por lo que no pueden ser juzgados penalmente.

Ordena regresar a apertura de juicio el caso

Según la CC, la titular del juzgado de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, no fundamentó de manera adecuada la resolución que envió a juicio a los tres extranjeros y por esa razón deberá repetir esa fase del proceso penal.

La Corte le ordena a la jueza Aifán analizar si la condición de los Bitkov encaja con convenios y Leyes Internacionales, como el de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la “Convención de Palermo”.

Así como el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, pues en el artículo 5 de esa normativa se establece que “los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal”.

Las sentencias de los Bitkov:

• Anastasia Bitkova: Alteración y supresión del estado civil, 8 años de prisión y multa de Q100 mil; uso de documentos falsificados, 6 años inconmutables.
• Igor Bitkova: Alteración y supresión del estado civil, 8 años de prisión y multa de Q100 mil; uso de documentos falsificados 6 años inconmutables. Usurpación de estado civil 5 años de prisión conmutables a Q100 diarios.
• Irina Bitkov: Alteración y supresión del estado civil, 8 años de prisión y multa de Q100 mil; uso de documentos falsificados, 6 años inconmutables.

Para ver la resolución completa puede hacer click acá: CC y Caso Bitkov

El amparo es de carácter personal, por lo que la sentencia únicamente aplica para los Bitkov, no así para el resto de personas condenadas por el tribunal.

Se comparte la resolución emitida por la @CC_Guatemala en las apelaciones de sentencia de amparo en la acción constitucional presentada por Igor Bitkov contra el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo Grupo "D" (Caso Bitkov) Enlace: https://t.co/oTnoe0Ek93 pic.twitter.com/BgA67nUCMx

— CC Guatemala (@CC_Guatemala) April 26, 2018